09feb06

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Hay terror en la ciudadanía, fracaso del aparato estatal y una restauración de la militarización.

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Ejecuciones arbitrarias en Guatemala

Hay terror en la ciudadanía, fracaso del aparato estatal y una restauración de la militarización:

• 1. Los índices de inseguridad han alcanzado en las últimas semanas un grado de terror sin precedente, en especial por el aumento de hechos de violencia que, evidentemente, sólo pueden ser clasificados como prácticas de "limpieza social". De acuerdo con estadísticas oficiales, hasta ahora el promedio de muertes violentas se podía calcular en un poco más de cinco mil al año, pero si observamos el comportamiento criminal de los días recientes muy bien puede pronosticarse que para fin del 2006 esa cifra "usual" podría ser superada con creces.

• 2. Análisis preliminares de la Fundación Myrna Mack apuntan a que en Guatemala se ha instalado un ambiente de terror que tiene, entre otras, las siguientes fuentes:

  • 1) La creciente delincuencia común;
  • 2) Las estructuras del crimen organizado y la narcoactividad;
  • 3) La actividad incontrolable de maras/pandillas juveniles;
  • 4) La acción de grupos privados que reprimen con violencia movimientos sociales, particularmente indígenas y campesinos; y
  • 5) La acción de grupos de ciudadanos que, con o sin apoyo de aparatos y/o agentes estatales, se ocupa de eliminar de su entorno social a personas indeseables (limpieza social).

• 3. En los últimos días se ha incrementado la violencia que procedería de la acción de grupos ciudadanos que por su cuenta eliminan a presuntos delincuentes comunes, pandilleros juveniles y miembros de la delincuencia organizada. En este mismo renglón pueden ser clasificados los hechos de violencia que afectan a prostitutas, trasvestis, niños y jóvenes de la calle. Sin duda, los miembros de las maras se han convertido en víctimas consuetudinarias.

• 4. En nuestro análisis preliminar cabe la hipótesis de que estos hechos se estarían ejecutando con el consentimiento, complicidad, apoyo y encubrimiento de algunas estructuras estatales y/o de algunos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, porque no resulta creíble que grupos sociales puedan impunemente montar operativos para eliminar a cinco, siete o más personas y que esto escape al control de los órganos de seguridad. Es preciso reconocer y aclarar que, en nuestra opinión, no existe una política estatal destinada a violar los derechos humanos, pero las autoridades de seguridad no tienen control sobre la situación o no quieren combatir este tipo de comportamientos sociales criminales. Entonces, por omisión, hay un fomento de la práctica de "limpieza social".

• 5. Es evidente que, en el tema de la seguridad, el gobierno y en general el Estado de Guatemala han fracasado. La administración de justicia sigue dando como resultado más y más impunidad. No hay una política pública de seguridad de la cual se desprendan estrategias de mediano y largo plazo ni planes operativos con carácter integral. Las autoridades se han dedicado a reaccionar ante las diferentes coyunturas y eso no permite tener un combate sostenido contra el crimen y la violencia.

• 6. La solución ha sido recurrir a las fuerzas militares y pareciera ser que existe una tendencia a crear, en la práctica, una suerte de guardia nacional. Es decir, una estructura con apariencia policial pero con alma militar, lo cual no se traduce en el fortalecimiento de las fuerzas civiles de seguridad, cuando debería ser el imperativo impostergable en la agenda de seguridad del país.

• 7. Guatemala está acosada por una ola de violencia que está causando más muertes que el largo conflicto armado interno que desangró a la sociedad, y también afronta la presión que ejercen las agendas foráneas de seguridad. La situación nacional y los sucesos en el ámbito regional debieran obligar al Estado a hacer un alto en el camino y revisar su actuación, a efecto de ofrecer respuestas institucionales que lleven tranquilidad a la ciudadanía. Necesitamos acciones firmes contra esta ola de violencia y para evitar que el país camine hacia el extremo de la crisis de gobernabilidad, pero también es indispensable que esta urgencia no vulnere las garantías constitucionales que establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

Guatemala, 09 de febrero de 2006
Fundación Myrna Mack

DDHH en Guatemala

Este documento ha sido publicado el 05Nov06 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights