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26sep07

Ante la ejecución extrajudicial de cinco personas por parte de la Policía Nacional

Ante la reciente captura ilegal y posterior ejecución extrajudicial de cinco personas, hechos atribuidos a agentes de la Policía Nacional Civil, la Fundación Myrna Mack plantea las siguientes consideraciones:

  • 1. Este nuevo hecho de violencia fraguado en el seno de la institución policial constituye, sin duda alguna, una múltiple violación de derechos humanos, abuso de autoridad y uso ilegal de equipo, uniformes, insignias y recursos de la PNC, que no puede pasar inadvertido para las autoridades de la institución policial y del Ministerio de Gobernación. Obviamente, tampoco para los órganos de justicia. Si bien hay información de que las víctimas de esta acción policial estaban involucrados en actividades delictivas, de ninguna manera se justifica el comportamiento ilegal y clandestino de la PNC.

  • 2. La ministra Adela de Torrebiarte debe mostrar un alto grado de firmeza en el manejo de esta nueva crisis en el sector seguridad. Esto implica que debe impulsar, sin titubeos, una exhaustiva investigación interna que abarque incluso al director general de la PNC, Julio Hernández Chávez, en virtud de que los agentes sindicados estaban asignados a su despacho.

  • 3. No debe ejercer autoridad una persona que, en apariencia, ignora o no combate el carácter criminal de algunas personas que trabajan en su entorno. De suerte que, por responsabilidad política en el ejercicio del cargo, el Director General de la PNC debe ser inmediatamente separado de su puesto y sometido a investigación por parte del Ministerio Público. Sin dejar de lado, por supuesto, a otros jefes y estructuras policiales que resulten con responsabilidad directa e indirecta en las referidas ejecuciones extrajudiciales.

  • 4. Es indignante e intolerable que sigan ocurriendo hechos criminales que colocan a la institución responsable de la seguridad y el orden público en una situación de penetración criminal que no cesa, simplemente porque el Estado no tiene capacidad para evitarlo; o no realiza los esfuerzos del caso para cambiar significativamente esa realidad institucional.

  • 5. La investigación del Ministerio Público debe esclarecer si este comportamiento perverso obedece a actividades planificadas por estructuras policiales a raíz de que existe una decisión institucional; o si los agentes aprovechan su posición de autoridad para realizar "encargos" de orden personal al estilo de sicarios, al servicio de quien puede pagarles. Y debe determinarse la participación, complicidad y encubrimiento de quienes ejercen jefaturas en la PNC.

  • 6. Estos nuevos hechos dejan claro que los esfuerzos de depuración y reestructuración que se iniciaron con el cambio de autoridades (luego del escándalo desatado en febrero pasado, cuando una célula de la División de Investigación Criminal de la PNC asesinó a cuatro ciudadanos salvadores, tres de ellos diputados al Parlamento Centroamericano), no han sido suficientes y que es preciso tomar decisiones más drásticas. De lo contrario, el Estado y las autoridades sectoriales se colocan en situación de cómplices o encubridores, o fuerzas que fomentan por acción u omisión este tipo de comportamientos institucionales perversos.
Guatemala, 26 de septiembre de 2007
Fundación Myrna Mack
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small logoThis document has been published on 27Sep07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.