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05sep14
Crimen organizado infiltra el Estado de Guatemala
El arresto del jefe penitenciario Édgar Camargo desnudó la infiltración del crimen organizado en el Estado guatemalteco: era miembro de una poderosa red que lavaba dinero desde prisión, liderada por su excompañero de estudios militares Byron Lima, preso por el asesinato del obispo Juan Gerardi.
El escándalo estalló el miércoles con la detención del director del Sistema Penitenciario bajo cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y conspiración para lavado de dinero, pero el poder que ejercía Lima desde la cárcel Pavoncito -periferia este de la capital--era un secreto a voces.
"Se planificaban, ordenaban y ejecutaban grandes crímenes contra el Estado desde prisión. Es un logro desarticular esta estructura clandestina dentro del Estado, un caso emblemático al tocar esta banda criminal", dijo la directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Ibarra.
La organización, según la fiscala general, Thelma Aldana, era dirigida desde la cárcel por Lima exmiembro del Ejército condenado en el 2001 a 20 años de prisión por el sonado caso del obispo guatemalteco Juan Gerardi, asesinado en abril de 199 8 tras denunciar las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1960-1996).
Todopoderoso. Lima cobraba hasta $100.000 para ordenar el traslado de reos en las cárceles del país, según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Además, tenía poder para conceder favores y privilegios a internos que pagaran, autorizaba visitas conyugales, el ingreso de teléfonos de última generación y controlaba la seguridad de la prisión.
Todo, con la complicidad del director del sistema penitenciario.
Ambos cursaron juntos estudios en la escuela militar Politécnica a mediados de los años 80 para entrar a las Fuerzas Armadas, pero Camargo no los concluyó, aunque recibió entrenamiento en la Escuela de Carabineros de Chile, mientras Lima se graduó con honores y realizó estudios en Chile y Taiwán.
La investigación reveló que, desde prisión, Lima compró casas en sectores exclusivos de la capital y en distintas playas, y automóviles y motocicletas de lujo como BMW, Jaguar o Porsche, según la Cicig.
En la prisión recibía incluso a diversas "personalidades y actores públicos, lo que revelaba a través de su cuenta Facebook, haciendo ostentación del poder", afirmó el jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.
El caso, en el que también fueron detenidas seis personas más, entre ellas Alejandra Reyes, esposa de Lima, dejó en evidencia crudamente que la cárcel no cumple su objetivo de rehabilitación.
Desde allí, Lima construyó un aparato delictivo que era una gigantesca fuente de enriquecimiento ilícito, agregó Ibarra.
El director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), Jorge Santos, coincidió con Ibarra en la urgencia de "profundizar en la investigación y dar con las personas que integran esa estructura, ya sean funcionarios o no, para desarticularla por completo".
Agregó: "Hay una verdadera red criminal compuesta por funcionarios públicos, reclusos y personas particulares. Dentro de esa estructura criminal, encontramos como eje central a Byron Lima, quien imparte órdenes".
Para Santos, buena parte de la violencia que mantiene en zozobra a Guatemala se gesta en las cárceles, desde las cuales -precisó- "proviene un 80% de las extorsiones". El sistema penitenciario estaba "en poder de convictos", resaltó Velásquez.
El desmantelamiento de esa estructura es un golpe de la Cicig, una entidad de Naciones Unidas que desde el 2007 busca erradicar a grupos que corrompen a jueces, fiscales, políticos, militares, policías, para cometer delitos graves corrupción y favorecer la expansión del crimen organizado.
"El golpe contra esta estructura, que era conocida a voces, es un buen momento para la Cicig, porque se da precisamente a un año que termine su mandato", en setiembre del 2015, comentó la activista.
Según ha dicho el presidente Otto Pérez, el mandato de la Cicig no será renovado en Guatemala, un país con niveles de impunidad de más del 70%.
[Fuente: La Nación, Afp, Costa Rica, 05sep14]
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