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25ago17
Gobierno se queja ante ONU de Velásquez
El retiro de inmunidad al gobernante es importante para que continúe la investigación sobre financiamiento no reportado por el partido de gobierno al TSE durante la campaña de 2015, en la cual Morales fue candidato presidencial y, en su calidad de secretario general de la organización, lo hace responsable ante la ley.
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, dijo que Morales habría incurrido en actuaciones ilegales como secretario general del partido por haber recibido recursos y no declararlos.
FCN Nación incumplió con la rendición de cuentas ante el TSE durante el periodo del 1 de enero del 2015 al 9 de enero de 2016.
El TSE solicitó revisión de soportes contables y documentación de ingresos y gastos con una notificación a la entonces contadora del partido, Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso, pero "nunca fueron atendidas", refirió la Cicig.
Cuentas financieras
Iván Veláquez explicó los hallazgos del TSE y la IVE sobre transacciones anómalas en dos cuentas bancarias en las que se estableció que Q1 millón 862 mil 206 y otra de gastos permanentes Q473 mil 45, que no fueron reportados por FCN-Nación.
El comisionado también refirió que para la segunda vuelta de FCN-Nación, en octubre de 2015, los gastos de campaña alcanzaban los Q4 millones 386 mil, de los cuales se deconoce el origen de los recursos de ese "incremento constante". A esos Q4 millones se suman como mínimo Q2 millones 335 mil 20.52 que correspondieron a los depósitos dinerarios, que suman Q6 millones 721 mil 252.
Ante esos reportes que fueron ocultados al TSE, el secretario general, en ese entonces Jimmy Morales como representante legal de FCN-Nación, "impidió al Tribunal Supremo Electoral y a la ciudadanía" conocer la identidad de los financistas, dijo Velásquez.
Jimmy Morales habría incurrido en el delito de financiamiento anónimo, tipificado en el Código Penal en el numeral 407, literal N.
Vínculos con Sinibaldi
Otros gastos que deben ser investigados son los relacionados con el uso del helicóptero vinculado al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, declaró Velásquez.
El Ministerio Público presentó imágenes en la que se ve que Jimmy Morales y Jafeth Cabrera se trasladaban en un helicóptero matricula TG-ANM durante la campaña de 2015. El monto del arrendamiento del helicóptero era en su momento de Q175 mil 206.59.
"El partido FCN-Nación no aclaró los gastos en los que incurrió en la logística para el día de elecciones", que incluyó el transporte para fiscales de mesa del partido, la alimentación de simpatizantes y fiscales del partido, y movilización de simpatizantes, por lo que debe ser objeto de investigación.
FCN Nación mezcló fondos de cuentas de campaña y gastos permanentes, según el informe del TSE.
El hallazgo del TSE permitió establecer que existían aportes a la campaña de 2015 de personas no registradas como financistas, entre ellas Rafael Díaz Samos y Jesús García Ibañez, socios fundadores de la compañía Constructores de Obras Civiles S. A. (Cocisa), implicada en otros casos en los que el prófugo exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, obtenía comisiones al ser beneficiada con contratos en el Estado.
"Los plazos de rendición de informes se hallaban más que vencidos y no fueron admitidos ni examinados por el TSE", determinó la investigación de Cicig y el MP, por lo que se habría incurrido en "el delito de financiamiento electoral ilícito, por causa de aportes anónimos".
"Durante la campaña, registros ponen en duda la veracidad de lo reportado tardíamente" por FCN-Nación. Se pretendió reconstruir la contabilidad solo para ese reporte que FCN-Nación presentó, ya en un plazo vencido, reiteró el comisionado Velásquez.
Varios indicios como los anteriores, permiten suponer la comisión de hechos ilícitos por parte del secretario general de FCN-Nación, en ese entonces Jimmy Morales, puntualizó Iván Velásquez.
Confianza
La bancada del partido FCN-Nación se pronunció sobre la solicitud de antejuicio contra el mandatario Morales, asegurando que confía en las instituciones de justicia.
"Confiamos en nuestras instituciones de derecho, que cada una cumplirá con el rol que la ley le ha asignado y sobre todo en el respeto a las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia", dice el comunicado.
Además, la bancada menciona que la mayor justificación del derecho de antejuicio del que goza un servidor público es "para que no pueda ser encausado criminalmente con base en imputaciones falsas o venganzas políticas o personales".
[Fuente: Por Beatriz Tercero, Prensa Libre, Guatemala, 25ago17]
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