15jul03

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Ante el Golpe técnico a la Constitución el repudio y consternación son las reacciones.

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El repudio y consternación son las reacciones comunes de los guatemaltecos, que consideran que la institucionalidad del país fue rota, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó al general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, para que participe como candidato presidencial, a pesar de una prohibición constitucional.

Asociaciones gremiales, juristas y diversos sectores de la sociedad civil calificaron la actitud de cuatro, de los siete magistrados de la CC, que conocieron el caso, como nefasta, vergonzosa y traicionera, acción que se traduce en un golpe de estado técnico y como el inicio de un período de facto.

Gabriel Medrano, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Roberto Molina, del Centro para la defensa de la Constitución (Cedecón), miembros de la iniciativa privada, de organizaciones sociales y expertos constitucionalistas, condenaron la resolución de la Corte, pues fortalece la impunidad y expresa el deterioro institucional del país.

Los guatemaltecos se deben preparar, porque hoy más que nunca el riesgo de fraude electoral es mayor, ya que la decisión de la CC evidencia la falta de transparencia en Guatemala y pierde la esperanza de que haya una verdadera democracia, expresaron los expertos juristas.

Medrano indicó que el fallo es contrario a los antecedentes jurídicos que se dieron en torno a ese caso, pues el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), negaron la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial, basándose en el Artículo 186 de la Carta Magna.

Roberto Molina, del Cedecón, reiteró que el veredicto, dictado la noche del lunes, es un duro y serio golpe a la institucionalidad del país que atenta contra la Constitución y agregó que queda en manos del TSE la decisión a tomar, pues nadie está obligado a hacer algo que contradiga la ley.

El proceso de inscripción del general inició en el Registro de Ciudadanos, en donde se le negó su participación como presidenciable, debido a su condición de caudillo y golpista, pues fue jefe de la junta de gobierno militar, que derrocó al régimen de Romeo Lucas García, por medio de un golpe de estado el 23 de marzo de 1982, delito tipificado en el Artículo 186 de la Carta Magna.

Además, el TSE y la CSJ se pronunciaron en contra de la candidatura del general, por lo que sus abogados decidieron interponer un recurso de amparo ante la CC, ultima fase jurisdiccional agotada y cuya resolución favoreció al general Ríos Montt.

Los magistrados que votaron a favor de Ríos Montt, fueron Mario Ruiz Wong, presidente de la CC; Cipriano Soto; Manuel de Jesús Flores y Francisco Palomo, todos señalados desde su nombramiento como afines al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido oficial, así como de confabular políticamente a favor del general.

Por su parte, Francisco Flores, Rodolfo Rohrmoser y Enrique Reynoso Gil, se pronunciaron en contra de la inscripción y aseguraron que la sentencia dictada ha violentado groseramente el principio de supremacía constitucional.

[Fuente: Cerigua, Guatemala, 15jul03]

Este documento ha sido publicado el 27jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights