Equipo Nizkor - Resumen de la quinta reunión de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger.

Naciones Unidas
Consejo de Seguridad

S/2015/815

Distr. general
26 de octubre de 2015
Español
Original: inglés

Carta de fecha 22 de octubre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por los Representantes Permanentes de Chile y España ante las Naciones Unidas

Tenemos el honor de informarlo de que los Gobiernos de Chile y España, en asociación con el Centro Mundial para la Responsabilidad de Proteger y la Fundación Stanley, organizaron la quinta reunión de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger, que se celebró en Madrid los días 23 y 24 de junio de 2015.

En este sentido, los Gobiernos de Chile y España tienen el honor de transmitirle, en relación con el tema relativo a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, el resumen y las conclusiones de esa reunión (véase el anexo).

Le agradeceríamos que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Cristián Barros Melet
Embajador
Representante Permanente de Chile

(Firmado) Román Oyarzún Marchesi
Embajador
Representante Permanente de España

Anexo de la carta de fecha 22 de octubre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por los Representantes Permanentes de Chile y España ante las Naciones Unidas

Quinta reunión de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger (Madrid, junio de 2015)

Introducción

Los días 23 y 24 de junio de 2015, los Gobiernos de Chile y España, en asociación con el Centro Mundial para la Responsabilidad de Proteger y la Fundación Stanley, celebraron en Madrid la quinta reunión anual de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger. Participaron en la reunión altos representantes de los gobiernos de más de 50 países de todas las regiones del mundo, así como Jennifer Welsh, Asesora Especial del Secretario General sobre la Responsabilidad de Proteger. En el inicio de la reunión, formularon observaciones el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Ignacio Ybáñez Rubio, y el Embajador de Chile en España, Francisco Marambio Vial.

Las sesiones de la reunión se centraron en el tema "10 años de responsabilidad de proteger: cómo dar respuesta a los nuevos desafíos y a las amenazas que afectan a las comunidades vulnerables". Durante la reunión, los puntos focales para la responsabilidad de proteger evaluaron las capacidades creadas por sus gobiernos a nivel nacional y aplicadas en el plano internacional para prevenir las atrocidades masivas desde que se aprobó el principio de la responsabilidad de proteger en la Cumbre Mundial 2005. Los puntos focales también examinaron diversas estrategias para responder a las nuevas amenazas a las poblaciones, en particular los crímenes perpetrados por agentes no estatales. Durante las sesiones, los participantes se centraron en el fenómeno de los combatientes extranjeros, el acoso contra las minorías y los ataques por razón de género, incluidos los secuestros y las desapariciones.

Facilitaron los debates seis expertos en el tema, a saber, Alex Bellamy del Centro de Asia y el Pacífico sobre la Responsabilidad de Proteger; Luis Peral del Club de Madrid; la Relatora Especial sobre cuestiones de las minorías, Rita Izsak; Patrick Travers de la Oficina sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger; Lauren Wolfe de Women Under Siege; y Saudatu Mahdi, dirigente de la campaña "Bring Back Our Girls" (Devuélvannos a nuestras niñas). En el cierre de la reunión, los participantes reflexionaron sobre la forma de profundizar la cooperación existente entre los puntos focales para la responsabilidad de proteger, en un momento en que la Red Global se había ampliado e incluía a más de la cuarta parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

En el presente documento se resumen las principales cuestiones examinadas en Madrid y se incluyen recomendaciones prácticas acerca de la función que pueden desempeñar los puntos focales para la responsabilidad de proteger en la respuesta a los nuevos desafíos en cuanto a la protección de los civiles y la prevención de las atrocidades perpetradas contra los sectores vulnerables de la población.

Diez años de la responsabilidad de proteger: balance y establecimiento de la agenda

En la sesión de apertura, los puntos focales reflexionaron sobre los progresos alcanzados por la Red Global y cada uno de sus miembros para mejorar la capacidad de prevención en los planos nacional e internacional. Los participantes debatieron con franqueza los avances en la esfera de la prevención de atrocidades masivas alcanzados desde la aprobación del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, y trataron no solo los compromisos positivos contraídos por diversos Estados y organizaciones, sino también los problemas prácticos que seguía enfrentando la comunidad internacional para poner fin a estos crímenes y crisis en todo el mundo.

Compromisos nacionales

La historia ha demostrado claramente que ningún país es inmune a las atrocidades masivas. Al hacer este balance, cuando los miembros de la Red Global describieron los esfuerzos de sus respectivos países, quedó en evidencia que la conversación ya no estaba centrada en si ciertos Estados necesitaban mecanismos nacionales de prevención o cuándo, sino en cómo cada uno cumplía las responsabilidades que le correspondían de conformidad con los pilares primero y segundo. Todos los puntos focales para la responsabilidad de proteger reconocieron que se necesitaba una conversación nacional entre los ministerios, que se centrara en las políticas para la protección de los derechos humanos y la prevención de atrocidades masivas.

Los participantes examinaron una amplia gama de iniciativas nacionales a las que contribuían en su calidad de puntos focales para la responsabilidad de proteger. Varios países mencionaron ejercicios de inventario entre ministerios encaminados a evaluar las oportunidades para incorporar la prevención de atrocidades masivas en la labor de todas las partes del gobierno. Haciéndose eco de ello, algunos participantes señalaron que la responsabilidad de proteger influía en la adopción de decisiones políticas en varias esferas, incluidos los sectores de la seguridad y la justicia, así como las políticas de comercio y desarrollo. Otros participantes hablaron de la capacitación para el sector de la seguridad y la sensibilización dentro del gobierno sobre los retos que planteaba la prevención de atrocidades masivas y la rendición de cuentas cuando existía un historial de estos crímenes. Varios Estados que habían salido de situaciones de conflicto en los últimos dos decenios examinaron las dificultades para la prevención estructural, observando que, si bien podía ser más fácil hablar de la prevención que de otros elementos de la responsabilidad de proteger, el proceso de fortalecimiento de las instituciones que protegían los derechos humanos llevaba mucho tiempo y requería el compromiso y la perseverancia del gobierno.

En lo que respecta a las responsabilidades relativas a los pilares segundo y tercero a nivel estatal, algunos participantes examinaron cómo las iniciativas nacionales se traducían en un comportamiento internacional y regional. Se señaló que la capacitación del sector de la seguridad para definir mejor los factores de riesgo y proteger a las poblaciones que enfrentaban atrocidades masivas era una medida de prevención esencial que debían realizar los países que aportaban contingentes a las operaciones de mantenimiento de la paz, con independencia del nivel de riesgo de sufrir atrocidades a que se enfrentaran en su lugar de origen. Del mismo modo, los Estados hablaron de su responsabilidad de comprender mejor los factores de riesgo de que se cometieran atrocidades y las respuestas diplomáticas apropiadas cuando se participaba en el Consejo de Seguridad, y varios Estados exhortaron a los cinco miembros permanentes a limitar el uso del veto en situaciones de atrocidad masiva.

Los Estados también examinaron la posibilidad de adoptar medidas para integrar los esfuerzos nacionales en la perspectiva regional; mencionaron, por ejemplo, la necesidad de asegurar que los factores evaluados en el Marco de Análisis de los Crímenes Atroces preparado por las Naciones Unidas se incluyeran en el mecanismo de alerta temprana de la Unión Europea. Otros Estados, en particular los participantes de Asia y el Oriente Medio, dirigieron sus actividades nacionales a alentar a los Estados vecinos a ocuparse en mayor medida de las cuestiones relacionadas con la responsabilidad de proteger, la protección de los civiles y la prevención de atrocidades masivas en términos más generales.

Compromisos internacionales

El debate sobre los compromisos internacionales se centró en los avances conceptuales y prácticos realizados desde 2005 en relación con la responsabilidad de proteger. Algunos participantes afirmaron que, al centrarse en los conflictos en curso en la República Centroafricana, la República Árabe Siria, Sudán del Sur y otros lugares, así como en las críticas persistentes respecto de la respuesta en Libia en lo vinculado al tercer pilar, era fácil pasar por alto los acontecimientos positivos. Sin embargo, consideraron alentadora la forma en que los mecanismos de respuesta a las atrocidades habían evolucionado en los veinte años transcurridos desde Rwanda y Srebrenica.

En la actualidad, 10 de las 16 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tienen un mandato de protección de los civiles, y muchas incluyen un componente específico relativo a la responsabilidad de proteger, y existen iniciativas como el Plan de Acción "Los Derechos Primero" que destacan la importancia del liderazgo de la Secretaría de las Naciones Unidas en la prevención de crímenes atroces masivos.

Muchos también elogiaron los informes anuales del Secretario General sobre la responsabilidad de proteger por haber aclarado las normas, servido sistemáticamente para difundir conocimientos sobre la situación, asegurado la continuación del diálogo sobre la responsabilidad de proteger y alentado a los Estados y las organizaciones a continuar desarrollando mecanismos significativos para la prevención de atrocidades. Un participante señaló que, si bien en septiembre de 2005 no quedaba claro lo que se haría para dar seguimiento a los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial, o incluso si se haría algo, los participantes deberían considerar alentador pensar desde un punto de vista práctico en los avances registrados en los niveles nacional e internacional en materia de alerta temprana, prevención y respuesta registrados desde entonces.

Por último, a la luz de los "exámenes generacionales" de 2015 sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la consolidación de la paz y la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad, así como la elaboración del Plan de Acción "Los Derechos Primero" y los debates en torno a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los participantes reconocieron el carácter fundamental de la responsabilidad de proteger como una cuestión intersectorial. El año 2015 había proporcionado amplias oportunidades a los Estados para evaluar críticamente las lagunas en la capacidad de la prevención de atrocidades en diversos ámbitos prioritarios para las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general. Con el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y varios conflictos importantes en que se registran atrocidades masivas, podría decirse que la necesidad de la responsabilidad de proteger nunca ha sido mayor.

La responsabilidad de proteger y los agentes no estatales

Los grupos armados no estatales en diversas partes del mundo están ganando cada vez más prominencia como autores de crímenes atroces masivos. Sin embargo, como consecuencia del hecho de que la responsabilidad de proteger es un principio basado principalmente en los Estados, sigue habiendo lagunas conceptuales en nuestra comprensión colectiva de cómo se refiere a esos grupos y en la forma de responder con eficacia a las atrocidades perpetradas por ellos. Sin embargo, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a su propia población de los crímenes atroces perpetrados por extremistas violentos, de ayudar a otros a garantizar esta protección y de adoptar las medidas necesarias para proteger a la población de estos crímenes.

Durante la reunión, los puntos focales examinaron temas comunes relativos a la responsabilidad de proteger, el terrorismo y diversas estrategias para combatir el extremismo violento, así como también el momento y la forma de emplear estos distintos enfoques para poner fin a la comisión de crímenes atroces masivos por parte de grupos armados no estatales. A medida que algunos grupos incrementan su capacidad e incluso adoptan una forma similar a la de un Estado, como en el caso del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL) en el Iraq y la República Árabe Siria, responder a estos desafíos se vuelve cada vez más pertinente y urgente.

El debate se centró en dos ámbitos principales: limitar los medios con que contaban los extremistas violentos para perpetrar crímenes atroces masivos y prevenir la radicalización de civiles y su reclutamiento en grupos extremistas violentos. Si bien no hay un modelo único para responder a esas amenazas, debido a que cada grupo y situación requiere un enfoque particular, sí hay puntos en común entre los distintos casos.

Limitar los medios para la comisión de crímenes atroces masivos

Por definición, las medidas dirigidas a combatir a los grupos armados no estatales son diferentes de las utilizadas contra los Estados que cometen crímenes o que no protegen a su propia población. No pueden aplicarse de la misma manera a los grupos extremistas violentos la mediación y la diplomacia, las sanciones, la remisión a la Corte Penal Internacional ni otros instrumentos para disuadir a los perpetradores de cometer crímenes, por lo que estas no tienen los mismos efectos que tendrían en un agente estatal.

No obstante, si bien los mecanismos encaminados a disuadir y castigar a quienes cometen crímenes atroces masivos son difíciles de imponer, los Estados tienen otras opciones. Al limitar el acceso que tienen los extremistas violentos a las armas y otras formas de perpetrar crímenes, los Estados pueden utilizar los mecanismos existentes para prevenir las atrocidades. Esto puede incluir la aplicación de procedimientos que ralentizan el flujo mundial de armas mediante la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Los gobiernos también pueden hacer cumplir los acuerdos sobre armamento mediante la imposición de embargos a determinados países y asegurando que se evalúen los factores de riesgo de que se cometan atrocidades masivas antes de vender armas a países donde puedan ser deliberadamente mal utilizadas o vendidas ilegalmente a agentes no estatales, o puedan caer de otra manera en las manos incorrectas.

Limitar la financiación de los grupos extremistas violentos también fundamental para reducir su capacidad de perpetrar crímenes atroces masivos. En ese contexto, es esencial reducir la capacidad de los grupos no estatales de explotar y comercializar ilícitamente los recursos naturales y los artefactos del patrimonio cultural.

En muchos países en desarrollo, la seguridad fronteriza es débil y en ocasiones permite el ingreso de armas, recursos ilegales y miembros de grupos no estatales. Las fuerzas de seguridad a menudo no cuentan con equipo suficiente para disuadir a los extremistas violentos de la comisión de ataques. Para combatir el extremismo violento se necesita también socavar el apoyo para las redes de las que dependen los grupos armados. Esto puede lograrse, en parte, mediante una colaboración constructiva con las comunidades locales.

Por último, algunos recomendaron que el Consejo de Derechos Humanos nombrara a un relator especial sobre la lucha contra el extremismo violento, que podría contribuir a desarrollar enfoques amplios en relación con grupos armados no estatales, incluida la necesidad de estrategias no militares centradas en los factores socioeconómicos que permiten que surjan y crezcan los grupos armados no estatales. El relator también podría ayudar a aclarar la distinción entre actos concretos de terrorismo y crímenes atroces masivos sistemáticos perpetrados por grupos extremistas violentos.

Los crímenes perpetrados por agentes no estatales son una cuestión de alcance mundial que requiere una estrategia internacional coordinada para enfrentar los desafíos que plantean. Esta debe ser una estrategia que supere lo militar e incluya un enfoque multifacético que se ocupe de las lagunas socioeconómicas. Este enfoque debería incluir también la gestión constructiva de la diversidad mediante reformas estructurales dirigidas a poner fin a la disgregación, reducir al mínimo las disparidades y promover la igualdad y la inclusión de distintos grupos étnicos y religiosos.

Prevenir la radicalización

Prevenir las atrocidades perpetradas por grupos armados no estatales incluye también impedir que esos grupos recluten a nuevos miembros, tanto mediante la radicalización de posibles partidarios para que formen parte de un grupo armado no estatal local como a través del incremento del número de combatientes extranjeros que se unen a ellos. En este contexto, la educación dirigida a promover la cohesión social y destacar la importancia de la diversidad dentro de la sociedad es un instrumento fundamental para impedir el crecimiento del extremismo violento.

Los Estados deben ocuparse de los problemas socioeconómicos subyacentes que pueden hacer que las personas apoyen a estos grupos armados. Para que los Estados desarrollen estrategias para enfrentar las acciones de los extremistas violentos deben entender las causas fundamentales de los conflictos, tanto a nivel nacional como internacional. Una forma de descubrir mejor estas causas es incrementar los contactos significativos entre el gobierno y la sociedad civil, de una forma que contribuya a separar a los grupos extremistas violentos de sus supuestos partidarios.

Si no se entienden los problemas subyacentes, las respuestas en materia de seguridad correrán el riesgo de exacerbar las tensiones existentes y pueden contribuir a una mayor radicalización de diversos sectores de la población. Además, las respuestas deben ser amplias (no estrictamente militares) y las fuerzas de seguridad deben recibir la capacitación necesaria para que las medidas que adopten contra el extremismo violento sean siempre proporcionales y estén claramente acordes con el derecho internacional.

Una fuente conocida de radicalización en algunos países que experimentan la creciente amenaza que representan los grupos extremistas violentos es la percepción o existencia de marginación o desigualdad. Los gobiernos deben aplicar políticas que alienten la cohesión social y promuevan narrativas nacionales inclusivas. Dado que el discurso de la marginación y la persecución suele ser una parte fundamental de las estrategias de reclutamiento de los grupos armados no estatales, es esencial que los gobiernos contribuyan a generar un discurso contrario por medio de mecanismos como el diálogo entre religiones y los intercambios entre culturas.

Este desafío incluye también los argumentos mundiales para combatir el extremismo violento. La marginación, en particular de las minorías étnicas y religiosas, permite que diversos agentes no estatales como el EIIL amplíen su influencia y atraigan a combatientes extranjeros.

Comunidades vulnerables

En varios países, determinadas comunidades (en particular minorías étnicas y religiosas) son especialmente vulnerables a ser objeto de ataques o se ven desproporcionadamente afectadas por crímenes y casos de violencia relacionados con los conflictos. Incluso en casos en que no existe un conflicto, estas comunidades pueden estar sujetas a políticas estatales discriminatorias o a un comportamiento que genere un entorno que permita que se cometan crímenes contra ellas. Por ejemplo, los ataques contra comunidades vulnerables han contribuido a una creciente crisis internacional, y el número de desplazados o refugiados ha alcanzado su nivel máximo desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que va en aumento el número de musulmanes rohinyás de Myanmar, sirios y otras personas que escapan de la persecución, la guerra y las atrocidades.

En la reunión, los puntos focales trataron diversos medios para proteger a estas comunidades, y examinaron casos recientes en que algunas poblaciones que habían vivido juntas de manera relativamente pacífica se habían visto movilizadas a lo largo de fracturas religiosas y étnicas tras el inicio de un conflicto. El carácter del conflicto en la República Centroafricana se había transformado de una crisis política en instancias de violencia por motivos religiosos entre grupos armados cristianos y musulmanes. Los participantes observaron que, debido a que los conflictos evolucionaban de esta manera, el Marco de Análisis de los Crímenes Atroces constituía un instrumento útil para generar conciencia acerca de los factores de riesgo relativos al uso y abuso de las políticas de identidad.

Los Estados y sus asociados deberían incrementar su conciencia de las políticas gubernamentales y las prácticas que promueven directamente la radicalización, así como aquellas que contribuyen indirectamente a la marginación. En Myanmar, por ejemplo, diversas políticas intimidatorias contra los rohinyás, incluida la denegación de la ciudadanía, han contribuido a la existencia en la sociedad de actitudes que permiten que se ejerza la violencia colectiva en su contra.

Es necesario que diversos agentes nacionales e internacionales, incluidos asociados para el desarrollo, sean conscientes de las concesiones políticas que deben hacerse para prestar asistencia a determinados grupos vulnerables. Si no se realiza adecuadamente, la prestación de apoyo a un grupo vulnerable puede generar una percepción de parcialidad y contribuir a las divisiones sociales, lo que podría profundizar los problemas para la protección.

Los participantes examinaron también la creciente tendencia de los perpetradores a sitiar comunidades como una táctica para atacar a poblaciones minoritarias (en particular, los yazidíes en la región de Sinjar en el Iraq) y si la comunidad internacional había desarrollado mecanismos más sólidos para responder a los sitios en los 20 años transcurridos desde Srebrenica. La opinión común fue que el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a menudo carecía todavía de la capacidad de proteger adecuadamente a estas comunidades. Sin embargo, el Consejo de Seguridad había amenazado con imponer sanciones y había aprobado resoluciones en las que instó a levantar los sitios y permitir el acceso de la asistencia humanitaria en respuesta al uso generalizado de tácticas de sitio en los conflictos, como la guerra civil en la República Árabe Siria.

Estructuralmente, los Estados que defienden la buena gobernanza y el estado de derecho y donde la democracia funciona debidamente tienen mayor capacidad de promover y proteger los derechos humanos, incluidos los de las minorías vulnerables. Además, tomar medidas para enfrentar la desigualdad entre diversos grupos puede contribuir a que las sociedades eviten algunos de los factores disparadores de la violencia entre grupos. La adopción de políticas que promueven la inclusión mitiga los factores de riesgo asociados a crímenes atroces masivos.

Por último, la Relatora Especial sobre cuestiones de las minorías afirmó que los puntos focales para la responsabilidad de proteger debían examinar el conjunto amplio de recomendaciones del séptimo período de sesiones del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, celebrado en noviembre de 2014, centrado en prevenir y enfrentar la violencia y los crímenes atroces contra minorías.

Problemas particulares para las mujeres en situaciones de atrocidades masivas

Las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento y la violencia por razón de género en situaciones de atrocidades masivas. En muchas crisis en curso, las partes en conflicto han utilizado las violaciones como arma de guerra, mientras que en otras las fuerzas de seguridad enviadas para proteger a la población también han participado en casos de violencia sexual y por razón de género.

Los ataques sistemáticos contra mujeres y niñas en situaciones de conflicto han ganado cada vez más prevalencia con el aumento de los crímenes atroces en masa perpetrados por agentes no estatales. La trata de mujeres y el matrimonio forzado son característicos de muchos conflictos, en particular el secuestro y la trata de mujeres y niños perpetrados por Boko Haram en Nigeria. Entretanto, la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos afirmó recientemente que, en el Iraq y la República Árabe Siria, el EIIL había institucionalizado la violencia sexual y la brutalidad contra la mujer como un aspecto fundamental de su ideología y sus operaciones, y que las empleaba como una táctica terrorista para avanzar en el logro de sus objetivos estratégicos clave.

Los puntos focales, en el marco de su reflexión sobre estas amenazas y teniendo presente el examen en curso de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad, examinaron mecanismos de prevención y protección dirigidos a las necesidades concretas de las mujeres, entre ellos una mayor protección ante la violencia sexual y por razón de género, mejores mecanismos de prevención, incluida la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra mujeres, y un mayor suministro de medidas de recuperación, en particular en los campamentos de refugiados y desplazados, donde las mujeres eran especialmente vulnerables.

Los participantes debatieron tres medidas concretas para prevenir los delitos contra las mujeres y responder a ellos. En primer lugar, muchos países y misiones de mantenimiento de la paz carecían de recursos suficientes para la atención psicosocial y de la salud para la recuperación respecto de las consecuencias de la violencia sexual y el secuestro. La mejora de la respuesta a los crímenes cometidos contra mujeres después de las atrocidades debería incluir el refuerzo de estos mecanismos. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad necesitaban una capacitación adecuada tanto sobre la protección de las mujeres ante la violencia por razón de género como en cuanto a las consecuencias de cometer estos delitos. Esto revestía especial importancia en los conflictos militarizados, como en el caso de la República Democrática del Congo, donde las fuerzas de seguridad habían sido uno de los principales autores de la violencia sexual. Por último, la respuesta a las atrocidades y la rendición de cuentas mejorarían si las comisiones de investigación incluyeran una dimensión de género o un experto en violencia por razón de género.

Uno de los principales pilares de la resolución 1325 (2000) consistió en instar a las instituciones nacionales, regionales e internacionales a incrementar la participación de la mujer en la adopción de decisiones y en los mecanismos de prevención y solución de conflictos. Desde la aprobación de dicha resolución, el número de mujeres que formaban parte de misiones de mantenimiento de la paz había incrementado y más de 40 Estados habían adoptado planes nacionales de acción sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

Los participantes también aprendieron del ejemplo de la campaña "Bring Back Our Girls" en Nigeria acerca de la forma en que las iniciativas de paz de las mujeres podían generar una mayor respuesta del gobierno y aumentar la transparencia, así como atraer la atención internacional a una situación de atrocidades masivas. Sin embargo, en algunos Estados, las mujeres seguían sin poder desempeñar una función en su propia protección. Como señaló un participante, los procesos de paz en varios países que salían de crisis no habían incluido a participantes de sexo femenino, menos del 20% de los acuerdos de paz contenía referencias a cuestiones de la mujer y menos del 5% del dinero que se gastaba en la reforma del sector de la seguridad tenía un objetivo con una dimensión de género específica.

El camino a seguir: principales recomendaciones

En la quinta reunión de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger se celebraron conversaciones fundamentales acerca de la prevención de atrocidades y los nuevos desafíos para la protección de civiles. A continuación figuran algunas recomendaciones para su examen por los Estados:

a) Cada Estado debería reconocer que la responsabilidad de proteger es una cuestión transversal. Los gobiernos deberían alentar el diálogo interministerial acerca de la prevención de atrocidades masivas;

b) Cada Estado debería impartir capacitación sobre los derechos de las minorías y la protección de los sectores vulnerables de la población, incluidas las necesidades especiales de protección de las mujeres en situaciones de conflicto. Esta capacitación debería ofrecerse al sector de la seguridad y los ministerios pertinentes;

c) En los Estados en desarrollo y "frágiles" suele ser necesario ampliar la autoridad del Estado a zonas que se encuentran en la periferia del país. Es también importante desarrollar mecanismos para empoderar a la sociedad civil para que pueda ocuparse de los problemas locales y reforzar los mecanismos de prevención;

d) Todos los Estados deberían firmar y ratificar el Tratado sobre el Comercio de Armas para contribuir a detener el flujo de armas pequeñas a agentes no estatales;

e) Alentar a las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos a utilizar el Marco de Análisis de los Crímenes Atroces a la hora de presentar informes sobre los conflictos, en particular los de las comisiones de investigación y los informes actualizados sobre la situación en los países del Secretario General al Consejo de Seguridad;

f) Prestar apoyo al posible nombramiento de un relator especial sobre la lucha contra el extremismo violento;

g) Fomentar la atención a las atrocidades masivas dentro de los diálogos sobre las normas y políticas internacionales conexas, garantizando en particular que la responsabilidad de proteger forme parte de las conversaciones pertinentes en el Consejo de Derechos Humanos y dentro de las organizaciones regionales;

h) Alentar a las organizaciones regionales a institucionalizar la prevención de atrocidades masivas a través de sus mecanismos de alerta temprana;

i) Al desempeñarse en el Consejo de Seguridad, se debe alcanzar un equilibrio entre las necesidades de protección de los civiles y la capacidad operacional en el establecimiento de mandatos para las operaciones de mantenimiento de la paz, y asegurarse que se tenga en cuenta la responsabilidad de proteger en el caso de conflictos o crisis en que se llevan a cabo atrocidades masivas o se corre el riesgo de que esto ocurra.

Conclusiones

La quinta reunión de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger se celebró en un momento crítico para reflexionar respecto de la experiencia adquirida en los primeros diez años desde que se aprobó el principio de la responsabilidad proteger. El debate revistió especial importancia para ayudar a los puntos focales para la responsabilidad de proteger a poner en contexto sus concepciones acerca de los avances realizados por sus respectivos Estados, y también los problemas que seguía enfrentando la comunidad internacional para la aplicación de este principio.

El debate acerca de la forma de responder a los agentes no estatales y las poblaciones vulnerables alentó a los puntos focales a pensar en términos prácticos sobre la forma de encarar la protección y la prevención ante los nuevos desafíos y amenazas. Como señaló un participante, para mostrar que las normas no se referían únicamente a las noticias del día anterior, debía haber también casos de éxito en la adaptación a los problemas nuevos, y los puntos focales se beneficiaban del análisis por la Red Global de las implicancias futuras de las necesidades sin precedentes.

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26oct15

Resumen de la quinta reunión de la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger