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01may14
La Junta no exigió justificantes de 300 millones para formación
La Fiscalía Superior de Andalucía ha terminado de apuntalar la teoría policial del carácter masivo del fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta que preside la socialista Susana Díaz, reconociendo como "evidente" que no puede ser excepcional la exoneración en la justificación de las ayudas si éstas llegaron a "70 millones de euros en 2009 y casi alcanzan los 227 millones de euros en 2010".
Y ello gracias a las resoluciones del "presidente del Servicio Andaluz de Empleo", cargo que en este periodo ostentaron los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio.
El decreto de apertura y remisión firmado por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en poder de EL MUNDO, es contundente: "Es evidente que tales resoluciones deberían configurarse como excepcionales y parece, sin embargo, que han sido generalizadas o muy frecuentes, debiendo examinarse estas resoluciones para comprobar si efectivamente tenían lugar las circunstancias de especial interés social y si pueden vincularse con expedientes en los que hayan podido tener lugar otras responsabilidades administrativas y contables de gravedad".
"Sería necesario, en todo caso, la identificación del perceptor o perceptores de estas ayudas, su importe y circunstancias de su ejecución. Pero esta labor, como es obvio, deberá realizarse con la extensión necesaria en las investigaciones judiciales o fiscales que se tramitan en la actualidad", sugiere el fiscal, proponiendo un cruce de datos que es el que terminará conectando definitivamente el caso de las facturas falsas de UGT con el fraude masivo que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y la Fiscalía de Málaga.
"Las investigaciones que se desarrollan en la actualidad presentan coincidencias en la norma habilitante para la concesión de ayudas, organismo gestor, beneficiarios y espacio temporal", recoge el decreto rubricado por García Calderón, que aprecia indicios de delito en el reparto de las ayudas para formación de la Junta, como ayer informó este diario.
Conexión 'Edu'-facturas
Las conexiones entre el caso de las facturas falsas de UGT y la operación Edu a las que se refiere el fiscal superior son que todas las subvenciones las concedía el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta con arreglo a la misma normativa, que ahora están cuestionando los investigadores policiales porque en algunos casos se adjudicaba de forma automática el 75% de la ayuda sin mayores exigencias sobre la justificación. Otra coincidencia es que el foco del fraude se concentra en los años posteriores a 2009.
¿Y cómo concedía las subvenciones la Junta de Andalucía? Había una "generalizada falta de control y desorden en el otorgamiento de las ayudas", avisa en su escrito el fiscal superior, que analiza el informe policial que le encargó a la Unidad Adscrita de la Policía tras el demoledor examen de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas del SAE, que detectó que el 89% de las subvenciones repartidas en 2009 se adjudicaron a dedo o que hay 48,8 millones de euros recibidos por la Fundación de Empleo de la Junta -Faffe- sobre los que no consta justificación alguna.
"Las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquéllas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos", destaca el fiscal.
Por ello, remite este decreto y las pesquisas policiales a las fiscalías de Málaga y Sevilla para que, a su vez, las incorporen a las investigaciones que se siguen por el caso de las facturas falsas de UGT y también en el marco de la operación Edu, que indaga ya las ayudas a 20 empresas por unos 1,7 millones de euros.
Actualmente, dos jueces de Sevilla, Mercedes Alaya y Juan Jesús García Vélez, están tramitando investigaciones relacionadas con presuntos fraudes con subvenciones para cursos de formación subvencionados por la Junta y por la Unión Europea. Inicialmente, Alaya acaparó todas las pesquisas, también la de las facturas falsas de UGT, pero la Audiencia de Sevilla decidió que le correspondía al otro magistrado, que recibió la primera denuncia sobre el presunto desvío de fondos del sindicato, del que EL MUNDO está informando desde el verano.
Aunque el Gobierno de Susana Díaz ha asegurado que los fondos investigados no son de Bruselas, García Calderón advierte: "Es preciso aclarar si los hechos han sido comunicados a los órganos de fiscalización y control de la Unión Europea para que pueda ser defendida la Hacienda comunitaria, de manera que, exponiendo con claridad la respuesta institucional frente a posibles supuestos de fraude, y al margen del imperativo legal correspondiente, puedan seguir percibiéndose ayudas en el futuro".
El decreto de la Fiscalía Superior destaca el trabajo de la Cámara de Cuentas andaluza. "Las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquéllas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos. Esta circunstancia exige su investigación con todas las garantías, aunque sería aún prematuro establecer las tipologías concretas que podrían haber sido vulneradas".
"Cabe concluir que la gestión de estas ayudas, como señala la Unidad Adscrita, no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado, abriendo la puerta a posibles y habituales irregularidades, produciéndose una ausencia de control y seguimiento por el Servicio Andaluz de Empleo a pesar de las recomendaciones que fueron realizadas en 2004 y de la acreditación de continuas y destacables incidencias de una singular gravedad", concluye el fiscal.
[Fuente: Por Silvia moreno, Manuel Becerro y José A. Cano, Sevilla y Granada, El Mundo, Madrid, 01may14]
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