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22dic13
El fiscal acusará a Urdangarin de delitos penados con 23 años
El fiscal Anticorrupción acusará a Iñaki Urdangarin de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel, en el escrito que presentará en las próximas semanas solicitando la apertura del juicio oral. La petición para el socio del duque de Palma, Diego Torres, será de cinco delitos, penados con un máximo de 19 años de reclusión.
Sí habrá igualdad en la multa que el fiscal pedirá que abonen y que asciende a 3,5 millones de euros. Tal y como ha advertido el fiscal general del Estado, no habrá petición de pena para la Infanta Cristina, y hay dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro
Éste es el planteamiento que tiene encima de la mesa el Ministerio Público y que, salvo sorpresas como un acuerdo de conformidad, saldrá adelante en el escrito de acusación que entregará al juez Castro después de Navidad, previsiblemente una vez que se sepa si se imputa o no a la Infanta Cristina.
La gran novedad es que Anticorrupción, cuyo fiscal adscrito a la causa es Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a Urdangarin que a Torres. Finalmente, atribuirá seis infracciones penales al duque de Palma: prevaricación, malversación, falsedad, fraude y dos fiscales. A su antiguo socio e íntimo amigo le caerán prevaricación, malversación, falsedad, fraude y uno fiscal. Es decir, cinco.
Eso sí, se librarán del blanqueo de capitales porque la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. Esta postura facilitaría a la larga que la hija del Rey pueda librarse de este tipo penal al no atribuírselo a sus máximos protagonistas.
En el peor de los escenarios para él, es decir, tomando como referencia la parte más alta de las penas, Urdangarin podría ser condenado con hasta 23 años de prisión. A Torres sus actividades delictivas le supondrían alrededor de 19 de reclusión. A Urdangarin se le castigaría por dos delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2007 y 2008, ambos por superar la cuota de 120.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por su parte, Diego Torres habría infringido el artículo 305 del Código Penal -el que castiga los delitos fiscales- en 2007. La pareja se sirvió de sus empresas pantalla para pagar fraudulentamente menos al Fisco acogiéndose al Impuesto de Sociedades en lugar de tributar vía IRPF.
El fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos suscritos con la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia comandado por Rita Barberá, como con los que firmaron con el Govern de las Islas Baleares presidido por Jaume Matas.
La retahíla de irregularidades, interminable
La retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco concurrencia, menos aún fiscalización del gasto y, en algunos casos, todo era fruto de pactos verbales.
También cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron Urdangarin y Torres -con la complicidad de Matas, Camps y Barberá- para evitar someterse a un concurso público. El hecho de que se optase por este atajo legal no basta para hacer desaparecer la ilicitud del gasto y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Item más: el Tribunal de Cuentas ha defendido en varias sentencias que "no es suficiente el contrato para entender justificado el gasto, los contratos deben tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse".
Anticorrupción entiende, por tanto, que no sólo el Govern de las Islas Baleares y la Generalitat Valenciana, sino también el Ayuntamiento de Madrid -con los 144.000 euros que les dio la Oficina Olímpica de Madrid 2016-, deberían haber elegido un mecanismo diferente al del convenio. Según la ley, esta figura queda limitada a la colaboración entre instituciones, cuando las dos partes carezcan de interés patrimonial o cuando no exista una contraposición de intereses. Es obvio, a la luz de las pruebas que obran en la causa, que había interés patrimonial, puesto que Urdangarin y Torres se metieron en sus bolsillos 2,6 millones de euros en Baleares y otros 3,5 en la Comunidad Valenciana.
El dúo Urdangarin-Torres y los demás imputados deberán devolver, pues, íntegramente las cantidades recibidas de los erarios autonómicos. La Fiscalía considera que habría que imponerles una multa de 3.495.000 euros: algo más de un millón de euros por el dinero distraído de Baleares y 2,3 millones por los fondos públicos que se embolsaron en la Comunidad Valenciana. Llama la atención la desproporción entre la multa que reclamará el fiscal y la fianza de responsabilidad civil, aún vigente, que se impuso solidariamente a ambos: 8,2 millones.
El resto, hasta completar los 6,1 millones de los que se apropiaron en total en las dos administraciones, lo pagarán los políticos y funcionarios que colaboraron en el saqueo. Jaume Matas, el dirigente popular que presidió Baleares de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007 y que será acusado de prevaricación, malversación y fraude, también tendrá que poner parte de los fondos detraídos ilegalmente. En concreto, se baraja una multa de unos 500.000 euros.
El presidente balear posee ya antecedentes: fue condenado por el Supremo a nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias y por la Audiencia de Palma a abonar 51.000 euros al Estado por cohecho.
Por último, la intención de la Fiscalía es dejar al margen a antiguos colaboradores del duque de Palma, como el empresario Miguel Zorío.
Esta hoja de ruta de Anticorrupción quedará en papel mojado si llegan a buen puerto las negociaciones que, pese a lo que mantiene el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, siguen abiertas. Torres-Dulce fue tajante hace un mes cuando este diario destapó esta posibilidad: "No hay abierta ni va a haber ninguna negociación para cerrar un pacto en el denominado caso Nóos".
[Fuente: Por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 22dic13]
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