EQUIPO NIZKOR |
|
11Mar05
Informe del Relator Especial sobre discriminación racial acerca de su misión a Guatemala.
NACIONES UNIDAS
Consejo Económico y Social
Distr. GENERAL
E/CN.4/2005/18/Add.2
11 de Marzo de 2005
Original: FRANCÉS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
61º período de sesiones
Tema 6 del programa provisional
EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia Adición* **
MISIÓN A GUATEMALA
* El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo del presente documento, se reproduce en el idioma en que fue presentado francés y se ha traducido al inglés y al español.
** Este informe se ha presentado con retraso para incluir en él la información más reciente.
Resumen
Del 26 de junio al 12 de julio de 2004, el Relator Especial realizó una visita a Guatemala como parte de una misión a la región de América Central que lo llevó igualmente a Honduras y Nicaragua véanse E/CN.4/2005/18/Add.5 y E/CN.4/2005/18/Add.6. Visitó Guatemala por invitación del gobierno de ese país. La misión regional se justificaba por la necesidad del Relator Especial de contribuir a aclarar dos factores importantes de la problemática del racismo que son especialmente significativos: 1 el profundo arraigo histórico del racismo y la discriminación, que constituyeron el pilar ideológico de los sistemas esclavista y colonial que han estructurado las sociedades de esa región, y 2 los efectos de la violencia política que ha caracterizado la historia reciente de Centroamérica en las comunidades y pueblos históricamente discriminados, indígenas y de ascendencia africana. Se trata, pues, de países con similitudes etnodemográficas y patrimonios históricos y políticos comunes; países en transición hacia la construcción de la paz, la cohesión social y la consolidación de la democracia, que son especialmente interesantes por lo que respecta a la estructuración y la gestión del pluralismo étnico, racial y cultural. El Relator Especial ha observado en los tres países tres expresiones que son características de toda situación de discriminación profunda: 1 una correspondencia preocupante entre el mapa de la pobreza y la distribución geográfica de las comunidades indígenas y de ascendencia africana; 2 una participación marginal de los representantes de esas poblaciones en las estructuras de poder gobierno, parlamento, poder judicial y su exigua presencia en las estructuras del poder mediático, y 3 la imagen folclórica que de ellas proyectan los medios de difusión. También observó, en mayor o menor grado en los tres países, la escasa conciencia que tienen tanto las autoridades políticas como la población en su conjunto de la profundidad y el arraigo de la discriminación. En efecto, el Relator Especial escuchó declaraciones de interlocutores de la sociedad civil y testimonios de miembros y representantes de todos los pueblos y comunidades interesados que demuestran que siguen estando profundamente arraigados en la sociedad de Guatemala, Honduras y Nicaragua los prejuicios raciales y las prácticas discriminatorias contra ellos. Esos prejuicios heredados de la conquista colonial y del sistema esclavista, al avasallar a esos pueblos y desvalorizar su identidad y su cultura sobre la base de una ideología abiertamente racista, organizaron literalmente su marginación permanente en los planos político, social, económico y cultural. A pesar de proclamarse en principio el carácter multicultural de estas sociedades, se valoran la herencia y la identidad hispánicas de estos países en detrimento de su patrimonio autóctono o de origen africano e indígena, que se reducen a dimensiones folclóricas. El rechazo político, cultural y social de la realidad del pluralismo étnico se manifiesta, por ejemplo, en actos discriminatorios de la vida cotidiana, como la frecuente prohibición del acceso a lugares públicos. El rechazo de las manifestaciones de identidad es una de las formas de discriminación más destacables. La insuficiencia de los servicios públicos educación, salud y justicia, especialmente en las zonas en que viven esas comunidades y la inexistencia de un verdadero bilingüismo constituyen una expresión objetiva de la falta de integración social y cultural de esos pueblos y comunidades. Por ello, los indicadores de salud, educación y vivienda de esos pueblos y comunidades están por debajo de los del resto de los habitantes.
En Guatemala, el Relator Especial pudo observar que el proceso de fortalecimiento de la democracia y consolidación de la paz iniciado hace casi diez años, tras la firma de los Acuerdos de Paz, había avanzado considerablemente, en particular en el plano legislativo y de la protección institucional de los derechos humanos. Se ha reformado el Código Penal para introducir disposiciones contra la discriminación racial y se han establecido dos comisiones importantes: la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas. Completan esa estructura institucional un Procurador de los Derechos Humanos y una Defensoría de la Mujer Indígena. Además, el sistema judicial ha emprendido reformas para desvincularse de los otros poderes, acercarse a la población y romper el ciclo de impunidad que durante mucho tiempo ha caracterizado determinadas acciones tanto del Estado como de los individuos.
El Gobierno se ha comprometido a aplicar los Acuerdos de Paz, uno de cuyos aspectos esenciales es la solución de la cuestión étnica. El Vicepresidente de la República, con quien se reunió el Relator Especial, dice que es consciente de la persistencia de la discriminación racial en la sociedad guatemalteca, que a juicio de la mayoría de las autoridades políticas con que se entrevistó el Relator Especial sólo tiene un carácter económico y social. El Gobierno ha manifestado la voluntad de continuar las reformas políticas, económicas y sociales a fin de permitir la participación de los pueblos indígenas a todos los niveles. La administración velará especialmente por que los funcionarios tomen más conciencia de la diversidad cultural del país y que adopten una perspectiva multicultural y actitudes no discriminatorias en sus relaciones con los ciudadanos. A diferencia del gobierno anterior, el actual se declara dispuesto a aplicar las disposiciones de los Acuerdos de Paz relativas los pueblos indígenas, especialmente en materia de educación bilingüe, prestación de servicios de salud y ejercicio de la justicia en los idiomas de las poblaciones interesadas. También se tratará de tener más en cuenta el derecho consuetudinario en la solución de las controversias entre los miembros de los pueblos indígenas.
El Relator Especial ha recomendado en particular al Gobierno de Guatemala que reconozca al más alto nivel la persistencia del racismo y la discriminación contra los pueblos y comunidades indígenas y de origen africano, que evalúe sus formas, manifestaciones y efectos en los planos económico, social y cultural y que proceda a la elaboración democrática de un plan nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial basándose en la Declaración y el Programa de Acción de Durban. La lucha contra la discriminación racial debería combinarse con la construcción de una sociedad verdaderamente multicultural, es decir, que favorezca la expresión de la especificidad cultural y de la identidad, la interacción de los miembros de los distintos pueblos y comunidades y su conocimiento y respeto mutuos. También ha recomendado que el conjunto de las instituciones de las Naciones Unidas que desarrollan actividades en Guatemala reconozcan la importancia, en el marco de su mandato, de la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia y promuevan políticas y programas a esos efectos.
ANEXO
Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, sobre su misión a Guatemala 26 de junio a 2 de julio de 2004
ÍNDICE
II. EXAMEN DE LA ESTRATEGIA POLÍTICA Y JURÍDICA Y DEL MARCO
- A. Un multiculturalismo emergente
- B. Marco jurídico e institucional de la lucha contra el racismo y la discriminación racial y de protección de los derechos humanos
- C. Análisis y evaluación de la estrategia política y jurídica y del marco institucional
- A. Situación de los pueblos indígenas y de origen africano en general
- B. Situación de los niños y las mujeres indígenas
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Durante su visita a Guatemala, del 26 de junio al 2 de julio de 2004, el Relator Especial se reunió con numerosas autoridades del país, entre ellas el Vicepresidente de la República Sr. Eduardo Stein y la Viceministra de Relaciones Exteriores Sra. Marta Altolaguirre Larraondo. También se entrevistó con los representantes de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos COPREDEH y de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas CODISRA y con el Procurador de los Derechos Humanos, la Defensora de la Mujer Indígena y la Sra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz y Embajadora de Buena Voluntad de los Acuerdos de Paz. El Relator Especial procuró compenetrarse mejor de la complejidad y diversidad de la sociedad guatemalteca entrevistándose asimismo con los representantes de los pueblos indígenas maya, xinka y garífuna,I1I así como con representantes de la sociedad civil, las comunidades religiosas, los círculos intelectuales y los medios de información. Sus consultas transcurrieron tanto en la capital Ciudad de Guatemala como en el interior del país, en particular la ciudad de Quetzaltenango, al noroeste, capital del departamento del mismo nombre, donde predominan los pueblos indígenas, y la ciudad de Livingston, al sur, en la costa caribeña, en el departamento de Izabal, donde coexisten las poblaciones garífuna y maya quiche.
2. La visita a Guatemala se efectuó en el contexto de la consolidación del proceso de paz. El Gobierno, con el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala MINUGUA, parece haber establecido las bases institucionales y legislativas iniciales necesarias para avanzar en la solución de los conflictos económicos, sociales, políticos, culturales, étnicos y raciales que han afectado al país. La partida de la MINUGUA en diciembre de 2004 marca el fin de un tramo de una labor compleja y de largo aliento que tiene por objeto impulsar gradualmente las transformaciones institucionales, políticas, económicas y sociales necesarias para el arraigo de la paz. Las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala para promover una cultura de los derechos humanos combinadas con las actividades de fomento de la paz y de desarrollo social y humano de los diversos organismos especializados de las Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se articulan con esta labor inicial que continúa a fin de asegurar el cumplimiento, mediante una gobernanza renovada y la democracia pluralista, de los compromisos contraídos por los diferentes protagonistas, de las obligaciones consignadas en los Acuerdos de Paz. El Relator Especial considera que la fragilidad del proceso de construcción de la paz, la persistencia de las violaciones de los derechos humanos, así como la marginación de los pueblos discriminados a que da lugar la debilidad del régimen de protección jurídica de dichos pueblos, deberían justificar la reinstalación rápida de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala.
3. La mayoría de las personas entrevistadas, tanto en el seno del Gobierno como de la sociedad civil, acogieron con interés la visita del Relator Especial y consideraron que ocurría en un momento particularmente decisivo para dinamizar los aspectos de los Acuerdos de Paz relacionados con los derechos humanos en general y con la identidad y los derechos humanos de los pueblos indígenas y de ascendencia africana en particular. La visita del Relator Especial procura aportar, entonces, una contribución crítica y prospectiva a la aplicación de estos acuerdos, sobre todo en lo que respecta al racismo y la discriminación.
4. El Relator Especial agradece al Gobierno de Guatemala su cooperación y la disponibilidad que demostraron sus representantes. Da las gracias igualmente a los representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas por las utilísimas informaciones que le transmitieron. Expresa su gratitud a la Sra. Birgit Gerstenberg, Jefa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala y a su equipo por la excelente organización y coordinación de la visita, al Sr. Juan Pablo Corlazzoli, Coordinador del sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, por su contribución sustancial y logística al éxito de la misión y en particular el encuentro con el equipo de las Naciones Unidas en Guatemala, y al Sr. Tom Koenig, representante del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, por las informaciones que tuvo a bien facilitarle y también por el apoyo logístico de la MINUGUA. Por último, da las gracias a las autoridades regionales con quienes se reunió en Quetzaltenango y Livingston y a los representantes de la sociedad civil, en particular los representantes de los pueblos indígenas y garífunas con quienes se entrevistó.
5. Guatemala tiene una superficie de 108.889 km2. Caracterizada por el contraste social y la diversidad cultural, tiene una población de 11.237.196 habitantes,I2I mujeres en un 50%. Cuatro grupos configuran la trama de la diversidad etnorracial: mayas, ladinos, garífunasI3I y xinkas. Los mayas y ladinos son los grupos mayoritarios. El 41% de la población se considera indígena y el 59% no indígena. El 39,3% es de origen maya 4.411.964 y el 0,2% es de origen xinka y garífuna 16.214 y 5.040, respectivamente.
6. Cabe recordar que hace apenas ocho años que se instauró la paz en Guatemala tras la firma, el 29 de diciembre de 1996, de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y el movimiento insurreccional la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG que pusieron fin al conflicto que había asolado al país desde 1960. Guatemala emprendió entonces un proceso de profunda transformación política con el fin de asegurar la participación efectiva de todos sus componentes y sentar las bases para la aplicación de las disposiciones de los Acuerdos de Paz. Uno de los desafíos de esta transformación sigue siendo la consolidación de la democracia y la reconciliación que permitan el advenimiento del estado de derecho. Los años de conflicto dejaron un legado de resentimiento, una cultura de violencia generadora de injusticia y de actitudes autoritarias, antisociales y depredadoras. Los observadores convienen en reconocer que la situación de los derechos humanos se ha agravado sobre todo debido a las actividades de grupos ilegales violentos que siguen perpetrando secuestros y asesinatos. Como se ha manifestado en numerosos informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, la negación del derecho a la justicia es una de las violaciones más frecuentes de los derechos humanos.I4I Asimismo, la nueva Policía Civil Nacional a veces desarrolla sus actividades al margen de la ley y con excesiva violencia.
7. Sin embargo, se han tomado disposiciones para remediar estos problemas. En julio de 2002 los 20 partidos políticos principales de Guatemala, por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adoptaron un programa nacional multipartidista que hacía del diálogo permanente un instrumento para la transformación política y la aplicación de los Acuerdos de Paz. Numerosas fuerzas sociales se han consagrado a la construcción de una sociedad fundada en los valores de reciprocidad, respeto del prójimo, responsabilidad solidaria y equidad.
II. EXAMEN DE LA ESTRATEGIA POLÍTICA Y JURÍDICA Y DEL MARCO INSTITUCIONAL
A. Un multiculturalismo emergente
8. La Constitución de 1985 reconoce la diversidad étnica de Guatemala art. 66 sin afirmar con ello su carácter multiétnico, como lo hace el Acuerdo de 1995 sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que estipula el carácter "multiétnico, pluricultural y multilingüe" de Guatemala. Aunque el proyecto de reforma de la Constitución propuesto en 1999 por el Congreso para incluir estas y otras disposiciones no fue aprobado por el pueblo,I5I los gobiernos que se han sucedido después de los Acuerdos de Paz han reconocido que la diversidad étnica del país es un componente esencial del Estado guatemalteco y se han empeñado en promover el pluriculturalismo. En su discurso de toma de posesión, el 14 de enero de 2004, el Presidente Oscar Berger recordó que Guatemala estaba fundada en diversos pueblos y culturas que constituían la base y el alma de su identidad. Señaló que los pueblos indígenas eran parte fundamental de la identidad guatemalteca y que reconociendo sus raíces, superando las fracturas y asumiendo su diversidad Guatemala consolidaría la unidad nacional. El Vicepresidente,
Sr. Eduardo Stein, con quien se reunió el Relator Especial, reafirmó la adhesión del Gobierno a una visión multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala, sin dejar de reconocer que persistía la discriminación racial. El Relator Especial quedó particularmente impresionado por la calidad intelectual, la disponibilidad y la consagración del Vicepresidente.
9. Concretamente, la adhesión del Gobierno al pluriculturalismo se traduce en esfuerzos por desarrollar, en el campo de la educación y con el apoyo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, programas de estudios multilingües. Con el auspicio de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural creada en 1995, el proyecto de reforma de la educación iniciado por el Ministerio de Educación Nacional en 2002 procura integrar los valores, los conocimientos y el saber mayas en los contenidos de la enseñanza. El desarrollo de programas pluriculturales e interculturales forma parte del empeño por adaptar la enseñanza a la realidad nacional y local y debería contribuir a que todos los guatemaltecos se reconozcan en la riqueza etnolingüística y cultural de su país".I6I La reforma concierne tanto a las opciones metodológicas para la transmisión de los conocimientos como al material pedagógico y los recursos didácticos.
10. Muchos maestros de escuelas secundarias y primarias se están formando en la enseñanza pluricultural, y en la reforma de los programas de estudio participan los consejos de educación, integrados por pedagogos, y representantes de la sociedad civil y de las comunidades interesadas. Estas reformas deberían con el tiempo acabar con el modelo educativo monolingüe y monocultural y permitir la formación de alumnos lingüísticamente competentes tanto en español como en las lenguas indígenas y culturalmente eclécticos. Asimismo, la Ley de difusión de no discriminación Decreto Nº 81-2002 promoción de la educación contra la discriminación, aprobada por el Congreso de la República, estipula que el Ministerio de Educación debe establecer programas que favorezcan la eliminación de la discriminación étnica y racial. La Ley de idiomas nacionales aprobada en 2003 Decreto Nº 19-2003 por el Congreso tiene por finalidad oficializar los idiomas maya, garífuna y xinka y promover el respeto por ellos y su desarrollo.
11. En cumplimiento del Acuerdo sobre identidad y los derechos de los pueblos indígenas, que estipula que todos los idiomas hablados en Guatemala deben ser respetados y que el Estado debe adoptar disposiciones para proteger estos idiomas y promover su desarrollo y práctica, el 18 de octubre de 1990, el Congreso de la Republica aprobó el Decreto Nº 65-90 creando la Academia de las Lenguas Mayas, cuya función es fomentar el desarrollo y el uso de la mayoría de estas lenguas. En 1997 se creó también la Comisión para la Oficialización de las Lenguas Indígenas. Esta determinó que había cuatro lenguas territoriales habladas por más de 300.000 personas, 16 lenguas comunitarias habladas por menos de 300.000 personas y 2 lenguas especiales.I7I
12. Como complemento de los esfuerzos del Gobierno por reforzar la cohesión social cabe también recalcar la campaña nacional de diálogo interétnico titulada "Nuestra diversidad es nuestra fuerza". Una iniciativa del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica CIRMA que fue lanzada el 29 de junio para fomentar la interacción intercultural entre los diferentes grupos étnicos de Guatemala. La campaña tendrá lugar de 2004 a 2006 e incluye manifestaciones culturales en las principales ciudades del país, exposiciones interactivas, debates universitarios y conferencias. Durante su visita a Quetzaltenango, el Relator Especial participó en la inauguración de esta campaña presentando una ponencia sobre el diálogo intercultural como instrumento para la construcción del pluriculturalismo. Aclarando los conceptos de diversidad, diálogo y paz, se proponía demostrar la necesidad de conjugar la lucha contra la discriminación racial con la promoción de un pluriculturalismo igualitario, interactivo y democrático articulado en torno al reconocimiento, la promoción y el respeto de las particularidades culturales y religiosas de la identidad, así como el fomento de la interacción y el desarrollo de una identidad nacional plural.
13. Además, el Relator Especial fue informado de que el gobierno había iniciado un proceso de reforma administrativa que permitiría a la administración prestar servicios plurilingües a los ciudadanos. Se han hecho esfuerzos por cambiar la actitud de los funcionarios frente a los pueblos indígenas. Cada vez más personas competentes de los pueblos indígenas seguirán siendo contratadas para asegurar una representación de estas poblaciones en el seno de la administración.
14. El Relator Especial fue informado exhaustivamente de la evolución de la reforma del sistema judicial.I8I Desde 1998 se ha integrado en el programa de formación de los jueces de paz un curso sobre el interculturalismo. Para que la justicia llegue a todas las regiones y en los diferentes idiomas del país, en 2002 y 2003 se formó a 607 empleados bilingües que dominan las lenguas maya y garífuna, que se han repartido entre 21 departamentos. Se trata de 98 jueces, 369 auxiliares, 43 intérpretes bilingües y 97 empleados administrativos. Una comisión de magistrados sobre asuntos indígenas y la subcomisión de seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la justicia emprendieron un estudio sobre el tema del pluriculturalismo en la justicia. Se organizaron varios talleres de sensibilización al pluriculturalismo destinados a los funcionarios de justicia, representantes de los pueblos indígenas y la Defensoría de la Mujer Indígena. Asimismo, se realizó una evaluación de los tribunales comunitarios que aplican el derecho consuetudinario indígena. Con el auspicio del Ministerio de Justicia y en cooperación con la Academia de las Lenguas Mayas, el ministerio público y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo están elaborando un glosario de términos jurídicos mayas.
15. La Constitución afirma y reconoce la primacía de la persona humana como sujeto y objetivo de los actos del Estado y el Acuerdo de Global sobre los Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994, alentó al Gobierno a emprender una serie de reformas legislativas e institucionales para proteger los derechos humanos en general y combatir la discriminación racial en particular. En efecto, el párrafo 2 del acuerdo estipula que "el Gobierno de la República de Guatemala continuará impulsando todas aquellas medidas orientadas a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos".
16. Entre las leyes adoptadas, cabe mencionar la Ley de servicio civil Decreto Nº 1748 que prohíbe toda forma de discriminación en la contratación de los funcionarios y el Código de Trabajo Decreto Nº 1441 que prohíbe igualmente toda discriminación en el sector privado. Asimismo, la Ley de carrera judicial Decreto Nº 41-99 castiga severamente suspensión de 20 días sin sueldo al juez que en el ejercicio de sus funciones cometa actos discriminatorios. En el ámbito de los medios de información, la Ley de radiocomunicaciones Decreto-ley Nº 433 prohíbe la difusión de declaraciones denigrantes, injuriosas e incitadoras a la discriminación racial.
17. Un paso significativo en materia de represión penal de los actos discriminatorios constituye la reforma del Código penal con la aprobación el 17 de octubre de 2002 de la Ley Nº 57-2002 introduciendo artículo 202 bis. Este artículo define el delito de discriminación como "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociación el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos". La sanción prevista por un acto considerado discriminatorio por la justicia es de prisión de uno a tres años y multa de 500 a 3.000 quetzales. La pena puede agravarse si la discriminación se basa en el idioma, la cultura o la etnia. Esta ley sienta igualmente las bases para la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificados por Guatemala. Sin embargo, es necesario reforzar la legislación contra la discriminación racial con la adopción de una ley de alcance más amplio que permita reprimir la discriminación racial en todos los ámbitos, particularmente en la vivienda, la salud, la educación, el acceso a los servicios y lugares públicos transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques de en conformidad con el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
18. En el plano institucional, Guatemala ha establecido muchos organismos cuya finalidad es promover y proteger los derechos humanos. Se trata en particular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos COPREDEH, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los pueblos indígenas CODISRA, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría de la Mujer Indígena.
19. La COPREDEH fue establecida en 1991 para coordinar la política gubernamental en materia de derechos humanos. Presta apoyo a los diferentes ministerios en la formulación y aplicación de las disposiciones destinadas a proteger los derechos humanos y puede proponer al Gobierno proyectos de ley destinados a mejorar la protección de esos derechos; centraliza las informaciones relacionadas con las denuncias de violación de los derechos humanos y mantiene un canal de comunicación y cooperación con el sistema judicial y el Procurador de los Derechos Humanos para dar curso a esas denuncias; también se encarga de coordinar la redacción de los informes periódicos de Guatemala a los órganos de supervisión de tratados de derechos humanos en los que el Estado es parte. La Comisión dispone de siete oficinas regionales que la mantienen en contacto con las poblaciones.
20. La CODISRA es la principal institución de lucha contra la discriminación racial. Establecida en octubre de 2002, sus funciones consisten en asesorar a las diferentes instituciones y departamentos del Estado y a las empresas del sector privado en la elaboración de políticas y la creación de mecanismos de lucha contra la discriminación racial; formular políticas públicas que garanticen la no discriminación; servir de enlace entre las organizaciones de los pueblos indígenas y el Gobierno en materia de discriminación racial; llevar un registro de los casos de discriminación racial que se le notifiquen y transmitirlos a las instituciones competentes; organizar campañas de sensibilización contra la discriminación racial. A pesar de su vinculación con el poder ejecutivo, la CODISRA es una emanación de la sociedad civil guatemalteca, integrada por representantes de los pueblos maya, xinka y garífuna. Sin embargo, sus miembros consideran que la eficacia de la CODISRA se ve limitada por la falta de recursos financieros, su imposibilidad estatutaria de pronunciarse sobre los casos de discriminación notificados así como su incapacidad para hacer actuar a las estructuras competentes del Estado. Consideran que una ampliación de sus funciones podría acrecentar su credibilidad ante las poblaciones interesadas.
21. Creada en 1999, la Defensoría de la Mujer Indígena tiene por función especial proponer soluciones para superar la extrema vulnerabilidad de la mujer indígena en la sociedad guatemalteca. Promueve y desarrolla, en cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales, actividades, propuestas de políticas públicas, planes de acción y programas para la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia y de discriminación contra la mujer. La Defensoría de la Mujer Indígena se encarga igualmente de recibir y transmitir a los organismos competentes las quejas y denuncias de violación de los derechos de la mujer, y de aconsejar a las mujeres que son víctimas de violencia, malos tratos, discriminación y acoso sexual.
22. La Constitución estableció igualmente el cargo del Procurador de los derechos humanos arts. 273 a 275, es un magistrado nombrado por el Congreso para promover el respeto de los derechos humanos por parte del Estado; denunciar e investigar los actos del Estado que atenten contra los derechos humanos; dar curso a las denuncias individuales de violación de los derechos humanos realizando investigaciones y promoviendo acciones judiciales; y recomendar a la administración medidas correctivas para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos.
23. El Relator especial ha observado que, a pesar del mandato establecido para dichas instituciones, no se ha logrado todavía colocar como prioridad nacional la lucha contra el racismo y la discriminación. Aun se requieren esfuerzos para impulsar acciones y soluciones políticas que puedan enlazarse con las soluciones jurídicas para fortalecer el sistema de protección existente. Ello permitirá evitar las reformas abstractas, garantizar la eficacia de la legislación vigente y mejorar los procesos actuales señalados como poco útiles frente a casos concretos.
C. Análisis y evaluación de la estrategia política y jurídica y del marco institucional
24. La colonización española, que se inició en Guatemala alrededor de 1524, legó al país una estratificación política, económica y social cuyas características fundamentales todavía persisten. Esa estratificación, basada en el prejuicio de la raza mantenía en la parte inferior de la escala social a los pueblos indígenas y reducía a los africanos a la condición de esclavos. Los pueblos indígenas que se consideraban menos adelantados y un obstáculo al desarrollo y fueron exterminados y marginados y sus culturas fueron desvalorizadas y consideradas como manifestaciones folclóricas. Esa situación ilustra el malestar de identidad que aqueja a la sociedad guatemalteca, que por una parte menosprecia las prácticas y expresiones culturales vivas de los pueblos indígenas y por la otra, valora el patrimonio arquitectónico y arqueológico indígena, en particular el maya, que contribuye a la buena imagen exterior de Guatemala. El logro de la independencia y la construcción del Estado moderno no sólo reprodujeron sino que ampliaron ese legado de discriminación y marginación. A este respecto, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha subrayado en particular, entre otras causas del conflicto armado, "la creación, por las élites del país, de un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y medidas, para servir los intereses de una minoría privilegiada".I9I
25. A pesar de las declaraciones oficiales de reconocimiento del pluriculturalismo, Guatemala privilegia de forma evidente y dominante su identidad hispánica. El idioma oficial del país continúa siendo el español y los otros 24 idiomas nacionales siguen siendo idiomas de uso doméstico. Una gran parte de la población, incluida la población maya, que representa el 43%, está marginada de las estructuras estatales, administrativas, judiciales y económicas. A pesar del progreso de las reformas de la justicia, se ha señalado a la atención del Relator Especial que de los 650 jueces de Guatemala, sólo 98, es decir, el 15,08%, hablan idiomas indígenas.I10I
26. A pesar del arraigo histórico de la discriminación racial, su influencia en la sociedad contemporánea y la visibilidad de sus manifestaciones cotidianas, el Relator Especial estima que esta realidad no es reconocida claramente por el poder político ni las clases dominantes. Algunos representantes del Gobierno la reconocen a título personal, pero oficialmente se considera que ante todo se trata de una discriminación social y económica. La falta de reconocimiento de la realidad de la discriminación racial y de su influencia en todas las estructuras de la sociedad es, pues, un obstáculo inicial importante que impide hacer frente al problema de forma directa y objetiva y darle una solución permanente.
27. El Relator Especial considera que si bien la estrategia jurídica del Gobierno y el dispositivo institucional instalado para luchar contra el racismo y la discriminación racial constituyen un progreso, no dejan de ser ambiguos en la medida en que las instituciones y los mecanismos existentes, por su vinculación con el poder ejecutivo, no disfrutan de la independencia necesaria para ser eficaces y carecen de legitimidad democrática. Además, tampoco disponen de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus actividades.
28. Al Relator Especial le sorprendió en particular la falta de una estrategia intelectual y ética contra el racismo y la discriminación. Ni la estructura del sistema educativo ni el contenido de la educación guatemalteca han sido objeto de un análisis esclarecedor de las raíces del racismo, su origen, sus mecanismos, su proceso, su expresión y sus manifestaciones. Por ejemplo, no parece que se hayan reconsiderado ni los libros de historia ni la enseñanza de esta materia, terreno propicio para la forja de una identidad discriminadora y racista. La imagen de la identidad que proyectan los medios de comunicación sigue manteniendo a los pueblos indígenas y de origen africano en la invisibilidad histórica del legado de la discriminación y del racismo. El sistema de valores dominante margina los valores y las prácticas tradicionales, culturales y espirituales de estos pueblos. Por consiguiente, la forja de un auténtico pluriculturalismo, igualitario, interactivo y democrático, es un reto importante para la sociedad guatemalteca.
29. Las opiniones expresadas por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas y por los representantes de esos pueblos coinciden en estigmatizar la persistencia del racismo y de la discriminación racial a pesar de las reformas en curso y de la legislación vigente. El racismo, según los representantes de esas instituciones y comunidades, sigue impregnando las mentalidades y se manifiesta tanto en las relaciones interpersonales como en las estructuras políticas, económicas, sociales, judiciales y mediáticas. La evaluación que hace el Equipo de las Naciones Unidas en el País es del mismo tenor. En efecto, éste observa lo siguiente.
30. "En Guatemala subsiste un Estado frágil cuyas políticas públicas no consiguen acabar con la discriminación ni hacer respetar como es debido la diversidad étnica del país. La discriminación se sigue manifestando en numerosos ámbitos de la vida nacional y afecta principalmente a los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y adolescentes, los adultos .... Las inversiones públicas no apuntan hacia la igualdad de oportunidades y el desarrollo sino que, por el contrario tienden a reproducir la discriminación racial y social. Las políticas públicas destinadas a eliminar la pobreza y la exclusión social no tienen demasiado efecto y no consiguen reducir las diferencias entre ricos y pobres."I11I
A. Situación de los pueblos indígenas y de origen africano en general
31. Varios interlocutores han recordado que durante el conflicto armado se dieron varias formas de vulneración a la existencia del pueblo maya como colectivo. Las acciones militares afectaron directamente la vida y las posibilidades de continuidad biológica de dicho pueblo. Se atentó contra sus condiciones de vida y desarrollo, agudizando su precariedad económica. En su informe, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recoge los siguientes hechos probados de genocidio que se analizan en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:
- "La política de tierra arrasada" incluía la muerte de personas, quema de casas y de campos de cultivo y destrucción completa de aldeas;
- "Matanzas, seguidas de desplazamiento, persecución y asesinatos de los sobrevivientes";
- "La muerte selectiva de líderes y dirigentes comunitarios y de las organizaciones mayas, así como su desaparición forzada";
- "Muerte de ancianos, mujeres y niños, que afectó la reproducción de la cultura y la posibilidad de la continuidad... cultural."I12I
32. Muchos de los casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas que tuvieron lugar durante el conflicto armado no han recibido una atención suficiente de la justicia y los culpables gozan de impunidad. La gran mayoría de esos pueblos y grupos todavía espera recibir indemnización y reparación por todas las violaciones y privaciones que sufrieron durante los años de violencia política. Por otra parte, se ha informado al Relator Especial de que se ha garantizado a los ex PAC Patrulleros de Autodefensa Civil que junto con el ejército cometieron abusos contra la población civil en el decenio de 1980, que en breve recibirán una indemnización económica de parte del Gobierno.
33. Se describieron al Relator Especial diversas situaciones, en particular las relacionadas con los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y con su identidad cultural y espiritual, que antes se expusieron al Relator Especial sobre la situación de los pueblos indígenas, quien las incorporó en su informe sobre su misión a Guatemala en 2001. No es necesario volver a exponer esas situaciones en el presente documento puesto que no han evolucionado.I13I La problemática de los derechos sobre la tierra ilustra la situación de discriminación que viven esas poblaciones. De ahí que ni el Gobierno ni la justicia parezcan haber prestado demasiada atención, a pesar de los múltiples informes sobrecogedores, a la violencia empleada durante la "limpieza" de la Finca Nueva Linda, vasto terreno ocupado por un grupo de campesinos sin tierra, que causó más de nueve muertes.
34. El racismo cotidiano se manifiesta con miradas despectivas, bromas de mal gusto, comentarios dirigidos a personas de origen indígena y la denegación del acceso a lugares públicos establecimientos comerciales, restaurantes, discotecas a las mujeres mayas que llevan sus vestidos tradicionales. Se pudo advertir una sensación de marginación y de falta de reconocimiento de su identidad en las declaraciones de muchas interlocutoras que, bajo la mirada de los demás en particular en la capital, "se sienten extranjeras en su propio país". Los comisionados de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo CODISRA subrayaron que en general las víctimas sufren la discriminación racial en silencio. Tanto las víctimas como los autores de los actos de discriminación, por fuerza de la costumbre y la sensación de normalidad, parecen haber interiorizado las actitudes racistas a tal punto que éstas les parecen naturales.
35. Algunos sectores de la población ladina consideran que las medidas gubernamentales de lucha contra el racismo son privilegios que se conceden a las poblaciones indígenas. Además, la participación de dichas poblaciones en los procesos de decisión se suele limitar a invitar a sus representantes a las consultas sin tomar en cuenta sus opiniones en las decisiones finales ni incorporarlas en las estructuras del poder político y económico.
36. Así, en el plano institucional, de los 153 miembros del Congreso apenas 14 son de origen indígena. Los partidos políticos se muestran reacios a presentar candidatos procedentes de pueblos indígenas. En el ejército los indígenas constituyen la mayoría de los soldados rasos y representan una proporción menor entre los oficiales un 72,60% de ladinos frente a un 27% de indígenas.I14I En el Gobierno las personas de origen indígena suelen ocupar los puestos subalternos de viceministro y de secretario de la presidencia, pero rara vez el cargo de ministro.
37. Se ha reconocido que los Acuerdos de Paz todavía no han impulsado las transformaciones estructurales previstas y que el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas sigue siendo el instrumento menos aplicado en la medida en que las leyes y las reformas propuestas generalmente se queden sin aplicar por falta de recursos y de voluntad política. A pesar de las reformas judiciales en curso, numerosos interlocutores consideran que la justicia es deficiente y que el derecho consuetudinario indígena no está suficientemente integrado en procedimiento judicial. Por consiguiente, predomina el monismo judicial y no se reconoce la capacidad de las autoridades tradicionales indígenas para administrar la justicia según los usos y costumbres de sus pueblos, en contra de lo dispuesto por el Convenio Nº 169 de la OIT al respecto.
38. Muchos interlocutores del Relator Especial pusieron de relieve la persistencia de la estructura tradicionalmente desigual de la sociedad guatemalteca, heredada de un largo pasado de discriminación, exclusión social y marginación. Esa estructura afecta principalmente a los pueblos indígenas y de origen africano, en todos los planos. Según los datos del PNUD, estos pueblos se empobrecen cada vez más. Así, en el año 2002 la pobreza general afectaba al 57% de la población, es decir, a unos 6,5 millones de personas, y la pobreza extrema a un 21% de la población, es decir, a 2,4 millones de personas. Esa situación es especialmente grave en las zonas rurales donde vive la mayoría de pueblos indígenas, de las cuales un 72% se ve afectada.I15I
39. En los departamentos habitados mayoritariamente por pueblos indígenas se registran los índices más altos de pobreza.I16I Los indicadores de la salud y de la educación reflejan las mismas disparidades. Los departamentos que registran las tasas más elevadas de analfabetismo tienen una población mayoritariamente indígena. Las tasas de analfabetismo varían entre el 53% y el 41% Quiché: 53%, Alta Verapaz: 51,3%; Sololá: 47,9%; Totonicapán: 43,3%, Baja Verapaz: 41,9%, Huehuetenango: 41,6%, mientras que el promedio nacional es del 31,7%.I17I La pobreza, la falta de acceso al agua potable, el deterioro del medio ambiente, la marginación cultural y la falta de infraestructuras sanitarias son factores que influyen negativamente en la salud de los pueblos indígenas. Los obstáculos culturales se deben principalmente a que las lenguas indígenas no son idiomas oficiales ni administrativos en los centros de salud y a que la medicina tradicional no se ha incorporado en los programas de salud. Recién empiezan a ponerse en marcha proyectos piloto destinados a incorporar a las comadronas, que suman 4.560 personas mientras que más del 50% de la población recurre a los servicios de los médicos tradicionales o curanderos. El Relator Especial considera que la correspondencia del mapa social de la pobreza y la marginación con el mapa geográfico de las poblaciones indígenas y de origen africano es una muestra del profundo arraigo de una discriminación sistémica y estructural en Guatemala.
40. Los representantes del pueblo garífuna afirmaron que, aunque se asentaron en la costa de la Guatemala actual en 1806 y se les mencionaba en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, no se les reconocía plenamente como guatemaltecos y eran víctimas de discriminación, en particular cuando emigraban de la región de Izabal Livingston hacia la capital. Muchos de ellos han sido víctimas de acoso por parte de la policía que losconsidera extranjeros que han inmigrado clandestinamente a Guatemala. En las escuelas del departamento de Izabal, los niños garífunas se sienten discriminados porque no pueden utilizar su idioma y tienen la sensación de que los maestros no les prestan la misma atención que a los niños ladinos. Además, el hecho de que en los programas educativos no se estudie la cultura, la historia y las tradiciones garífunas suscita una sensación de marginación en esos niños. La falta de oportunidades, vinculada a la falta de proyectos de desarrollo en esa región,I18I y la discriminación que sufren los garífunas han inducido a muchos de ellos a emigrar, en particular hacia los Estados Unidos de América, desde donde apoyan a sus familias que se han quedado en la región. Los garífunas han expresado el temor de que se pierda el idioma de la comunidad porque los niños no reciben una enseñanza bilingüe. En vista del interés turístico de la región garífuna, hay quienes temen que en Livingston se reproduzca la expulsión histórica de la isla de San Vicente de que fueron víctimas en 1796.
41. El Relator Especial visitó a una pareja garífuna afectada por el VIH/SIDA y pudo calibrar las consecuencias de la falta de infraestructuras de salud adecuadas en la ciudad de Livingston, en el departamento de Izabal. El centro de salud de esa ciudad no dispone de medicamentos adecuados ni de equipos suficientes, de modo que los seropositivos y los enfermos de SIDA, por ejemplo, se ven obligados a desplazarse a Puerto Barrios, a aproximadamente una hora de distancia por mar. Esa situación exige la movilización de recursos financieros que esas personas no siempre poseen. En Livingston, muchos enfermos mueren por falta de atención médica adecuada. La carencia de servicios médicos demuestra que en Guatemala se desatiende a las poblaciones más discriminadas. Por ese motivo, las personas enfermas de SIDA que no han tenido acceso al tratamiento han denunciado a Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
42. Los representantes del pueblo xinka han subrayado también las formas de discriminación de que son víctimas. Estas formas de discriminación están vinculadas a las presiones que se les han impuesto a los xinka desde la época colonial para que dejen de hablar su idioma y de usar sus trajes tradicionales, pero también a la desintegración de sus comunidades. Recordaron que el Estado ha reprimido de manera dura los procesos organizativos xinka, negándoles el derecho consuetudinario xinka y expropiando las tierras a las comunidades xinka en favor de los grandes terratenientes, así como transformando a los xinka en obreros agrícolas explotados en las plantaciones de café. Como los demás pueblos indígenas, los xinka fueron víctimas de la represión militar durante el conflicto armado, así como de marginación económica y social. Frente a un proceso continuo hacia su invisibilidad, el pueblo xinka ha empezado a reconstruirse con el objetivo de recuperar su identidad cultural como pueblo distinto entre los pueblos indígenas. En particular, las organizaciones xinka han iniciado investigacionessocioculturales y antropológicas profundas sobre los usos y costumbres xinka. Los representantes xinka han alegado que la situación de las comunidades xinka de los municipios de Yupiltepeque, Jumaytepeque y Guazacapán exige una atención urgente ya que las autoridades municipales las amenazan con la expropiación.
B. Situación de los niños y las mujeres indígenas
43. Los niños y las mujeres indígenas se cuentan entre las personas más afectadas por la discriminación racial. Las mujeres indígenas, son víctimas de una doble discriminación por su origen étnico y su género que se traduce en particular, en el rechazo de sus trajes tradicionales, la falta de acceso a la educación y a la salud y a los servicios públicos básicos agua, electricidad y la falta de oportunidades laborales o de acceso a la tierra. La tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas oscila entre el 50 y el 90%, y sólo el 43% de ellas logra terminar la escuela primaria, el 5,8% la secundaria y el 1% la educación superior.I19I
44. En materia de salud reproductiva, las mujeres indígenas suelen recurrir a los servicios de curanderas y dan a luz en condiciones sanitarias precarias. La tasa general de mortalidad derivada de la maternidad, que se calcula que en Guatemala es del 7,4., es una de las más elevadas de Centroamérica y está vinculada a la situación de las mujeres indígenas. Según el PNUD, en el año 2000 el 65,4% de los casos de mortalidad materna fueron de mujeres indígenas.I20I
45. En el caso de los niños, la mayoría, el 62,3% de los 556.000 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años que no asisten a la escuela son indígenas.I21I El índice de malnutrición de los niños indígenas es del 29% frente al 17,2% en el caso de los niños no indígenas y la tasa de mortalidad infantil es del 69. en el primer caso frente al 54. en el segundo.
46. El Defensor de los Derechos Humanos expuso numerosos casos de discriminación racial que ilustran cómo se manifiesta ese tipo de discriminación tanto en las relaciones interpersonales como en las instituciones. Por ejemplo, Rigoberta Menchú interpuso una querella contra unos miembros del partido político Frente Republicano Guatemalteco por emplear expresiones racistas en contra de ella la trataron de "india del mercado" y de "vendedora de tomates" y le dijeron que se fuera a vender verduras; se ha abierto un proceso contra un consejero de la ciudad de Xela por haber dicho en una entrevista que "durante la conquista los españoles exorcizaron a los pueblos indígenas"; se obligó a una maestra de origen maya y a sus alumnos a identificarse como ladinos en un formulario del Ministerio de Educación Nacional; no se admitió a una estudiante de origen maya en una escuela privada porque iba vestida con el traje maya tradicional; en 1996 aparecieron una serie de pintadas racistas en los muros de la ciudad de Quetzaltenango, regida por un indígena, etc.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
47. El racismo y la discriminación racial son una realidad profundamente arraigada en Guatemala aun cuando no estén institucionalizados. Son expresión de una penetración secular de los prejuicios que han marcado la historia de ese país, la cultura y las mentalidades, y que se han magnificado con los trágicos sucesos del pasado reciente del país, que culminaron con el genocidio de los pueblos indígenas. La realidad económica y social de Guatemala se caracteriza por un desarrollo desigual entre las llamadas poblaciones "ladinas" y los pueblos indígenas y de origen africano que da fe del carácter estructural y sistémico de la discriminación. Los indicadores del desarrollo económico y social más bajos se registran en las regiones habitadas por pueblos mayoritariamente indígenas y de origen africano. La correspondencia entre el mapa de la pobreza económica y la marginación social y el mapa geográfico de los pueblos indígenas es una ilustración patente del carácter sistémico y estructural de la discriminación racial. El Relator Especial considera, por lo tanto, que la lucha contra la discriminación racial debe ser un pilar central de la construcción de la paz y la democracia en Guatemala. La paz efectiva y duradera no puede reducirse meramente a la dimensión política y la formulación jurídica consignadas en los Acuerdos de Paz y en las leyes subsiguientes. Para que esa paz sea auténtica y duradera debe cimentarse en la erradicación del racismo y la discriminación racial mediante medidas adecuadas que al mismo tiempo promuevan la reconciliación. El Relator Especial recomienda asimismo que se adopten las siguientes medidas:
a) En vista del arraigo del racismo y de la discriminación racial, el Relator Especial considera que el Gobierno debería demostrar su voluntad de eliminar este flagelo mediante un acto político de gran repercusión. Con ocasión de un discurso solemne, el Presidente de la República debería reconocer oficialmente la realidad y las consecuencias sociales, económicas y culturales de estos fenómenos y manifestar la firme decisión del Gobierno de eliminarlos democráticamente con la participación de los pueblos interesados, indígenas y de origen africano.
b) El Relator recomienda, además, que el Gobierno vaya más allá del reconocimiento formal de la diversidad étnica para que ésta se consagre en la Constitución de conformidad con el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.
c) Habiendo observado que falta coordinación entre las instituciones y los departamentos encargados de luchar contra el racismo y que faltan recursos financieros o no se asignan en medida suficiente, el Relator Especial recomienda que se adopte un enfoque integrado de lucha contra el racismo y la discriminación racial que se traduzca en la elaboración de un Programa nacional de lucha contra el racismo y la discriminación y de promoción de un pluriculturalismo igualitario, interactivo y democrático con miras a la construcción de una sociedad fundada en el pluralismo étnico y cultural que favorezca el diálogo y la interacción de todos sus componentes. Ese programa debería basarse en el Programa de Acción de Durban.
d) Las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de Paz, en particular el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, también deberían ser objeto de una evaluación crítica en cuanto a sus progresos y limitaciones. En ese contexto, la lucha contra el racismo y la discriminación racial debe vincularse a la promoción a largo plazo del pluriculturalismo sobre la base del principio de la unidad y de la diversidad: el reconocimiento, el respeto y la promoción de las especificidades y singularidades de la identidad, étnicas, espirituales y culturales de todos sus pueblos y comunidades, así como la promoción de la dinámica de la interacción y del enriquecimiento mutuo entre ellos.
e) Habida cuenta del impacto profundo y duradero del racismo y de la discriminación en la estructuración de la sociedad guatemalteca, el Relator Especial recomienda que se adopte un programa de medidas afirmativas acciones afirmativas en favor de los pueblos históricamente discriminados, indígenas y de origen africano.
f) Debe hacerse especial hincapié en la importancia de forjar una identidad guatemalteca pluralista mediante la promoción de una educación pluricultural e intercultural en la que se preste especial atención a la escritura y a la enseñanza de la historia, al sistema de valores y al desarrollo de un auténtico multilingüismo en todos los ámbitos de la sociedad. En este contexto, debe prestarse especial atención a las dos dimensiones fundamentales de la identidad nacional: la promoción del pluriculturalismo en los medios de comunicación, tanto en su contenido como en sus estructuras de control y de funcionamiento, y de la dinámica de la cultura nacional vinculando la promoción del patrimonio arquitectónico e histórico con el desarrollo de la creatividad y de las prácticas culturales vivas en todos los pueblos y comunidades; el desarrollo de medios de comunicación locales, comunitarios y libres, dotados de suficientes recursos, debe inscribirse en ese marco.
g) Debería llevarse adelante el proceso de catarsis iniciado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico con el fin de superar las vivencias dolorosas de la discriminación y poner fin a la impunidad de los responsables de actos de violencia políticas; las recomendaciones de la Comisión relativas a la preservación de la memoria de las víctimas del conflicto armado, la reparación moral y material a las víctimas o sus familiares, así como un programa de salud mental destinado a las personas afectadas psicológicamente por el conflicto armado, deberían aplicarse de manera urgente.
h) La Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos deberían ser instituidas por una ley que las vinculara al Congreso con el fin de conferirles independencia estatutaria, de conformidad con los Principios de las Naciones Unidas relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos Principios de París; en la misma perspectiva, se deberían asignar a dichas comisiones los recursos financieros necesarios en el presupuesto anual del Estado.
i) El Relator Especial alienta al Congreso a acelerar el proceso de adopción de la ley que autorice al Gobierno a formular la declaración en que reconozca la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
j) Se recomienda a las organizaciones no gubernamentales que participen activamente en la elaboración del Programa Nacional de lucha contra el racismo y la discriminación, y formulen propuestas para eliminar el racismo y la discriminación, centradas en la solución de los problemas específicos de las comunidades, articulando sus esfuerzos a fin de contribuir a la construcción de una sociedad más solidaria y democrática.
Recomendación regional
48. La lucha contra el racismo y la discriminación racial debe tener en cuenta su dimensión regional en Centroamérica, donde las sociedades tienen en común no sólo similitudes demográficas y etnoculturales sino sobre todo un legado histórico de racismo y discriminación que ha sido incrementado por la violencia política contemporánea. Los países de esta región se caracterizan igualmente por una dinámica de desplazamiento de la población, que en diversos grados es objeto de prácticas discriminatorias en los distintos países. El Relator Especial recomienda, pues, que la Organización de los Estados Americanos OEA y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedan un lugar prominente en la construcción de la paz a la erradicación del racismo y la discriminación racial con vistas a establecer un multiculturalismo regional, democrático, igualitario e interactivo. La OEA debería apoyar los esfuerzos de los Estados de Centroamérica con estudios sobre la formación de identidades multiétnicas y sobre las manifestaciones del racismo y la discriminación, así como prestar asistencia para que se elabore una legislación nacional y regional coordinada, se consoliden las instituciones de protección de los derechos humanos y de la sociedad civil y se revisen los programas y sistemas educativos y mediáticos.
49. Asimismo, la OEA debería promover el desarrollo de un turismo intercultural basado en la existencia de un patrimonio material común, la vitalidad de las prácticas y expresiones culturales y espirituales auténticas y su interacción profunda en el tiempo y el espacio. El turismo intercultural puede contribuir a la vez a combatir la discriminación rehabilitando la identidad históricamente negada o pisoteada, evitar la folclorización de la cultura que caracteriza al turismo de masas moderno y fomentar el vínculo fundamental entre la tierra y la cultura, "tierra-fuentes", propio de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y de origen africano.
Notes
1. Le mot Garifuna, qui sera souvent employé dans ce rapport, proviendrait de la racine arawak karina qui se serait transformée en Callinagu, Garinagu et Karifouna. Le mot Garifuna, qui signifie «mangeur de manioc», s'écrit dans la langue originale Garifuna singulier et Garinagu au pluriel. En français, on peut écrire au pluriel Garifuna ou Garifunas sans prononcer le -s final. Le nom Garifuna avec une majuscule sert normalement à désigner l.ethnie, mais il peut désigner la langue le garifuna, avec une minuscule et servir d.adjectif: p. ex., la langue garifuna, le peuple garifuna cf www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/Garifuna_histoire.htm. Back
2. D.après l.Enquête nationale sur les conditions de vie de la population réalisée au cours de l.année 2002 par l.Institut national des statistiques du Guatemala. Back
3. Bien qu.inclus parmi les peuples autochtones par l.accord sur l.identité des peuples autochtones, les Garinagu singulier Garifuna doivent être considérés comme une population d.ascendance africaine, même s.ils empruntent une proportion importante de leur langue aux indien Arawak avec lesquels il ont coexisté sur l.île de Saint Vincent d.où ils ont été déportés vers les côtes Atlantique du Honduras, Guatemala, Belize et Nicaragua actuel, leur culture, qui s.est maintenue à travers les siècle reste profondément africaine. Back
4. PNUD: Guatemala: Una Agenda para el Desarrollo Humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, p.9. Back
5. Un projet de réforme de la Constitution soumis au peuple en 1999 prévoyait de reconnaître le caractère « pluriculturel, multiethnique et multilingue » du Guatemala article 1 amendé mais n.a pas été adopté.Back
6. Commission consultative de réforme éducative, 2001 in La Cultura Maya en la Educación Nacional, Ministerio de Educación de la República de Guatemala/UNESCO, Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación Maya, Ciudad de Guatemala, 2004, p.17. Back
7. Cf. MINUGUA: Los pueblos indígenas de Guatemala: la superación de la discriminación en el marco de los Acuerdos de Paz, septiembre de 2001, p.16 pour le détail de ces langues. Back
8. Le Rapporteur spécial a en outre reçu le Rapport initial du système judiciaire sur la réforme judiciaire pour la période 2003-2004.Back
9. Guatemala. Memory of Silence. Report of the Commsision for Historical Clarification. Conclusions and Recommendations,F & G Editores, Guatemala City 1999, p. 17. Back
10. Communication de la Fundación Mirna Mack en date du 28 juin 2004. Back
11. Marco de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF Guatemala 2005-2008, Equipo de País del Sistema de las Naciones Unidas, junio de 2004, p. 7. Back
12. Guatemala. Memory of Silence. Report of the Commission for Historical Clarification. Op. cit., pp. 23-43.Back
13. Voir E/CN.4/2003/90/Add.2, pp. 17-20. Back
14. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala: Los pueblos indígenas de Guatemala: la superación de la discriminación racial en el marco de los Acuerdos de Paz, Ciudad de Guatemala, septiembre de 2001. Back
15. PNUD: Guatemala: Una Agenda para el Desarrollo Humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, p.228. Voir également Instituto Nacional de Estadísticas: Mapas de pobreza de Guatemala, agosto de 2001. Back
16. Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Baja Verapaz, Sacatepéquez.Back
17. MINUGUA: Los pueblos indígenas de Guatemala, op. cit., p.11. Back
18. La ville de Livingston est relativement isolée du reste du pays, étant atteignable par la mer après 45 minutes de navigation. Back
19. MINUGUA: Los pueblos indígenas de Guatemala, ibid. Back
20. In Defensoría de la Mujer Indígena, Primer informe. Situaciones y derechos de las Mujeres Indígenas en Guatemala. Back
This document has been published on 30Jun05 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |