11sep06

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Rescatemos la ética, los valores y la convivencia humana.

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Con ocasión de conmemorar este once de septiembre el 16 aniversario del asesinato de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, y por acercarnos también al décimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz, esta Fundación plantea las siguientes reflexiones y preocupaciones relacionadas con la situación actual:

• 1. En esta fecha, en la que conmemoramos la vida de Myrna, su legado académico y sus más altos valores sobre el respeto a la vida, la dignidad del ser humano y la libertad como fuerza creadora, expresamos nuestra profunda preocupación por la deshumanización y la pérdida de valores que caracteriza en la actualidad nuestra convivencia.

  Anualmente, casi seis mil seres humanos están perdiendo la vida a manos de otros seres humanos, quienes por diversas causas han alterado sus valores y principios. Son personas que -sin titubear- practican la crueldad y la saña para eliminar a sus semejantes, y así poco a poco se despojan de los rasgos de humanidad con que nacieron.

  Más allá del análisis puntual sobre el comportamiento del Estado y sus autoridades para hacer frente a esta situación violencia, también debemos preguntarnos qué debemos hacer o qué estamos haciendo para frenar esa pérdida masiva de valores y de rasgos de humanidad; para eliminar las sombras que oprimen el corazón de tantos connacionales.

• 2. El contexto nacional no es propicio. La realidad cotidiana muestra que hemos arribado a una situación de pérdida de gobernabilidad, cuya manifestación más significativa es el creciente deterioro de la institucionalidad del Estado, su falta de funcionalidad e inoperancia, y su incapacidad de ofrecer una respuesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la población.

  Un factor de gran preocupación es la presión que los grupos de poder, tradicionales y emergentes, ejercen sobre las instituciones para que éstas funcionen en beneficio de sus intereses. En el pasado no tan lejano y en fechas recientes han habido momentos y también períodos prolongados en los que algunas instituciones, particularmente en los ámbitos legislativos, de justicia y de seguridad, han perdido integridad, independencia y autonomía. Eso ha permitido concretar decisiones que dañan a la población, el principio de legalidad, incluso el orden constitucional.

  En ese mismo renglón se cuenta la penetración que sufren las instituciones a manos de operadores de la delincuencia organizada, que usan a las instituciones para ganar impunidad y expandir sus negocios; y convierten a los agentes del orden público, de la justicia, la seguridad y la defensa nacional en guardianes de lo oculto y lo criminal.

• 3. En muchos aspectos, las elites del país logran eludir los efectos negativos de esta situación, pero no es el caso de la mayoría de la población, que se hunde cada vez más en la precariedad económica y social.

  Las necesidades en materia de salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura básica, por ejemplo, no son atendidas adecuadamente por quienes toman decisiones. Por el contrario, quienes ejercen poder buscan únicamente satisfactores personales, sectarios y partidarios; y se muestran indiferentes ante los millones de guatemaltecos que diariamente afrontan la inseguridad, el desempleo, la denegación de justicia y la pobreza.

• 4. En materia de justicia, la población se está organizando para brindarse a sí misma un servicio que el Estado no presta. De ahí devienen los linchamientos, la creación arbitraria de tipos delictivos y sanciones, la expulsión de autoridades, el asesinato de delincuentes y presuntos delincuentes a manos de grupos sociales que actúan tanto de manera espontánea como organizada.

  Si bien la debilidad del sistema de justicia hunde profundamente sus raíces en el conflicto armado interno, también hay otros factores que la exacerban. Por ejemplo, la falta de voluntad política para ofrecer un real acceso a la justicia y avanzar en la democratización del sistema; la ausencia de visión estratégica, la falta de eficiencia y transparencia en el gasto sectorial. Con el sistema debilitado, saturado, sometido a presiones de los grupos de poder y carente de procesos efectivos de coordinación, la impunidad encuentra terreno fértil para reproducirse, aún en casos que no tienen alto impacto ni en lo social ni en lo político.

• 5. En materia de seguridad, la característica fundamental es la militarización y la existencia de prácticas contrarias al ideal democrático. La respuesta es represiva y con tendencia a replicar modelos contrainsurgentes que ponen en riesgo los derechos y las libertades inherentes al ser humano. En términos generales, la seguridad que debiera proporcionar el Estado está quedando bajo el control de empresas y cuerpos armados privados, que en su mayoría actúan fuera del marco legal.

  Mientras tanto, la Policía Nacional Civil está sumergida en un mar de corrupción, comportamientos delictivos, debilidad institucional y otros factores que le impiden cumplir con la tarea asignada. Y no hay esfuerzos realmente sólidos por rescatar a la institución policial del estado en que se encuentra, ni por desarrollar estructuras que podrían ser herramientas valiosas en materia de combate al crimen, como la Inteligencia Civil, cuya implementación continúa rezagada.

• 6. No obstante la situación antes descrita, Guatemala ha logrado superar, en alguna medida, condiciones similares o peores. Con la apertura democrática, hace 20 años, y con el fin del conflicto armado interno, hace diez años, se iniciaron etapas que han traído avances parciales, pero significativos. La Guatemala de hoy no es la misma de aquellos tiempos, y eso demuestra que es posible luchar por nuevas transformaciones aún en medio de tanta desolación. Hay una institucionalidad que es preciso rescatar, mejorar y fortalecer con el concurso de todos los sectores nacionales.

• 7. Por eso, es pertinente hacer un llamado a la reflexión, a renovar energías en aras de rescatar el proceso político democrático. Este gobierno parece haber caído en un estado de inviabilidad, especialmente porque hemos ingresado ya al terreno complicado de la campaña electoral, la gobernabilidad es cada vez más precaria y la confrontación y la conflictividad van en incremento, pero todavía quedan salidas posibles. Y la acción debe estar encaminada a construir mejores escenarios.

• 8. Las elites del país, los grupos que definen el ejercicio del poder y los sectores organizados del país tienen el reto -y al mismo tiempo la obligación- de buscar mecanismos de diálogo y negociación para evitar un mayor hundimiento; para formular propuestas y abrir nuevos procesos.

• 9. Las transformaciones institucionales, sociales, económicas y políticas que la situación demanda, no debieran ser vistas como una amenaza por ningún sector que confíe en el Estado Democrático de Derecho. Todo lo contrario. Esas transformaciones tan postergadas, debieran ser vistas como una oportunidad para crear una mejor convivencia que, en el mediano y el largo plazo, permita sentar las bases de la reconciliación, el desarrollo de la Nación y un mejor grado de bienestar para todos.

• 10. Los líderes sociales, religiosos, políticos y de otra índole que aún gozan de credibilidad y confianza, debieran promover acciones que frenen esa deshumanización y esa pérdida masiva de valores que tanto está afectando el derecho a la vida y que tanto perjudica la convivencia social.

Guatemala, 11 de septiembre de 2006
Fundación Myrna Mack

DDHH en Guatemala

Este documento ha sido publicado el 05Nov06 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights