 | Este documento ha sido publicado el 03nov04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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03oct04
Otra Guatemala es posible.
Han transcurrido más de nueve meses de la instalación del "nuevo gobierno" y las esperanzas de cambio y transformaciones se han derrumbado ante el develamiento de las reales intenciones e intereses del sector gobernante. Sociológicamente el actual gobierno no es más que la expresión política del sector oligárquico guatemalteco y es a la luz de ésta caracterización que hay que analizar la naturaleza y objetivos de sus políticas y la forma en que estas se expresan en la realidad nacional.
El programa de reactivación económica, delinea con claridad la apuesta del sector oligárquico en su afán no de reconvertirse sino de sobreviviencia en un contexto globalizado. El programa de reactivación propuesto privilegia al mercado y al poder económico, incrementando la riqueza de los grandes monopolios nacionales. En esencia es un plan de mediano plazo, estratégico para ciertos grupos del poder económico, con el fin de consolidar nuevos mecanismos de acumulación.
Los megaproyectos son el eje central para apropiarse de los servicios, la infraestructura y los recursos naturales. La modalidad es la concesión a la inversión de capital nacional y transnacional pretendiendo que el Estado entregue los principales puertos, aeropuertos, carreteras, plantas de generación eléctrica y recursos naturales.
Mientras el sector oligárquico impulsa a través del gobierno su proyecto económico, existen en el país una serie de procesos y de crisis que se agudizan, dentro de estas resaltan las siguientes:
a. La institucionalidad y la agenda de la paz están a la deriva, la decisión del gobierno de crear e instalar la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz – CNAP – el 25 de febrero, fue unilateral, improvisada y parcial dando como resultado que 9 meses después el avance sea nulo. No existe una agenda prioritaria para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, no se ha aprobado la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y la agenda sustantiva en su conjunto se encuentra estancada. Especial atención merece la invisibilidad de los derechos de los pueblos Indígenas y su agenda, lo cual pone en evidencia, una vez más, el carácter excluyente y racista del Estado, que se niega a reconocer la existencia y derechos de la mayoría de guatemaltecos /as.
b. Los Acuerdos del Grupo Consultivo han sido incumplidos y ahora el gobierno pretende darle un viraje a la reunión, con el fin de no rendir cuentas respecto a los compromisos asumidos, especialmente en el cumplimiento de Acuerdos de Paz y privilegiar la agenda empresarial centrada en el comercio y la promoción de los megaproyectos.
c. La reforma tributaria aprobada privilegió los intereses del poder económico. Las medidas no modificaron la situación de insuficiencia de recursos del Estado, persistente déficit fiscal e inequidad de la estructura tributaria, la evasión y defraudación fiscal, así como la apropiación indebida del IVA. Nuevamente la salida fácil es el incremento del endeudamiento público (en beneficio del sector financiero nacional), la privatización de los servicios públicos (ahora bajo la modalidad de las concesiones) y la reducción del gasto e inversión pública. El Ejecutivo no ha cumplido con su promesa de retomar el Pacto Fiscal mediante la convocatoria del Foro Nacional del Pacto Fiscal y la instalación de la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal.
d. La problemática agraria se ha agravado. El Ejecutivo no ha atendido con la debida urgencia y seriedad la crisis agraria, se abren espacios y se inician procesos, pero al final evidencia sus contradicciones y no concreta ninguna propuesta de política pública. Es evidente que la vía del mercado de tierras, el arrendamiento de tierras y los programas de emergencia alimentaría son insuficientes y no resuelven la situación de hambre y pobreza en el campo. No obstante, el gobierno persiste en esta ruta para resolver la crisis agraria, con el agravante de la falta de recursos. Al final y como consecuencia de las presiones de los finqueros, el régimen en su conjunto opta por la violencia y la represión e impulsa una política sistemática de desalojos (más de 40 en lo que va del año). Estas acciones tienen como consecuencia ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones, destrucción de viviendas, afectando los derechos humanos de mujeres, niños y ancianos.
e. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos generará mayor pobreza, afectando la producción de granos básicos, limitando el acceso a medicamentos y entregando los servicios públicos, infraestructura y explotación de recursos naturales y biodiversidad a las empresas transnacionales. El TLC profundizara la pobreza y el hambre en el campo, quebrando a los pequeños, medianos productores agrícolas y campesinos de subsistencia. Los únicos ganadores son los grandes monopolios nacionales que pretenden ceder los intereses de país a cambio de preservar una cuota de ganancia.
f. La agenda de derechos humanos bajo asedio, con el actual gobierno hemos asistido a un acelerado debilitamiento y estancamiento de la agenda de derechos humanos. El sistema de justicia continua siendo infuncional prevaleciendo la impunidad no sólo para los casos de violaciones a los derechos humanos, sino también para los delitos comunes y de cuello blanco. La rearticulación de las Patrullas de Autodefensa Civil y su eventual pago son una muestra del vigente accionar de los poderes paralelos. El ataque en contra de defensores / as y de organizaciones sociales ha sido una constante a lo largo del año, sin que a la fecha existan investigaciones serias y mucho menos procesos que permitan identificar a los responsables. La no aprobación de la CICIACS y los obstáculos en la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han puesto en evidencia el poder de las mafias y la cooptación de la institucionalidad del Estado reflejando un entramado perverso al servicio de estos poderes en el que participan diferentes "personajes"(académicos, políticos, seudo periodistas, abogados etc.).
g. La reconversión militar se ha postergado y aunque se reconoce que la reducción de efectivos fue un paso positivo, no se ha realizado una reforma profunda de esta institución de cara al contenido de los Acuerdos de Paz. Los juicios contra militares responsables de violaciones a los derechos humanos siguen siendo bloqueados por el sistema de "justicia". Los casos de corrupción al interior de la institución armada continúan, y el gasto militar sigue en aumento. El rol del Ejercito se adapta cada vez más a los planes de seguridad hemisférica impuestos desde el Norte, desnaturalizando el papel de esta institución imponiéndoles nuevas actividades y responsabilidades, que además pagamos las y los guatemaltecos.
h. El desgaste y debilitamiento del sistema de partidos políticos se ha agudizado, por la mediocridad e incapacidad de gran parte del actual Congreso. Los partidos políticos en Guatemala, son únicamente vehículos electorales, con influencia de poderes fácticos (económicos, mafiosos, militares etc..) y lo más preocupante es que no se avizora ninguna perspectiva de cambio cualitativo al corto y mediano plazo.
i. La violencia y delincuencia común se ha exacerbado, especialmente contra las mujeres. El Ejecutivo evidencia su incapacidad de responder de forma efectiva ante las demandas sociales de mayor seguridad.
Estos Hechos evidencian con claridad el rumbo que se pretende imponer, estamos ante un proceso que pretende realizar ciertos cambios, para no cambiar nada y refundar la continuidad del proyecto oligárquico en un escenario globalizado, bajo una modalidad autoritaria y represiva. El COS cuestiona el papel que están asumiendo ex dirigentes sociales, que se han adherido al proyecto de la Oligarquía asumiendo y legitimando decisiones políticas que afectan a la población, en ámbitos como el agrario, la violación de los derechos humanos, la seguridad y la agenda de la paz.
El COS bajo el lema otra Guatemala es posible, alerta al pueblo de Guatemala, sobre las consecuencias nefastas del proyecto impulsado por la oligarquía a través del actual gobierno y hace un llamado a los sectores democráticos, revolucionarios, populares, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales, campesinas, de derechos humanos, religiosas, sector de mujeres, estudiantes, sindicalistas, economía informal para que anteponiendo visiones e intereses personales y sectoriales conformemos un gran Frente Popular Libertador por la paz, la justicia social y la democracia en Guatemala Urge un cambio de dirección otra Guatemala es posible. Retomemos el camino y la lucha por la refundación del Estado, por una II República fundada en la equitativa distribución de la riqueza, la justicia social, la nación pluricultural, multietnica y multilingüe, la profundización de la democracia real y la equidad de género. Liberemos al Estado de su esencia oligárquica y de los poderes paralelos.
Colectivo de Organizaciones Sociales – COS - Guatemala 3 de octubre 2004
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