24sep02
La compensacion a los paramilitares confirma un camino de impunidad jurídica y moral.
Las propuestas para compensar a los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por su servicio como milicias civiles paramilitares durante el prolongado conflicto civil guatemalteco han vuelto a suscitar preocupaciones en Guatemala, tanto por la impunidad de la que han disfrutado estas milicias civiles respecto a los abusos cometidos durante el conflicto armado interno como por los informes que señalan que han reaparecido para cometer nuevos abusos.
Durante el conflicto, que convulsionó a Guatemala durante más de 30 años, las patrullas servían de auxiliares civiles para el ejército guatemalteco. Se formaron a instancias del ejército y operaban bajo órdenes militares. El servicio en ellas era obligatorio y algunos de los que cometieron los abusos fueron coaccionados para participar en ellos mediante amenazas de muerte a sus personas o a sus familias.
Las patrullas debían haber sido desmanteladas en virtud de los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin al conflicto, pero en realidad sus operaciones prosiguieron en diversas zonas del país y al parecer han sido responsables de nuevos abusos. En el apéndice de este documento se enumeran algunos de ellos. En el curso del año 2002, ex miembros de las patrullas han reclamado con especial vehemencia una compensación por los servicios prestados durante su actividad en las patrullas.
Amnistía Internacional ve con preocupación la impunidad de la que han disfrutado los miembros de las patrullas respecto a los abusos en los que participaron durante los años de conflicto, así como los informes que apuntan a nuevos abusos. La organización considera que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos deben recibir reparaciones por los abusos sufridos y que todos los autores de tales abusos deben comparecer ante la justicia. AI considera que las actuales movilizaciones de ex patrulleros que reclaman pagos por sus servicios en las patrullas y las intenciones aparentes del gobierno actual de satisfacer dichas demandas contradicen los principios de los acuerdos de paz y pueden apuntar a una aceptación oficial de la reaparición de las patrullas y de los nuevos abusos que se les atribuyen.
AI siente también preocupación por las posibles implicaciones sociales y políticas de la reaparición de las patrullas: observadores guatemaltecos de los derechos humanos han señalado que la aparente tolerancia oficial respecto a la reanudación de las actividades ilegales de las patrullas refleja los vínculos de éstas con el partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y puede estar relacionado con el deseo del FRG de contar con el apoyo de ex patrulleros en las próximas elecciones, previstas para el año 2003.
Antecedentes
Formación de las patrullas de autodefensa civil
Las PAC se crearon en 1981 durante la presidencia del general Romeo Lucas García (1978-1982). Se componían de campesinos de sexo masculino procedentes principalmente de las zonas rurales a los que el ejército les encargó actuar como auxiliares civiles y «proteger» a sus comunidades de la oposición armada, agrupada con el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En teoría las patrullas se formaron de forma espontánea y voluntaria pero, en realidad, en muchas zonas rurales de Guatemala, el servicio era obligatorio para todos los hombres de entre 16 y 60 años de edad aproximadamente, a menudo bajo amenazas de duros castigos o muerte. Entrenadas y armadas en diverso grado por los militares, las patrullas tenían el cometido de localizar y enfrentarse a las fuerzas de la oposición armada, lo que involucraba inevitablemente a la población civil en el conflicto armado interno. Las patrullas funcionaban también como sistema alternativo de autoridad y control dirigido por el ejército (existente aún en la actualidad)y como una forma de trabajo forzoso que permitía a las fuerzas regulares del ejército concentrar sus esfuerzos en la contrainsurgencia. En algunas zonas, la autoridad lograda gracias al apoyo militar permitió a las patrullas ajustar viejas cuentas y eliminar a sus enemigos tradicionales por motivos totalmente ajenos al conflicto civil.
Entre 1981, cuando surgieron las PAC, y 1995, fecha en la que el gobierno del presidente Ramiro de León Carpio hizo un llamamiento para que fueran desmanteladas -declaración que, sin embargo, no constituía un marco legal para la disolución de las PAC-, las patrullas estaban integradas por entre 500.000 y un millón de individuos.
Abusos cometidos por las patrullas durante el conflicto civil
Durante su existencia, las patrullas fueron responsables de muchos miles de abusos: el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) sobre el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que trata del conflicto armado interno de Guatemala, atribuye más del 90% de los casos documentados de abusos contra los derechos humanos a las fuerzas armadas guatemaltecas y a sus auxiliares civiles, los comisionados militares Pese a ser civiles, los comisionados militares servían a las órdenes del ejército. Durante el conflicto desempeñaban funciones de orden público y de información y actuaban como los «ojos y oídos» del ejército en las comunidades rurales, y muchas veces de intermediarios entre el ejército y las comunidades.
Con frecuencia también dirigían las patrullas civiles. y las patrullas civiles El ejército estuvo implicado en el 90,52% de las matanzas registradas, actuando por sí solo en el 55% de estos sucesos. El resto de las matanzas fueron perpetradas con el respaldo de las PAC y los comisionados militares (ODHAG 1999: 134-135). Los estudios realizados por la CEH revelan que las PAC habían cometido el 12% del total de abusos contra los derechos humanos ocurridos durante el conflicto (1999). De los incidentes registrados por el REMHI, las PAC estuvieron implicadas por sí solas en 1.731 casos de abusos contra los derechos humanos (un total de 3.424 víctimas) y, conjuntamente con el ejército, en 1.799 casos (un total de 10.602 víctimas), lo que incluye la participación en 342 matanzas.
[Fuente: Roddy Brett de Amnistía Internacional, Agencia Latinoamericana de Informacion, Ecuador, 24sep02]
Este documento ha sido publicado el 8oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights