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31ene07
El constitucional pide nuevos datos a la Audiencia Provincial de Madrid sobre la cuestión de la prescripción.
La están peinando. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que entiende del recurso de amparo presentado por Alberto Cortina y Alberto Alcocer contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó a tres años y cuatro meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se juzgó en origen el caso Urbanor, que le remita una serie de documentos relacionados con la prescripción, tal que cuándo se presentó la querella, cuándo se admitió a trámite, etc.
El alto tribunal ha informado de esa resolución a las partes personadas en el proceso, que recibieron la correspondiente notificación a mediados de la semana pasada. Previsiblemente, este requerimiento llegue a la Audiencia Provincial a finales de semana, por lo que parece evidente que, tras localizar los documentos, prepararlos y remitirlos al Constitucional, el horizonte del fallo definitivo nos traslada a mediados de febrero próximo.
El pasado 17 de enero, este diario informó que la Sala Segunda del Constitucional que preside el juez Guillermo Jiménez Sánchez había examinado el lunes 15 el recurso de amparo presentado en abril de 2003 por los Albertos, contra la sentencia del Supremo que el 14 de marzo de 2003 les condenó por varios delitos cometidos en la venta de los terrenos propiedad de Urbanor en los que hoy se levantan las Torres KIO.
De acuerdo con las fuentes, el magistrado Pascual Sala (ver El Confidencial del miércoles 17 de enero), ponente del caso, leyó ese lunes su informe y lo distribuyó entre los otros cinco magistrados que componen la Sala, que a partir de entonces disponían de dos semanas para estudiarlo y adoptar una posición al respecto, por lo que la votación definitiva, con el correspondiente fallo, se esperaba para el pasado lunes 29 de enero.
Presión social
Por lo que parece, la discusión ha encallado en el meollo del caso, la prescripción, lo que le ha llevado a solicitar a la Audiencia Provincial la documentación adicional citada antes de fallar. Aquella fue la sentencia 144/00, de 29 de diciembre, que, tras declarar probados los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, decidió sin embargo, absolver a los Albertos por considerar prescrita su responsabilidad penal.
La impresión en medios próximos a la acusación es que el Constitucional sigue firme en su decisión de atender la demanda de los Albertos. El pasado 17 de enero, este diario informó que la Sala estaba dividida a razón de 4 magistrados a 2 a favor de conceder el amparo a los primos, pero las cosas no parecen ser fáciles, y la presión social en el alto tribunal siente en el cogote le lleva a tratar de amarrar en lo posible su fallo.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 31ene07]
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