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04jul14
Brigadas de paz
Brigadas de Paz Internacional (PBI) es una organización que desde 1981 fomenta la no violencia y protege los derechos humanos en algunos de los países más violentos del mundo. Sus fundadores y voluntarios creen que cualquier persona puede ayudar a detener guerras o violaciones de derechos humanos, aun cuando sus gobiernos no puedan o no quieran; su trabajo se basa en ser no-partidarios y en no interferir en los asuntos de las organizaciones a las que acompañan. Proporcionan apoyo moral a los activistas locales en diferentes países para que puedan llevar adelante su trabajo sin miedo a la represión.
PBI cuenta con personería jurídica en Guatemala, acreditada ante las instancias competentes y cuenta con representación legal y capacidad de obrar y actuar en el marco de su mandato y misión. Cada voluntario inicia el trámite de solicitud de residencia temporal al llegar al país cumpliendo con la normativa migratoria. En todo momento, PBI y sus voluntarios en Guatemala actúan dentro del marco legal. Regularmente informan a las autoridades nacionales de su quehacer en el país y en el exterior.
Comparto la preocupación del equipo de PBI en Guatemala por la cancelación de la residencia temporal a dos personas del equipo de voluntariado, medida adoptada por la Subdirección de Operaciones de Extranjería, de la Dirección de Migración (DGM)-Ministerio de Gobernación, en dos resoluciones del 1 de julio, sin que consten las razones o hechos que motivan la decisión.
Esta situación afecta a ambas personas y su estatus migratorio, así como al acompañamiento y la observación internacional para la defensa de derechos humanos que PBI realiza en Guatemala desde hace más de 30 años. El y la voluntaria a quienes cancelan su residencia temporal --a quienes dieron 10 días para salir del país-- fueron observadores del desalojo violento en la Resistencia Pacífica de La Puya. Recordemos que en medios de comunicación se señaló la presencia de "extranjeros" ese día, como si eso fuera un delito.
Los guatemaltecos que estamos en desacuerdo con la imposición de la minería a sangre y fuego --como se hace en Guatemala-- no tenemos instituciones a las que podamos acudir en busca de apoyo, solidaridad o protección en la defensa de nuestros derechos. Las instancias gubernamentales que debieran cumplir con esa función son ineficientes o corruptas. Ya ni siquiera se escucha una voz con autoridad moral, recia y valiente --como la de monseñor Quezada-- que denuncie el acoso que hace el gobierno del señor Pérez a la población civil; mientras parece que se acepta como normal que se mande a las fuerzas de seguridad a cuidar los intereses de las compañías mineras.
Da tristeza ver el trabajo mediático --intenso y bien coordinado-- para pintar como terroristas opuestos al desarrollo, ignorantes y manipulados a los ciudadanos guatemaltecos que defienden los lugares donde viven; y cólera ver cómo el gobierno persigue a los ciudadanos que debe proteger como si fueran el enemigo interno a vencer. ¡Duele darnos cuenta de lo que está pasando en Guatemala!
[Fuente: Por Magaí Rey Rosa, Prensa Libre, Gtm, 04jul14]
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