2sep02
¿Estado de excepción en Euskadi?
En relación con el proceso de ilegalización de Batasuna, y el auto del Juez Garzón, quisiera añadir algunas reflexiones personales.
Sobre la calidad jurídica y la legalidad de los autos del famoso Juez, el artículo del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, D. Javier Pérez Royo ("El País", 29-08-02), me libera de más comentarios, y despeja cualquier duda de que tales actuaciones son un puro disparate, entre el esperpento judicial y la prevaricación. Inaudito en un país democrático con separación de poderes y respeto por el principio de legalidad y por los derechos de los justiciables.
Por mi parte debo añadir que lo cierto es que la supuesta ofensiva político judicial contra Batasuna protagonizada al alimón por Garzón - Gobierno - Garzón, supone la instauración de un estado de excepción de facto para amplias capas de la población de las tres provincias vascas y Navarra.
Con simples autos el sempiterno juez, de un plumazo, cierra periódicos; revistas, y emisoras, encarcelando arbitrariamente a cientos de personas, en situación de práctica indefensión. Con base a "indicios"; "apariencias", y cosas así, suprime un partido político con cientos de miles de votantes y simpatizantes; con centenares de electos en Parlamentos; Diputaciones Forales y Ayuntamientos. Ahora se dice que encarcelará a sus dirigentes desde 1.977; o que clausurará el Sindicato LAB, o cualquier otra cosa que se lo ocurra. Y que el Gobierno en sintonía suspenderá Ayuntamientos, etc. etc. En fin el delirio "democrático".
Propaganda y consignas aparte, la realidad cruda es que -con total burla de lo que establece la Ley; la propia Constitución; y el Convenio Europeo de Derechos Humanos- por medio de "medidas provisionales", en un auto de mera instrucción, y en base a "apariencias", según sus propias palabras, el famosísimo Juez priva a miles y miles de ciudadan@s vasc@s y navarr@s de los derechos fundamentales de asociación: reunión; manifestación; libre expresión escrita y oral de sus ideas; participación en procesos electorales como electores y elegibles, etc. etc. etc. Medidas que solo una declaración formal de "estado de excepción" permite. Todo ello en medio de la demagogia más deleznable, el aplauso entusiasta del Gobierno y Prensa del de Madrid, y del vergonzoso silencio cómplice de "intelectuales" que tanto critican, con razón o sin ella, el silencio de otros.
La indefensión de las personas, empresas u organizaciones destinatarias de los autos de Garzón no puede ser mayor. Pensemos por ejemplo en algo inmediato. Cuando la Sala Especial del Supremo reciba la Demanda de Ilegalización, ¿a quién demonios se la hará seguir; en qué domicilio, si están cerradas las sedes de Batasuna?. Sus dirigentes, ¿cómo se defenderán privados de todo derecho, sin medios materiales, sin dinero siquiera para pagar su defensa?.
Es sencillamente ridículo llamar a esto "Estado de Derecho". Por lo menos Franco, menos hipócrita, sí llamaba a estas cosas por su nombre: Estado de Excepción en las "Provincias del Norte".
[Fuente: José Antonio de Echagüe Méndez de Vigo, Economista. Asesor de Empresas, Los Arroyos - El Escorial (Madrid). Publicado en La Vanguardia, Barcelona, Esp, 2sep02]
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