25jul03

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La CDHG condena los hechos de violencia ocurridos los días 24 y 25 de julio.

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La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala -CDHG- manifiesta su más enérgica condena a los hechos de violencia suscitados en la ciudad capital los días 24 y 25 de Julio, y que como consecuencia provocaron la privación ilegal de la libertad de más de 700 personas trabajadoras, las agresiones a transeúntes, contra el reportero gráfico de el Periódico, JUAN CARLOS TORRES, y las amenazas a los reporteros de Prensa Libre MARIO LINARES y DANIEL HERRERA y la muerte del periodista de Noti 7, HéCTOR RAMíREZ (61).

Las evidencias que en éstos hechos participaron dirigentes e integrantes del Frente Republicano Guatemalteco dejan claro que el clima de polarización social se agrava y que las acciones intimidatorias son parte de una estrategia llevada a la práctica que tiene el objetivo de fomentar la confrontación, el miedo, el temor y la angustia de la sociedad guatemalteca; no fortalecen el Estado de Derecho y contravienen lo estipulado en instrumentos internacionales, la legislación nacional y los Acuerdos de Paz.

Los hechos acontecidos violan flagrantemente principios fundamentales estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Estado de Guatemala es signataria, y por ende tiene la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir. Por lo tanto, la CDHG denuncia que se han violado los artículos 3, 9, 13, 19 y 29 de la Declaración Universal que protegen los derechos a la vida, la libertad, la seguridad, la libertad de locomoción, la libertad de opinión y expresión; y los deberes respecto a la comunidad.

También vulnera el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en el punto 1, referente al Compromiso general con los derechos humanos, el Compromiso en contra de la impunidad, el compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos: regulación de la portación de armas y las garantías para las libertades de asociación y de movimiento.

Manifestamos nuestra preocupación porque durante los hechos violentos la Policía Nacional Civil tuvo una escasa respuestas para garantizar el orden público, lo que puede justificar la militarización de la seguridad interna.

Hacemos un llamado a las autoridades de Gobierno para que garanticen la seguridad de la ciudadanía en general y en especial de periodistas y medios de comunicación. Asimismo que las instancias encargadas de la aplicación de justicia realicen las investigaciones correspondientes para que los responsables intelectuales y materiales de los hechos sean castigados.

Pedimos al Tribunal Supremo Electoral una sanción al partido Frente Republicano Guatemalteco por no acatar lo establecido en el Art. 22 de la Ley Electoral, inciso d) que establece como obligación de las agrupaciones políticas el "desarrollar sus actividades de proselitismo, formación ideológica, captación de recursos y de participación en los procesos electorales, conforme a la ley y con apego a los principios que sustentan;"

"POR EL DERECHO DE UN PUEBLO A VIVIR"
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)
Ciudad de Guatemala 25 de Julio de 2003.

Este documento ha sido publicado el 26jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights