21ago07

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Inminente peligro de utilizar el sistema de justicia como escenario de la lucha electoral

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Ante las numerosas evidencias de que las instituciones de justicia, tanto en el ámbito penal como en el constitucional, están arbitrando un amplio espectro del proceso electoral; y por el hecho de que algunos grupos y partidos políticos podrían hacer uso de estos órganos cual herramientas de confrontación electoral, la Fundación Myrna Mack considera oportuno presentar las siguientes reflexiones:

• 1. Desde el inicio de este proceso electoral se han registrado discrepancias entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las que eventualmente han intervenido incluso personas y grupos no partidarios. Factores como la falta de voluntad política o la negativa a conciliar mediante el diálogo y la negociación, motivaron la búsqueda de una resolución ante los órganos de justicia.

• 2. Además de discrepancias ha habido también acciones de orden judicial, en temas como: problemas en la interpretación de la legislación electoral en lo que se refiere a los plazos para la inscripción de los partidos y la realización de sus asambleas; el fallido antejuicio contra

  la diputada Nineth Montenegro, a quien el TSE quiso atribuir responsabilidad penal tras descubrir que su partido inscribió una persona fallecida; la disputa sobre la publicidad de las obras del Gobierno; los desencuentros por la convocatoria a elegir diputados al Parlamento Centroamericano; y el intento del TSE por sancionar a los medios de comunicación que no entregaran información sobre las tarifas para la contratación de propaganda.

• 3. Ésas, entre otras batallas batallas, han creado tensiones entre los grupos involucrados, el TSE e instituciones como la CC y el Organismo Judicial, además de que propiciaron el uso del sistema de justicia para arbitrar algunos aspectos del proceso electoral en detrimento de la

  autoridad electoral especializada. Crearon espacios para “judicializar” la resolución de conflictos político-partidarios.

• 4. La posibilidad de recurrir a los órganos de justicia para dirimir asuntos electorales sitúa a este importante proceso en terreno resbaladizo, en virtud de la porosidad, la debilidad y las falencias que caracterizan al sistema de justicia y que lo hacen vulnerable a las presiones de fuerzas económicas, políticas y aquellas generadoras de violencia, corrupción y manipulación.

• 5. En la medida que el sistema de justicia le enmienda la plana al TSE, se daña la confianza y la credibilidad en la institución; y también queda en evidencia la fragilidad técnica y política con la que el TSE afronta este evento electoral. Así las cosas, no resulta difícil que algunos pongan en duda la excelencia profesional y la capacidad técnica de los integrantes de la autoridad electoral, aunque es bien sabido que en el TSE hay magistrados y funcionarios por su trayectoria destacada en el medio jurídico del país.

• 6. Preocupan también otros hechos que aparentemente no tienen relación directa con el proceso, pero que de igual manera generan situaciones de tensión cuyo impacto abarca incluso a los órganos de justicia. Tal es el caso del inesperado problema generado con el transporte pesado, cuyos pilotos, con el respaldo de los empresarios, declararon paro en protesta contra una medida que está en vigencia desde hace varios meses; lo cual fue seguido de acciones gubernamentales que eliminaron disposiciones con años de vigencia y que hasta ahora no habían ocasionado problemas que pusieran bajo la lupa de la justicia cuáles son asuntos propios de la autonomía municipal y cuáles son responsabilidad del Gobierno Central.

• 7. Independientemente de las molestias reales que la restricción del horario de circulación representa para pilotos, empresarios y personas directamente involucradas en esta rama del comercio, todo indica que tras dicho movimiento hubo el intento de afectar la figura del alcalde Álvaro Arzú y su campaña de reelección. El Gobierno Central tomó decisiones que han avivado la confrontación política y personal existente entre el alcalde Arzú y el presidente Berger. Lo grave no es que el pleito continúe y empeore. Lo censurable es que las consecuencias estén siendo dilucidadas en el terreno de la justicia constitucional, y que todo esto ocurra en una etapa muy delicada del proceso electoral, justo cuando se requiere de la mayor estabilidad política para no crear riegos que empañen los comicios.

• 8. Todo esto obliga a hacer un llamado a los partidos políticos y a sus dirigentes, al TSE. así como al Gobierno Central y a la alcaldía de Guatemala, para que actúen con responsabilidad, seriedad y mesura, a efecto de resguardar la estabilidad política y la tranquilidad social necesarias para la buena marcha y conclusión del proceso electoral.

• 9. También es preciso que las autoridades de las instituciones de justicia analicen el contexto político y prevean qué factores pueden afectarlas en lo que falta de proceso electoral, en especial porque se está pronosticando un eventual escenario de impugnaciones (algunos predicen votaciones muy cerradas, otros hablan de empate técnico, etc.). De concretarse este escenario, los órganos de justicia estarán en el centro de batallas judiciales de cuya resolución podría depender la nueva correlación de fuerzas políticas en el país.

Guatemala, 21 de agosto de 2007
Fundación Myrna Mack

DDHH en Guatemala

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