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Sep04
El Caso Chixoy demanda firmeza por parte del Estado.
Aunque el Gobierno de la República logró poner fin a la toma de la planta hidroeléctrica Chixoy, mediante un acuerdo suscrito con los representantes de un grupo de campesinos que permaneció en las afueras de dichas instalaciones durante más de 24 horas, es imposible pensar que se terminó el conflicto, gracias a un arreglo que garantice la impunidad de los ocupantes.
Si tal se hiciera se sentaría un imperdonable precedente, porque no sólo se incursionó en un área desde donde se produce uno de los servicios esenciales que presta el Estado, sino se cometieron delitos de acción pública, como el hecho de mantener en calidad de rehenes a algunos empleados de la planta.
Es de congratularse que se hubiese alcanzado un convenio pacífico, porque ello desactivó una potencial crisis adicional a las que vive el país en diversos órdenes. Pero el Ministerio Público (MP) no puede hacerse de la vista gorda ante la gravedad de una acción con la cual evidentemente se allanó una propiedad pública y se puso en riesgo un servicio esencial.
No puede, ante el peso de los hechos, esgrimir ahora que no puede actuar de oficio, así como tampoco puede asumir una conducta condescendiente hacia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, si éstas no se apegan a la legalidad. Su deber es investigar, recabar pruebas y llevar a los presuntos instigadores ante los tribunales, hasta deducirles las responsabilidades a que se hicieron acreedores.
Debe prestarse mucha atención a las versiones que han denunciado la presencia de un supuesto funcionario de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (Minugua) entre los cabecillas de la ocupación, así como de la participación de extranjeros en todo el movimiento. De comprobarse su involucramiento, también deberán ser sometidos a juicio.
En cuanto al presidente Óscar Berger, debe recordar en todo momento y en todos los actos incurridos con motivo de su mandato, que la observancia de los principios y el respeto a los valores son elementos fundamentales para la credibilidad de un gobierno. Por ende, ningún acuerdo, por necesario que parezca, puede asumirse pasando por encima del régimen jurídico.
Eso le obliga a adoptar actitudes muy firmes a la hora de sentarse a negociar con grupos que no dudan en colocarse al margen de la legalidad. El diálogo es positivo, saludable y necesario, pero sin que sus resultados impliquen menoscabo del Estado de Derecho.
Berger no puede asumir actitudes complacientes hacia quienes se han dado a la tarea de perturbar el orden social. Hace un par de semanas fueron las ex PAC; la semana anterior fueron los ocupantes de la finca Nueva Linda, y en lo que va de la presente, además de la toma de Chixoy, ocurrieron serios disturbios en Poptún.
Por la tranquilidad colectiva, los grupos de provocadores deben abstenerse de seguir en esa conducta reprochable; y el Estado, hacer uso de los recursos a su alcance para restablecer el orden. El siguiente paso puede ser la anarquía total.
[Fuente: Siglo Veintiuno - sep04]
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