15jul03

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Magistrados de la Corte Constitucional laceran el orden constitucional.

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Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que fallaron a favor de la inscripción del general Ríos Montt como candidato a la Presidencia de la República, han causado una grave laceración al orden constitucional y al Estado de Derecho, pues hicieron prevalecer sus compromisos políticos por encima de la Carta Magna que es fuente de derecho y no puede ser interpretada de manera antojadiza.

Guatemala es un país agobiado por la impunidad y la vulneración constante del Estado de Derecho, donde predominan la denegación de justicia y el trato preferencial hacia determinados grupos de poder. Ahora, se suma este duro golpe que, a fin de cuentas, es un claro mensaje de que en el país hay grupos políticos y jurídicos con la capacidad suficiente para manipular las instituciones a favor de intereses determinados.

La resolución de la CC en el caso Ríos Montt es también un indicador de que la Constitución y las leyes pueden ser interpretadas para el beneficio de determinados sectores, grupos o personas, y no para el logro del bien común. Demuestra también que las instituciones democráticas están atrapadas por la debilidad y la cooptación política, y prueba de ello es que la independencia y autonomía son características no consolidadas ni fortalecidas.

Los cuatro magistrados que signaron la resolución a favor de Ríos Montt han observado un comportamiento siniestro, por cuanto no dudaron en atentar contra el Estado de Derecho, el principio de legalidad y el respeto del orden constitucional. Es obvio que no dudaron en responder a los intereses de poderes jurídicos y políticos que en los últimos tiempos han provocado un serio retroceso en materia democrática e institucional.

Siendo la CC el máximo tribunal de justicia constitucional, no hay opciones que permitan a los guatemaltecos salir en defensa de la Carta Magna y del Estado de Derecho, sin que se corra el riesgo de que mentes siniestras intenten manipular y crear una mayor crisis legal. Por eso, esperamos que las reacciones ciudadanas se den en un marco de responsabilidad, a efecto de evitar nuevas riesgos legales e institucionales.

Los guatemaltecos aún tenemos la opción y el derecho de elegir libremente a nuestras autoridades, por lo que la última palabra al respecto de este caso la tendrán los ciudadanos en día de las elecciones. Hay que lograr que este ejercicio ciudadano esté orientado a exigir transparencia y pureza en los resultados electorales; y a demandar el inicio de un proceso de fortalecimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la institucionalidad de Guatemala.

Los magistrados Guillermo Ruiz, Cipriano Soto, Manuel Flores y Francisco Palomo asumieron actitudes contrarias al Derecho, perdiendo en el curso su legitimidad como miembros del foro jurídico nacional y como exponentes de los grupos de poder que vulneran la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Es de esperar que el Colegio de Abogados emprenda acciones en contra de estos cuatro magistrados, que han violado la ética profesional y los principios básicos del Derecho.

Guatemala, 15 de julio de 2003.
Fundación Myrna Mack

Este documento ha sido publicado el 27jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights