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Poder empresarial y grupos afines copan posiciones en la administración pública

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El ambiente de conflictividad y los escándalos por corrupción de ex funcionarios, rodean el frágil e inseguro inicio del gobierno de Óscar Berger.

El destape de los hechos de corrupción cometidos durante la anterior administración, el debate político que rodeó la destitución de funcionarios como el Fiscal General de la República y el Contralor General de Cuentas de la Nación, la confirmación de que dinero sucio financió la campaña electoral de algunos partidos políticos, entre otros conflictos sociales y laborales, son algunos elementos del contexto nacional en que ha dado inicio la gestión gubernamental de Óscar Berger.

Lo anterior conforma un ambiente de conflictividad y escándalo que, por varias semanas, ha ocupado el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública, con lo que son muchos los aspectos que están quedando fuera del análisis y la valoración respecto de los primeros dos meses de gobierno. Por ejemplo, poco se ha dicho de las características de fragilidad e inseguridad política de la nueva administración, el nulo avance hacia la construcción de una agenda nacional de trabajo; la aparente inviabilidad de un entendido político con los partidos de oposición; y las inquinas internas entre los grupos que hacen gobierno, que eventualmente podrían minar la estabilidad en el entorno presidencial.

En cuanto a los conflictos de calle, podría decirse que algunos son nuevos y hasta estimulados de propósito, como es el caso del transporte pesado; otros se han reanudado, como el desalojo de fincas o las ya tradicionales relaciones de confrontación entre maestros y autoridades educativas; a lo que se agrega la precariedad financiera del Estado y la inestabilidad política en el Congreso de la República.

En efecto, desde los primeros días de su gestión, la ministra de Educación, María del Carmen Aceña, ha afrontado protestas, marchas y hasta acciones legales en su contra, por parte de maestros inconformes con la revisión de las plazas que dejó presupuestadas la administración anterior. El gobierno de Alfonso Portillo dejó intencionalmente activada esta bomba de tiempo, pues la medida respondió a intereses partidarios y, además, había plena conciencia de que la precaria condición económica de la cartera de Educación dificultaría cumplir con este compromiso.

Asimismo, desde febrero, los trabajadores del transporte pesado tomaron medidas de hecho en protesta por la decisión municipal de prohibirles el tránsito durante las "horas pico" por las principales vías de la capital. El problema cobró gran magnitud cuando, ante la gravedad de las protestas, se ordenó la intervención de las fuerzas combinadas -Policía Nacional Civil y Ejército- para reprimir las acciones que estaban creando ya riesgos para la vida de las personas. Como resultado de esto, tuvo lugar el primer caso de uso de la fuerza y los pilotos capturados afrontan actualmente cargos penales por terrorismo.

Resalta en este problema la nula comunicación y coordinación entre la municipalidad capitalina y el gobierno central, pues las rencillas personales entre el Alcalde y el Presidente, que datan de hace varios años, no permitieron realizar un trabajo conjunto. Además, se presume que con estas acciones se buscaba crear un nuevo conflicto político al gobierno, y que el ex vicepresidente Francisco Reyes López habría participado activamente en esto, pues varias unidades de transporte pesado de su propiedad estuvieron involucradas en las protestas.

En el interior del país, uno de los problemas que se ha reactivado con fuerza y que ha tenido poca cobertura en los medios de comunicación, es el desalojo de fincas, tema que se mantuvo estratégicamente paralizado durante gran parte de la administración anterior. Coincidentemente, las órdenes de desalojo se agilizaron en los tribunales de justicia a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno, con lo cual se evidencia la intención de estimular un conflicto de los más sensibles y explosivos.

Sin embargo, el mayor impacto durante los primeros 45 días de este nuevo gobierno lo ha generado el destape de los casos de corrupción atribuidos a la pasada administración. Entre estos destacan: el saqueo de más de 62 millones de quetzales a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por el ex titular Marco Tulio Abadío; y la destitución del Contralor General de Cuentas de la Nación, Óscar Dubón Palma [1], acusado de haber utilizado dinero del Estado para financiar a partidos políticos; y se le investiga por haber cobrado dos cheques provenientes de una empresa vinculada al desfalco millonario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Además, el caso del desfalco millonario y lavado de dinero en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), en el que aparentemente están involucrados, entre otros, el general Francisco Ortega Menaldo, su esposa Patricia Arana y José Armando Llort, quien fungió como presidente de esa institución bancaria. Por último, el caso de la Conexión Panamá, que involucra a altos funcionarios de la administración anterior, principalmente al ex presidente Alfonso Portillo [2].

En los dos casos de la SAT y la Contraloría General de Cuentas, destaca el hecho de que parte del dinero desfalcado fue utilizado para financiar las campañas electorales de los partidos de Avanzada Nacional (PAN) y Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Abadío habría destinado a la UNE aproximadamente 1.8 millones de quetzales; mientras que Dubón Palma habría triangulado, a través de la organización Amigos en Acción, unos tres millones de quetzales a favor de los partidos mencionados (aún no se sabe si otros partidos también recibieron este tipo de donaciones). Todo apunta a que estos ex funcionarios estaban comprando apoyo partidario para permanecer en los cargos.

Esta situación ha tenido consecuencias: en primer lugar, el desprestigio público de ambas organizaciones políticas, principalmente de sus líderes Álvaro Colom (UNE) y Leonel López Rodas (PAN), y de otros dirigentes partidarios que ahora son perseguidos penalmente. En segundo, la renuncia de varios diputados de la UNE, por lo bochornoso del caso.

Como era de esperarse, los partidos afectados están denunciando linchamiento y persecución política en su contra, debido a que las acciones del Ministerio Público están concentradas en capturar y someter a juicio a dirigentes partidarios, mientras que los procesos judiciales contra los ex funcionarios no avanzan. Persecución política o no, el hecho es que ambos partidos están en el centro de la controversia no sólo por el uso de dinero sucio en la campaña, sino también por sus vínculos con los ex funcionarios y por articulaciones políticas que han quedado al descubierto.

En apariencia, al gobierno le favorece la exposición que sufren el PAN y la UNE, cuyos diputados han creado ya fuertes dolores de cabeza por su actitud de oposición en el Congreso. Sin embargo, esta situación podría obstruir eventuales negociaciones en el mediano y largo plazo, cuando el presidente Berger requiera realmente el apoyo de estos partidos para hacer viable la agenda del gobierno; y también podría hacer que ambas organizaciones sufran daños considerables en su legitimidad como contrapartes en un proceso de diálogo o negociación.

Otro tema controversial fue lo ocurrido en torno al Ministerio Público (MP), entidad que aún no se recupera de la presión política a la que ha estado sometida, razón por la cual muchos casos de corrupción continúan existiendo solamente como informaciones publicadas en los medios de comunicación, pero no han tomado forma de casos judiciales.

Esto tiene su origen en el deplorable estado en que se encuentra el MP por razones de manipulación histórica, por las argucias del ex fiscal general Carlos de León Argueta y por la reciente llegada de un nuevo jefe a la institución. La presión para resolver estos casos es fuerte, ya que por la inacción del MP varios implicados en los casos de corrupción se han fugado exitosamente al extranjero y de otros no se conoce paradero.

En esta línea, el tema político más sensible que le ha tocado enfrentar a la administración actual, es la presión que se generó por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, aunado al interés del gobierno, para remover del cargo de Fiscal General a De León Argueta.

Tras varias semanas de enfrentamiento público entre el Presidente y el Fiscal General, el 24 de febrero el presidente Berger destituyó del cargo a de León Argueta y en su lugar nombró a Juan Luis Florido, quien para entonces fungía como diputado electo por la gobiernista Gran Alianza Nacional (GANA) y miembro del partido Movimiento Reformador (MR).

Mucho debate jurídico y político suscitaron estas acciones en cadena, por cuanto hay dudas sobre la legalidad y la constitucionalidad en el nombramiento de Florido, así como por su pertenencia a la coalición gobiernista y al MR. Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por un particular y por las organizaciones Grupo de Apoyo Mutuo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, dilucidarán si este nombramiento es constitucional y legal. No obstante, permanece la duda de si Florido podrá garantizar la autonomía política y funcional de la institución, dada su afinidad con el gobierno y el MR.

Como es posible observar, el nuevo gobierno se ha enfrentado hasta el momento a fuertes conflictos y obstáculos que dificultan su gestión. De alguna manera, esta situación no permite ver con claridad los tropiezos del nuevo gobierno; y dificulta observar que esta nueva administración empieza a moverse sobre líneas frágiles e inseguras.

La humareda que provocan los escándalos de corrupción, acerca de los cuales cada día salen nuevas revelaciones, distrae la atención de la opinión pública y del mismo gobierno. No ha habido espacio suficiente para que los nuevos gobernantes tracen con claridad sus líneas de acción. No hay algo que sea realmente nuevo. Sólo hay anuncios como el relanzamiento de la paz y del Pacto Fiscal; la renovación del compromiso para crear la Comisión Investigadora de Cuerpos Clandestinos de Seguridad y otros pocos temas, que se han ahogado o han pasado inadvertidos en medio de las correntadas de corrupción que salen a luz diariamente.

Es claro que, además de los conflictos y problemas ya señalados, la verdadera presión que hay sobre el gobierno de Berger es la carencia de recursos del Estado.

Las fuertes sumas de dinero público desviado a cuentas personales de los ex funcionarios; un presupuesto antifuncional y estratégicamente mal distribuido que fue diseñado para el año 2003 y no para el 2004; más los altos índices de evasión fiscal y una baja recaudación tributaria, son obstáculos que no permiten paliar esta precariedad financiera y ponen al gobierno en una situación complicada.

Con relación al presupuesto, existe la posibilidad de reestructurarlo conforme a las necesidades del nuevo gobierno. Para esto, el Ministerio de Finanzas Públicas debe elaborar una propuesta que sea suscrita por el Organismo Ejecutivo y sometida a la aprobación del Congreso de la República. Es posible que en el Congreso no haya una recepción positiva, debido a que el llamado "pacto de gobernabilidad" entre las bancadas de la GANA, la UNE y el PAN está "suspendido" por la persecución que el MP ha enderezado contra miembros de estos partidos, vinculados a la recepción de dinero sucio procedente de la SAT y de la Contraloría.

Por aparte, el gobierno también pretende captar más recursos por medio de la reactivación del Pacto Fiscal y su puesta en práctica. Esto en el marco del relanzamiento de la paz, propuesta que fue presentada a finales de febrero y que levantó algunas expectativas en la sociedad civil.

El gobierno pretende tratar, en el marco de los Acuerdos de Paz, además del tema fiscal, el Programa Nacional de Resarcimiento, la conformación del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), la aprobación del convenio para crear la Comisión Investigadora sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), la reconversión del Ejército, una estrategia de desarrollo rural y una plataforma indígena de diálogo.

Estos temas han sido impulsados fundamentalmente por el vicepresidente de la República, Eduardo Stein, algunos de sus colaboradores más cercanos y funcionarios como el titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Frank La Rue, debido al bajo perfil que ha mostrado desde el inicio de esta administración el secretario de la Paz, Víctor Montejo. El objetivo supuestamente es dinamizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, retomando temas importantes.

Dentro de este paquete, el tema del Pacto Fiscal resalta sobre los demás, puesto que es estratégico para el nuevo gobierno. Por tal motivo, se ha reconstituido la Comisión de Seguimiento, instancia que estuvo virtualmente anulada durante la gestión de Portillo, debido a falta de voluntad política.

Ahora bien, habría que evaluar hasta dónde llega la voluntad política de este gobierno para afrontar el fuerte compromiso que significa el relanzamiento de la paz. También será necesario observar qué medidas concretas tomará este gobierno para avanzar sustancialmente en el cumplimiento de estos acuerdos. Por el momento, la antigua Comisión de Acompañamiento ha desaparecido y en su lugar funciona, para la transición, una Comisión de Paz integrada, entre otros, por representantes de los sectores académico, pro justicia, sindical, indígena y gubernamental.

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La correlación de fuerzas alrededor del nuevo gobierno:
El regreso del poder tradicional a la conducción del país

Cada vez que el país experimenta cambios, producto de un proceso electoral, se producen, a su vez, modificaciones importantes en dos ámbitos: 1) en la administración y conducción del gobierno y el Estado; y 2) en el espacio de poder real, ya sea entre dos o más fuerzas que luchan por la hegemonía en ese espacio, o a lo interno del grupo hegemónico.

Con la instalación del nuevo gobierno el pasado 14 de enero, estos ámbitos se alteraron sustancialmente respecto de los últimos cuatro años. Por un lado, el aparato estatal experimentó cambios en todos los cuadros más altos de dirigencia, a excepción de aquellos que tienen sus propios mecanismos y tiempos para efectuar reemplazos [3]. Por el otro, es evidente que grupos no partidarios cercanos a Óscar Berger lograron copar el espacio donde se ejerce el poder público, compartiendo tan sólo algunas pequeñas cuotas con los grupos partidarios de la GANA.

Esto provocó un desplazamiento entre bloques de poder. El bloque de poder tradicional, básicamente el sector empresarial, ha retornado a tener influencia en la conducción administrativa del país. El bloque de poder político y económico emergente, vinculado a la corrupción, la narcoactividad y el crimen organizado, que estuvo muy bien posicionado en el gobierno de Portillo, ha salido de la esfera donde se hace gobierno y se ejerce el poder. Pero, no debe darse por anulado. Este poder emergente sigue siendo real, continúa peleando por la impunidad y la protección de sus intereses; y es seguro que agentes suyos permanecen incrustados en la estructura del poder público.

Sin embargo, tan grande fue el daño que provocó al país la armonía de intereses del gobierno de Portillo y del Frente Republicano Guatemalteco con este poder emergente aparentemente desplazado; como igualmente lesiva puede resultar la armonía entre el bloque de poder tradicional con el gobierno de Óscar Berger.

Es un hecho que un control hegemónico del Estado no representa necesariamente lo mejor, pues los esfuerzos no se encaminan por lo regular al bien común, sino a favorecer los intereses del bloque en el poder. Sin duda, esto se convierte en un obstáculo para el desarrollo integral del país y crea condiciones propicias para que se agudicen otros problemas sociales de mayor dimensión (pobreza, condiciones laborales precarias, injusticia social, etc.).

Con el resultado electoral del 2003 y la instalación del nuevo gobierno, el poder tradicional logró copar importantes espacios. Los cargos públicos han sido repartidos, en su mayoría, a grupos no partidarios allegados al Presidente y vinculados al sector empresarial, como se explica a continuación.

Composición del nuevo gobierno

La composición del nuevo gobierno refleja cómo influye el bloque de poder tradicional en el Estado y qué grupos o fuerzas lo conforman internamente.

El caso del actual gobierno es interesante, puesto que a su alrededor orbitan varias fuerzas que, eventualmente, podrían repelerse entre sí y crear complicaciones políticas. Tan sólo el hecho que Óscar Berger y Eduardo Stein hayan alcanzado los altos cargos ejecutivos gracias a la alianza de tres partidos políticos (Partido Patriota, Movimiento Reformador y Partido de Solidaridad Nacional), presenta de entrada un panorama complejo.

Obviamente, cada una de estas organizaciones partidarias tiene su círculo de influencia y sus propios mecanismos de presión. Constituyen la parte más visible, identificable y quizás la menos complicada en la actual estructura de autoridad pública, pues son instituciones políticas que tienen un vínculo más formal con el actual Presidente, aunque, como se verá posteriormente, no por eso fueron mejor dotadas en la repartición de cargos públicos.

Contrario a éstas, existen alrededor de Óscar Berger otros grupos que son menos visibles, no tienen una estructura institucional formal, pero que efectivamente tienen fuerte influencia en la toma de decisiones y son los que en esta ocasión han acaparado prácticamente las cuotas de poder. Esto, principalmente por los compromisos políticos derivados del financiamiento de la campaña electoral.

Con el ánimo de plantear un esquema que haga visible qué grupos se encuentran alrededor de Óscar Berger, y tomando en consideración que toda clasificación resulta arbitraria y sólo tiene el objetivo de ordenar los elementos a partir de ciertos rasgos comunes, se presenta la siguiente gráfica:

Como puede observarse, existen ocho distintas fuerzas, identificables hasta el momento, que orbitan alrededor del presidente Óscar Berger. Sin embargo, esto no quiere decir que cada una de ellas tenga la misma influencia, o que al momento de la distribución de cuotas de poder hayan recibido igual parte. Lo que efectivamente hace notar es la diversidad de grupos que de alguna manera tienen capacidad de influir o tienen un canal directo hacia el Presidente.

¿Cómo circundan estos grupos alrededor de Óscar Berger?

La definición, tanto de las cuotas de poder como de los círculos de influencia del Presidente, depende en gran medida de la distribución de puestos clave.

En la siguiente tabla se resume la distribución que se observaba a febrero del presente año. Con esto se pretende identificar qué grupos han sido los más favorecidos con la entrada del nuevo gobierno. Por lo tanto, los puestos claves más sobresalientes asignados a los distintos grupos son los siguientes:

Grupo	Puestos asignados
Club de París Es como comúnmente se le conoce a un grupo selecto de ex panistas, como Arabella Castro, Luis Flores Asturias y Marco Tulio Sosa. Muy cercano a ellos está Arturo Soto Aguirre.	· Comisionado para mega proyectos · Ministerio de Gobernación · Ministerio de Salud · Registro de la Propiedad · FIS
M-17 Es un grupo de ex panistas y personas que apoyaron directamente a Berger en la campaña electoral del 2003. La figura más reconocida es Eduardo González.	· Secretaría Ejecutiva de la Presidencia · Algunas diputaciones
Sector empresarial Grupo de empresarios de alto nivel, directivos del CACIF y personal técnico-político vinculado a este sector.	· Comisionado contra el hambre · Comisionado por la transparencia · Comisionado para el desarrollo · Comisionado para la modernización del Estado · Ministerio de Economía · SAT · Ministerio de Educación · Ministerio de Finanzas Públicas
Grupo de amigos cercanos a Berger Entre ellos se cuentan: Richard Aitkenhead, Miguel Fernández, Álvaro Aguilar, Alfredo Vila, Roberto González y Eduardo Castillo.	· Comisionado para la inversión y la competitividad · Comisionado para el seguimiento del plan de gobierno · Varias secretarías de la Presidencia · Ministerio de Energía y Minas · Ministerio de Comunicaciones · Ministerio de Agricultura
Movimiento Reformador Son figuras de este grupo: Jorge Briz, Mario Fuentes Destarac, Alfredo Skinner-Klée y Juan Luis Florido, aunque éste último renunció al partido para asumir la Fiscalía General.	· Cancillería · Comisionado para la Reforma del Estado · Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público · Algunas diputaciones
Partido Patriota Sus figuras más conocidas son el general Otto Pérez Molina y la diputada Roxana Baldetti.	· Comisionado presidencial para la Seguridad y la Defensa Nacional · Ministerio de la Defensa (este partido tuvo fuerte influencia en la designación del puesto) · Algunas diputaciones
Partido de Solidaridad Nacional Este partido es dirigido por Ricardo Castillo Sinibaldi.	· Ministerio de Trabajo · Algunas diputaciones
Grupo de Eduardo Stein En este grupo figuran el vicepresidente Stein y Hogo Beteta. Están cerca Edmundo Urrutia y Manuel Salazar Tezagüic, entre otros.	· Vicepresidencia de la República · SEGEPLAN · SAE · Ministerio de Cultura y Deportes
Otros Personas a quienes por el momento no se les asocia directamente con los grupos más cercanos a Berger, pero que tendrán que unir esfuerzos con ellos para realizar su gestión. Figuran aquí Frank La Rue, Víctor Montejo, Rigoberta Menchú, Marta Altolaguirre, entre otros.	· SAAS · COPREDEH · SEPAZ · Ministerio de Medio Ambiente · Vicecancillería de Derechos Humanos y derechos de los migrantes · Embajadora para los Acuerdos de Paz

Partiendo de esta clasificación, los grupos "Club de París", Sector Empresarial, Amigos cercanos a Berger y el de Eduardo Stein son los que han recibido los cargos o funciones más importantes dentro del gobierno. Los tres primeros cuentan con la mayoría de los comisionados presidenciales, a excepción del comisionado para la Reforma del Estado y el Comisionado para la Seguridad y Defensa. El grupo de Eduardo Stein es responsable de instituciones clave, como la propia Vicepresidencia de la República, SEGEPLAN y la SAE.

Cabe destacar que el "Club de París" maneja una cuota de poder alta, pues no sólo está al mando de ministerios de Estado importantes (Gobernación y Salud) sino también de los denominados "mega-proyectos" y el Fondo de Inversión Social (FIS). Manejarán fuertes cantidades de dinero y formas de tener contacto con la población, a través de la ejecución de proyectos.

Por su parte, los espacios otorgados a los partidos Patriota, Solidaridad Nacional y el Movimiento Reformador fueron bien diferenciados: el primero de ellos tiene fuerte influencia en el Congreso de la República y el líder de esta organización, el general Otto Pérez Molina, tiene conexión directa con Berger y Stein y su función de comisionado para la Seguridad y la Defensa es un cargo de importancia estratégica para el actual gobierno[4].

El Partido de Solidaridad Nacional tiene a su cargo el Ministerio de Trabajo, mientras que el Movimiento Reformador obtuvo la Cancillería, la figura del Comisionado Presidencial para la Reforma del Estado, y de mucha importancia, el puesto del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público[5].

El M-17 no obtuvo muchos cargos públicos de gran importancia, aunque el puesto asignado a su integrante más representativo, Eduardo González, tiene un carácter estratégico de primera línea: la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República. Además, González tejió una buena relación amical con el Presidente y esto le proporciona una significativa cuota de poder.

Por último, el grupo denominado "otros" incluye a personajes que llegaron a los cargos por sus características técnicas y su trayectoria personal, y no por responder a una militancia partidaria o por tener vínculos con algún grupo en específico. En esta categoría se encuentran los titulares de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros.

Es interesante observar que los grupos no son rígidos o cerrados. En ocasiones, los miembros de un grupo también pertenecen a otros, por lo que su presencia en el espectro de poder se duplica o triplica. Tal es el caso de Jorge Briz Abularach, quien claramente forma parte del MR, pero también es amigo cercano al Presidente y tiene vínculos estrechos con la cúpula empresarial, pues por varios años fue Presidente de la Cámara de Comercio. De igual forma puede citarse a Richard Aitkenhead y a Miguel Fernández, quienes son amigos cercanos al Presidente, pero a la vez tienen fuertes vínculos con el sector empresarial y con el grupo de Eduardo Stein.

Como ya se indicó, la cercanía de cada grupo depende en gran medida de la cuota de poder asignada. Por esto, no todos estos grupos son igualmente cercanos al presidente Berger, a pesar de que cada uno, efectivamente, tiene línea directa con él. En este sentido, la siguiente gráfica busca identificar qué grupos se encuentran en primera, segunda o tercera línea del mandatario.

Como se aprecia en el gráfico anterior, cuatro fuerzas o grupos se encuentran en el primer círculo de influencia del presidente Berger y coincidentemente son los mismos que han recibido mayores cuotas de poder que los demás. En términos de funcionamiento del gobierno, esto puede ser contraproducente si los grupos llegan a confrontarse, ya que al momento de la toma de decisiones debe arribarse a consensos, de lo contrario, puede generar inestabilidad interna en este bloque.

En segunda línea aparece el Partido Patriota, principalmente por el rol tan importante que tiene su líder, Otto Pérez Molina, en esta correlación de fuerzas. Igualmente, el M-17 con su representante Eduardo González, aunque ya se dijo que este personaje está de hecho posicionado, por sí mismo, en el primer círculo. Por último, en una tercera línea se encuentran los dos partidos políticos restantes -MR y PSN- y el grupo denominado "Otros".

¿Qué refleja esta correlación de fuerzas?

Al observar los círculos de influencia en el cuadro anterior, se percibe de inmediato que con el arribo de Óscar Berger a la Presidencia de la República, se concreta el retorno de la cúpula del sector empresarial al manejo y administración del gobierno. Al momento de ocupar posiciones estratégicas a ese nivel, este poder tradicional gana espacios importantes en el ejercicio del poder público y ya no es solamente un bloque de poder como tal.

No obstante, el hecho de que existan alrededor de Berger ocho grupos distintos, cuatro de ellos en primera línea, deja entrever que el nuevo mandatario tendrá la necesidad de mantener un constante equilibrio que le permita trabajar con cierta comodidad. De lo contrario, si los distintos grupos pretenden seguir agendas propias, puede generarse una serie de conflictos internos que no beneficiarían en nada la gestión de esta administración.

Finalmente, preocupa sobremanera la figura de los comisionados presidenciales porque, además de que pueden engordar al Estado con más burocracia, el éxito de su función depende de que exista voluntad política en el ambiente, principalmente por parte de los ministros de Estado, para poder realizar la labor de coordinación que les fue encomendada. Como se sabe, los comisionados están destinados a tener una jerarquía política mayor que los propios ministros, pero no en la esfera de lo formal porque son figuras nuevas que no están contempladas en la Constitución Política de la República ni en las leyes ordinarias.

Si los comisionados en algún momento llegaran a imponer sus criterios a los ministros y otros funcionarios con nombramiento legalmente establecido, se podría crear no sólo una crisis de gabinete, sino también una situación de carácter extra legal y extra constitucional que causaría daños más profundos que la mera inquina interna.

Guatemala, marzo de 2004
Fundación Myrna Mack

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Notas:

[1] Dubón Palma huyó del país el 2 de marzo. Al día siguiente fue capturado en Nicaragua y repatriado a Guatemala. Ahora guarda prisión en el Preventivo de la zona 18. Abadío, por su lado, abandonó el país en febrero y tiene orden de captura internacional en su contra.[Volver]

[2] Pese a que siempre aseguró no temer a los tribunales, el ex presidente Portillo huyó del país hacia México a principios de febrero.[Volver]

[3] No obstante que es complicado destituir y reemplazar a funcionarios con mandato constitucional especial y específico, ya se ha visto que se logró la salida del Fiscal General y del Contralor de Cuentas.[Volver]

[4] Pérez Molina no controla de manera absoluta las estructuras de seguridad y defensa, pero todo indica que sigue en la pugna por ampliar sus influencias en esas y otras esferas. De él se dice que sería el primero que eventualmente rompería con el actual gobierno, si así resulta mejor para sus aspiraciones presidenciales.[Volver]

[5] Juan Luis Florido afirma que renunció a su militancia partidaria antes de asumir el cargo. En todo caso, su designación no es más que el resultado de haber formado parte del MR y de la GANA, pues ello le valió ser miembro del círculo más o menos cercano al mandatario.[Volver]

DDHH en Guatemala

Este documento ha sido publicado el 11abr04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights