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jun11
Del Silencio a la Memoria
Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional
Volumen 1 [Sexta Parte]
CONSIDERACIONES FINALES
Este informe presentado por el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), producto de la investigación documental, constituye un primer abordamiento profundo respecto a indicios de violaciones de derechos humanos. Se pone a disposición pública con el propósito de dar a conocer aspectos básicos de la estructura y funcionamiento de la Policía Nacional, prácticas, conductas usuales y evolución de las mismas, especialmente entre los años 1975-1985, período al que se dio prioridad en esta primera fase de indagaciones. Se señala asimismo, las relaciones con otras fuerzas de seguridad y sus actuaciones en el marco del conflicto armado interno. Éstas últimas incidieron terriblemente en la población en general y en muchas personas en lo individual.
El AHPN tiene una importancia incalculable en cuanto a oportunidades de investigación sobre violaciones a derechos humanos y esclarecimiento histórico. Facilita la reconstrucción minuciosa de la historia institucional de una de las entidades más importantes del Estado durante más de ciento quince años y permite analizar y develar la conducta de la institución durante el conflicto armado interno.
Si bien este Informe no enfatiza en la historia de la PN, la propia documentación induce a incluir algunos apuntes para completar los temas presentados. Fundada en 1881 desempeñó su papel como encargada del orden público, pero a la par de otras fuerzas de seguridad jugó un papel secundario en sus primeras décadas de existencia, pues los sucesivos regímenes organizaban cuerpos especializados para efectos de persecución criminal, política y de represión. Incluso durante los dos gobiernos revolucionarios la policía en ese entonces, denominada Guardia Civil, funcionó a la par de la Guardia Judicial.
No se puede entender a la PN y su papel desempeñado sin considerar el momento político-histórico en que adquirió la estructura y atribuciones vigentes hasta su disolución como consecuencia de los Acuerdos de Paz. La PN de la segunda mitad del siglo XX surgió en un período de mucha agitación política y represión de los sectores fortalecidos durante los dos gobiernos revolucionarios. Varios decretos emitidos entre 1954 y 1956 reflejan la incidencia de la corriente anticomunista, pues se crearon diversas dependencias de represión que paulatinamente fueron integradas y sus funciones traspasadas a la institución policial. Fue entonces cuando evolucionó a lo que se conoció durante las décadas de 1970, 80 y 90.
La Ley Orgánica, Decreto Presidencial 332, asignó a la PN funciones determinadas de un modo muy general que teóricamente pueden resumirse en la protección de los ciudadanos, sus intereses y sus bienes, la prevención y persecución de actos delictivos, así como el mantenimiento del orden público. Este mandato la proveyó de un amplio rango de actuación, permitiéndole en su estatus de subordinada al Ejército Nacional, evolucionar y arraigar las características propias de un cuerpo de seguridad pública concebido para la represión política.
La organización interna de la PN se caracterizó por la verticalidad manifestada en una rígida cadena de mando. El Director General respondía formalmente ante el Ministro de Gobernación, aunque tenía la obligación y potestad de rendir reportes directamente y de manera inmediata al presidente o jefe de Estado en su caso, cuando la situación o la información lo ameritaran.
La mayoría de los sucesivos jefes superiores de la PN ostentaban grados de coroneles y generales obtenidos en el servicio castrense, incluyendo diplomados en Estado Mayor. También se aplicaba la nomenclatura militar a los rangos internos de la policía, conforme algunos de sus miembros lograban ascender en la escala jerárquica (teniente coronel de policía, teniente de policía, sargento de policía). Fue hasta 1985 que se introdujo una estructura de rangos adaptada a una entidad de carácter civil (comisario, inspector, oficial).
Como cabeza de la institución el Director General tenía ciertas facultades para emitir reglamentos internos, operativizar cambios administrativos y estructurales, sin contrarrestar la Ley Orgánica. En cuanto a decisiones que implicaban mayor profundidad y responsabilidad estaba subordinado al Ejecutivo, específicamente al Ministro de Gobernación. Éste, como su superior inmediato decidía sobre nombramientos de subdirectores, jefes y subjefes, disolución y creación de estructuras operacionales y otros lineamientos básicos que afectaban al funcionamiento de la institución. Cabe resaltar que éstos últimos no eran muy frecuentes, pues en su esencia la PN mantuvo una notable constancia a través de las décadas.
La PN contaba con estructuras que cubrían una demarcación territorial predeterminada, asignada a los cuerpos de la capital y las jefaturas departamentales. Asimismo disponía de unidades móviles como el Cuerpo Motorizado y el de Radiopatrullas, y las dependencias de investigación y operatividad como el Comando de Operaciones Especiales y el Comando Seis por ejemplo, que podían operar bajo orden superior en cualquier sector y de inmediato. La dependencia central de investigación e inteligencia fue el denominado Cuerpo de Detectives y luego el Departamento de Investigaciones Técnicas.
Las diferentes instancias de la PN produjeron entre sí un considerable flujo de comunicación escrita. Esto mismo se dio con entidades externas especialmente de y hacia el despacho del Ministro de Gobernación, el Estado Mayor Presidencial y el Estado Mayor General del Ejército/Estado Mayor de la Defensa Nacional. En principio este intercambio refleja una actividad netamente administrativa y jerárquicamente conducida. Sin embargo el resultado constituye un enorme acervo documental compuesto por los más diversos registros: telegramas, radiogramas, informes de operaciones, vigilancias y reportes de cadáveres, hasta memorandos secretos, confidenciales y planes de operaciones. Además de los consabidos oficios, providencias, memorandos y otros más.
Los documentos del AHPN atestiguan las estrechas relaciones de trabajo entre las diversas fuerzas de seguridad del Estado. Estas coordinaciones se originaron especialmente en el marco del combate internacional al comunismo, encabezado por los Estados Unidos. En Guatemala esta persecución despegó con más fuerza en 1954 tras el derrocamiento del presidente constitucional Jacobo Árbenz y la alineación a los dictados estadounidenses respecto a las políticas de seguridad hemisférica, fijadas en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).
El acervo del AHPN permite entonces conocer la coordinación y relación que se establecieron entre la PN y las más altas autoridades del Ejército Nacional, principalmente durante el período de estudio de este Informe. Las comunicaciones de la Dirección General de la PN hacia el Jefe de Estado, Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa, evidencian la relación directa que mantenía con las estructuras militares.
Miles de documentos revelan que la PN resultó ser una pieza clave para la operatividad de la estrategia contrainsurgente centralizada y conducida por el Alto Mando del Ejército. Así lo muestran informes de apoyo a operaciones, legales e ilegales, realizadas por las fuerzas armadas. Existen además, múltiples informaciones confidenciales sobre el movimiento popular reivindicativo y organizaciones de la oposición, para que la PN se encargara de su control, vigilancia y represión.
En los operativos contrainsurgentes conjuntos la PN desempeñaba un papel claramente complementario con respecto a las dependencias castrenses participantes. Su subordinación queda despejada en multitud de documentos que tratan temas conceptuales de las fuerzas de seguridad y que ratifican la desigual vinculación. Este desbalance llevaba a desavenencias y fricciones entre ambas instituciones, de mayor o menor manifestación. A partir de 1985 la PN introdujo algunos cambios de forma que insinuaban una mínima independencia respecto del Ejército, como la nomenclatura de rangos propia a su naturaleza.
En el marco de la estrategia contrainsurgente la PN construyó una noción de fuerzas enemigas. Ello le permitió ampliar su propio campo de acción en el control y represión de la población, líderes y organizaciones políticas, sociales, religiosas y organizaciones guerrilleras que actuaban en el territorio nacional, pero particularmente en la ciudad capital y otras cabeceras departamentales.
Durante este período muchos ciudadanos fueron considerados enemigos del Estado o sospechosos de pertenecer a grupos subversivos, por lo que fueron sujetos a control permanente. En general la orden solía ser detener y registrar a todo sospechoso a pie o en vehículo. Existía la tendencia de tildar de sospechosa a cualquier persona de manera universal.
Las fuerzas de seguridad del Estado incurrieron en una sistemática violación al debido proceso. Por ejemplo detenían a personas por indocumentado, aunque la legislación no establecía, para los nacionales, la obligatoriedad de portar documentos de identificación (en el caso de extranjeros indocumentados los preceptos legales se rigen por principios distintos).
En función de la vigilancia y labor de inteligencia, la institución policial contó con sucesivos cuerpos de investigación. Implementó un sistema de fichas personales que servía inicialmente para el registro de autores de delitos comunes. Luego se emplearon también para registrar y tener acceso a cualquier información de control y seguimiento de actividades sociales y políticas de individuos y grupos. Así, el sistema se convirtió en un instrumento administrativo de poder fundamentado en una estructura de inteligencia progresivamente más profesional, conforme se fortaleció e intensificó la resistencia a los gobiernos militares.
El Cuerpo de Detectives se integró en 1970 con personal y metodología de la disuelta Policía Judicial. Esta era una dependencia paralela a la policía, basada en decretos netamente anticomunistas tras el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz y creada para el control y la represión severa de opositores políticos.
Los documentos analizados comprueban que las instancias de investigación criminal de la PN, sin eximir a otros cuerpos, ejercieron vigilancia selectiva y prolongada contra líderes de la oposición. Las fichas personales de control criminalístico, social y político así como los informes confidenciales, demuestran este patrón de participación en las políticas contrainsurgentes.
A partir de la información que hasta ahora se ha revisado en el AHPN es posible evidenciar que en la PN se crearon estructuras cuyo fin primordial era responder a las necesidades específicas de coordinación que imponía la estrategia de contrainsurgencia. Así, nace el Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía (COCP) como enlace y cuerpo paralelo a otro de la misma denominación en el Ejército. Luego otras instancias como el Comando de Operaciones Especiales (COE) o Quinto Cuerpo y el Comando Seis (anexo al Segundo Cuerpo), con atribuciones netamente operativas, dentro o fuera de la legalidad.
Durante el período 1975-1985, la PN se sirvió de diversos medios para ejercer presencia y control sobre la población. En primer lugar debe señalarse la labor de inteligencia en la recopilación de información esencial. A partir de ella se planificaron y ejecutaron diversos tipos de operativos como redadas, cateos, puestos de registro y ataques a casas consideradas y/o identificadas como reductos guerrilleros. En ciertos casos, especialmente durante las incursiones contra las casas de seguridad, la PN desempeñaba un papel secundario. El protagonista solía ser una unidad castrense. Éstas acciones carecían de órdenes judiciales, aún en períodos sin estado de excepción alguno.
Un aspecto importante en la cotidianidad de la institución policial fue la red de agentes y colaboradores confidenciales, que distintos jefes construyeron en función de tener ojos y oídos en numerosos lugares, instituciones y organizaciones. Solían contar con un carné que los identificaba como tales y a veces eran remunerados por sus servicios a partir de gastos confidenciales o gozaban de otro tipo de privilegios.
Esta red confidencial compartida parcialmente con el Ejército fue bastante efectiva. Existen múltiples documentos confidenciales en el AHPN, algunos con remitente identificado como Estado Mayor General del Ejército o Estado Mayor Presidencial que así lo comprueban. En estos informes se delataba a personas, organizaciones, casas y actividades. Luego de conocerse la información, la policía ejecutaba las medidas investigativas o represivas a través de sus instancias especializadas.
En la PN no se llevaba expedientes de personas. El cúmulo de información sobre algún individuo se guardaba en diversas dependencias, pues recibían y archivaban cada una por su parte las comunicaciones respectivas. Actualmente, vincular documentos sobre un mismo individuo o hecho permite la construcción y elaboración de expedientes digitales. Es decir, una carpeta con la reprografía de los documentos correspondientes y sus referencias archivísticas. Los expedientes presentados en este informe revelan actuaciones de miembros de la PN que derivaron en violaciones de derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos durante el período de 1975 a 1985.
Otro hecho recurrente en las prácticas policiacas de esa época fue la ausencia de investigación criminalística en casos de muertes violentas y desapariciones de opositores políticos. También estuvo ausente la aplicación del debido proceso penal, lo cual violó los derechos civiles y garantías constitucionales de la víctima y de sus familiares. En determinados momentos la alta jerarquía de la PN impidió el funcionamiento de sus órganos internos de investigación y la actuación judicial que correspondía, con lo que alentó la impunidad como práctica de la institución policial.
En múltiples ocasiones la PN incumplió las funciones que legalmente le correspondían y actúo como cómplice, permitiendo que una persona bajo su custodia y protección judicial fuera agredida, ejecutada o desaparecida por otras fuerzas de seguridad del Estado. En uno de los expedientes incluidos en este Informe se relató lo ocurrido a una persona detenida y sindicada de un delito de orden común. A pesar de contar legalmente con garantías constitucionales al debido proceso, terminó siendo ejecutada extrajudicialmente por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco.
La policía tenía sus propios centros de detención, especialmente en el Segundo Cuerpo, donde se ubicaba además el hospital del reo. Era costumbre conducir detenidos a los distintos cuerpos de policía y a la sede del Cuerpo de Detectives/Departamento de Investigaciones Técnicas, para que quedaran sujetos a investigación y a procedimientos legales e ilegales de interrogatorio.
Durante el período estudiado, en el curso de las operaciones policiales se criminalizaron numerosas actividades ciudadanas que derivaron en violaciones de garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de locomoción, organización y emisión del pensamiento, así como la participación social y política.
Hay evidencias de otras violaciones a los derechos humanos, tales como capturas sin presentar al o a la detenida ante juez respectivo o hacerlo tardíamente. Otras investigaciones en curso en el AHPN podrán resolver muchas incógnitas que van surgiendo conforme se analiza los documentos contenidos en él.
En los días de redacción final de este Informe quedó demostrado el valor jurídico de los documentos del AHPN, al haber servido como pruebas contundentes en varios procesos judiciales. Es por ello que el acceso a este valioso acervo documental finalmente abre la esperanza de alcanzar sentencias condenatorias en los tribunales de justicia contra responsables materiales e intelectuales de violaciones a los derechos humanos. Toda vez que familiares de víctimas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales asocian numerosos crímenes de lesa humanidad con mandos y agentes de la Policía Nacional.
Es oportuno reiterar que en el Archivo Histórico de la Policía Nacional se trabaja con la convicción absoluta del derecho inherente de la población en general y las víctimas y sus familiares en particular, de conocer y saber del contenido que los documentos revelan respecto a la actuación de la PN durante el conflicto armado interno. Es el inicio de un esfuerzo institucional por contribuir al esclarecimiento de múltiples violaciones de derechos humanos, la reconstrucción de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad, así como la búsqueda y la obtención de justicia.
AEU
Asociación de Estudiantes Universitarios
AGSA
Archivo General y Servicios de Apoyo
AHPN
Archivo Histórico de la Policía Nacional
AI
Amnistía Internacional
AID
Agencia Internacional para el Desarrollo
ANAM
Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala
APROFAM
Asociación Pro-bienestar de la Familia
BEO
Bloque Estudiantil Organizado
BRES
Brigadas Revolucionarias de Estudiantes de Secundaria de El Salvador
BROE
Batallón de Reacción y Operaciones Especiales
CAVISA
Industria Centroamericana de Vidrios Sociedad Anónima
CEEM
Coordinadora de Estudiantes de Educación Medía
CEH
Comisión para el Esclarecimiento Histórico
CETE
Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado
CEUR
Centro de Estudios Urbanos y Regionales
CIDH
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNT
Central Nacional de Trabajadores
CNUS
Comité Nacional de Unidad Sindical
COC
Centro de Operaciones Conjuntas del Ejército
COCP
Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía
COE
Comando de Operaciones Especiales
COMIL-PGT
Comisión Militar del Partido Guatemalteco del Trabajo
CONDECA
Consejo de Defensa Centroamericana
COP
Centro de Operaciones de la Policía
CRIO
Central de Recopilación de Información y Operaciones
CRT
Centro Regional de Telecomunicaciones
CSJ
Corte Suprema de Justicia
CTP
Centro de Telecomunicaciones de la Presidencia
D-2
Dirección de inteligencia
DEM
Diplomado en Estado Mayor
DGSN
Dirección General de Seguridad Nacional
DIA
Agencia de Inteligencia de Defensa
DIC
Departamento de Investigaciones Criminológicas
DIT
Departamento de Investigaciones Técnicas
DSN
Doctrina de Seguridad Nacional
EGP
Ejército Guerrillero de los Pobres
EMDN
Estado Mayor de la Defensa Nacional
EMGE
Estado Mayor General del Ejército
EMP
Estado Mayor Presidencial
ESA
Ejército Secreto Anticomunista
FAG
Fuerza Aérea Guatemalteca
FAR
Fuerzas Armadas Rebeldes
FDCR
Frente Democrático Contra la Represión
FERG
Frente Estudiantil Robin García
FUR
Frente Unido de la Revolución
FURE
Frente Unido Revolucionario Escuintleco
G-2
Sección de inteligencia del Ejército
G-3
Sección de operaciones y entrenamiento del Ejército
GH
Guardia de Hacienda
ICA
Administración de Cooperación Internacional
IGSS
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INTERPOL
Organización Internacional de Policía Criminal
IOT
Instrucciones Operativas de Transmisiones
MC
Memorando confidencial
MICUDE
Ministerio de Cultura y Deportes
MINDEF
Ministerio de Defensa
MINGOB
Ministerio de Gobernación
MLN
Movimiento de Liberación Nacional
MONAP
Movimiento Nacional de Pobladores
MP
Ministerio Público
MS
Memorando secreto
NSA
National Security Archive
ODHAG
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
OEA
Organización de Estados Americanos
OPS
Office of Public Safete (Oficina para la Seguridad Pública de la USAID)
ORPA
Organización del Pueblo en Armas
PA
Piloto Aviador
PAC
Patrullas de Autodefensa Civil
PDH
Procuraduría de los Derechos Humanos
PGN
Procurador General de la Nación
PGT
Partido Guatemalteco del Trabajo
PID
Partido Institucional Democrático
PMA
Policía Militar Ambulante
PN
Policía Nacional
PNC
Policía Nacional Civil
PRAHPN
Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional
PSD
Partido Socialista Democrático
PSP
Programa de Seguridad Pública
REMHI
Recuperación de la Memoria Histórica
RMF
Registro Maestro de Fichas
S-2
Sección de Inteligencia Militar
SEREVIDH
Servicio de Referencias sobre Violaciones a los Derechos Humanos
SIC
Sección de Investigaciones Criminales
TOSO
Teatro de Operaciones de Suroccidente
UAI
Unidad de Acceso a la Información
URD
Unidad Revolucionaria Democrática
USAC
Universidad de San Carlos de Guatemala
USAID
United States Agency for International Development (Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos)
Impresos
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Decretos
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Decreto de la Junta de Gobierno No. 023. Crea el Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo; 19.07.1954
Decreto de la Junta de Gobierno No. 59, “Ley Preventiva Penal contra el Comunismo”; 24.08.1954
Decreto Presidencial No. 064. “La Junta de Gobierno” se sustituye por “El Presidente de la República”; 01.09.1954
Decreto Presidencial No. 087. Crea el Servicio de Seguridad; 21.09.1954
Decreto Presidencial No. 089. Convocatoria a plebiscito; 21.09.1954
Decreto Presidencial No. 187. Sustituye DJG No. 023; 24.12.1954
Decreto Presidencial No. 332, “Ley Orgánica de la Policía Nacional”; 28.06.1955
Decreto Presidencial No. 553. Crea la Dirección General de Seguridad Nacional; 22.02.1956
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente No. 22, “Ley de Orden Público”; 24.02.1956.
Decreto Presidencial No. 563. Establece que el Cuerpo de Seguridad creado por DPX 87, pasa a constituir la Sección de Servicio Secreto del Departamento de Seguridad; 27.02.1956
Decreto-Ley No. 332. Crea la Policía Militar Ambulante; 23.02.1965
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución de la República de Guatemala”; 15.09.1965
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente No. 7, “Ley de Orden Público”; 30.11.1965
Decreto del Congreso No. 1782, “Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala”; 05.09.1968.
Decreto del Congreso No. 73-70, “Ley de Policías Particulares”; 15.10.1970
Decreto del Congreso No. 17-73, “Código Penal”; 05.07.1973.
Decreto del Congreso No. 52-73, “Código Procesal Penal”; 09.10.1973
Junta Militar de Gobierno, “Proclama del Ejército de Guatemala al pueblo”; 23.03.1982
Decreto-Ley No. 19-82. Se disuelve el Cuerpo de Detectives; 07.04.1982
Decreto-Ley No. 20-82. Se crea el Departamento de Investigaciones Técnicas; 07.04.1982
Decreto-Ley No. 24-82, “Estatuto Fundamental de Gobierno”; 27.04.1982
Decreto-Ley No. 57-82. Queda disuelta la Sección Judicial de la Policía Nacional; 13.07.1982.
Decreto-Ley No. 28-83. Se crea el Estado Mayor de la Defensa Nacional; 23.03.1983
Decreto Ley No. 37-85. Modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional; 19.04.1985
Decreto del Congreso No. 11-97, “Ley de la Policía Nacional Civil”; 02.04.1997
Acuerdos
Acuerdo de la Junta Revolucionaria de Gobierno sin número. En lo sucesivo la policía se llama Guardia Civil; 15.11.1944
Acuerdo Gubernativo sin número, “Reglamento de la Dirección General de Seguridad Nacional y sus Dependencias”; 26.03.1957
Acuerdo Gubernativo sin número. Se crea el Cuerpo de Detectives; 03.11.1970
Acuerdo Gubernativo sin número. Escuela de la Policía Nacional; 20.12.1971
Acuerdo Gubernativo M. de G. No. 5-76. Reglamento de la Sección de Policía Judicial; 21.01.1976
Acuerdo Gubernativo de Nombramiento No. 41. Pedro García Arredondo es nombrado jefe del Cuerpo de Detectives; 1980.
Acuerdo Gubernativo No. 539-82. Procede reconocer públicamente a los elementos del Comando de Operaciones Especiales que se han distinguido en acciones contra la delincuencia; 30.12.1982.
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