03nov03

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La grave situación de los derechos humanos en Guatemala esta caracterizada por la instrumentacion de un sistema militar de control politico-social.

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Declaración del Equipo Nizkor.

Ante el grave deterioro de la situación de derechos humanos y del estado de derecho en Guatemala y teniendo en cuenta la carta de fecha 22 de septiembre de 2003, dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la OEA por parte del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que caracteriza la actual situación de las libertades civiles en Guatemala como marcada por “la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos asociados con el narcotráfico, secuestros, asesinatos con características de "limpieza social", contrabando, ataques y amenazas a los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores sociales; la influencia que ejercen dichas fuerzas paralelas de poder en la administración pública; el auge de la criminalidad y la violencia generalizada, con el consecuente aumento de la inseguridad pública, la corrupción y el crimen organizado; la violencia que vienen caracterizando el proceso electoral; y las deficiencias estructurales de la administración de justicia, que se traducen en impunidad y en denegación de justicia.”

Declaramos:

1) Que se está llevando a cabo una política de guerra psicológica, la cual es una continuación de la elaborada por las Fuerzas Armadas en la época del Golpe de Estado de los años ‘80, golpe que contó entre sus adalides con el General Ríos Montt.

2) Que como consecuencia de esa política de guerra psicológica se han establecido patrones de control político y social basados en el amedrentamiento de la población indígena, y de la población civil en general, con vistas a garantizar dicho control.

3) Que las amenazas contra defensores de derechos humanos obedecen a un patrón de consecución que sólo se puede interpretar como una campaña sistemática para que dichas organizaciones desaparezcan, o reduzcan su actividad, y, de esta forma, no supongan molestia alguna para las actividades de control político social.

4) Que existe una relación directa entre las organizaciones de narcotraficantes y los patrones de intimidación contra los defensores. Esta relación resulta evidente, por ejemplo, en algunos casos de secuestros “temporales” (de varias horas) que son realizados por bandas de narcos quienes, obviamente, cuentan con la protección necesaria para realizar estas actividades.

5) Se ha utilizado la figura del asalto ilegal (allanamiento) para acentuar, si cabe, el clima de terror; en estos allanamientos, además de robar el material necesario para las tareas de inteligencia (normalmente los ordenadores y discos duros de almacenamiento masivo de información), se culpa a los propios organismos y activistas de producir “autoallanamientos”, lo que ha dado motivo a una persecución individualizada que no tiene otra finalidad que aumentar el grado de amenaza social.

6) Se han producido asesinatos de sacerdotes mayas en forma de asesinato antropológicamente planificado sin que se haya identificado nunca a los responsables de tales crímenes.

7) Se ha producido un fraude de ley por parte de la Corte de Constitucionalidad al admitir como candidato al General Ríos Montt, en contra de lo contemplado por el art. 186 de la Constitución guatemalteca. Es de señalar que dicho General fue responsable, junto con otros militares, de un golpe militar planificado mediante un acuerdo secreto con el gobierno argentino; en virtud de dicho acuerdo, mediante operaciones de exterminio masivo se procedió a dar muerte a más de 100.000 personas, mayoritariamente indígenas, sin que hasta el momento se haya procedido a investigar y condenar a los culpables.

8) A pesar de que a priori deberíamos alegrarnos por la desaparición legal del Estado Mayor Presidencial -que fuera el órgano máximo de planificación militar del exterminio- dando cumplimiento así a los acuerdos de paz, creemos que no hay motivo para ello.

9) Basta leer el discurso claramente militarista e intimidatorio pronunciado por el Presidente Portillo, en el que, en forma inadmisible y no concordante con las normas elementalmente necesarias de todo estado de derecho, amenaza expresamente a toda la sociedad civil, a uno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones del próximo 9 de noviembre de 2003 y a las organizaciones internacionales.

10) Para completar esta finalidad de control social y político de tipo militar, se procedió a revitalizar las estructuras del paramilitarismo organizadas y mantenidas durante el período más duro de la guerra civil -nos referimos a las tristemente famosas “PAC” (Patrullas de Autodefensa Civil)-, con vistas a poder controlar en forma ilegal y violatoria del derecho internacional de derechos humanos a las comunidades indígenas y rurales. Como contrapartida, se mantienen las facilidades para la comercialización de droga, especialmente de cocaína y heroína, otorgando facilidades además para su producción en las zonas altas de Guatemala.

11) La última medida conocida en este panorama fue la admisión pública, por parte del Ministerio de Finanzas, de que se ha procedido al pago de “compensaciones” a unos 500.000 paramilitares (ex PAC), siendo estas medidas contrarias a las normas de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pero además violatorias de los Acuerdos de Paz y claramente denigratorias e insultantes de las víctimas del conflicto quienes no han tenido ni derecho a la justicia, ni a la memoria, ni al resarcimiento.
Ver nota de Prensa Libre.

12) Por último, debemos destacar que mientras se tomaba la medida de desmovilización del Estado Mayor Presidencial, el pasado día 24 de septiembre de 2003, el congreso procedía a la aprobación del Decreto 50 de 2003, mediante el cual se crea la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Si bien a dicha Secretaría se la supone de carácter civil, de la lectura de dicho decreto resulta evidente que denominarla “civil” es solamente una liberalidad lingüística. En realidad es un cuerpo homologado al escalafón militar, que tiene previsto su actuación en caso de “estado de excepción”, que tiene una finalidad ilimitada en su objeto, que porta material militar de cualquier categoría y que, además, según se establece en su artículo 13 de Régimen financiero, “También integrarán su patrimonio y disponibilidades los ingresos provenientes de donaciones o aportes extraordinarios que le sean otorgados.” En una palabra, que podrá recibir donaciones de organizaciones nacionales o extranjeras de cualquier tipo y origen.

Estas características y funciones la asimilan a un unidad de inteligencia militar similar a la Brigada XX de Colombia, o al Batallón Atlacatl de El Salvador, o al Batallón 601 de Argentina; pero además goza, desde sus inicios, de la posibilidad de contar con ingresos no controlados que facilitarán, sin duda, el camino de la corrupción firmemente establecido en Guatemala; de este modo se otorga un grado de autonomía “civil” a un aparato militar, como lo demuestra el hecho de que al menos un 30 por ciento de los integrantes del Estado Mayor Presidencial pasen ahora a integrar esta nueva unidad “civil”.

13) Es necesario exigir a los organismos europeos que están permitiendo -por acción o por omisión- que esta situación continúe, que se tomen las medidas concordantes con las cláusulas de control democrático y que la aplicación de las mismas se convierta en norma de actuación en toda transferencia de fondos públicos.

14) Finalmente, hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de derechos humanos, para que, habida cuenta de la grave situación por la que está pasando Guatemala, intensifiquen sus actividades de protección y defensa de las libertades civiles y los derechos humanos en este país.

UE, 03 de noviembre de 2003.
Equipo Nizkor

Este documento ha sido publicado el 03nov03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights