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La combinación de intereses del FRG, del Gobierno y de los poderes ocultos ha fracturado la columna vertebral del orden constitucional y del Estado de Derecho.

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Las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) los días 14 y 29 de julio del presente año, en las cuales se ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción del general Efraín Ríos Montt como candidato a la Presidencia de la República, han expuesto en toda su magnitud la debilidad del Estado de Derecho y cuán posible es manipular y presionar a las instituciones democráticas del país para alcanzar fines perversos.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) aún celebra la "hazaña" de haber inscrito a Ríos Montt como candidato presidencial. El país aún sufre las consecuencias de que lo haya logrado a marchas forzadas, con base en descarados artilugios jurídicos y una abierta demostración de su afición por el terror y la violencia.

En el recuento de daños se incluye el fomento de la violencia selectiva con la aquiescencia del Gobierno y de las fuerzas de seguridad; la violación de la Constitución, un ataque frontal al Estado de Derecho, la desestabilización del orden jurídico y el haber logrado que la Corte de Constitucionalidad funcionara a favor de una candidatura espuria, ilegal, ilegítima e inconstitucional.

En conjunto, se introdujo la sombra de la ilegitimidad en el proceso electoral, a más de justificados temores sobre un eventual fraude. Se ha infligido un fuerte golpe a lo que solía ser el rasgo más pronunciado de la vida democrática en Guatemala: la ocurrencia de procesos electorales limpios y confiables, conducidos por autoridades electorales respetadas.

La institucionalidad democrática ¿al servicio de quién?

Los acontecimientos relacionados con el caso Ríos Montt develan solamente un aspecto de cómo las instituciones pueden ser conducidas hacia senderos perversos, al servicio de intereses específicos de un grupo, una persona o un conglomerado de poder.

El problema no radica, entonces, en las instituciones, su diseño, estructura o naturaleza. La clave está en cómo son dirigidas y con qué propósitos. La institucionalidad que se ha desarrollado en Guatemala a partir del inicio de la transición a la democracia es pertinente, pero en diferentes momentos se ha percibido la necesidad de introducir reformas en diferentes gradaciones, hacer ajustes de fondo o crear nuevos procedimientos.

En ejemplo de ello es el prolongado proceso que busca modernizar y democratizar la justicia, readecuar las funciones del Ejército, transformar los servicios de seguridad e inteligencia y, en general, adecuar el aparato del Estado a las demandas y necesidades de una democracia.

Por un lado, la falta de voluntad política y el rechazo de algunos sectores de poder a ciertos avances democráticos mantienen estas expectativas postergadas. Por otro lado, la corrupción, la impunidad y el relente autoritario bloquean constantemente cualquier curso hacia el fortalecimiento institucional.

Existen grupos de poder, abiertos y encubiertos, que en diferentes momentos de la historia reciente y con intenciones disímiles han promovido la escasez democrática y la debilidad institucional, a efecto de que el principio de legalidad no amenace sus intereses.

La vigencia de un Estado de Derecho, en un marco democrático y constitucional sólido, no es recomendable cuando se trata de ejercer el poder político y el poder público para el beneficio de intereses particulares o de grupo.

Menos aún cuando los fines son, entre otros: 1) Reconstituir el predominio militar en la sociedad y el Estado con base en el terror y la violencia selectiva pero sistemática; 2) Denegar el análisis, el enjuiciamiento y la sanción de los comportamientos criminales en que han incurrido agentes y estructuras del Estado; 3) Mantener un clima propicio para el crimen organizado, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, con impunidad y abuso; y 4) Crear elites políticas y económicas de corte emergente, lo suficientemente fuertes para disputar el dominio a las expresiones del poder tradicional.

Por eso, no resulta extraño que la institucionalidad política de Guatemala esté permanente presionada. Tampoco sorprende que el caso Ríos Montt haya ejercido tanta presión como no se había percibido desde que se inició el proceso de transición a la democracia y se empezó a construir la estructura básica e indispensable para una mejor vida institucional y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Y aunque una de las características del gobierno eferregista ha sido el control, el manejo y la utilización de las instituciones democráticas, en los últimos meses se registró un incremento en las tensiones, originadas básicamente por el inicio del proceso electoral y el debate jurídico-político alrededor de las aspiraciones presidenciales de Ríos Montt.

Para lograr este tipo de condiciones es necesario estar en control absoluto de todos los escenarios y las variables posibles. El comportamiento de la CC y el resultado final (la inscripción de Ríos Montt), así como el pánico desatado los días 24 y 25 de julio, pueden ahora registrarse como hechos posibles porque el FRG tuvo el concurso de todo el aparato del Estado y de otros poderes menos visibles.

Un poder jurídico.

En el caso de las resoluciones de la CC, hay algo más que un lamentable contubernio entre el FRG y los magistrados Mario Guillermo Ruiz Wong, Manuel de Jesús Flores, Cipriano Soto y Francisco Palomo.

Éste es sólo un aspecto que connota violación constitucional, afrenta al Estado de Derecho y que no se cumplió el principio de integrar el tribunal con jueces imparciales. La inexistencia de jueces imparciales para este caso es el ingrediente de ilegitimidad más notorio, porque precisamente el FRG no quería jueces imparciales y por ello fue preciso viciar los procedimientos de integración de la CC.

Tras ellos yace un poder jurídico que está presente en todas las instituciones clave como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la Nación.

La misma Constitución establece que sólo los abogados pueden ocupar cargos de autoridad en esas instituciones. Incluso para ser Procurador de los Derechos Humanos se exige este requisito. Eso confiere a los juristas un poder inmenso que, así como muchos lo utilizan para administrar justicia lo mejor que pueden o intentar un ejercicio de control democrático, otros lo ponen al servicio de poderes mayores: el que está oculto y el del crimen organizado. Sin olvidar que también favorecen a las elites políticas y económicas de influencia tradicional, y a los militares violadores de derechos humanos que continúan eludiendo a la justicia y a la verdad.

Hay, entonces, una mezcla de intereses y una ayuda mutua. Y en esa amalgama de intereses el control del poder jurídico es esencial y necesario, deseable de controlar y manejar. Ya no se trata solamente de que los partidos políticos recluten abogados para que representen sus intereses en estas instituciones.

La realidad del poder jurídico no ha pasado inadvertido para el poder oculto, y por esto también se ha dedicado en los últimos años a ampliar su influencia en el seno del gremio jurídico del país. Los medios de comunicación y las organizaciones pro justicia han denunciado de manera reiterada la existencia de vínculos entre algunos núcleos jurídicos y partidos políticos, grupos del crimen organizado y poderes ocultos.

De ahí que desde 1999 se haya incrementado la vigilancia sobre los procesos de nominación y elección de funcionarios judiciales, magistrados al TSE y otras autoridades, a efecto de buscar transparencia, reducir la politización y la influencia de partidos políticos y de poderes ocultos.

El Movimiento Pro Justicia, en el año 2001, se opuso rotundamente a la elección de personajes como Cipriano Soto y Francisco Palomo como magistrados a la CC, precisamente porque desde entonces se les consideraba parte de la estrategia de inscripción del general Ríos Montt, la cual finalmente quedó al descubierto en el curso de las últimas semanas. En esa ocasión también fueron rechazadas otras candidaturas por razones similares.

Como ya quedó en evidencia, el FRG diseñó la estrategia jurídica y política para inscribir a Ríos Montt con suficiente antelación e inició su ejecución de manera paulatina. Un aspecto central de esa estrategia fue establecer alianzas con grupos de ese poder jurídico, y el fin perverso fue concretar la candidatura del actual Presidente del Congreso a cualquier costo.

Además de la vulneración del Estado de Derecho y del orden jurídico, el proceso democrático sufre una involución severa y las instituciones quedan más expuestas a la manipulación, porque la CC se convirtió en verdugo de los incipientes rasgos democráticos y de la endeble institucionalidad política con que contaba el país. Es una situación antitética, porque la CC fue concebida precisamente para ser herramienta clave en la defensa de la constitucionalidad y el resguardo máximo de los derechos y libertades fundamentales de los guatemaltecos.

Elecciones 2003: a la disputa de posiciones en el flujo de poder.

A la superficie de la coyuntura política nacional asoma la certeza de que el general Efraín Ríos Montt y su partido, en alianza con un grupo de poder jurídico, crearon y consolidaron una tendencia institucional destinada a servir a determinados intereses. En el caso de la CC, la meta fue hacer viable el derecho a una candidatura presidencial denegada por mandato constitucional.

Pero más allá de la crisis jurídica que ha provocado la inscripción del general Ríos y los artilugios que la hicieron posible, hay en el fondo de la situación política nacional una disputa que se relaciona con el flujo de poder en el país.

¿Quiénes son los actores que manejan el poder político y el poder público en el país? ¿Qué personas y grupos dominan realmente el cuadrante del universo político donde se toman las decisiones de Estado y se determina el rumbo de las instituciones?

El universo del poder político en el país ha cambiado sustancialmente, y en particular el espacio donde se toman las grandes decisiones y se fija el rumbo institucional. Hasta el año 2000, ese cuadrante sensible estuvo dominado, directa e indirectamente, por los poderes tradicionales: los partidos políticos, la elite económica y el Ejército. Estos eran los actores fundamentales del flujo de poder.

La correlación de fuerzas fue abruptamente trastocada. Con la llegada del FRG al gobierno, hubo un desplazamiento de los antiguos actores del poder. De la mano de Portillo y Ríos Montt llegaron al mencionado cuadrante de poder algunas fuerzas que ya existían pero habían permanecido agazapadas, gestando su desarrollo.

La confrontación con el sector empresarial sacó a la elite económica de ese cuadrante definitorio, aún cuando su naturaleza de poder real no fue disminuida ni quebrada. El sistema de partidos políticos se estancó en su propio deterioro, caracterizado por la falta de democracia interna, su fracaso como entes de intermediación social y las miserias que implica el estar supeditado al clientelismo, la falta de credibilidad y la utilización que de las organizaciones partidarias hacen los poderes tradicionales y emergentes.

El Ejército, afectado por la derrota política que supuso la firma de la paz y por la ausencia de líderes internos y supeditado a las órdenes de jerarcas sin poder real y sin liderazgo, buscó un acuartelamiento cuyo principal fin es evitar el estudio y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno; y, de paso, mantener su identidad como institución de predominio a base de estimular el relente autoritario y el concepto contrainsurgente, para de esa forma afrontar "la amenaza" que (según ellos) traen consigo la legalidad y la democracia.

Frente a esos poderes tradicionales empezó a surgir un nuevo poder político y económico, de naturaleza criminal, que en poco tiempo avanzó en la conquista de espacios de poder. A ellos se atribuye la planificación y ejecución de hechos de corrupción sin precedentes, las estafas millonarias al Estado, el control y manejo de las instituciones y una mayor impunidad para el crimen organizado y la narcoactividad. El país fue descertificado por Estados Unidos, luego de que disminuyó el combate al narcotráfico y se dispararon los índices de corrupción y la participación de autoridades en esta actividad criminal.

En concreto, la asunción de Alfonso Portillo y del FRG al gobierno abrió las puertas al poder oculto, sus ramas operativas y una de sus expresiones más notorias: el crimen organizado. En poco tiempo, ese poder oculto cobró gran influencia en el ejercicio del poder político y del poder público, mientras el crimen organizado se fortaleció al amparo de las estructuras del Estado y los brazos operativos comenzaron con la violencia selectiva.

Cabe mencionar que, mezclado con ese poder oculto pero con identidad propia, arribó también un poder militar, de carácter extrainstitucional, integrado por oficiales militares en situación de retiro. Algunos llegaron por la vía de Alfonso Portillo, otros ingresaron a través de la estructura del FRG.

El grupo más notorio es el que encabeza el general Francisco Ortega Menaldo, acompañado del coronel Jacobo Salán y del mayor Napoleón Rojas, entre otros, quienes se incrustaron en el entorno presidencial y se han hecho cargo del suministro de información, inteligencia y servicios de seguridad; y seguramente de operativos en casos determinados. A cambio, estos personajes estarían celebrando los negocios de su vida y con la perspectiva de consolidarse como millonarios al término de este período de gobierno.

En este momento, es fácil identificar dos tipos de interés (motivaciones centrales) en este poder oculto:

• 1. La consolidación de poder económico emergente, generado en las entrañas de la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el crimen organizado, capaz de pelear al sector empresarial el predominio y de asegurar para su provecho la utilidad del sistema de partidos políticos en la consecución de sus fines; y

• 2. Restaurar el poder militar con la misma carga ideológica y contrainsurgente que dominó la vida nacional durante gran parte del siglo pasado, para seguir disputando la interpretación de los hechos criminales perpetrados durante el conflicto armado interno; abatir o eliminar amenazas que puedan poner en peligro la impunidad de que han gozado; y fortalecer las barreras de protección sobre las actividades ilegales que hoy conforman su nueva forma de vida.

De manera que el proceso electoral del 2003 no representa únicamente un evento que ocurre para designar nuevas autoridades ejecutivas, legislativas y municipales. En el fondo, está en disputa el control del flujo de poder en el país y cómo quedará integrada la nueva correlación de fuerzas.

Es obvio que las expresiones de poder militar (institucional, pero especialmente el extrainstitucional), el poder oculto, los grupos del crimen organizado y los aparatos ilegales, buscarán asegurarse una posición preponderante en esa nueva correlación de fuerzas. Como principio, buscarán que el flujo de poder siga como hasta ahora, inalterable.

Por eso, la inscripción del general Ríos Montt y una eventual victoria electoral del FRG, son elementos clave para que no haya alteraciones. Entonces, si a las ansias del eferregismo por entronizarse en el poder sumamos el interés de las mentes siniestras que hoy controlan el flujo de poder en el país, es claro que habrá grandes hazañas por impedir cualquier variante en la dinámica política del país.

Ya hemos visto algunas muestras de ello: la manipulación de la CC y la estocada al Estado de Derecho, así como la irrupción violenta de hordas eferregistas, con blancos predeterminados, para difundir terror y plantear una amenaza a los procedimientos legales, democráticos e institucionales. Por eso se justifica el temor de que, incluso, exista ya una estrategia de fraude y de prácticas censurables que lleven al FRG a la victoria electoral sobre bases anómalas e irregulares.

Escenarios posibles.

1) El escenario del fraude.

Uno de los escenarios posibles es el del fraude. El FRG cuenta con una estructura partidaria aún fuerte y con un significativo caudal financiero, procedente principalmente de las arcas nacionales, para impulsar la candidatura del general Ríos Montt.

Sin embargo, eso eso no es suficiente. El voto de castigo usual en las elecciones, que hasta ahora ha impedido la reelección del partido político que hace gobierno en el momento de las votaciones, sumado al fracaso de la gestión portillista-eferregista, la indignación ciudadana que han generado la corrupción y la impunidad en grado extremo, el deterioro a causa del incumplimiento de las promesas de campaña; las demostraciones de barbarie y salvajismo que pudieron ser observadas el 24 y el 25 julio, entre otros factores, presionan al FRG hacia la derrota electoral.

Si se confirma que el FRG y Ríos Montt desean mantenerse en el poder a toda costa, puede haber fraude y otras prácticas ilegales e inconstitucionales, que sin duda derivarían en nuevas crisis y hasta en un posible rompimiento constitucional. Se esperarían movilizaciones ciudadanas, posible violencia en las calles, más violencia selectiva y un ambiente de tensión grave.

En ese caso, por demás extremo, Guatemala podría ser considerada para aplicar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el nivel de rescate del orden democrático. El país quedaría expuesto a sanciones severas, incluyendo una posible expulsión del grupo de países miembros de la OEA; la condena internacional generalizada, la afluencia de otros mecanismos internacionales democráticos y de protección de derechos humanos. Todas las presiones irían encaminadas a restaurar el orden constitucional y a recomponer la institucionalidad.

Puede haber un caso menos extremo, sin llegar al rompimiento total constitucional, en el cual cabría de todas maneras el acompañamiento y la vigilancia de la OEA y otros organismos internacionales. Incluso se podría aplicar la Carta Democrática en el nivel de preservación y de fortalecimiento, que abarcaría gestiones diplomáticas por parte del Consejo Permanente de la OEA y visitas in situ, entre otras acciones.

Como es lógico, en un escenario de esta naturaleza, no habría garantía de respeto a los derechos y libertades de las personas. La vida y la integridad física de líderes sociales y políticos, operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de otros sectores correrían un riesgo real.

2) El escenario de la derrota del FRG.

El escenario deseable sería aquel donde el fraude queda sólo como un temor. En tal situación habría elecciones tensas, con ciertos grados de violencia y confrontación, pero con resultados creíbles, con ciertos grados de pureza y transparencia.

Un escenario como éste podría dispersar el voto, de tal manera que habría un Presidente de la República que gobernaría en un marco de mucha debilidad, pues todo apunta a que el Congreso de la República podría constituirse en un centro de poder político y de control más fuerte que el Ejecutivo.

¿Por qué? Porque se prevé que no habrá una bancada mayoritaria, sino varias bancadas fuertes (quizá FRG, GANA, PAN, UNE, Unionistas) y otras expresiones partidarias menos numerosas (DC, ANN, entre otros). Con la posibilidad de que los partidos que integran la Gran Alianza Nacional (GANA) no mantengan la unidad, sino que opten por la separación tarde o temprano, una vez estén instalados en sus respectivas curules. Esta situación estimularía también el cambio de partido, de tal manera que podrían abundar los diputados tránsfugas.

Si esto ocurriera, el candidato que sea electo tendría que disponerse a lidiar con un Congreso ajeno, u hostil en el peor de los casos. Se vería obligado a buscar alianzas parlamentarias, a negociar o a buscar en la sociedad civil apoyos para enfrentar una correlación de fuerzas que muy bien podría mantener su gestión en constante inestabilidad.

En este escenario resulta clave la existencia de instancias de diálogo como el recién conformado Frente Cívico por la Democracia, el Grupo Barómetro, el Foro Guatemala y el conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos, así como el sector empresarial, que podrían convertirse en interlocutores tanto del poder parlamentario como del Organismo Ejecutivo. Pero, para que una interlocución de esta naturaleza sea exitosa, se requiere de que el elemento base sea la voluntad política para negociar, ceder espacios, escuchar propuestas, tomarlas en cuenta y cumplir con los acuerdos y compromisos a que arriben en el proceso de diálogo.

En este mismo escenario podría surgir un derrotero escabroso, en caso fallen la interlocución y la negociación. El Congreso podría funcionar como elemento de desestabilización constante en su afán de ejercer el poder político total, en desmedro de la cuota que tenga el Presidente que resulte electo. De esa cuenta, el Congreso podría presionar por un cambio de condiciones. Incluso hay quienes no descartan que, en un estado así de las cosas, pueda impulsarse la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

3) El escenario para el poder oculto.

Hay un escenario específico para el poder oculto, el crimen organizado, las expresiones de poder militar y los aparatos clandestinos de seguridad: independientemente de qué partido o candidato presidencial gane las próximas elecciones, estos grupos tienen ya una estrategia para quedar integrados a la nueva correlación de fuerzas.

Hay agentes de estos grupos infiltrados en los distintos partidos políticos. Por lo que ha publicado la prensa y la información confirmada que se maneja en esos círculos, los enviados de estos poderes ya están "conectados". Han logrado ubicarse en las listas de candidatos a diputados y a alcaldes; en los comandos de campaña, en los equipos de asesores y en la elaboración de los programas de gobierno; y se han ubicado también en las listas de contribuyentes o financistas.

La realidad apunta a que, sea cual sea el escenario que finalmente se concrete a partir de enero del 2004, el poder oculto y grupos afines tendrán diferentes vehículos para llegar al ejercicio del poder público y político, con la esperanza de continuar engrandeciendo al grupo económico emergente y limitando las expectativas democráticas.

Quizá no estarán del todo cómodos, pero sí tendrán influencia. Del próximo gobierno depende si estos poderes serán marginados o estimulados, desplazados o mantenidos. De la población depende también, porque tiene consigo el arma del voto responsable y consciente.

Independientemente de los escenarios mencionados, es claro que la situación política actual demanda la unidad de acción, la comunicación y la apertura al diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad.

Con el surgimiento reciente del Frente Cívico por la Democracia se abren las posibilidades de mantener el esfuerzo de comunicación y preparar, hacia el futuro inmediato, eventuales procesos de diálogo y negociación intersectorial e interpartidario. La existencia de esfuerzos previos, como los de Barómetro y Foro Guatemala, indica que esto es posible si a todos asiste la buena voluntad.

La gran interrogante que surge es si estos esfuerzos ciudadanos e intersectoriales superarán la mera coyuntura. Si superan el momento, en los próximos meses podrían ensayarse procesos de negociación alrededor de los problemas nacionales más urgentes y sobre la necesidad de construir la gobernabilidad democrática, en un marco de estabilidad política.

Por eso resulta fundamental que alrededor de este esfuerzo ciudadano y democrático se defina lo siguiente: cuán posible es que los diversos sectores de la sociedad y los partidos políticos mantengan la capacidad de diálogo, con el único interés de sacar al país de la crisis y llevarlo a escenarios de estabilidad y buen gobierno; cómo vamos a detectar el fraude y cómo podemos combatirlo; qué podemos esperar de la comunidad internacional y qué podemos esperar de nuestras instituciones en un escenario crítico, partiendo de que están débiles y son susceptibles a la manipulación.

Guatemala, 05 de agosto de 2003
Fundación Myrna Mack

Este documento ha sido publicado el 07ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights