16feb03
Emplazamiento al estado para resolver la crisis del sistema penitenciario.
Ante la crisis que afecta al Sistema Penitenciario del país y con profunda preocupación por los sucesos violentos en los centros penales que cobraron la vida de varias personas, las organizaciones del Movimiento Pro Justicia presentamos públicamente un emplazamiento al Estado de Guatemala para que afronte y resuelva, de manera integral e inmediata, los problemas que por largos años se han acumulado.
Condenamos que después de la masacre ocurrida en el Centro Preventivo de la zona 18, las autoridades administrativas, judiciales y policiales no hayan reaccionado como corresponde ante este desafío de los reos que han tomado el mando en los centros penales.
No ejecutaron medidas de prevención, pese a que los sucesos violentos acaecidos en diciembre del 2002 en Pavoncito, fueron una especie de preludio de que acciones similares podrían ocurrir en otros centros penales. No retomaron el control de los penales, por el contrario, cedieron a las exigencias de los reclusos que manejan el poder interno y fortalecieron ese mandato fáctico.
Tenemos información de que el responsable de seguridad del Sistema es un militar retirado, que actúa en forma discrecional e ilegal, como cuando tomó decisiones relativas al traslado de cuatro reos militares que están bajo custodia en el Preventivo de la zona 18. Por su actuación discrecional e ilegal, este funcionario debe ser sometido a proceso penal.
Motivos del emplazamiento al Estado en general:
El Sistema Penitenciario se ha caracterizado por la falta de una legislación adecuada. Esta carencia provoca arbitrariedad, corrupción e impunidad para funcionarios y reclusos que incurren en comportamientos criminales. Por eso las cárceles, en lugar de funcionar como centros de rehabilitación, fomentan:
Prostitución; Extorsiones; Hacinamiento; Tráfico de drogas; Trasiego de armas; Sistema de privilegios; Ingreso de artículos prohibidos; Discrecionalidad en la función penitenciaria; Delegación del control administrativo y de seguridad a grupos de reclusos que manejan un poder hegemónico interno.
Históricamente, las autoridades penitenciarias han cedido el control interno de los centros a los reclusos, en especial a aquellos que ejercen poder con base en la violencia, el terror, la extorsión y el hostigamiento. Esto constituye un incumplimiento de deberes por parte de las autoridades del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación.
El Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo han fallado al no aprobar la nueva Ley del Sistema Penitenciario y al no proveerlo del presupuesto necesario para funcionar, invertir en infraestructura, mejorar salarios y capacitar al personal.
En consecuencia, no existe la Carrera Penitenciaria, un elemento necesario y urgente para regular el ingreso, la selección, la formación, la capacitación y la especialización de las personas que trabajan en los puestos claves del Sistema.
Con esto no sólo se causa una mayor debilidad a las instituciones carcelarias, sino también se incurre en violación de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ordena que el personal a cargo de los presidios está debidamente especializado.
Emplazamientos específicos.
A la Directora del Sistema Penitenciario, la instamos a que ejerza su autoridad, retome el control de la estructura a su cargo y depure del servicio a todo el personal que esté involucrado en la planificación de fugas y motines, y en el fomento de la criminalidad al interior de los centros penitenciarios.
Le exigimos que tome las acciones administrativas y penales necesarias para someter a la justicia a los funcionarios y guardias que desatienden sus instrucciones y fomentan, entre otros, el trasiego de armas y el tráfico de drogas.
Reconocemos que algunos esfuerzos se han realizado para cambiar la situación imperante en las cárceles, como la puesta en marcha de la Escuela Penitenciaria.
Al Ministro de Gobernación, le exigimos que brinde el respaldo necesario a la Directora del Sistema Penitenciario, que gestione los recursos necesarios y tome acciones drásticas e inmediatas para afrontar la crisis actual.
Le recordamos al Ministro que él participó en la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario, de cuyos diagnósticos resultaron una serie de recomendaciones que hasta la fecha no han sido atendidas, y que podrían haber reducido las posibilidades de esta crisis.
Al Fiscal General de la República, que instruya al equipo de la fiscalía para que realicen investigaciones criminales serias e independientes, a fin de esclarecer el origen de los motines en Pavoncito y en el Preventivo de la zona 18; procesen a los responsables del asesinato de los reclusos y a los funcionarios que participaron como cómplices o encubridores.
Al Congreso de la República, que incluya en la agenda legislativa la aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario y realice debates serios acerca de cómo este Organismo puede contribuir a solventar la crisis actual; y que reflexione sobre la necesidad de aprobar mayores recursos financieros para esta estructura estatal.
Al Ministro de Finanzas Públicas, que revise los renglones presupuestarios para dar un mejor tratamiento al Sistema Penitenciario en la distribución de recursos.
Al Presidente de la República, demandamos girar instrucciones para que se genere una política pública integral en el tema penitenciario.
Guatemala, 16 de febrero de 2003.
Fundación Myrna Mack.
Este documento ha sido publicado el 19feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights