02oct04
La situación de acoso contra el movimiento social y de derechos humanos se intensifica en Guatemala.
Radio Nizkor: Programa especial sobre la situación de acoso contra el movimiento social y de ddhh.
La precaria situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y de algunos organismos sociales se agrava en Guatemala.
La primera forma de actuación ha consistido en allanamientos ilegales encubiertos como acción de delincuentes comunes, pero en los que la circunstancialidad, el material que ha sido robado y el contexto de intimidación y amenazas previo, hacen notorio la acción coordinada al estilo de los servicios de contrainteligencia militares.
El 19 de septiembre, en Ciudad de Guatemala, sufrieron este tipo de modus operandi la "Casa del Migrante", "Paz y Tercer Mundo" y el "Proyecto Institucionalización del Mesodiálogo".
Paz y Tercer Mundo, Hirugarren Mundua ta Bakea- Paz, es una ong de origen vasco, cuya sede fue allanada en condiciones similares a las de la Casa del Migrante; es una organización no gubernamental especializada en proyectos de desarrollo, los cuales se financian con fondos provenientes en su mayoría del presupuesto para ayuda al desarrollo del Estado español y de la Comisión Europea.
Esta organización no gubernamental, especializada en desarrollo, ya había sido objeto de intimidaciones durante el pasado mes de mayo, cuando su oficina en Ixcán fue atacada, recibiendo en esa ocasión nueve disparos de arma de fuego. Durante el allanamiento fue sustraída numerosa información en archivos, computadoras, pasaportes y bases de datos.
La Organización "Casa del Migrante" trabaja desde hace más de 10 años en la búsqueda de garantías de los derechos de los migrantes, nacionales y extranjeros, que pretenden llegar a los países del Norte en búsqueda de mejores oportunidades de vida y tiene relación con la Pastoral Social de la Iglesia en Guatemala.
En la Casa del Migrante se han realizado investigaciones sobre los posibles responsables del tráfico de personas, por lo que cuentan con expedientes y archivos en los que se señalan nombres de estos responsables entre los cuales, según las denuncias, se encuentren personas que pertenecen a sectores poderosos. Durante el allanamiento contra la Casa del Migrante fueron robadas las bases de datos, tanto en archivos físicos como digitales.
La Casa del Migrante sufrió un segundo allanamiento el pasado 27 de septiembre de 2004.
También fueron allanadas dos organizaciones de desarrollo y carácter social: la Unión Progresista Amatitlaneca, institución financiera de ahorro y crédito que realiza, entre otras cosas, préstamos para proyectos agrícolas individuales y colectivos y, la cooperativa COOSADECO, la cual otorga préstamos para microempresas.
Según las informaciones, en ambos casos, quienes realizaron los allanamientos robaron archivos y documentos importantes y además, en la Unión Progresista Amatitlaneca, hurtaron una suma de dinero equivalente a 60 mil quetzales.
La manera de actuar en estos allanamientos es la misma: personas desconocidas ingresaron a los lugares mencionados en horas de la noche y sin violencia, tras desconectar las alarmas, han procedido a llevarse los documentos que contienen la información más importante. Según las denuncias, en ninguno de los casos las fuerzas de seguridad han realizado investigación alguna, y solamente se han limitado a archivar los mismos.
Para cualquier observador especializado es obvio que los servicios de inteligencia militares pretenden obtener por la vía del robo o duplicación de los discos duros de los ordenadores de las organizaciones sociales y de derechos humanos la información que les permita organizar sus planes criminales de contrainteligencia que pretenden intimidad, criminalizar y que, como consecuencia, las organizaciones sociales desaparezcan.
El Rostro del Terror.En el 2004, la "Coalición para la CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala )" y la Unidad de Defensores del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos publicaron el informe titulado "El Rostro del Terror, Análisis de los ataques en contra de los defensores de derechos humanos del 2000 al 2003", esto es, la etapa del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco y su tristemente célebre dirigente, el General Ríos Montt.
El documento contiene una descripción general de la situación de Derechos Humanos, una explicación sobre las características de la sistematización de los ataques a los defensores y sus organizaciones y la base de datos que sirve de sustento del análisis, el análisis de la información y una interpretación sobre las causas de estos ataques tomando en cuenta los diferentes patrones identificados.
Este informe sistematiza pues los diversos tipos de ataques contra los defensores. Bajo la violación del derecho a la vida, contempla el asesinato, el intento de asesinato, el secuestro, el intento de secuestro, la desaparición forzada y la tortura.
Bajo la violación del derecho a la libertad y la seguridad personal recoge las amenazas escritas, las telefónicas, las realizadas en personal, la vigilancia, la persecución y la intimidación.
Bajo la violación sel derecho a la propiedad se contemplan el allanamiento y los daños a la propiedad, y finalmente, la violación del derecho a la libre expresión recogen la difamación de funcionario y la denuncia judicial.
A estos efectos, el informe parte de que el término "Defensores de Derechos Humanos" incorpora a toda persona u organización que promueve o defiende uno o más Derechos Humanos, y por lo tanto, el análisis incluye, entre otros, a los líderes y coordinadores de las organizaciones sociales y campesinas, sindicales, de organizaciones de defensa de la diferencia sexual y de promoción del derecho a la salud, funcionarios de organismos gubernamentales vinculados a la defensa de los derechos humanos, como la Procuraduría de Derechos Humanos, los líderes de las organizaciones indígenas, sacerdotes mayas, sacerdotes que acompañan a organizaciones campesinas, y aquellos defensores que trabajan en el ámbito del derecho a la verdad y la justicia (resarcimiento, exhumaciones y causas abiertas por violaciones durante el conflicto armado).
Desde el 2000 y hasta el 15 de septiembre del 2003, esto es, principalmente durante el Gobierno del Frente republicano Guatemalteco, se registraron 387 ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos. De estos, 13 están ubicados de 1997 a 1999 y son ataques que ocurrieron en contra de Defensores durante el período de gobierno de Álvaro Arzú. Durante los tres años y ocho meses del período del gobierno de Alfonso Portillo que comprende este estudio se registraron 374 ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos.
Hay un proceso ascendente en el ataque a Defensores que se inicia en el último año del gobierno de Arzú (1999) pero aumenta dramáticamente en el inicio del gobierno de Portillo(2000) y se mantiene en ascenso durante todo el periodo.
Según este estudio, el tipo de violación que ha tenido un auge en los últimos años son las violaciones a la libertad y seguridad. Las violaciones al derecho a la vida se han mantenido en un rango entre 13 y 23 ataques/año a lo largo de los últimos tres años y 8 meses, siendo el año 2000 donde más se violó el derecho a la vida. En cuanto a las violaciones al derecho a la propiedad (en su gran mayoría allanamientos) se ha mantenido también un flujo constante entre los 16 y los 26 ataques. Siendo durante 2002 en el que más violaciones fueron registradas.
Sin lugar a dudas, el deterioro del derecho a defender derechos ha ido in crescendo en los últimos años y de mantenerse las condiciones actuales en materia de impunidad esta tendencia parece no tener reversión.
Los grupos más atacados, continúa el informe, son los Defensores que trabajan en torno a la Verdad y la memoria histórica, la lucha por Justicia, la lucha por las reivindicaciones campesinas y los periodistas.
El caso de quienes luchan por las reivindicaciones campesinas es lo suficientemente relevante para comparar el tipo de Defensor con el tipo de delito que se comete, uno de cada dos ataques a campesinos son asesinatos.
Los campesinos y sindicalistas están más propensos a sufrir secuestros, intentos de asesinatos y asesinatos. Mientras los Defensores de verdad están más propensos a que se les allanen sus oficinas y casas de habitación.
Los Defensores de justicia están más propensos a ser vigilados e intimidados. (La construcción de estas tendencias, aclara el informe, se han hecho conforme a los casos más significativos numéricamente, sin desdeñar la importancia y vulnerabilidad de los otros sectores.)
¿A quién favorece la impunidad? A los militares y agentes del Estado involucrados en las violaciones a los Derechos Humanos del pasado, al crimen organizado y a los poderes fácticos que se ocultan detrás del muro de la impunidad.
En muchos casos se hace evidente que existen suficientes elementos de planificación que sólo puede realizar un grupo organizado para ejecutar operaciones de inteligencia, es decir, se estaría ante grupos dentro del ejército o grupos conformados por militares que tuvieron formación en inteligencia. En los acuerdos de paz a estos últimos grupos se les denominó Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
En cuanto a los patrones de ataque identificados, puede evidenciarse que los que tienen como estrategia la desarticulación/paralización de las actividades de las organizaciones de Defensores son los más frecuentes, seguidos por los ataques en donde la organización o Defensor está enfrentado a un poder local o a un "enemigo" específico.
Los ataques han estado orientados a inmovilizar más que aniquilar. Estos tres años han estado plagados de ataques que generan miedo y dificultan el trabajo de las instituciones. La presencia intermitente de asesinatos y otros ataques que atentan contra la vida refuerzan el temor que sienten los Defensores de Derechos Humanos y reafirman el principio de la sobrevivencia societal y de la anomia "el que no se mete en nada, nada teme".
En otras palabras, el efecto específico de los ataques es generar una dinámica de autocensura y autocontrol sobre las agendas que se toman y la participación en actividades de promoción y defensa de los Derechos Humanos. La ruptura de los tejidos de solidaridad entre las organizaciones y la creación de dinámicas de desconfianza están instaladas desde finales del año pasado con mucho rigor.
Estos procesos se convierten en nuestro peor enemigo porque multiplican los efectos desarticuladores mediante el efecto miedo-anomia y facilitan las acciones violentas que puedan ser tomadas por enemigos locales en contra de la reorganización en pro de la defensa de los Derechos Humanos.
Los ataques responden claramente a patrones de acción que son planificadas. Incluso el hecho de que haya ataques que vienen del sector privado y del poder local responden a una lógica de impunidad generalizada. El 64.8% de la totalidad de los casos, son de Defensores que tienen como objeto de trabajo Ejercito, Empresarios/finqueros y violaciones a Derechos Humanos.
De cada dos ataques cometidos en contra de Defensores que tienen como objeto de trabajo el Ejército y el Gobierno (que serían unos 154 ataques) se comete uno en contra de Defensores que tienen como objeto de trabajo el sector empresarios/finqueros (77 ataques) y es en este último donde más amenazas en contra de la vida se concretan en asesinatos.
¿Qué ha pasado en Guatemala durante el período que comprende este informe?
a) La tasa de muertes violentas pasó de 2.659 por cada 100.000 habitantes en 1999 a 3.689 por cada 100.000 habitantes en el año 2000, según datos estadísticos tomados del Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003 del PNUD. Ello que implica un deterioro significativo de la seguridad ciudadana.
b) El índice de Gini, que mide concentración de capital, aumentó del entre el 2000 y el 2002. Asimismo, el índice de Theil, que mide desigualdad de ingresos aumentóen ese mismo período y superó el índice de 1989.
c) El porcentaje de pobreza extrema aumentó del 15.7% en el 2000 al 21.5% en el 2002. Sin embargo, el Índice de Desarrollo Humano aumentó del año 2000 al 2002.
d) Del lado del presupuesto, se ha incrementado el monto para el ministerio de la Defensa Nacional, mientras que los presupuestos de Salud Pública y de Vivienda han sido disminuidos.
e) El combate al narcotráfico tuvo tales retrocesos que el Gobierno de Estados Unidos descertificó al estado de Guatemala lo que abrió la puerta para acciones conjuntas que subieron dramáticamente la capacidad de combate del tráfico de drogas ilegales.
f) En materia de corrupción, los medios de comunicación han destapado una cadena sinfín de acusaciones de corrupción que no han conducido a investigaciones y delimitación de responsabilidades lo que impide conocer la dimensión real del fenómeno.
g) Se ha fomentado una polarización política entre ricos y pobres, opositores y pro-gobierno que ha desestabilizado al país y profundizado la ingobernabilidad al punto que los organismos multilaterales e internacionales -estatales y no gubernamentales- de todo tipo han señalado a Guatemala como un país inestable, peligroso e inadecuado para el turismo y la inversión.
h) En líneas generales, la población respira un clima que lleva a afirmar que las cosas "volvieron" a estar mal. Esta vuelta al pasado, que no necesariamente es a la época de la "gran violencia" (1980-1983) si es a la vivencia de la década de los setenta para unos o finales de los ochenta para otros.
Desorden y caos resume mejor lo que ha ocurrido en los últimos años. La transición democrática ha sido oficialmente truncada. La agenda de los Acuerdos de Paz olvidada. El Estado de Derecho se ha terminado de desvanecer.
Este es apenas perceptible en los servicios sociales que procuran el bienestar colectivo. De nuevo, ¿a quién le favorece esto? A las fuerzas cuya riqueza y poder deviene de las actividades ilícitas que se desarrollan en el país: narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, adopciones ilegales, tráfico de armas, etcétera.
En este contexto, los Defensores de Derechos Humanos -de cualquier sector- se convierten en enemigos de estos poderes. Su trabajo, como afirmaba el Secretario General de Naciones Unidas en 1998, "construye democracia y paz". Valores que destruyen el medio ambiente ideal para estas fuerzas.
Los patrones de los ataques nos han llevado a afirmar que estos poderes ocultos actúan utilizando métodos de inteligencia militar. Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad son los instrumentos utilizados para implementar la política de terror que nos está afectando.
El desmantelamiento de estos cuerpos y aparatos es un proceso largo y es realmente el primer paso para visualizar y enfrentar a estos poderes que destruyen a Guatemala.
Poderes ocultos en la Guatemala post conflicto.Los nombres de Generales en retiro como Manuel Antonio Callejas y Callejas, Luis Francisco Ortega Menaldo, Juan Guillermo Oliva Carrera, Luis Felipe Miranda Trejo, José Efraín Ríos Montt y Otto Pérez Molina, así como los coroneles Jacobo Esdras Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, destacan como artífices de los "poderes ocultos de los grupos clandestinos" en Guatemala, según un estudio presentado el martes 21 de septiembre por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
El estudio, realizado por Susan C. Peacock y Adriana Beltrán, describe e identifica a quienes considera que han organizado y dirigido ese tipo de grupos clandestinos, para la violencia política de la guerra y el reino del crimen organizado en la posguerra; incluye a personajes como el presunto capo del contrabando, Alfredo Moreno, y el banquero Francisco Alvarado Macdonald.
El estudio, titulado "Poderes ocultos en la Guatemala post conflicto", sostiene que los grupos paralelos son un legado no resuelto del conflicto armado interno y que sus vínculos con el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico han debilitado el sistema de justicia y perpetuado un clima de impunidad y violencia. Añade que los grupos clandestinos, aliados con estructuras como el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando, se infiltran cada vez más en el Estado guatemalteco.
Esta situación es concordante con el informe resultado de una misión, realizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que tuvo lugar en septiembre de 2003, y estuvo compuesta por Antonia Macías, abogada y vicepresidenta del Equipo Nizkor, y Reinaldo Villalba Vargas, abogado miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Dicha misión culminó en un informe de misión titulado "Guatemala: Violación flagrante al derecho a la justicia".
El informe resalta que el Estado de Guatemala sigue incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales en relación a la lucha contra la impunidad que reina en este país, en particular en lo que se refiere a los responsables de violaciones a los derechos humanos. El Estado guatemalteco no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el acceso a una justicia rápida y eficaz, ni para asegurar la independencia e imparcialidad judicial.
Señala también que es altamente preocupante la existencia de estructuras de poder clandestinas y las claras evidencias de participación de la inteligencia militar en las mismas, tal como se desprende de las numerosas denuncias, e inclusive, de algunas investigaciones judiciales, que han demostrado la participación del Estado Mayor Presidencial en graves violaciones a los derechos humanos y ataques a defensores.
Manifiesta su preocupación por la inactividad del Estado en el desmantelamiento de estas organizaciones clandestinas y en la impunidad que ampara su accionar.
El informe de la FIDH, afirma igualmente que la situación de Guatemala "puede considerarse como una continuación de las políticas de "transición militar a la democracia", las cuales han instaurado un sistema de control social y político basado en la utilización masiva de la inteligencia y de la contra inteligencia, aún cuando, una de las estructuras legalizadas para efectuar actos de violaciones de derechos humanos, como lo es el Estado Mayor Presidencial haya sido formalmente desmantelado, la práctica de control social y político se mantiene vigente por medio de la G-2 del Ejército de Guatemala o grupos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad."
Esto tiene como consecuencia, continúa el mencionado informe, la existencia de un cuerpo social aterrorizado y sumido en un estado de permanente alegalidad, equivalente a un estado de excepción encubierto, lo cual, a su vez, posibilita la implantación -con sistemas presuntamente democráticos- de los líderes considerados por el "criptogobierno" como compatibles con el control social y político que los militares y sus asesores externos han diseñado.
Este sistema tiene como finalidad, no sólo el control político y social de la población guatemalteca - en lo que podríamos llamar un sistema de segregación racial y social de la población indígena -, sino que pretende además ser un muro defensivo de las estrategias jurídicas que pretenden llevar ante los tribunales a los responsables de las organizaciones criminales (en el sentido que el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y sus sentencias concordantes les han dado), que impida iniciar en terceros países procesos judiciales en contra de los responsables de estos crímenes.
La construcción de la represa de Chixoy y las legítimas reivindicaciones de las comunidades afectadas.Pero el caso más grave se ha dado en una campaña de difamación puesta en marcha al estilo de las campañas de imagen promovidas por empresas especializadas y que ha sido concurrente en el tiempo con los hechos ocurridos en Ciudad de Guatemala.
Esta campaña, encabezada por el diario "El Periódico", al que Radio Nizkor considera portavoz de los servicios de inteligencia militares, ha publicado artículos de intimidación, amenazas y difamación contra el movimiento de derechos humanos, pero especialmente contra los defensores de derechos humanos de Rabinal, Baja Verapaz, población localizada a 194 kilómetros de Ciudad de Guatemala y donde tuvieron lugar masacres especialmente terribles contra la población civil indígena.
El municipio de Rabinal está ubicado en el centro del territorio guatemalteco, pertenece al departamento de Baja Verapaz y ocupa un área de 504 kilómetros cuadrados. Limita con los siguientes municipios: al norte con el municipio de Uspantán del departamento de El Quiché, al sur con los municipios de El Chol, Granados y Salamá, al oriente con el municipio de San Miguel Chicaj y al occidente con el municipio de Cubulco, todos éstos pertenecientes al departamento de Baja Verapaz. Rabinal está formado por un casco urbano, 27 aldeas y 50 caseríos.
De la ciudad de Guatemala a Rabinal, se llega por dos vías, la primera vía que es la más comercial y la más moderna, tiene una extensión de 194 km. La otra vía que es menos comercial y fue la que se utilizó durante tres siglos (XVI, XVI y XVII) tiene una extensión de 114 Km.
Unos 500 campesinos mayas, muchos de ellos sobrevivientes de masacres perpetradas por el Ejército cuando se construyó la hidroeléctrica de Chixoy hace más de 20 años, tomaron la presa en demanda de compensación.
Los manifestantes también se oponen a los planes del Gobierno para construir otros proyectos hidroeléctricos en el país. "No se puede construir más represas hasta reparar los daños que hicieron a los de Chixoy", dijo a Reuters Juan de Dios, el líder de los manifestantes.
Los manifestantes rechazaron versiones que aseguraron que cientos de hombres armados apoyaban las protestas y dijeron que sus acciones eran pacíficas.
Chixoy produce 275 megavatios de energía que representan 60 por ciento de la electricidad de Guatemala.
La presa, construida en las zonas altas de los mayas, ha sido polémica desde los primeros planes para desarrollarla, en medio de una amarga represión militar durante la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años.
En 1980, el Ejército y paramilitares mataron a 300 personas de la localidad de Río Negro, cerca de la presa, después de que rechazaron una oferta para ser reubicados. Niños y mujeres murieron en tres masacres.
En 1982 la comunidad sufrió dos masacres, la primera en Xococ el 7 de febrero de 1982, con 74 víctimas, y la segunda en Río Negro el 13 de marzo de 1982, con 177 víctimas.
Un grupo de sobrevivientes se refugió en la comunidad de Los Encuentros, donde el Ejército ejecutó a 79 personas y desapareció a 15 mujeres,el 14 de mayo de 1982.
Otros sobrevivientes de Río Negro se dirigieron hacia la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Uspantán, Quiché, a donde llegaron el 14 de septiembre de 1982 los patrulleros de Xococ y soldados y, bajo la acusación de alimentar a la guerrilla, ejecutaron a 92 personas, entre mujeres, ancianos y niños.
Los sobrevivientes de Río Negro dijeron que también buscaban indemnización del Banco Mundial, que ayudó a financiar la construcción de la represa junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y continuó otorgando créditos pese a las atrocidades.
Después de una revisión interna, el Banco Mundial concluyó que las masacres habían realmente ocurrido.
Los indígenas Mayas, calculados entre 1.000 y 1.500 según las fuentes, regresaron a sus casas después de una ocupación pacífica de la represa de Chixoy, el 7 de septiembre de 2004, y las comunidades consideran que tuvieron éxito en persuadir a los oficiales del Gobierno para que se iniciara el proceso hacia las negociaciones, para proveer de reparaciones sobre los daños ocasionados por la construcción de la represa de Chixoy.
Representantes de la Coordinadora de las Comunidades de Afectados por la Represa de Chixoy (18 comunidades) firmaron un acuerdo el 8 de setiembre con la Compañía Nacional de Electricidad (INDE), la Misión Guatemalteca de Verificación de las Naciones Unidas, y la Procuraduría de Derechos Humanos.
En los acuerdos, INDE se compromete a revisar los documentos que tiene sobre Chixoy, a agilizar los compromisos pendientes y darles copias de éstos a las comunidades. INDE también verificará la existencia del acuerdo de reasentamiento firmado por el INDE y el Banco Mundial y dará copia a las comunidades, todo esto en un período de ocho días.
La Coordinadora también ganó en un acuerdo de que hacia finales de septiembre, se establecería una plataforma compuesta por representantes de las comunidades afectadas, la administración del Gobierno, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, INDE y la compañía española Unión FENOSA (dueños de las privatizadas compañías de distribución energética guatemalteca).
La plataforma, la cual será mediada por la Procuraduría de Derechos Humanos, será la encargada de comenzar las negociaciones sobre reparaciones para las comunidades afectadas por Chixoy.
Este acuerdo, también establece que las comunidades no causaron ningún daño a las instalaciones de la represa, o a cualquier persona física; y que los firmantes han de respetar el cronograma establecido.
A pesar de todo ello el diario "El Periódico" pública un artículo al que un mero análisis contextual puede catalogar como" informe militar de inteligencia" y simplemente viene a demostrar que los servicios de contrainteligencia militar continúan actuando la margen de la legalidad constitucional guatemalteca.
El eje de la campaña de difamación y de promoción de una imagen negativa por parte de los especialistas de imagen se basa en:
1) La manifestación fue organizada.
2) Actuaron 10 activistas extranjeros.
3) Utilizaron máquinas de fotos digitales y cámaras de video digitales y amplificadores de sonido.
4) A Juan de Dios García, reconocido activista de derechos humanos y directivo de ADIVIMA, se lo presenta como un dirigente clandestino ya que él niega ser dirigente de las comunidades pero es reconocido por los campesinos.
5) Para demostrar el origen criminal de toda la organización, y dado que la movilización fue pacífica, se criminaliza a Juan de Dios García acusándolo de (y leemos textualmente) "García tiene entre sus antecedentes tres demandas. Una, por posesión para el consumo (de droga) y otra por allanamiento", información que es simplemente falsa.
Es obvio que con esta lectura se quiere inducir en la población, en los ámbitos gubernamentales y en la comunidad diplomática en Guatemala, a pensar que se está ante una acción organizada al estilo guerrillero y que tiene la misma intencionalidad.
Para ello se cuenta con el asesoramiento de extranjeros de origen desconocido y con material tecnológico como una máquina fotográficas y de vidio digitales que, por supuesto, no están al alcance de un campesino maya.
Para agravar la lectura criminalizante, se deja claro que Juan de Dios García persigue a los militares, y la prueba de ello es el procedimiento contra el coronel José Antonio Sola, uno de los responsables de las masacres de 1982.
El informe periodístico menciona hasta los números de matrículas de los vehículos que transportaron a los indígenas como evidente forma de socialización de quiénes son los colaboradores en el transporte a efectos de que los miembros clandestinos de la comunidad de inteligencia puedan continuar su trabajo de control social.
Ante este contexto, Radio Nizkor ha realizado un Programa especial sobre la situación de acoso contra el movimiento de Derechos Humanos y ha entrevistado a Juan de Dios García, Director de Adivima y uno de los afectados por la camapaña de difamación.
Fuente: Colaboradores de Radio Nizkor en Guatemala; el Centro de Estudios de Guatemala; la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA); el Centro para el Desarrollo Indígena (CEDIN), Costa Rica; la Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos; el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Suiza y el Equipo Nizkor. 02oct04
