11mar05
La conflictividad social y la confrontación política ponen en riesgo la gobernabilidad.
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I. Introducción
El 2005 inició con un ambiente de conflictividad y confrontación entre diversos grupos sociales y entre algunos de éstos y el gobierno, situación que podría encaminar al país a afrontar -en el corto plazo- un déficit significativo de gobernabilidad, cosa nada conveniente para el proceso de construcción democrática y de fortalecimiento de un Estado Democrático de Derecho.
Durante el 2004 y en lo que va de este año, la sociedad guatemalteca ha presenciado hechos de violencia en distintos puntos del territorio nacional, provocados por conflictos que no han sido solventados adecuadamente y en los que no ha habido una intervención eficiente de las autoridades. Además, ha quedado en evidencia la ausencia de diálogo, la falta de voluntad y de responsabilidad políticas para abrir espacios de esa naturaleza; así como la aplicación de un Estado de Derecho a la medida de grupos influyentes en el aparato estatal y con un poder real en el país.
La desatención de la conflictividad social crea condiciones propicias para la confrontación, pone en alto riesgo la gobernabilidad del país y erosiona el frágil proceso de construcción democrática, al punto de sentar serias dudas sobre el tipo de democracia que actualmente funciona y el concepto del Estado de Derecho que impera en Guatemala.
La debilidad que aqueja a las políticas públicas de la administración del presidente Óscar Berger, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana, no coadyuva a bajar de intensidad la conflictividad; y más que intervenir eficientemente en la atención de conflictos entre sectores sociales, el gobierno se ha convertido en un actor central de la confrontación, lo cual abona aún más elementos a este ambiente adverso.
Por aparte, el Congreso de la República está viviendo una suerte de "segundo aire", luego de haber iniciado el 2005 atrapado por la fuerte crítica de la opinión pública, como resultado de la mala evaluación del trabajo legislativo desarrollado en el 2004 y por los señalamientos de corrupción y pésimo manejo administrativo en que incurrió la Junta Directiva que presidió Rolando Morales.
En el ámbito interno del Organismo Legislativo se registra, además, una aparente estabilidad en la alianza política que ha funcionado con cierta regularidad desde el año pasado [1]. Esto podría abrir la oportunidad de desarrollar una agenda legislativa conjunta y avanzar cualitativamente en el trabajo legislativo.
En el terreno de la administración de justicia, el 2005 mantendrá sometidas al escrutinio público a las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, cuyos magistrados fueron electos en el marco de un proceso nada transparente y pleno de politización, bajo el acecho de grupos de poder que orbitan alrededor de las instituciones con el fin de ganar influencia a favor de sus intereses.
Este año también será fundamental para el desempeño del Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que es una fase previa a que ambas instituciones renueven a sus más altas autoridades[2], lo cual implica un importante movimiento de fuerzas políticas por parte de grupos que pretenden controlar la administración de justicia o arribar a su conducción.
Este período preelectoral encuentra a una CC debilitada por el descrédito y la falta de confianza, a causa de la actuación reprobable de varios de sus magistrados y por varias resoluciones emitidas en temas escabrosos, todo lo que ha contribuido a generar suspicacias sobre la calidad de la administración de justicia constitucional que se ha brindado en el último quinquenio.
En el caso del MP, la etapa previa a la designación de un nuevo encargado de la persecución penal pública tendrá lugar en el marco del trabajo de una institución que necesita ser fortalecida, en aras de garantizar el esclarecimiento y la sanción de los comportamientos sociales criminales que tienen un fuerte impacto negativo en la vida de la sociedad.
Sin embargo, el peor signo de estos tiempos es la manifiesta ausencia de canales efectivos de comunicación y de entendimiento entre las autoridades estatales para afrontar las circunstancias nacionales. Resulta evidente que las figuras centrales de los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo guardan una relación de cortesía y tienen una aparente voluntad de cooperación mutua, pero en el fondo no se reúnen con el afán de tomar decisiones de Estado y abordar de manera integral los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Por lo menos no lo han hecho hasta ahora.
En algunos casos, las instituciones han actuado como testigos mudos de injusticias, estallidos de violencia y manifestaciones antidemocráticas, sin que sus autoridades ofrezcan el menor indicio de querer buscar soluciones integrales y de largo plazo. Es posible que esté faltando, además de los mecanismos de comunicación y coordinación, una verdadera visión de Estado en la tarea de regir los destinos del país y administrar los conflictos.
No obstante, es necesario rescatar como algo positivo los encuentros que el vicepresidente Eduardo Stein intenta sistematizar con los secretarios generales de los partidos políticos, con el objetivo de lograr una eventual coordinación de trabajo, especialmente en el medio parlamentario; así como la reciente reunión del presidente Berger con su homólogo del Organismo Judicial, aunque en este primer encuentro el tema central fue únicamente lo relativo al fracaso estatal en la tarea de proveer seguridad a los guatemaltecos.
II. La administración de Óscar Berger en el contexto de la conflictividad social
La gestión del actual Presidente ha enfrentado situaciones críticas en las que se ha alterado el orden público, se ha puesto en riesgo la seguridad de segmentos de población y en las que ha habido costos humanos y materiales innecesarios.
Basta observar lo agitado que inició este año para considerar seriamente que el país podría encaminarse hacia la ingobernabilidad, si persiste la desatención de la conflictividad social por parte de las autoridades y la inexistencia de medidas eficaces para transformar este difícil ambiente.
Frente a esta situación, la actual administración ha decidido poner en práctica una política cada vez más represiva ante los conflictos que se han registrado[3]; ha utilizado recurrentemente el discurso de la defensa del Estado de Derecho, pero en la práctica esto se ha traducido sólo en la defensa de la propiedad privada y ha servido como argumento para neutralizar de forma contundente -sin escatimar esfuerzos ni recursos- las crecientes demandas e insatisfacciones sociales que están derivando en estallidos de violencia y alteración del orden público.
Esa contundencia, sin embargo, no ha sido observada por las autoridades frente al alto índice de inseguridad ciudadana que persiste en el país, que mantiene en constante peligro la vida, la integridad física y la propiedad de miles de personas que son asaltadas en sus casas, en los autobuses y en las calles; tampoco se han visto demostraciones similares frente al crimen organizado, la narcoactividad y la acción de poderes ocultos que afectan la institucionalidad política del país; y tampoco se ha actuado con igual firmeza en aquellos casos de injusticia social y violación de derechos constitucionales, que dañan a amplios conglomerados sociales en beneficio de minorías poderosas.
Respecto a esta última aseveración, es preocupante la situación que se registra en el interior del país, en donde diariamente se violan los derechos de miles de trabajadores del campo por las condiciones adversas en las que laboran, la inobservancia de las leyes que les son atinentes y el incumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a los patronos a restituir todo derecho inobservado. Estas cuestiones de fondo determinan en gran medida las relaciones conflictivas entre finqueros y campesinos que persisten desde hace décadas; y frente a estos problemas, el gobierno mantiene una actitud pasiva y cuando actúa lo hace a favor de los propietarios.
De lo anteriormente señalado se interpreta con facilidad que en el país impera un Estado de Derecho que protege a grupos influyentes y con importantes cuotas de poder dentro del aparato estatal, mientras deja en total indefensión y desprotección a la mayoría que no figura en el flujo de poder, vive en pobreza y no tiene acceso a mejores niveles de vida.
Por lo demás, estamos a merced de un concepto de Estado de Derecho que no tiene aplicación general y carece de los más esenciales componentes democráticos. Esto es contraproducente para el proceso de construcción democrática en el que el país está inmerso, al menos formalmente.
Este "tipo" de Estado de Derecho es, según se percibe, la tendencia que impulsa una de las corrientes internas del gobierno central que, en apariencia, ha estado acumulando espacios importantes de influencia, especialmente a través del Ministerio de Gobernación y sus estructuras de seguridad.
Cabe recordar que en fechas recientes detonó en ese ámbito interno una controversia que permitió visualizar las discrepancias, en forma particular entre "el grupo" del vicepresidente Eduardo Stein y "el grupo" que encabeza el ministro de Gobernación, Carlos Vielman.
La controversia surgió en torno al desempeño del entonces titular de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), Edmundo Urrutia, a quien se le vinculaba al grupo de Stein. Desde los primeros meses de gobierno quedó claro que Urrutia no pertenecía al círculo íntimo del presidente Berger y que sólo se sostenía en el puesto por el apoyo de Stein. No obstante, los intentos por expulsar a Urrutia del puesto fructificaron en enero, cuando se descubrieron algunas anomalías en su administración.
El puesto fue ocupado por Juan Carlos Villacorta, quien desde julio del 2004 se desempeñaba como viceministro de Gobernación encargado de seguridad. Es decir, con pertenencia al grupo de Vielman, lo que en este caso concreto permite especular que el vicepresidente Stein y su grupo habrían perdido el pulso que tuvo con el grupo del Ministro de Gobernación.
Más allá de estas supuestas inquinas internas, existe el riesgo de que la SAE pueda eventualmente ser conducida hacia el ejercicio de funciones más vinculadas a la seguridad interna, cuando la prioridad debiera ser el fortalecimiento del análisis estratégico.
La preponderancia de una tendencia gubernamental a favor de conceptos duros en seguridad, política y otros órdenes de la vida nacional, posiblemente explica por qué el gobierno de Óscar Berger se ha convertido en un actor central de la confrontación, cuando su función debiera estar encaminada a solventar conflictos con los grupos sociales.
Un ejemplo de ello es el manejo que observó en el tema de la minería, donde destaca la pésima actitud gubernamental frente a un comportamiento más elaborado por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala -CEG-. En parte, a eso obedece que la estructura de mayor jerarquía de la Iglesia Católica en Guatemala se haya convertido en el principal actor que rechaza la postura gubernamental, sobre todo después que el ingreso unificado de los obispos al tema levantó un debate incómodo para gobernantes y empresarios.
Las posiciones políticas que se han vertido sobre este asunto, por los permisos otorgados para la exploración y explotación mineras sin consultar a las poblaciones directamente afectadas, así como la dureza con que enfrentó la movilización social, provocaron ácidos debates que en un primer momento sólo concitaron confrontación pero no la búsqueda de soluciones[4]. Cabe mencionar que los partidos políticos se ubicaron al margen de esta controversia, aunque en fechas recientes -después que la confrontación menguó en su intensidad- algunos bloques parlamentarios han mostrado cierto interés en ejercer algún tipo de control parlamentario.
La CEG está convencida de que hay razones suficientes para temer que la actividad minera puede afectar el futuro del país y que no es una buena opción para el desarrollo, principalmente porque nuestro potencial forestal y turístico no está siendo desarrollado con eficiencia. Además, la decisión de abrir a Guatemala a la actividad minera puede significar graves riesgos para el ambiente, la vida y la salud de los guatemaltecos. Con tal fuerza planteó la Iglesia Católica su posición ante el gobierno, que el presidente Berger accedió a consultar a las poblaciones sobre la concesión de licencias y ha decidido no otorgar nuevas autorizaciones.
Es importante destacar el poco pulso político con el que el gobierno fijó su posición ante la Iglesia Católica a través de declaraciones impertinentes del propio Presidente, lo cual incluso produjo un recambio importante en la correlación de fuerzas dentro de la estructura eclesiástica, pues los mayores jerarcas de la Iglesia cerraron filas y consolidaron así una posición institucional[5].
Producto de la impericia gubernamental que dio origen a la confrontación, la Iglesia Católica se convierte ahora en un actor político fundamental para reivindicar demandas sociales y ejercer presión a las autoridades sobre las acciones o decisiones de impacto social que el gobierno desea echar a andar.
La propia CEG señaló en su comunicado que "ante situaciones de injusticia, el Obispo es el defensor de los derechos del hombre... defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural... y asume la defensa de los débiles, haciéndose la voz de quien no tiene voz para hacer valer sus derechos"[6].
En conclusión, el gobierno no ha intervenido eficientemente para que este ambiente de conflictividad baje de intensidad. Sus acciones se han concentrado en neutralizar cualquier alteración del orden a través del uso de la fuerza, sin agotar el recurso del diálogo y con el claro propósito de defender el Estado de Derecho de forma tendenciosa. Es más, en no pocas ocasiones, la actual administración se ha convertido en un actor central de la confrontación, lo cual agrava el difícil panorama que se vislumbra.
Los temas que generan disensos, como la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centro América y la República Dominicana con Estados Unidos; la permanente inconformidad en el gremio magisterial y la persistente violencia con que amenazan los ex patrulleros civiles; la conflictividad agraria que sigue sin ser abordada con enfoque integral de Estado, entre otros focos propicios para el estallido social, se presentan como negros nubarrones en la actual coyuntura[7].
De hecho, estos últimos días han ido creciendo las manifestaciones contra el TLC y su aprobación por parte del Congreso, el pasado jueves 10 de marzo, tuvo lugar en medio de un ambiente policiaco y de uso de la fuerza. Las protestas públicas fueron afrontadas por contingentes policiales que ocuparon el centro capitalino para resguardar las instalaciones del Congreso de la República e impedir el asedio a los diputados. Hubo violencia, heridos y capturados; los comercios cerraron sus puertas y al menos un autobús del transporte urbano fue destruido. Los grupos de protesta han anunciado nuevas manifestaciones de rechazo a este tipo de imposiciones y a la carencia de compensadores sociales que con certeza amortigüen el impacto negativo del TLC en el campo social y laboral.
Si esta forma de gobernar continúa, sin que las autoridades tengan una política efectiva ante la constante generación de conflictos, existe el riesgo de experimentar en el corto plazo un déficit de gobernabilidad o una crisis aún más fuerte, que puede traer repercusiones de insospechada magnitud y registrar un retroceso en el proceso de construcción democrática.
Los conflictos son inherentes a toda sociedad. Nunca desaparecen, constantemente se transforman y dan lugar a nuevas manifestaciones. Sin embargo, su evolución depende de cómo el Estado aborda este hecho, cómo interviene, cómo emplea los recursos que ofrece el sistema político y cuál es la política que se plantea ante la constante generación y manifestación de conflictos.
Por eso, es crucial que el tratamiento de los nudos problemáticos se conviertan en una tarea del Estado, donde intervenga la institucionalidad política del país. Sólo así se evitaría que los focos conflictivos queden exclusivamente en manos de un Presidente que suele apresurarse al emitir opiniones, las cuales después deben ser "interpretadas" o "aclaradas" por el Vicepresidente en el afán de limar asperezas o deshacer entuertos.
III. Los débiles logros en la política social acentúan la conflictividad
La persistencia de grandes déficit sociales, especialmente en materia de educación, salud, empleo y seguridad, y el alto índice de pobreza que se percibe en diversos puntos del país, principalmente en los 51 municipios catalogados de alto riesgo, mantienen en una situación de vulnerabilidad a una parte significativa de la población guatemalteca.
Desde hace décadas, las políticas sociales no han tenido éxito en reducir las fuertes brechas sociales y no han contribuido a transformar estas condiciones adversas. Además, resultado del distanciamiento funcional entre la población y los funcionarios, y de la inexistencia de canales de intermediación de los intereses sociales, las decisiones gubernamentales son impuestas y, en la mayoría de los casos, no corresponden a las principales demandas y necesidades de las comunidades.
Esto es precisamente lo que ocurre en la administración de Óscar Berger. Su equipo de gobierno diseñó el Programa de Reactivación Económica y Social ¡Vamos Guatemala! como una política de gobierno para el período 2004-2005. Sin embargo, el énfasis de esta estrategia radica en la consecución de logros de carácter económico, principalmente en términos de crecimiento de la economía, la atracción de inversiones y la competitividad de cara a la apertura comercial en el marco del TLC.
El componente social es débil y sus acciones están claramente marcadas por medidas de asistencia y solidaridad, que no coadyuvan a mejorar la condición de la mayoría de guatemaltecos. Los logros alcanzados hasta el momento son insignificantes, especialmente en materia de seguridad ciudadana, que es precisamente la principal preocupación de la población.
El nivel de detalle de los logros alcanzados en el ámbito de la economía, integrados en el informe de gobierno presentado al Congreso de la República, es abrumador con relación a lo alcanzado en el componente social. Es más, en materia de seguridad ciudadana, el gobierno tuvo la necesidad de atribuirse logros cuestionables en sus resultados reales[8].
El Ministerio de Gobernación se mantiene en el ojo de la crítica, principalmente por los diversos problemas que enfrenta la Policía Nacional Civil. De esta cuenta, las acciones del gobierno deben encaminarse con más contundencia hacia el fortalecimiento institucional, la depuración de personal ineficiente y corrupto, así como la adopción de una política de seguridad preventiva que permita contrarrestar la difícil situación de seguridad que nubla el escenario nacional.
Obviamente el cambio de condiciones sociales siempre se espera para el mediano y largo plazo, pues la complejidad no permite generar alteraciones significativas en un corto plazo. Sin embargo, la seguridad ciudadana debe ser la prioridad de las actuales autoridades. Si la violencia y criminalidad se mantienen en un punto crítico, cualquier política que se ejecute se verá afectada y no tendrá el éxito deseado.
Eso es lo que ocurre con las medidas de corto alcance, coyunturales y nada integrales que hasta ahora han tomado los diferentes gobiernos: patrullajes, capturas arbitrarias, aplicación de esfuerzos institucionales en el combate de faltas y delitos menores que no superan el ámbito de la conducta urbana, con lo cual las fuerzas de seguridad no muestran eficiencia en el combate de los delitos de mayor impacto en la vida de la población: homicidios, asesinatos, hurto y robo agravado, crimen organizado y narcoactividad en general. Esto, sin mencionar la falta de políticas públicas en el orden de combatir las fuentes de violencia política que afecta a segmentos específicos de la población, como operadores de justicia, defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales, entre otros[9].
IV. Acosado por la crítica, el Organismo Legislativo busca relaciones internas estables
El Congreso de la República inició el año atrapado por la fuerte crítica de la opinión pública, provocada por el débil e insignificante trabajo legislativo desarrollado durante el 2004 y por los amplios señalamientos de corrupción y pésimos manejos administrativos de la Junta Directiva que funcionó durante el primer año de este periodo legislativo, encabezada por Rolando Morales Chávez[10].
La aseveración de que el Legislativo sufre como institución la crítica constante por el desempeño de sus miembros, tiene fácil comprobación. Basta recordar que a finales del 2004 los diputados decidieron aumentar su salario en Q10 mil y que, muy pronto, en el inicio del 2005, se vieron forzados a dar marcha atrás en tal decisión, ante la amenaza de manifestaciones públicas en su contra y el temor de que esta situación derivara, eventualmente, en un proceso de depuración. Era de esperarse, pues el aumento salarial de los diputados levantó grandes olas de crítica, adicionales a las ya existentes por su deficiente desempeño legislativo y los problemas en el manejo administrativo del organismo.
Asimismo, no se descarta que, independientemente de los hechos parlamentarios y administrativos en que se fundamenta la crítica contra los diputados, también existan otras motivaciones políticas en el proceso de desprestigio que vive el Congreso, pues sin duda hay grupos de poder interesados en ejercer un mayor control sobre éste. Por un lado el poder tradicional, que resiente no tener control sobre la multiplicidad de fuerzas políticas expresadas en el Congreso; y, por el otro, el poder oculto que sin duda desea recuperar ciertos espacios de los cuales se vio desplazado por los resultados electorales del 2003.
Alrededor de todo esto se reactivó el debate sobre la necesidad de reducir el número de curules y de conformar un Congreso más eficiente, al punto que ya se encuentra en proceso legislativo una iniciativa de ley que busca la reducción del Organismo Legislativo, la cual fue planteada por la diputada Nineth Montenegro.
En todo este contexto, resalta el hecho de que la crítica constante está profundizando la situación de debilidad institucional del Congreso; y que al descrédito público en que se encuentra la labor de los parlamentarios se añade la ausencia de una agenda legislativa definida y la inestabilidad política interna que se produce por al menos dos factores muy visibles: la fragilidad de las diferentes bancadas, que constantemente sufren pérdidas cuando sus diputados renuncian para declararse independientes o incorporarse a otro bloque parlamentario; y la poca consistencia de los acuerdos, coaliciones o alianzas entre los partidos con representación.
El pacto inicial suscrito entre los bloques de la GANA, la UNE y el PAN se vino abajo hacia mediados del 2004, por desacuerdos de forma y de fondo en el manejo parlamentario; a lo que se sumó la salida del Partido Patriota de la coalición gubernamental por diferencias que en ese entonces parecían irreconciliables pero que el paso del tiempo ha mostrado que no lo eran[11].
La nueva alianza formada hacia finales del 2004 por los grupos de la GANA con el FRG y los partidos Unionista y Patriota, alrededor de la elección de nueva directiva, la aprobación del Presupuesto Nacional para el 2005, entre otros temas, pareciera tener posibilidades de mayor solidez y de superar los acuerdos meramente coyunturales. En especial porque a este nuevo entendido se han sumado de manera cada vez más frecuente otras expresiones minoritarias y porque el Vicepresidente está desarrollando una gestión política con los secretarios generales de los partidos políticos, con miras a lograr acuerdos con proyección de mediano plazo. Todo dependerá de la cohesión que logren estas bancadas durante este año, cuáles serán los temas que serán materia de fuertes negociaciones y en qué condiciones políticas se llevarán a cabo.
Por otra parte, la consolidación de esta alianza ha puesto en evidencia el relativo aislamiento y distanciamiento que padecen las bancadas de la UNE y el PAN. Las rupturas que se han registrado al interior de cada uno de estos partidos políticos demuestran la existencia de fuertes problemas internos, que tienen un duro impacto en términos de imagen ante el electorado que votó por ellos en la contienda electoral del 2003, lo cual se traduce inevitablemente en pérdida de credibilidad y legitimidad.
V. Año crucial para las instituciones del sector justicia
El 2005 será fundamental para el desempeño de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia en el país, principalmente para el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, ya que corresponde al período previo a que ambas instituciones experimenten nuevamente el cambio de sus más altas autoridades[12].
Por un lado, el Ministerio Público deberá alcanzar durante este año resultados concretos en los procesos judiciales de alto impacto, que han sido encaminados desde el año pasado contra funcionarios del anterior gobierno y que a la fecha no han tenido éxito en comprobar su responsabilidad penal en los hechos que se les imputan.
Además, este período será determinante para que el MP avance cualitativamente en los procesos de fortalecimiento institucional que se han impulsado desde el año pasado, y en lograr que estos se mantengan como políticas institucionales, independientemente de quién sea la persona que quede designada en el cargo de Fiscal General, proceso que culminará en mayo del próximo año.
Otro reto importante es definir con mayor visión los criterios de persecución penal, pues hasta ahora el fiscal Juan Luis Florido se ha concentrado en los casos de corrupción de mayor impacto, a costa de limitar el trabajo institucional en la persecución de los casos de homicidio, asesinato y otros delitos mayores, vinculados a la delincuencia común, la violencia política y el crimen organizado que afectan a diario a la casi totalidad de la población.
Si bien es plausible la investigación y la voluntad de enjuiciar a los ex funcionarios involucrados en la corrupción que caracterizó la gestión del presidente Alfonso Portillo, es preciso que el Ministerio Público ponga más empeño en dar una respuesta institucional al clamor generalizado de la población que sufre de manera muy extendida el impacto de los comportamientos sociales criminales; y que no siga relegando a planos inferiores la gestión del fortalecimiento del MP para estar en mejores condiciones de atender esa demanda social.
A pesar de que aún falta tiempo para que la Comisión de Postulación sea convocada, existe ya todo un movimiento de fuerzas alrededor de este proceso, proveniente de grupos que tienen interés en tomar control del Ministerio Público y determinar el rumbo de la investigación y persecución penal que por mandato le corresponde ejercer a la institución.
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) experimentará en breve la rotación de Presidente, ya que el período del magistrado Cipriano Soto llega a su fin, luego de haber ocupado el cargo durante el 2004. De esta forma, la Presidencia le corresponde por orden de sucesión al magistrado Francisco Flores, de quien se espera imprima a la institución una nueva orientación, hacia una mejor gestión en la administración de la justicia constitucional y el control jurídico que le corresponde.
Al igual que en el caso del MP, este año significa para la CC un período previo al proceso de elección de las nuevas autoridades. De hecho, los grupos que tienen interés en influir en el trabajo de la institución empiezan ya a manifestarse; y la presión estará dirigida a las cinco instituciones que designarán magistrados titular y suplente[13] para integrar la CC en el período 2006-2011.
La situación preelectoral de ambas instituciones debe motivar, necesariamente, una reflexión y una alerta constante para evitar que los intereses políticos de diferentes grupos de poder marquen la nueva composición de estas entidades, tal como ocurrió en el 2004 con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. El reto es lograr procesos de elección transparentes que tengan como único fin designar autoridades con un alto perfil ético y profesional, dispuestos a poner sus mejores esfuerzos al servicio de la sociedad y no de grupos en particular.
Guatemala, 11 de marzo de 2005.
Fundación Myrna Mack
Notas dcoumentales.
[1] En los últimos meses del 2004, tras romperse el pacto entre la GANA, la UNE y el PAN, surgió un entendimiento parlamentario entre los bloques de la GANA, el FRG, el Partido Unionista y el Partido Patriota. Se diluyó la fuerza que habían cobrado conjuntamente la UNE y el PAN, mientras que los bloques minoritarios han actuado según las circunstancias, aunque con cierto sesgo hacia el nuevo acuerdo parlamentario. Volver
[2] En el 2006 serán electos nuevos magistrados de la CC y el Fiscal General de la República. Volver
[3] Ejemplos de ello son: el desalojo violento en la finca Nueva Linda, en 2004; los sucesos de confrontación alrededor de la explotación minera en el país y el paso de maquinaria por Sololá para esa misma actividad; así como el problema irresuelto que plantean los ex patrulleros de autodefensa civil y la impunidad con que ejecutan medidas violentas. Volver
[4] La opinión del cardenal Quezada Toruño y de la Conferencia Episcopal fue descalificada por el presidente Berger, lo que abrió un lapso de confrontación con la jerarquía católica. Como ha sido usual desde el inicio de este gobierno, el vicepresidente Stein hubo de intervenir para calmar las aguas. Este incidente evolucionó hacia la conformación de una comisión de alto nivel, con la participación de la Iglesia Católica, estudiosos de las ciencias sociales, funcionarios y ambientalistas, entre otros. Volver
[5] Los obispos cerraron filas alrededor de los temas sociales y esta controversia con el gobierno los acercó, incluyendo al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, cuya posición en el seno de la CEG no pasaba por su mejor momento. Los ataques del presidente y de otros sectores de poder que apoyan los proyectos mineros, como el empresarial, lograron que Ramazzini obtuviera el apoyo de toda la CEG a sus planteamientos sobre la degradada situación social que sufren amplios conglomerados de su diócesis y del país en general. Todo el pleito con el gobierno, en resumen, creó en la CEG una correlación de fuerzas políticas favorable al Obispo de San Marcos. Volver
[6] Palabras expresadas por el Papa Juan Pablo II y recogidas por la CEG en el comunicado del 28 de enero del 2005. Volver
[7] En febrero pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) se vio precisada a trabajar durante varios días fuera de su sede, pues ésta se encontraba bajo asedio por parte de los ex patrulleros de autodefensa civil, justo cuando se intentaba resolver la tercera impugnación contra el pago demandado. Las autoridades de seguridad no hicieron el intento de resguardar el edificio de la CC, ni la integridad física de los magistrados. Volver
[8] El impulso de patrullajes combinados, la depuración de la PNC, la instalación del Consejo Asesor de Seguridad, el impulso del programa de desarme y la creación del viceministerio de Seguridad Comunitaria son los logros más importantes que el gobierno aduce haber alcanzado en el primer año de gestión, según el Informe Presidencial remitido al Congreso de la República en enero de este año. Sin duda, algunos son puntos importantes, pero no necesariamente han impactado positivamente en el proveer seguridad ciudadana. Volver
[9] Un estudio en proceso de elaboración por la Fundación Myrna Mack muestra de manera preliminar que esta actividad policial, centrada en capturas arbitrarias y persecución de faltas y delitos menores, genera una cadena de errores en el funcionamiento del sistema de justicia que tienen un costo multimillonario para el Estado. Además, no permite que la justicia y la seguridad ofrezcan respuestas adecuadas a la población, mientras la impunidad en los casos de alto impacto social campea de manera irrefrenable. Volver
[10] Diputado de la UNE que presidió el Congreso en el 2004. Se declaró diputado independiente tras el destape de serias anomalías en el manejo presupuestario durante el período en que fungió como presidente de ese organismo. Volver
[11] Cuando rompió con la GANA, el Patriota mencionó como principal causa el acercamiento que celebraron el gobierno y el FRG. Antes de finalizar el año, los patriotas empezaron a trabajar nuevamente de cerca con los oficialistas, quienes a su vez mantenían arreglos de coyuntura con los eferregistas. Al finalizar el 2004, empezó a funcionar la alianza entre la GANA, el FRG y los partidos Unionista y Patriota. Todos comparten ahora los cargos directivos, las comisiones más importantes y una agenda mínima de trabajo. Volver
[12] En abril del 2006, será necesario elegir nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad, para el período 2006-2011; y en mayo de ese mismo año deberá ser nombrado un nuevo Fiscal General de la República, para el período 2006-2010. Volver
[3] Éstas son la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, el Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República. Volver
