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02feb09
El Gobierno defiende ante la ONU la Transición española.
El Gobierno ha visto obligado a defender ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el modelo español de transición a la democracia y, en concreto, la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1977, cuya derogación solicitó el mencionado organismo internacional el pasado mes de octubre para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo.
El Ejecutivo, con una contundencia poco habitual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un duro informe en el que «lamenta» que el comité se haya metido en un asunto que «desconoce» y al que recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue uno de los pilares del proceso democratizador.
La respuesta se cursó el pasado 8 de enero para rebatir el informe aprobado en la 94º reunión del comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que daba un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura franquista, y que recomendaba «encarar la abolición» de la Ley de Amnistía porque en España hay todavía de desaparecidos y esa norma choca con la máxima internacional de que «los crímenes contra la humanidad (como los cometidos por la dictadura de Francisco Franco) son imprescriptibles».
Es habitual que la respuesta de los gobiernos a los informes del comité sean una formalidad para dar por recibidas las recomendaciones, pero en este caso el Ejecutivo ha preferido una respuesta contundente: «El Estado español quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia en España».
El Ministerio de Asuntos Exteriores, interlocutor con la ONU, ilustra a los expertos del comité con datos históricos, como el hecho de que «la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática» y «fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978».
Además, «no sólo la sociedad española, sino también la opinión pública mundial, es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley».
Sorpresa
La nota diplomática dice «lamentar la inclusión de este punto» en el informe sobre el respeto de los derechos humanos en España y echa en cara a la ONU su «desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía». Y muestra sorpresa porque durante las reuniones que el Gobierno mantuvo con los expertos de Comité de Derechos Humanos en ningún momento los funcionarios hicieron referencia a la Ley de Amnistía o planearon «duda o pregunta alguna» sobre el asunto.
Los miembros del comité, explica el informe, sólo se limitaron a hacer algunas consultas sobre el procedimiento entonces todavía no archivado con el que el juez Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo y la postguerra, y no hicieron referencia alguna a la ley. El Gobierno afea a la ONU que no se le diera «oportunidad de defensa», tal y como marcan los protocolos. «Cualquier Estado sujeto a un proceso de examen internacional debe poder responder a aquellas cuestiones sustantivas que vayan a formar parte de una recomendación final», denuncia España.
El Ejecutivo concluye que en este informe de Naciones Unidas «la visión general» que se ofrece de España «no se corresponde con la realidad». La carta lamenta que el comité haya incluido «opiniones distorsionadas» que han concluido con un informe «distorsionado», no sólo en el tema de la Ley de Amnistía, sino en otras cuestiones como la lucha antiterrorista o el trato que se dispensa a los inmigrantes detenidos o bajo custodia.
La ONU, en el estudio publicado en octubre, reiteraba las ya habituales críticas al Gobierno por la incomunicación de los presuntos terroristas y por la supuesta dejadez de las autoridades españolas a la hora de investigar las denuncias de malos tratos en dependencias policiales. También recriminaba que, a pesar de los esfuerzos legislativos, las mujeres no son todavía «suficientemente protegidas» frente a la violencia machista.
[Fuente: Canarias7.es (Melchor Sáiz-Pardo / Colpisa, Madrid), 02feb09]
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