15jul03

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La Corte de Constitucionalidad permite que un ex dictador sea candidato a la Presidencia.

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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) de acuerdo con su asociación miembro en Guatemala, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), manifiesta su preocupación por la decisión de la Corte de Constitucionalidad de aceptar la candidatura de José Efraín Ríos Montt a las elecciones del próximo 9 de noviembre así como las serias irregularidades en el procedimiento de examen por esta misma institución de la resolución que prohibía la inscripción como candidato presidencial al ex dictador.

Tras el rechazo el pasado 5 de julio de la Corte Suprema de Justicia del amparo solicitado por el general Ríos Montt para que sea posible su inscripción en el registro electoral, la Corte de Constitucionalidad, en contradicción con las disposiciones de la Constitución, resolvió favorablemente la participación del ex militar. En este sentido, la FIDH constata la existencia de irregularidades que cuestionan seriamente la legalidad de la decisión de la Corte.

El pasado 7 de julio, la Corte de Constitucionalidad procedió a la elección de los dos magistrados suplentes sin respetar los principios de transparencia y manejo público de la información. Los dos magistrados electos, Francisco Palomo y Mario Ruiz Wong mantienen fuertes lazos con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido de Ríos Montt, lo que implica serias dudas acerca de su objetividad e imparcialidad en el examen del expediente.

Ruiz Wong fungió como Ministro de Gobernación en los primeros seis meses de Gobierno de Alfonso Portillo y luego fue nombrado por éste como asesor presidencial en materia de seguridad. En tanto Palomo Tejeda es abogado de Ríos Montt y litigó a favor de 24 diputados del FRG, implicados en la alteración de una ley.

La FIDH destaca igualmente que el 9 de julio, debido a estas irregularidades, cinco magistrados que integran la Corte presentaron al Presidente del Tribunal un memorial por medio del cual se inhibían de conocer el caso, lo que hubiera impedido la continuación del procedimiento, sin embargo, tales inhibitorias fueron rechazadas.

La FIDH señala que tales irregularidades contribuyen a la crisis de legitimidad de las instituciones judiciales en Guatemala y al clima de violencia que actualmente vive el país, poniendo seriamente en duda el cumplimiento de la Agenda de la Paz.

La FIDH recuerda que durante el periodo de la Junta Militar, dirigida por el general Ríos Montt (1981-1982), se produjeron en Guatemala gravísimas violaciones de derechos humanos. Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), apoyado por Naciones Unidas y Informe de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala, (REHMI) durante este periodo se produjeron alrededor de 100.000 muertes por año. En consecuencia, debería iniciarse un proceso en Guatemala contra el general Ríos Montt por su posible responsabilidad en estos hechos, que por su propia naturaleza no son ni amnistiables, ni indultables, ni prescriptibles. En este sentido, el general Ríos Montt, se encuentra actualmente procesado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de España por casos de tortura contra ciudadanos españoles.

La FIDH considera importante señalar que la aceptación por la Corte de Constitucionalidad de la candidatura de Ríos Montt se encuentra en total contradicción con decisiones precedentes de esta misma institución y con la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1990 y en 1995, la Corte de Constitucionalidad había rechazado la postulación de Ríos Montt, de acuerdo con el artículo 188, que estipula "no podrán optar a cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno", como fue el caso de Ríos Montt en 1981. Del mismo modo, la CIDH, en su informe N°21 de 1994, ratificó la primera decisión de la Corte de Constitucionalidad afirmando la pertinencia del rechazo de la inscripción de Ríos Montt.

La FIDH se une al reclamo de sectores académicos y civiles guatemaltecos para solicitar la anulación de todo lo actuado y proceder a una nueva elección de los magistrados de forma pública y transparente. Asimismo, se solicita a los magistrados de la Corte Constitucional que procedan al examen de la demanda de amparo de Efraín Ríos Montt de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Guatemala y sobre la base de las decisiones anteriores de la Corte y de la CIDH.

[Fuente: Federación Internacional de Derechos Humanos, París, 15jul03]

Este documento ha sido publicado el 27jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights