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22jun12
La izquierda abertzale, legalizada
Los promotores de Sortu aguardan a conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional español para analizar en profundidad los criterios jurídicos a favor o en contra de la inscripción como partido político que barajaron los magistrados. «En breve», avanzaron, darán los pasos para constituirse y fortalecer un proyecto ilusionante para miles y miles de ciudadanos abertzales y de izquierdas.
A la espera de conocer esos extremos, trabajan en las tareas más próximas a las que se enfrentarán, partiendo -así lo remarcó Maider Etxebarria, una de las componentes del grupo promotor- de su compromiso con Euskal Herria, que les hará luchar por el reconocimiento nacional y el derecho a autodeterminación. Etxebarria fue la encargada de ofrecer una primera valoración del fallo del Constitucional y lo hizo acompañada de otros seis promotores de Sortu y de los letrados Adolfo Araiz e Iñigo Iruin, quienes han dirigido la defensa.
«Creemos que existe madurez y responsabilidad en la sociedad vasca para establecer iniciativas y diálogos necesarios para construir un futuro en paz y en libertad y vamos a contribuir a ello», manifestó Etxebarria, que no se olvidó de otra tarea urgente para Sortu: hacer frente a la «alarmante situación económica» proponiendo soluciones. La palabra «compromiso» salió en varias ocasiones de los labios de la portavoz ayer de Sortu, que incidió en que desde la tarde del miércoles miles y miles de abertzales y de izquierda «tienen una casa que compartir, que construir y que dinamizar».
De ahí que se pondrán en marcha en pueblos y barrios para dinamizar el proceso constituyente de Sortu. «Será un proceso en el que participarán las bases de la izquierda abertzale», aclaró. Su objetivo será el de debatir y decidir los fundamentos ideológicos, línea política, modelo organizativo y política de formación del nuevo partido independentista.
Avanzaron que en las próximas semanas se irán definiendo con mayor concreción los pasos que van a dar. También «en breve» se iniciará la conformación de la militancia de Sortu a través de la figura de los y las «sortzailes», que serán las personas afiliadas a ese partido.
Aunque en la comparecencia Iñigo Iruin trató de delimitar las cuestiones estrictamente jurídicas de las políticas, el letrado destacó que Sortu y sus estatutos representan «un momento clave en el devenir político de la izquierda abertzale en los últimos tres años». Iruin profundizó aún más en esa reflexión, al estimar que «el debate habido en el seno de la izquierda abertzale entre octubre de 2009 y febrero de 2010, marcó, sin duda alguna, un punto de inflexión en su evolución estratégica, pero la exposición pública en febrero de 2011 de los estatutos de Sortu constituyeron un punto de no retorno en la nueva apuesta política».
«La izquierda abertzale sabe que, en la puesta en práctica de esos estatutos, se juega, en parte importante, su credibilidad política. Y en esa medida, la legalización de Sortu le compromete aún más con el camino iniciado», subrayó en una sala repleta de medios de comunicación.
Catálogo de limitaciones con aviso de prohibición
Quizá para atenuar los ataques que estaba sufriendo, el Tribunal Constitucional filtró ayer la parte de la sentencia en el que establece los límites que el partido abertzale no debe cruzar si no quiere ser ilegalizado. Entre ellos, la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el que supone el cumplimiento de una pena por «terrorismo», el ensalzamiento de militantes de ETA o las actuaciones que cuestionen la labor de las Fuerzas de Seguridad o de los propios jueces. Por la mañana, cuando se conocía que había limitaciones pero no su textualidad, Iñigo Iruin afirmó que no se sostiene, en términos jurídicos, la advertencia de que Sortu pase de una situación de «ilegalización preventiva a una de legalización vigilada, con la pretensión de que pueda darse, en el futuro, una ilegalización sobrevenida». GARA
Iruin insta a cerrar el ciclo ilegalizador y a invalidar la condena de Bateragune
Iñigo Iruin cree que la sentencia que legaliza Sortu «debe servir para que el Estado español cierre definitivamente una década de ilegalizaciones, de partidos y de estructuras de la izquierda abertzale». Asimismo, el letrado estimó que la resolución del Constitucional «hace todavía más inexplicable la condena en el caso Bateragune porque es un hecho notorio que los cinco condenados en el sumario están en el origen de todo el proceso de reflexión del que surge el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale, que se concretó en Sortu».
Iruin subrayó la importancia del pronunciamiento de los once magistrados del máximo órgano judicial español, ya que «era la primera vez que el Constitucional se iba a pronunciar sobre el supuesto de un partido político al que se negaba la inscripción en el registro y, por tanto, el supuesto de un partido político que no había tenido inscripción». «Era una ilegalización antes de tener actividad e ilegalización por la vía de impedir el nacimiento de esa partido político», precisó el abogado.
Tampoco pasó por alto que es la tercera ocasión en que el TC «corrige» al Supremo en procesos de ilegalización contra iniciativas soberanistas de izquierda. «Lo fue antes con Iniciativa Internacionalista, posteriormente con Bildu y ahora con Sortu», recordó. De ahí que considere, y así lo declaró, que debe servir «para poner límite a una interpretación cada vez más forzada y expansiva» de la Ley de Partidos.
«Sería deseable», apuntó, que esta sentencia «tenga un efecto, aunque sea indirecto, en la jurisdicción penal, y más concretamente en la Audiencia Nacional, que es la segunda vía del Estado español para la criminalización de la izquierda abertzale. Hay que recordar -añadió- que todavía hay dos procesos contra Batasuna, ANV y EHAK».
Iruin cree que el TC tendrá que seguir manteniendo esos criterios cuando examine los recursos que acaban de presentar ayer y hoy ante ese tribunal a raíz de las condenas por el «caso Bateragune». «Lo que no es inválido, lo que carece de entidad para anular una candidatura o para ilegalizar un partido político, no puede sostener, en ningún caso, una condena penal por un delito de integración en organización terrorista», manifestó.
El abogado explicó que Rafa Díez -al estar en libertad provisional mientras Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez permanecían en prisión- fue un colaborador suyo «muy cercano y estrecho» en la etapa en la que trabajaba en la redacción de los estatutos de Sortu. Además, Iruin no se olvidó de que varios de los documentos que sustentan la condena contra esos cinco militantes independentistas «se han utilizado también en los procesos de legalización de Bildu y Sortu, sin que el Tribunal Constitucional les haya dado valor suficiente para que se declare esa ilegalización». A.G.
La mayoría política pide liberar a Otegi
La decisión del Constitucional provocó que la mayoría de los partidos vascos exigiera ayer la excarcelación de los cinco condenados por el «caso Bateragune», con mención especial a Arnaldo Otegi por su simbolismo.
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, aseguró que es «absurdo» que Otegi, Zabaleta, Díez, Jacinto y Rodríguez sigan en prisión, porque «difícilmente» se puede sostener que sigan encarcelados quienes impulsaron el giro estratégico de la izquierda abertzale. En esa misma línea, Aralar y EA reclamaron la libertad de las personas encarceladas «por hacer política». Hasta el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ve que «hay algún tipo de contradicción» entre este fallo y el encarcelamiento.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, apuntó a que ahora le toca al Ejecutivo español «dar pasos sinceros, decididos y valientes hacia la normalización política». Garitano replicó al lehendakari -quien sostuvo que la legalización de Sortu obliga a la izquierda abertzale a «hacer política y no victimismo»- que la izquierda abertzale «no ha hecho victimismo hasta ahora», sino que ha sido «víctima de una situación profundamente injusta».
A quien no sentó tan bien la resolución fue al presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, que opinó que Sortu «será legal pero no demócrata, porque tiene 900 asesinatos detrás y ha sido incapaz de pedir a ETA que desaparezca».
Desde Madrid, el secretario general del PSOE y anterior ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que la legalización ayudará «a acabar con ETA».
[Fuente: Por Agustín Goikoetxea, Gara, 22jun12]
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