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25jul22


Seis años esperando para exhumar a los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos: "Están jugando con nosotros"


Le robaron a su padre para siempre en 1936. 85 años después (en septiembre de 2021), y en una democracia que, displicente, no es capaz de rendir cuentas con las víctimas del fascismo en España, falleció él. En más de tres cuartos de siglo, Manuel Lapeña no tuvo la oportunidad de enterrar decentemente a su padre, Manuel Lapeña Altabás. Era su mayor propósito.

Con el anhelo mermado y el hartazgo agudizándose, su familia sigue luchando. En junio de 2022 recibieron el que podía ser el plácet definitivo. Es una sensación demasiado repetida como para hacerse ilusiones: "En el fondo siempre hemos tenido esperanza, pero ese fondo cada vez está más lejano", reconoce, en nombre de la familia, Miguel Ángel Capapé, marido de Purificación Lapeña -nieta de uno de los asesinados- y presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico).

En 2016 autorizaron la exhumación

En 1936, Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás fueron asesinados. El primero (fundador de la CNT de Calatayud -Zaragoza-) desapareció el 27 de julio y fue fusilado en el Barranco de La Bartolina de Calatayud el 14 de agosto. El segundo, tras permanecer oculto, se entregó en octubre de 1936. Su ejecución tuvo lugar el 20 del mismo mes en la tapia del cementerio del mismo municipio aragonés. Ambos fueron enterrados en el camposanto bilbilitano y trasladados al Valle de los Caídos en 1959.

86 años de sus asesinatos, 46 desde que murió el dictador y 6 con una sentencia favorable a la exhumación. Tiempo todavía insuficiente para darles digna sepultura.

Y aún se puede mirar más atrás. Lo hace Eduardo Ranz, abogado de la familia, en conversación con República.com. Recuerda que todo comenzó en junio de 2012, en una reunión en Zaragoza en la que conoció a varias personas con parientes inhumados en el Valle.

Cinco meses después presentaron seis denuncias de otras tantas familias en San Lorenzo del Escorial. Fue la primera intentona y no salió bien: se archivó en el Juzgado de Instrucción, en la Audiencia Provincial de Madrid, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

No fue una sorpresa: "Entre los argumentos que queríamos utilizar cuando demandáramos por lo civil, uno de ellos era el de que por la vía penal no había sido posible, por eso fuimos a todos los juzgados", reconoce Ranz.

'Ad perpetuam memoriam', figura jurídica clave que recupera Ley de Memoria Democrática

El 20 de noviembre de 2014, ante el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), y a nombre de Purificación Lapeña, presentaron una "demanda para la aprobación y protocolización de información ad perpetuam memoriam".

Únicamente denunciaron por los hermanos Lapeña: "La estrategia procesal era hacerlo por separado, para que, si una salía mal, no afectara al resto". El destino quiso que la primera familia fuera esta.

En mayo de 2016, el juzgado autorizó la exhumación. La clave, rememora Ranz, fue la utilización de la figura jurídica ad perpetuam memoriam: "Fíjate si la tecla fue buena, que Rafael Catalá (ministro de Justicia de 2014 a 2018 con el PP) sacó este fundamento jurídico de la ley (de la que formaba parte desde 1981) en 2015, porque decía que ya no se usaba. Pero yo lo estaba utilizando".

De hecho, detalla el letrado, la eliminación se produjo en junio y la familia tenía que declarar en septiembre. Permitieron que su aplicación fuera efectiva en ese proceso, aunque su desaparición impidió optar por una vía similar con el resto de familias. De ahí la gran importancia de que la demanda inicial fuera la de los Lapeña.

La figura comentada se recupera en la nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto fue aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio. Para las personas enterradas en el Valle, explica Ranz, ya no es necesario recurrir a ella porque tienen el derecho reconocido por Patrimonio Nacional: "Sí puede ser muy importante en casos de personas cuyos cuerpos estén en el suelo de alguna iglesia, en un área privado, etcétera", aclara.

"La exhumación de Franco fue una obra menor, pero para esta se necesita una licencia de obra mayor"

Con la anuencia jurídica, poco les hacía pensar que todavía les quedaba por delante un largo y tortuoso camino que aún no han recorrido.

Hubo problemas con el prior, después se solicitó otro informe de viabilidad y el último capítulo, de momento, se inició en septiembre de 2021, cuando el Gobierno dio luz verde a los trabajos previos de exhumación. Fue una decisión de Patrimonio Nacional, explica Ranz, "mientras el presidente de este ente fue Alfredo Pérez de Armiñán todo fueron impedimentos, y con el cambio se desbloqueó".

Otra vez parecía que sí. Pero de nuevo fue que no. En este caso, el obstáculo, anota el abogado, vino en forma de medida cautelar de paralización de las obras "tras el recurso presentado por una asociación de extrema derecha".

Eso sucedió en noviembre de 2021 y, hasta el pasado mes de junio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no levantó la suspensión. Una medida cautelar, destaca Ranz, suele tardar entre 15 o 20 días. En este caso han sido ocho meses. Cuestionado acerca de las razones de esta excesiva dilación, el letrado asevera que es "mejor no hacer valoraciones sobre la sensibilidad de su señoría".

Todavía resta un último trámite: que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial reactive la licencia de obra mayor. "La exhumación de Franco fue una obra menor, pero esta es mayor", agrega irónicamente Ranz.

"Con el PP no hubo ni diálogo, pero del PSOE esperas mucho más"

Han sido 6 años de interminable burocracia, extrañas demoras y, en ocasiones, lacerantes intervenciones políticas. Todo ello, unido al fallecimiento de Manuel Lapeña, ha menoscabado notablemente la energía de la familia. "Estamos cansados y hartos. Están jugando con nosotros", afirma Capapé con la vista en el pasado y desdeñando la mesura que en algunos momentos les exigieron desde el Gobierno. Aun así, afirma que sigue pensando que finalmente serán exhumados.

¿Por qué no ha sucedido antes? El presidente de Arico no elude focalizar en la política gran parte de la culpa: "Con el Gobierno del PP ni hubo diálogo, pero bueno, no fue ninguna sorpresa. Del PSOE esperábamos mucho más".

"Hemos estado cuatro o cinco veces en Patrimonio Nacional y en el Valle de los Caídos otras dos. Cuando te llaman vas ilusionado, pero luego nada, te hacen ir hasta allí para darte la copia de un informe, la última vez ya les dijimos que no íbamos".

Para más inri, subraya Capapé (también vicepresidente de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos -AFPERV-), "hicimos unas declaraciones, se enfadaron y no nos volvieron a llamar".

Aunque algo más cauteloso, de igual forma Ranz argumenta que la voluntad política ha tenido mucho que ver: "Con el Gobierno del PSOE los pasos se han dado muy despacio, aunque al menos se han dado".

[Fuente: Por Óscar F. Civieta, República de las ideas, Madrid, 25jul22]

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