 | Este documento ha sido publicado el 28may05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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24may05
Pronunciamiento del procurador de los Derechos Humanos
ante los atentados, allanamientos y amenazas contra
defensores de Derechos Humanos.
El Procurador de los Derechos Humanos con profunda preocupación ante la nueva escalada de allanamientos así como de, asesinatos, atentados, amenazas e intimidaciones en contra de la integridad de operadores de justicia, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y Auxiliares de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ante la opinión pública,
Manifiesta:
1. De acuerdo al último informe presentado recientemente por la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, de enero a mayo del presente año se han reportado 68 ataques en contra de defensores de derechos humanos, cifra que comprende allanamientos de sedes de organizaciones, atentados y asesinatos en contra de operadores de justicia, dirigentes y líderes sociales, miembros de organizaciones de derechos humanos y comunicadores sociales.
2. Sólo en lo que va del mes de mayo se han reportado doce ataques, entre ellos, ocho allanamientos, se pueden mencionar: amenazas de muerte contra directivas de la Coordinadora de Mujeres indígenas de Quiché; intento de secuestro a Francisco Sánchez de la organización H.I.J.O.S, allanamiento de los oficinas del Movimiento de Derechos Humanos de Santa Rosa; allanamiento de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas –CNOC-, intento de allanamiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales; intento de allanamiento a la Central de Trabajadores de Guatemala –CGTG-; allanamiento a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Guatemala –CUSG-; allanamiento a la vivienda del señor Byron Garoz de la CONGCOOP y de Cristina Buczko de la Coordinadora de Acompañamiento de Austria; allanamiento e intento de robo de vehículo a la Federación Luterana Guatemalteca y allanamiento a la sede de la Asociación H.I.J.O.S en la capital.
3. En los últimos dos meses también se han intensificado graves ataques en contra de operadores de justicia: el lunes 25 de abril fue asesinado José Bautista, Juez de Alto Impacto de Chiquimula, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; el 27 de abril se produjo un atentado contra el fiscal de Malacatán, José Antonio Meléndez Sandoval, en el mismo departamento; y, el lunes 16 de mayo fue asesinado el fiscal del Ministerio Público en Chiquimula, Erick Moisés Gálvez. En este mismo periodo 36 jueces han recibido amenazas de muerte, lo que evidencia la vulnerabilidad de los operadores de justicia.
4. La Institución del Procurador de los Derechos Humanos también ha sido objeto de ataques y acciones legales que buscan impedir el cumplimiento de su mandato. Los Auxiliares de Santa Rosa y Alta Verapaz se han visto sujetos a procesos legales derivados del cumplimiento de sus funciones, en tanto los Auxiliares de Retalhuleu y Coatepeque han sido objeto de amenazas de muerte por la vía telefónica.
5. Al mismo tiempo, a abril del presente año se han presentado ocho casos de amenazas de muerte e intimidaciones en contra de comunicadores sociales, afectando con ello el libre derecho a la información y opinión, garantizado en la Constitución Política de la República.
6. En los hechos descritos, el denominador común es el efecto de intimidación y paralización que se provoca entre las organizaciones e instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, promoviendo la participación social y el ejercicio de todos los derechos, lo que vulnera e impide la vigencia del Estado de Derecho.
7. La respuesta del Estado ante esta grave situación resulta ineficiente, y no ha sido capaz de garantizar procesos de investigación que permitan individualizar responsabilidades y procesar a quienes resulten implicados. A pesar de que cada uno de estos hechos ha sido denunciado ante las autoridades, se producen procedimientos iniciales de investigación que por lo general concluyen sin resultados, lo que perpetúa el clima de impunidad.
8. Es preocupante que los allanamientos y otros ataques en contra de defensores de derechos humanos, se produzcan en un contexto de intimidación contra el movimiento social y de proliferación de medidas autoritarias que limitan el libre ejercicio de los derechos de manifestación de opinión y participación.
9. Ante esta situación el Procurador de los Derechos Humanos llama a la reflexión a fin de empeñar esfuerzos particulares para el diseño de políticas que fortalezcan la seguridad ciudadana y democrática; el respeto y efectiva implementación de mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos tales como la urgente ratificación del Congreso de la República para el funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos; la importante concurrencia de la Comunidad Internacional en la observación de la situación de derechos humanos en Guatemala, y la unidad de esfuerzos a nivel nacional en la defensa de los mismos.
Guatemala, 24 de mayo de 2005.
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| Este documento ha sido publicado el 28may05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |