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13jul14
La Justicia golpea al PSOE-A con la cuarta investigación sobre sus ayudas al empleo
A la Junta de Andalucía se le acumulan los problemas judiciales y casi todos están relacionados con la gestión de fondos públicos contra el desempleo. La Fiscalía Superior de Andalucía acaba de revelar que está investigando la red de Unidades de Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), unas entidades locales creadas y financiadas por la administración andaluza que supuestamente tenían como objetivo reducir el paro actuando sobre el terreno en ayuntamientos y mancomunidades. El Ministerio Público no cuestiona que generaran puestos de trabajo, pero sospecha del procedimiento que utilizaron los diferentes Ejecutivos autonómicos socialistas para seleccionar a los beneficiarios de esas subvenciones. Con este nuevo procedimiento ya son cuatro las investigaciones en marcha sobre los programas de la Junta de Andalucía contra el desempleo. Todo el sistema diseñado por el Ejecutivo andaluz para repartir durante años cantidades ingentes de fondos públicos se sienta en el banquillo.
La investigación que ha iniciado ahora la Fiscalía Superior de Andalucía es fruto de una denuncia presentada el pasado mes de marzo ante el Ministerio Público por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). La documentación aportada por el SAF detalla, tomando como punto de partida las conclusiones de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, que los consorcios UTEDLT contrataron a personas que ni siquiera estaban dadas de alta ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -uno de los requisitos de la contratación- y que un 48% de las contrataciones analizadas se efectuaron sin convocatoria previa, es decir, sin publicidad ni criterios objetivos de ningún tipo.
El SAF asegura que esa discrecionalidad era intencionada. El presidente del sindicato, José Manuel Mateo, sostiene que "las UTEDLT fueron ideadas por la Junta para pagar sueldos de hasta 5.000 euros a dirigentes socialistas que habían perdido sus cargos en la administración pública". "Los funcionarios podríamos haber asumido esa función de fomento del empleo con nóminas tres veces menores, pero el Gobierno autonómico quería colocar a su gente", insiste Mateo.
Informe de la Policía Judicial
Las pesquisas están por ahora sólo en manos de la Fiscalía pero ésta ya dispone de un informe sobre el caso elaborado por la Unidad de Policía Judicial adscrita al Ministerio Público que avalaría la existencia de indicios de delito. Para avanzar en el procedimiento, la Fiscalía ya ha pedido al SAE que remita los datos de las personas que concedieron las ayudas a las UTEDLT para efectuar las contrataciones bajo investigación. Por el momento, sólo están en el foco los 57,3 millones de euros que habría desembolsado la Junta entre 2010 y 2012 para sufragar las nóminas de los empleados de las UTEDLT repartidas por el territorio autonómico, pero las diligencias podrían ampliarse a las ayudas que se tramitaron a través de las oficinas.
El caso asesta un nuevo golpe al sistema de subvenciones contra el desempleo de la Junta de Andalucía y vuelve a poner en duda la honorabilidad de sus máximos responsables políticos, al menos durante el periodo sometido a investigación. En el caso de las ayudas a la UTEDLT, las diligencias de la Fiscalía se centran por ahora en el periodo 2010-2012.
'Operación Edu' de la Policía
Esa es también aproximadamente la franja temporal que está utilizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la operación Edu, una investigación sobre el fraude en las ayudas públicas de la Unión Europea y la Administración General del Estado para la formación de trabajadores. Estas otras diligencias arrancaron hace dos años y ya han desencadenado las primeras detenciones en las provincias de Málaga y Granada. La operación se extenderá en las próximas semanas al resto de provincias andaluzas. Los agentes han concluido en sus primeros informes que los responsables de Empleo de la Junta otorgaron subvenciones para la organización de cursos contra el desempleo a empresas, sindicatos y asociaciones que no reunían los requisitos para obtener esos fondos y que, además, no hicieron nada para recuperar ese dinero.
La operación se ha centrado por ahora en los responsables de las sociedades mercantiles que lograron fraudulentamente las ayudas para la formación, pero la UDEF ha puesto el foco en los máximos responsables de la consejería de Empleo durante el periodo bajo sospecha. Las primeras estimaciones de los agentes apuntan a que el fraude total en la formación de los trabajadores podría alcanzar los 2.000 millones de euros.
Investigaciones de la Guardia Civil
La operación Edu se instruye por ahora en juzgados de instrucción de todas las provincias de Andalucía. También en un juzgado de primera instancia, en el número 6 de Sevilla, la célebre magistrada Mercedes Alaya instruye otro procedimiento centrado en las ayudas a la formación para el empleo, el tercero sobre esta misma materia. En este caso, el objeto de las pesquisas que están realizando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afecta de lleno al Ejecutivo autonómico.
La jueza trata de determinar si los máximos responsables en la gestión de estas ayudas pudieron cometer malversación de fondos públicos en la gestión de las subvenciones para la realización de cursos. La investigación arrancó después de que los investigadores hallaran indicios de que UGT había utilizado esas partidas multimillonarias para financiar su actividad. En otro juzgado de Sevilla, en el número 9, se instruye específicamente la investigación contra UGT, pero el caso que lleva el número 6 se centra en la actuación de los máximos responsables en la adjudicación de los fondos.
El cuarto procedimiento es el escándalo de los ERE, que también investiga las ayudas públicas al empleo de la Junta. En este procedimiento, que también instruye la jueza Alaya con la colaboración de la Guardia Civil y que es el más avanzado de todos los que hay en curso, se investiga en concreto el llamado fondo de reptiles, una partida presupuestaria que en el periodo 2001-2011 llegó a sumar 1.217 millones de euros y que supuestamente tenía como objetivo conceder subvenciones a empresas en dificultades económicas para que pudieran afrontar ajustes en sus plantillas. La investigación ha permitido detectar que se concedieron ayudas a empresas que no habían iniciado expedientes de regulación de empleo (ERE), que se prejubiló a políticos, sindicalistas y familiares que nunca habían trabajado en las empresas afectadas por los recortes de plantilla y que la trama regó con comisiones exorbitantes a bufetes, aseguradoras, despachos de abogados, sindicatos y políticos.
El juicio a todo un modelo
La investigación que acaba de anunciar la Fiscalía Superior de Andalucía sobre los consorcios de las UTEDLT se suma a estos otros procesos y contribuye a cuestionar todavía más la legalidad de unos procedimientos que, según los investigadores, habrían permitido al PSOE andaluz alimentar con fondos de los contribuyentes una red clientelar que llegaba hasta el último rincón de las ocho provincias.
Por el momento, en el punto de mira de las investigaciones hay exconsejeros de Empleo, como José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila; exconsejeros de Economía, como Magdalena Álvarez y José Salgueiro; y expresidentes de la Junta, como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Justicia decidirá si las responsabilidades se extienden al equipo de dirigentes de la actual presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que parece haber quedado al margen de estos procedimientos.
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 13jul14]
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