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Discurso del Canciller en ocasión de la firma del acuerdo de instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

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Guatemala ha hecho avances importantes en materia de respeto y promoción de los derechos humanos. El más importante es que la violación de los derechos humanos civiles y políticos dejó de ser una política de Estado. Otro paso fundamental, desde marzo del año 2000, es la puesta en marcha de una política estatal de resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno. Esto ha significado que el Estado reconoce su responsabilidad internacional en varios casos de violaciones de los derechos humanos que conocen la Comisión y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, y procura acciones encaminadas a recuperar la dignidad de las víctimas, honrar su memoria, indemnizar a sus deudos y procurar la investigación de los hechos ocurridos, a través de fiscales especiales, para que estos actos atroces no queden en la impunidad. Adicionalmente, el Estado ha puesto en marcha, con participación de diversos sectores interesados, un Programa Nacional de Resarcimiento de largo aliento.

No obstante, estos cambios no han logrado revertir de manera dramática el clima de miedo e incertidumbre, amenaza, intimidación y agresión que han sufrido activistas de los derechos humanos, líderes populares, periodistas, jueces y fiscales. Eso significa que la búsqueda de la verdad y la justicia en Guatemala sigue caminando sobre un terreno minado. Significa, además, que persisten voluntades que convergen en aparatos clandestinos que vulneran la integridad de las personas. Pero lo más grave: significa que nuestro sistema de seguridad y justicia no persigue, identifica y sanciona a los responsables. Nuestro sistema de justicia sigue postrado ante la impunidad de las violaciones de los derechos humanos del pasado y del presente. Por tanto, su capacidad para dar seguridad al conjunto de la población está severamente en duda. Y esto tengo que admitirlo como funcionario de Estado.

Dada esta realidad y la necesidad de promover modificaciones progresivas en este campo, el gobierno del Presidente Portillo, durante el primer semestre del año 2003, auspició varios análisis en el campo de los derechos humanos, derivado de 10 cual se concluyó, públicamente, que en el país operaban aparatos clandestinos y cuerpos ilegales que, en conexión con agentes del Estado, aparatos privados de seguridad, particulares y grupos empresariales, poseían capacidades operativas de inteligencia, así como recursos financieros, suficientes como para provocar sacudimientos en la sociedad y parálisis y encubrimiento en los órganos encargados de procurar la investigación y la justicia.

De esa cuenta el Presidente acogió con beneplácito la iniciativa de Americas Rigths Watch, de septiembre del año 2002, de crear una comisión ad hoc de investigación de los cuerpos clandestinos armados y de inteligencia que continúan la práctica de violaciones de los derechos humanos. A fines de enero de este año, el Congreso de la República apoyó por mayoría calificada una exhortación al Gobierno Central de promover la creación de una CICIACS, como 10 propuso el Procurador de los Derechos Humanos.

En el término de 45 días, el gobierno, representado por el Ministro de Relaciones Exteriores, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y ONG de derechos humanos concluimos un acuerdo para la creación y puesta en marcha de la CICIACS. Ese acuerdo, sin embargo, no pudo cumplirse en las fechas establecidas, pues la iniciativa posterior de crear una comisión internacional de las Naciones Unidas llevó más tiempo de lo esperado. A Naciones Unidas, Nueva York, le llevó cuatro meses enviar una comisión técnica, y casi tres meses más aprobar y enviar su propuesta. Esta es una propuesta que, no obstante la tardanza, hemos recibido con beneplácito, y así 10 hemos hecho saber oficialmente. En las próximas dos semanas estaremos iniciando la negociación, entre el gobierno y las Naciones Unidas, de un acuerdo de instalación de la CICIACS. Previsiblemente este acuerdo no concluirá antes del 14 de enero próximo, por lo que será parte de los temas de la transición que estamos tratando con las dos fuerzas contendientes que se disputarán la administración del gobierno el 28 de diciembre.

Concientes que el tema de los derechos humanos y en general de los Acuerdos de Paz requerían una transición hacia el próximo gobierno, el Presidente Portillo propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del año 2002, prorrogar un año más las funciones de la MINUGUA en Guatemala. Su propósito central es que haya un proceso ordenado de traslado de funciones de la Misión hacia agencias de las Naciones Unidas y oficinas locales, gubernamentales y no gubernamentales. Además de acompañar la transición de la nueva Institucionalidad de la Paz, basada en 10 que esperamos sea la aprobación por parte del Congreso de la República de una Ley Marco de los Acuerdos de Paz. La propuesta del Presidente encontró eco en las Naciones Unidas. Sin embargo, nos hacía falta un componente de observación, análisis, asesoría y promoción de los derechos humanos, capaz de concitar credibilidad y de encontrar su lugar justo de apoyo y fortalecimiento de las instituciones locales, así como de establecer indicadores objetivos de progreso o retroceso en esta materia.

La entidad idónea que encontramos fue el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, cuya sede está en Ginebra. Desde diciembre pasado, COPREDEH inició los contactos, y en marzo de este año, en Ginebra, durante una entrevista que sostuve con Sergio Vieira de Mello, un brasileño excepcional, entonces Alto Comisionado de los Derechos Humanos, acordamos el curso de la negociación para instalar 10 que será, después de Colombia y México, la tercera oficina del Alto Comisionado en América Latina, y la cuarta en el mundo.

Viera de Mello fue sacrificado en un acto terrorista en Bagdad cinco meses después de nuestra conversación, pero se ha continuado su legado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y COPREDEH aprobaron presupuestos anuales para contribuir a las operaciones de la oficina del Alto Comisionado, que en relación a los gastos totales son simbólicos, y avanzamos notablemente en las negociaciones, hasta que a mediados.

de noviembre alcanzamos un acuerdo final que nos permite ahora, mediante la firma de este acuerdo, iniciar el proceso de la instalación de la Oficina del Alto Comisionado, en tanto que el Congreso de la República la aprueba y el Presidente la ratifica, 10 cual, confiamos, será en un breve plazo.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos tendrá un papel de observaciónde la situación de los derechos humanos en nuestro país y a la vez prestará servicios de asesoría a entidades gubernamentales y no gubernamentales. La principal diferencia de esta Oficina con la MINUGUA, es que no conducirá sus propias investigaciones ante denuncias de casos individuales; estas investigaciones serán función exclusiva de las entidades nacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Justamente por eso entre las funciones de la Oficina del Alto Comisionado está la de activar los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos para el seguimiento de casos emblemáticos, apoyar y consolidar la formación de redes locales y promover su cooperación y asesorar a entes gubernamentales como COPREDEH, la PDH, la Defensoría de la Mujer Indígena, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la PNC y el Ejército, entre otras, así como a organizaciones relevantes de la sociedad civil.

Debemos destacar el enfoque integral de los derechos humanos que aplicará la Oficina del Alto Comisionado, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. De manera especial promoverá los derechos de los pueblos indígenas y la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

La Oficina del Alto Comisionado coordinará, además, con la MINUGUA y el Representante de las otras oficinas del Sistema de Naciones Unidas. Su papel será complementario al de la CICIACS, que esperamos se instale también a la brevedad posible.

En síntesis, se trata de un esfuerzo más, concitando la cooperación internacional, para que nuestro país fortalezca sus propias instituciones y siga avanzando en el esfuerzo de asegurar el goce completo de sus derechos al pueblo guatemalteco, especialmente a las comunidades e individuos que corren riesgosnde ser víctimas de abusos, incluyendo mujeres, niños, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros.

Para finalizar, damos la bienvenida a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que han viajado desde Ginebra, y damos la bienvenida también a la instalación de su oficina en nuestro país, que sabemos será provechosa para la causa de la seguridad y el bienestar de nuestra población. Muchas gracIas.

Canciller Edgar Gutiérrez
Guatemala, 1 de diciembre de 2003
Palacio Nacional de la Cultura.

Este documento ha sido publicado el 12ene04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights