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02sep15
Posada tramitó personalmente la reforma del PP para acelerar la tramitación
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha hecho uso de una prerrogativa personal, propia de su cargo, para que el PP haya podido tramitar la reforma del Tribunal Constitucional y que sea aprobada antes del final de la legislatura, según mantienen los grupos de la oposición. La proposición del grupo parlamentario popular fue presentado de urgencia (acortando todos los plazos) y se tramitará en la Cámara por el procedimiento de lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión). Pero también ha sido necesario que fuera el propio Posada quien calificara personalmente la propuesta para que llegue a tiempo a ser aprobada, según fuentes del PSOE.
El calendario previsto es que se debata y vote la tramitación exprés en un pleno extraordinario la semana del 14 de septiembre, la misma en que se discutirán por secciones los presupuestos. Y se apruebe la semana del 29. De este modo da tiempo a enviarlo al Senado, y ser ratificado después antes de la disolución de las Cámaras. Para cumplir este plan ha hecho falta la calificación personal. Con el trámite habitual -que lo hubiera calificado la Mesa del Congreso en la reunión de la próxima semana- la iniciativa corría el riesgo de no ser aprobada. Según fuentes socialistas, "no habría podido entrar el orden del día del 14 porque no estaría publicada antes de la Mesa y la Junta de la semana que viene".
La decisión de Posada ha provocado hoy la presentación de un recurso de prácticamente toda la oposición -PSOE, CIU, PNV, UPyD y parte del grupo mixto (BNG, CC, NC y Compromís)- en el que le acusan de "inaceptable actuación por falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones". Solicitan al presidente del Congreso que reconsidere su acuerdo y lo justifican en que, a su juicio, se ha extralimitado de sus funciones. Desde el entorno del presidente se defiende que su comportamiento se ajusta a derecho.
En el recurso, promovido por el grupo socialista, se expone que la delegación a la Presidencia de la Cámara de las facultades de calificación realizadas por a la Mesa del Congreso se limitan a preguntas en respuestas oral en el pleno, interpelaciones urgentes y mociones; renuncias de escaños para agilizar la tramitación de la credencial del nuevo diputado; iniciativas urgentes para su inclusión en el orden del día de una comisión si hay unanimidad de su Mesa y no sea posible esperar al acuerdo formal; autorización de viajes oficiales en que no sea posible esperar al acuerdo de la Mesa y ampliación del plazo de enmiendas cuando la Mesa no pueda pronunciarse. "Ninguna de estas delegaciones -dice el texto- da cobertura a la calificación hecha por esta presidencia".
Se apunta también a un acuerdo de diciembre de 2011 de la Mesa del Congreso para delegar a la Presidencia la competencia de calificar proyectos de ley, tratados internacionales y escritos de carácter urgente cuya calificación no se puede demorar o porque no esté prevista una reunión de la Mesa. En este caso, según el escrito presentado por la oposición, "tampoco se habilita a la Presidencia para calificar la proposición de ley de grupo parlamentario popular". Explican que no se trata de un proyecto de ley remitido por el Gobierno -en esta circunstancia Posada ya ha calificado personalmente otros proyectos-, sino de "una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario cuya tramitación no puede considerarse preferente respecto al resto de iniciativas, que han sido presentadas por otros grupos durante el mes de agosto sin que hayan sido calificadas por la Presidencia". Añaden, además, que el carácter de urgente sólo lo puede determinar la Mesa del Congreso, según establece el artículo 93 del Reglamento.
Por estas razones la oposición considera que el presidente se ha excedido en sus funciones de delegación y que "favorece directamente la tramitación de una iniciativa presentada precisamente por el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, en detrimento de las presentadas por otros grupos". El entorno del presidente sostiene que el acuerdo de 2011 le permite calificar la proposición de ley del grupo popular porque, señalan, tenía carácter de urgencia y no había prevista una reunión de la Mesa.
[Fuente: Por Marisol Hernández, El Mundo, Madrid, 02sep15]
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