13feb03
El Estado de Guatemala cedió a los criminales el control del sistema penitenciario.
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos públicamente que el Estado de Guatemala ha cedido a los criminales el control y el manejo de la seguridad en las cárceles del Sistema Penitenciario.
Deploramos los hechos de violencia ocurridos ayer en el Centro Preventivo de la zona 18, porque, al igual que ocurrió en el motín reportado en Pavoncito el 23 de diciembre del año pasado, constituyen evidencias irrefutables de que el Estado no tiene control sobre las cárceles del país.
Tenemos información de que algunos oficiales militares retirados, tanto aquellos que trabajan en estructuras de seguridad del Estado como los que presuntamente hacen vida privada, mantienen una constante presión sobre las autoridades civiles encargadas del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. El objetivo de estas presiones es ejercer poder y beneficiar a sus colegas militares que, por diversos delitos, están bajo custodia del Sistema Penitenciario o afrontan procesos penales.
Esta es una muestra de que los militares no sólo tratan de ejercer poder y control, sino que están haciendo todo lo que está a su alcance para burlar el principio de legalidad, que es la columna fundamental del Estado de Derecho. Si continúan teniendo éxito en sus pretensiones generarán más impunidad en casos judiciales concretos, al mismo tiempo que violentan el principio de legalidad y con ello vulneran el Estado de Derecho.
Mencionamos lo anterior, pues sabemos que ayer ejercieron presiones sobre autoridades penitenciarias para que los militares enjuiciados por el caso Myrna Mack fuesen trasladados a un cuartel militar. A todas luces, al darse este traslado, las autoridades penitenciarias actuaron de manera arbitraria y coadyuvaron a violentar el principio de legalidad, pues estas disposiciones sólo pueden ser ordenadas por el juzgado, tribunal o sala que conoce de la causa. Las autoridades penitenciarias no están facultadas para actuar en este sentido.
Los criminales han sobrepasado la capacidad de las autoridades y hoy ejercen un dominio total sobre las instalaciones penitenciarias y sobre la población reclusa, la cual está sometida a operaciones de corrupción así como a tratos crueles, inhumanos y degradantes que aplican los grupos delincuenciales que ejercen el control hegemónico en los centros carcelarios.
Por aparte, lamentamos la pérdida de vidas humanas que constituye, a fin de cuentas, el resultado de que el Estado no es capaz ni tiene voluntad de proveer seguridad a los guatemaltecos.
Afirmamos que los incidentes violentos ocurridos ayer en la zona 18 pudieron ser evitados y prevenidos, puesto que el motín en Pavoncito fue una especie de anuncio de que hechos similares podrían reportarse en otros centros penitenciarios. Y las autoridades no hicieron absolutamente nada para retomar el control en todas las cárceles.
Recordamos que el Consejo Asesor del Sistema Penitenciario, creado a raíz de la fuga masiva de 78 reos en el año 2001, concluyó su trabajo haciendo una serie de recomendaciones del orden administrativo para evitar hechos como estos. Ninguna de esas recomendaciones ha sido implementada ni cumplida, a pesar de que la gran mayoría de ellas no requiere de inversión presupuestaria, sino tan sólo de voluntad política y claridad en el concepto de una política pública criminal que incluya al Sistema Penitenciario.
Finalmente, exigimos al Estado de Guatemala que tome las medidas necesarias para recuperar el control de las cárceles, en un marco democrático; que provea seguridad a la población reclusa e instruya a las autoridades penitenciarias para que defiendan, como corresponde, el principio de legalidad.
Guatemala, 13 de febrero de 2003.
Fundación Myrna Mack; Fundación Rigoberta Menchú; CONADEHGUA; CALDH; ODHAG y Grupo de Apoyo Mutuo
Este documento ha sido publicado el 19feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights