2003

---

Impunidad y Denegación de Justicia en Guatemala.

Por Helen Mack (*)

---

A partir de que se inició en Guatemala la transición a la democracia y se dieron los primeros pasos de la reforma penal en 1994 con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal y se firmaron los acuerdos de paz en 1996, el sector justicia ha observado comportamientos positivos en materia de transformación institucional y modernización. Es quizá el sector institucional que más logros puede presentar.

Pero a pesar de este reconocimiento, no puedo estar de acuerdo con las autoridades judiciales cuando afirman que estos avances constituyen un sendero irreversible en materia de acceso a la justicia, independencia judicial, autonomía de los fiscales y lucha contra la impunidad y la denegación de justicia.

Mi renuencia a compartir esta afirmación tan absoluta se fundamenta en que, a pesar de los avances grandes, medianos y pequeños que se han alcanzado, todavía estamos lejos de erradicar la impunidad y la denegación de justicia.

La institucionalidad que ha sido construida en los últimos 18 años es débil y poco sólida, precisamente porque no han sido tocadas las estructuras que por tanto tiempo han fomentado la impunidad y la denegación de justicia.

Los cambios han sido formales y superficiales. Sigue incólume toda la estructura que durante el conflicto armado interno fomentó la impunidad y encubrió los crímenes de Estado.

En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó en que, por ineficacia provocada o deliberada, los órganos judiciales no garantizaron el cumplimiento de la ley; y que, por acción y omisión, contribuyeron a agravar los conflictos sociales, así como cobijaron y protegieron las actuaciones represivas del Estado.

Si los órganos judiciales generaron más conflicto social, esto implica que hasta la última molécula de las instituciones funcionó de manera desnaturalizada: en lugar de sancionar los crímenes y las violaciones de derechos humanos, el sector judicial protegió a los criminales, generó impunidad alrededor de abusos y atropellos, y dio luz verde al genocidio, a la tortura, a la desaparición forzada y a muchos otros crímenes. Los jueces y otros operadores de justicia que no participaron en esa línea de trabajo fueron salvajemente asesinados.

Aún ahora, cuando han pasado treinta, veinte, diez años o menos, el sistema de justicia sigue evadiendo este tipo de casos. Llevar a juicio a los responsables de una violación de derechos humanos y obtener sentencia justa sigue siendo extremadamente difícil.

Así ocurre también en casos del crimen organizado y otros grupos de poder oscuro, pues las estructuras de la impunidad se revitalizan y se reciclan, de tal manera que siempre tienen la posibilidad de corromper, atemorizar o utilizar argucias para obstruir los procesos.

Antes el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados y los jefes del Ministerio Público solían agradecer públicamente sus nombramientos al General de Brigada con turno en la Presidencia de la República. Espero que ahora ellos no agradezcan en privado al Presidente, a los diputados y a otros personajes influyentes la elección que les permite estar al frente de las instituciones de justicia.

Antes había fuero especial, juicios sumarios, se juzgaba a documentos y no a personas, el fuero militar era ilimitado, no había garantías judiciales, no había medios de acusación independientes del Estado, no había sana critica, no había independencia judicial ni autonomía fiscal. Ahora contamos con principios y garantías que nos aseguran una participación ciudadana más activa en el impulso de la búsqueda de justicia.

De manera que se han dado pasos importantes hacia delante. Sin embargo, esto no es suficiente. Seguimos sin tener una plena seguridad jurídica, desde el momento que la impunidad que predomina impide la vigencia plena del Estado de Derecho y del principio de legalidad.

El principal motor de la reforma judicial está averiado: la falta de voluntad política. Por supuesto, entiendo que no es fácil cambiar radicalmente, en poco tiempo, las condiciones de debilidad institucional, ausencia de Estado de Derecho y denegación de justicia que han prevalecido por mucho tiempo.

No sé cuál fue el primer crimen cometido en Guatemala que quedó sin sanción. No sé quién lo cometió, no sé quién lo toleró y lo encubrió. No sé qué mecanismos fueron aplicados para burlar a la justicia. Lo único que sé es que, en ese momento, se empezó a gestar la impunidad en este país.

Con el paso del tiempo, más crímenes fueron cometidos y quedaron sin sanción. En el pasado hubo tolerancia, complicidad, encubrimiento e indiferencia ante los delitos y las infracciones al orden jurídico que se cometieron en el marco del conflicto armado interno. Ahora, sigue existiendo esa tolerancia, esa complicidad y ese encubrimiento respecto de los crímenes que se cometen día a día. Alcanzamos entonces un régimen de impunidad y ahora vivimos en medio de una cultura de impunidad.

Se dice que tenemos impunidad de derecho e impunidad de hecho, cuando tratan de hacer una clasificación de la impunidad que se genera en el propio seno del sistema de justicia y de la impunidad que genera el ciudadano cuando, por diversas razones, no busca justicia tras ser víctima o testigo de un crimen. Esta es una clasificación arbitraria que, en mi opinión, al menos sirve para ilustrar algunos factores de la cultura de impunidad que nos afecta.

Quienes dirigen el flujo de poder en Guatemala, quienes ejercen el poder político y el poder público utilizan al aparato del Estado para fomentar el crimen, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, se afanan por ejercer control sobre las estructuras de seguridad, de investigación criminal, de persecución penal y de administración de justicia en general, para que los criminales, los hechos delictivos y el producto de esa actividad estén fuera del alcance del poder punitivo.

No es fácil destruir esa cultura y optar por un Estado de Derecho, democrático y constitucional. Enfrentamos toda una historia de denegación de justicia que va más allá de la impunidad.

En Guatemala no solamente enfrentamos la falta de sanción a los crímenes, también nos afectan todos aquellos elementos que impiden un acceso cierto a la justicia, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

1. Ausencia del Estado de Derecho. No se respeta el principio de legalidad. Los políticos con poder, los gobernantes, los grandes empresarios, los militares y los grandes capos del crimen organizado están fuera del alcance de la ley. Solamente el pobre, el que tiene desventajas sociales y políticas va a la cárcel y ahí puede pasar muchos años sin la asistencia de defensores públicos y sin condena. La situación se agrava ahora que colapsó el Instituto de la Defensa Pública Penal.

2. La inoperancia de los órganos judiciales. Las reformas que se han impulsado en los últimos 18 años constituyen tan sólo un germen de lo que debiera ser la transformación institucional que asegure el acceso a la justicia y la eliminación de todas las formas de impunidad.

3. La violación de las garantías del debido proceso y el litigio malicioso. Hoy más que antes proliferan las prácticas reñidas con la ética que buscan entorpecer los procesos judiciales y ganar por las malas un caso judicial. Mi experiencia personal constituye todo un ejemplo de la inagotable creatividad de los agentes de la impunidad. La institución del Recurso de Amparo está siendo manoseada, con la total complicidad de algunos jueces que tienen el atrevimiento de dar trámite a recursos que desde el primer momento debieran ser rechazados por frívolos e improcedentes. Tal parece que las argucias están tomando el lugar de comportamientos judiciales apegados a Derecho.

4. El secreto de Estado. El Estado, principalmente el Ministerio de la Defensa Nacional, sigue negando información que podría contribuir a esclarecer los grandes crímenes de lesa humanidad que hay en nuestra historia. Y ahora otras estructuras del Ejecutivo y del Legislativo se han sumado también a la práctica de ocultar documentos e información, con el fin de obstruir procesos de investigación criminal por corrupción y otras actividades ilícitas cometidas en el ejercicio del poder.

5. Retardo. No se han implementado mecanismos y procedimientos para agilizar la administración de justicia. Ha sido escaso el impacto de los centros de mediación y de gestión judicial, pues de todas maneras los casos sobrepasan las capacidades de los juzgados y las oficinas del Ministerio Público. Esto crea un atasco de expedientes y el padecimiento de muchas personas que van a la cárcel preventiva y pasan meses sin que haya resolución en su caso. La mayoria de casos son por faltas menores que podrían agilizarse mediante el criterio de oportunidad.

6. La violencia y el hostigamiento. La justicia está siendo administrada en un marco de violencia, que ha cobrado ya la vida de varios jueces, fiscales, abogados y testigos; y mantiene bajo acoso a todos los operadores de justicia que conocen casos de alto impacto. Los jueces de paz, que se encargan de faltas e infracciones de menor rango, figuran también entre los más afectados.

7. La vulnerabilidad de la independencia judicial y de la autonomía de los fiscales; las presiones internas y las presiones externas. La independencia judicial y la autonomía de los fiscales están bajo presión constante. A veces, son las mismas autoridades judiciales y fiscales quienes ejercen presión para que las resoluciones estén a la medida de sus deseos. En otras ocasiones, las presiones vienen de fuera del sector justicia y proceden de personas o grupos de poder que quieren que la justicia esté a la medida de sus intereses.

8. El presupuesto. El sector justicia no tiene un presupuesto adecuado. La solución no consiste solamente en dar más dinero a las instituciones. También hay que vigilar los egresos, para determinar si hay transparencia en el manejo de los recursos y si el gasto público en el sector justicia es eficiente, racional, ordenado y mesurado.

9. La falta de ética profesional de algunos operadores de justicia y de algunos abogados. El Colegio de Abogados tiene un código de ética que debe ser observado por todos sus colegiados, pero al parecer no hay control sobre su cumplimiento. El Organismo Judicial también sacó con bombos y platillos su Código de Ética en el año 2001, pero hasta ahora no se tiene noticias sobre su observancia. Por falta de sanciones siguen siendo permitidas la mala práctica judicial, el litigio malicioso y otras conductas inapropiadas.

10. La renuencia a reconocer el derecho indígena. No hay voluntad política ni disposición alguna para reconocer el derecho indígena y aplicar los postulados del Convenio 169 de la OIT. Las autoridades fiscales y judiciales imponen tratamientos judiciales sobre problemas comunitarios que pueden ser resueltos por la vía del derecho indígena, de una manera expedita y respetuosa de las creencias comunitarias. Además, es constante el conflicto entre los representantes del sector de justicia oficial y las autoridades indígenas. En este punto quiero insistir en la necesidad de que la justicia tenga un enfoque pluricultural y que a ese enfoque respondan todas las instituciones del sector.

11. La persistencia de la militarización en algunos órdenes de la administración de justicia. A pesar de que ya no ocupan puestos de primera línea en puestos del Estado, los militares retirados continúan ejerciendo cuotas de poder público. Tengo información de que al menos dos militares están en cargos de alto nivel en la estructura de seguridad del Organismo Judicial; y en las diferentes instancias del Ministerio de Gobernación, especialmente en el sistema penitenciario y en puestos ocultos en la Policía Nacional Civil, ha sido usual el nombramiento de ex oficiales del Ejército. La cercanía de estas personas con la administración de justicia promueve controles y temores que, a la larga, no contribuyen a consolidar la gestión judicial independiente.

12. La inoperancia de los controles democráticos. En la medida que el sistema de justicia no ofrezca resultados en tiempo razonable y en circunstancias acordes con el Estado de Derecho, seguirá en controversia la función de las instituciones como entes de control democrático. La justicia no implica solamente el esclarecimiento y la sanción de los crímenes, también significa que los órganos judiciales deben vigilar y enmendar las conductas del Estado que atenten contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. Si esto no se cumple, la vigencia de los derechos humanos no estará consolidada.

13. La deficiente formación académica. La necesidad de mejorar el pensum de estudio en las facultades de Derecho ha sido tema de discusión en diversas instancias, y especialmente lo han recomendado la Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento de la Justicia y el Relator de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados. Hasta ahora no se han tomado acciones en el sentido de construir un proceso de cambio educativo que asegure la formación de profesionales capaces de administrar justicia, a efecto de que las universidades no se orienten solamente al litigio, al formalismo y al aprendizaje memorístico.

Veamos ahora rápidamente unos cuantos puntos relacionados con el trabajo de algunas instituciones de justicia, porque en ellos está la clave para mantener la lucha contra la impunidad y la denegación de justicia:

Poder Judicial

De todas las instituciones del Sector Justicia, ha sido el Organismo Judicial donde más cambios se han operado a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal y la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, las estructuras continúan presentado problemas que impiden al Poder Judicial ofrecer a la población un servicio de justicia pronta y cumplida.

No hay una verdadera separación de funciones y la Corte Suprema sigue concentrando muchas de las decisiones que debieran estar en manos de otras estructuras del Poder Judicial. Por ejemplo, la rama administrativa y el Consejo de la Carrera Judicial. En los juzgados todavía es usual que el juzgador asuma funciones administrativas, en detrimento de los procesos judiciales bajo su responsabilidad.

No se ha respetado totalmente la carrera judicial, pues a pesar de que los aspirantes a jueces se someten a pruebas objetivas de evaluación, la decisión final la toman los magistrados de la Corte Suprema según criterios personales, subjetivos, que se forman a través de entrevistas al margen del proceso objetivo de selección y evaluación. Por aparte, ha habido destituciones, traslados y otras medidas de tipo administrativo que vulneran el principio de independencia judicial y de inamovilidad. Finalmente, hay que señalar que el Poder Judicial no ha emprendido acciones integrales y profundas para afrontar el fenómeno de la violencia que afecta a sus miembros. Los jueces continúan siendo amenazados, hostigados y asesinados. No hay preocupación real por descubrir el origen de esta violencia y tampoco han tomado medidas administrativas para dar cierta tranquilidad a los jueces (como el seguro de vida), y es evidente que el problema no se soluciona asignando guardaespaldas.

Ministerio Público

En el Ministerio Público encontramos a un Fiscal General dedicado al proselitismo. Aparece todas las noches en la TV anunciando una especie de armagedón contra el crimen y la impunidad. Es una pena que los resultados que ofrece la institución que dirige no guarden congruencia con sus afirmaciones.

La prioridad del Fiscal General debería estar centrada en afrontar los siguientes retos: crear una política de persecución penal, fomentar la política criminal como un proyecto del sistema de justicia y de la sociedad guatemalteca (no sólo del MP), garantizar la autonomía y la seguridad de los fiscales en el desempeño de su trabajo; mejorar todo lo relacionado con la conducción de la investigación criminal, depurar a la institución y descubrir las bondades de la fiscalización ciudadana de su trabajo.

Sobre todo, el MP debe tomar en serio la carrera fiscal para establecer criterios de selección y formas de nombramiento de fiscales sobre la base de criterios de objetividad e imparcialidad, respetando en todo momento la autonomía fiscal.

Es preciso que, dejando al Iado el afán protagónico, el Fiscal General haga esfuerzos por establecer una mejor coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil; que sus proyectos de política criminal y del instituto forense se combinen armoniosamente con las propuestas que están siendo discutidas en instancias multisectoriales y que han sido apoyadas desde mucho antes de su elección. Con énfasis, digo que los más grandes retos radican en la redefinición del trabajo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y en la depuración de la institución.

Sistema Penitenciario

Quiero hacer énfasis en el Sistema Penitenciario, por la magnitud del problema que representa, pero no quiero ser repetitiva porque mucho se ha dicho ya sobre que las cárceles del país se han convertido en una especie de mundo paralelo, donde gobiernan los criminales y pululan con libertad los agentes de la droga, el trasiego de armas y la corrupción.

Por razones de corrupción, el Estado renunció al control de las cárceles, dejando el poder en manos de mafias y criminales organizados. En realidad, no tenemos un sistema penitenciario. Tenemos cárceles donde hay crisis, decapitaciones, motines, presunto canibalismo y violencia sin control, mientras el Estado sigue sin dar respuestas institucionales adecuadas.

Esta respuesta institucional debe incluir, especialmente, un mejor presupuesto adecuado y la aprobación de la nueva Ley del Sistema Penitenciario, pues ésta aporta el marco juridico necesario para construir un verdadero sistema penitenciario.

En el caso de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, debería ser el motor de la reforma judicial. Pero hasta ahora sólo ha funcionado como entidad ejecutora de proyectos, financiados con préstamos, que no aseguran la sostenibilidad del sistema porque, al cesar esos recursos, podría haber un colapso total. En síntesis, la Instancia no responde a los parámetros que fueron diseñados en los acuerdos de paz y reafirmados en el informe Nueva Justicia para la Paz, de la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia. Se está perdiendo la oportunidad de gestar para los guatemaltecos mejores condiciones para la administración de justicia.

Quiero concluir de esta manera: El acceso a la justicia no consiste solamente en abrir más y más juzgados de paz, tribunales y oficinas del Ministerio Público a lo largo y ancho del país. Por supuesto, es importante la presencia institucional en todo el territorio nacional, pues esto facilita que las personas acudan a demandar justicia.

Nuestro criterio es que el acceso a la justicia es un concepto amplio que no se limita a la apertura de oficinas. Es necesario superar la lista de problemas y deficiencias que antes mencioné, para caminar con paso firme por un sendero que nos conduzca a crear condiciones propicias.

En mi opinión, persisten los problemas estructurales que por tanto tiempo han ampliado y fortalecido los parámetros de la impunidad. A eso se suma la falta de voluntad política para afrontar esos problemas y buscar soluciones que ofrezcan a los guatemaltecos una mejor respuesta institucional al clamor por la justicia.

Estamos librando una batalla por ganar la interpretación de la realidad. Una batalla por imponer una opinión política sobre cómo está la administración de justicia en Guatemala a la luz de la época actual, de los resultados cotidianos y de la serie de recomendaciones y compromisos que deben ser cumplidos sin más retrasos.

Las autoridades suelen presentar como avances sólidos algunos logros que, en la mayoría de casos, son el resultado del empeño y la entrega personal de una persona, ya sea un juez o un fiscal. Es decir, esos logros, además de escasos y aislados, no representan una constante o un comportamiento institucional sólido, sostenible en el tiempo.

Éste es un indicio de que las instituciones y las autoridades están rehuyendo el debate de los problemas de fondo del sistema de justicia. No hay propuestas técnicas integrales que tiendan a una verdadera transformación del sistema sobre la base de cambios estructurales. Hasta ahora ha habido poca voluntad y esfuerzos insuficientes. En contraste, han abundado las medidas cosméticas y formales.

Existe la impresión de que las autoridades quieren borrar el pasado que arrastra cada institución. Pretenden evadir su responsabilidad en la impunidad y la denegación de justicia que se dan actualmente, ya no por el conflicto armado interno sino por el crimen organizado, los poderes ocultos y los intereses de quienes manejan poder en este país.

Lo cierto es que no puede obviarse la magnitud del daño que el pasado político del país ocasionó en las instituciones de justicia, el impacto de la violencia política, la infiltración de los poderes ocultos y las estructuras paralelas, las presiones que se ejercen sobre los operadores de justicia y otros problemas vinculados a la corrupción, la ineficiencia, la ineptitud, la falta de voluntad política y la ausencia de una visión integral y de largo plazo.

Los problemas de la impunidad y la denegación de justicia no se resolverán con ocultar la realidad o manipular el análisis de la administración de justicia y el contexto en el cual se desarrolla. Aquí lo importante es aceptar el escrutinio de la opinión pública nacional e internacional, fortalecer el Estado de Derecho, resguardar la independencia judicial, la autonomía de los fiscales y el orden constitucional, así como luchar con denuedo contra los factores y los mecanismos de la impunidad.

Mientras las autoridades sigan planteando una batalla por ganar el análisis o la interpretación, limitarán su gestión a generar imagen pública sin bases sólidas y seguirán dejando de lado el impulso de cambios estructurales que sí podrían traer transformaciones institucionales positivas para la administración de justicia en Guatemala.

Y mientras esto persista, la impunidad y la denegación de justicia mantendrán su reinado en el país.

(*) Presidenta de la Fundación Myrna Mack e integrante de la Comisión Nacional de Justicia. Ponencia presentada ante la II Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos. Guatemala, 2003.

Este documento ha sido publicado el 12ene04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights