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31jul07

En juego papel del Congreso en la consolidación del Estado Democrático de Derecho

Con la reanudación de las sesiones parlamentarias, el pleno del Congreso de la República reasumirá la discusión sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Debido a que el tema ha provocado todo tipo de escándalos, y ante la incierta actitud que han mostrado los congresistas, la Fundación Myrna Mack plantea las siguientes reflexiones:

  • 1. El Congreso de la República ha abordado el tema de la CICIG con una doble moral. Partidos políticos, dirigentes, candidatos presidenciales y diputados se han comprometido públicamente a aprobar el Acuerdo suscrito por el Gobierno de Guatemala y la ONU, pero en el pleno se han decantado por la obstrucción y la indiferencia. El bloque del FRG y algunos diputados de diverso signo partidario (UNE, PAN, MR, UCN y UD, entre otros) han emprendido una cruzada contra la CICIG, argumentando que ésta contraviene la Constitución. Con dicho argumento, confrontan la opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuya resolución sostiene que dicho Acuerdo es constitucional.

  • 2. Esa posición se enriquece con el rechazo del Partido Unionista y con las actitudes de indiferencia y desinterés de otras bancadas, como la oficialista GANA, cuyos diputados han eludido presentar una posición pública contundente, han escamoteado el debate y han abandonado el tema. Los bloques de izquierda tampoco han hecho sentir, con suficiente fuerza, su respaldo a la iniciativa.

  • 3. Agazapadas en ese contexto amorfo y nebuloso, hay personas que representan los intereses de cabecillas, mandos medios y cuadros operativos del poder oculto y sus estructuras clandestinas que generan violencia con impacto político. Estos salen fortalecidos en la medida que los partidos políticos y sus diputados titubean, se muestran inestables o practican la obstrucción parlamentaria contra la CICIG. Esto consolida una tendencia de encubrimiento, protección y fomento al crimen, desde el seno mismo de las instituciones del Estado. Si el Congreso no aprueba la CICIG, automáticamente favorece a los grupos que utilizan el poder público para actuar impunemente.

  • 4. En el Congreso abundan ejemplos de cómo opera este bloqueo sistemático en la agenda de justicia y seguridad: crearon la DIGICI y el INACIF pero no otorgaron un presupuesto adecuado; y han retrasado la aprobación de iniciativas como la Ley de Adopciones, las reformas a la Ley de Amparo, la conformación del Sistema Nacional de Seguridad y los proyectos de Ley de Servicios de Seguridad Privada y de Control de Armas y Municiones. Hay una clara inclinación a posponer la creación de herramientas necesarias en la lucha contra la impunidad.

  • 5. A eso se suma la presencia en el pleno de diputados que están bajo sospecha y contra quienes se ha intentado o se intenta abrir investigaciones por contrabando, robo de combustible, vinculación con estructuras de violencia política, grupos de sicarios y bandas de narcotraficantes. También hay ciertos personajes, también bajo sospecha, que están ubicados en cargos de dirección nacional en partidos políticos, desde donde influyen directamente en el manejo de algunas instituciones, entre ellas el Congreso. Los medios de comunicación han publicado profusas noticias al respecto.

  • 6. El debate político sobre la CICIG quedó aprisionado en el convulso proceso electoral. En consecuencia, las discusiones han estado restringidas a enconadas posiciones que no dejan espacio a la sana crítica y a la adecuada valoración del aporte que podría traer la CICIG a los esfuerzos nacionales en materia de: lucha contra la impunidad, depuración de las instituciones, fortalecimiento técnico de los órganos de la justicia y la seguridad, y definición de políticas públicas que con certeza promuevan el combate sostenido de la violencia y la criminalidad.

  • 7. La tarea de revertir las tendencias de la inseguridad y el avance de la delincuencia organizada en los distintos ámbitos de la vida nacional no depende sólo de la ejecución de operativos para desmantelar estructuras y capturar a los responsables materiales e intelectuales, enjuiciarlos y sancionarlos. La situación ha llegado a tal extremo que es preciso tomar medidas que frenen la intensa, continuada y muy avanzada penetración que los grupos criminales han alcanzado en casi toda la institucionalidad del país, pues por esa vía conquistan paulatinamente espacios en el ejercicio del poder público. Con la elección de nuevas autoridades, las posibilidades de consolidar esa penetración se incrementan, pues estos grupos cuentan con la fuerza económica que les permite financiar o imponer candidaturas.

  • 8. La pobreza del debate se deriva también de que hay sectores ciudadanos que rechazan la CICIG, por desconocimiento y/o por una mera animadversión ideológica. Ésta es una iniciativa democrática, sin sesgos radicales ni dedicatorias políticas expresas. Su objetivo es ayudar al Estado a emprender una batalla integral contra las estructuras criminales que, con poder de fuego y mucha fuerza económica, atentan contra la vida de personas que desde el sector público o el privado, o desde el ámbito de la sociedad civil, impulsan propuestas que constituyen una amenaza a sus intereses. En este punto, es importante subrayar que, si bien no todos los que se oponen a la CICIG tienen vinculaciones de orden criminal, sus actuaciones favorecen -sin duda alguna- a quienes sí tienen el malévolo objetivo de obstruir la lucha contra la impunidad.

  • 9. La aprobación de la CICIG es pertinente, conveniente y necesaria, pues su implementación abrirá espacios para emprender rutas de investigación y análisis del fenómeno de la violencia y la criminalidad; definir estrategias de erradicación, crear políticas públicas que fortalezcan a las instituciones, generar un compromiso estatal irreversible con la depuración y la aplicación de sanciones administrativas, así como impulsar procesos penales ejemplares, especialmente contra funcionarios y agentes que hayan sido infectados por estos comportamientos criminales.

  • 10. Preocupa sobremanera que los opositores a la CICIG desarrollen su estrategia a partir de argumentos falaces y de una descalificación a la CC. Esto contamina el debate y crea bases falsas para la discusión. Lo peor, en lo que respecta a la CC, es que podría representar el inicio de comportamientos similares que sitúen en un contexto de inestabilidad y tensión al único tribunal facultado para interpretar la Constitución.

  • 11. La CICIG no contraviene la Constitución, tampoco daña la soberanía nacional, ni atenta contra la autonomía del Ministerio Público. Su contenido no presenta estos riesgos y su implementación no requeriría ajustes legislativos, por cuanto el orden jurídico interno ya establece procedimientos a utilizar para que la Constitución, las leyes ordinarias

    y el Acuerdo de la CICIG se conjuguen de manera armoniosa, sin crear alteraciones de orden legal y constitucional.

  • 12. El Congreso afronta una dura prueba de orden político: la votación en el pleno enviará a la ciudadanía un mensaje claro sobre qué tan firme es el compromiso del Organismo Legislativo, los partidos políticos y las personas que lo integran, con el clamor ciudadano por la justicia y la seguridad. Los diputados deberán demostrar qué tanta voluntad tienen para luchar contra la impunidad, o cuan grande es la influencia que tienen los grupos que fomentan la violencia, el crimen y el comportamiento perverso de las instituciones. Está en juego el papel central del Congreso de la República en el proceso de consolidación del Estado Democrático de Derecho.
Guatemala, 31 de julio de 2007
Fundación Myrna Mack
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