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22sep14
Alaya custodia otros 12.792 expedientes de formación en una habitación precintada
El "capitán García", uno de los mandos de la Guardia Civil al frente de la investigación de los cursos de formación en Andalucía bajo las directrices de la jueza Mercedes Alaya, tiene la única llave de una habitación precintada en la antigua Consejería de Empleo con los 12.792 expedientes de las ayudas de formación reclamados por la instructora y que se corresponden al periodo que abarca desde 2001 a 2007. A partir de esa fecha, la Junta asegura que ya remitió los documentos a los juzgados.
Según ha podido saber El Confidencial, la voluminosa documentación reclamada por Alaya al Gobierno andaluz en un auto del pasado agosto y que remontaba su investigación sobre el presunto fraude de la formación en Andalucía a una década atrás, está ya en poder de la justicia. Ante la ingente cantidad de papeles, "35.349 cajas AZ", no ha sido posible hacer el traslado a los tribunales, confirmaron desde la Junta.
La solución: en la antigua Consejería de Empleo, situada en la calle Hytasa de Sevilla, existe una habitación bajo precinto policial a la que solo, de momento, tiene acceso la Guardia Civil. Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron este extremo y aseguraron que se le ha ofrecido a la jueza Alaya la posibilidad de que se digitalice esta documentación. Están a la espera de que los juzgados den el visto bueno y acrediten a los funcionarios que estarán facultados para manipular dichos expedientes. Nadie entiende qué exactamente busca la magistrada, pero la información está a su disposición, aseguraron desde el Gobierno andaluz.
La jueza Mercedes Alaya reclamó a la Junta de Andalucía todos los expedientes de formación desde 2001 a 2007 en lo que muchos adivinan ya como el primer paso para volver a convertir esta investigación, abierta en estos momentos en cinco juzgados de toda Andalucía y a la que ella ha tenido acceso conectándolo con los ERE, en una macrocausa bajo su tutela que podría ser incluso mayor a la de las ayudas sociolaborales y suma los 3.000 millones de euros.
Hasta que el resto de jueces no se inhiban en los procedimientos abiertos sobre los fondos de formación no está claro si Alaya podrá convertir esta causa en otro macroproceso contra la Junta pero, de momento, la magistrada ya tiene bajo su custodia toda la información que ha reclamado y que pone bajo la lupa una década de expedientes de las ayudas de los cursos de formación. Por este motivo ha imputado al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, citado a declarar el 16 de octubre, y al exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, detenido en agosto por otro sumario y cuyas empresas lograron más de 33 millones de euros de ayudas para cursos de formación.
Cuando Alaya reclamó al Gobierno, en concreto al Servicio Andaluz de Empleo, esta ingente cantidad de información, la Consejería de Economía se enfrentó a una "auténtica montaña de papeles" que, aseguran fuentes de la administración andaluza, se encontraba en varios departamentos. Cada expediente consta de hasta un centenar de folios. Había expedientes de subvenciones archivados en la antigua Consejería de Empleo ya cerrados y otros aún abiertos en el SAE. Las competencias de los cursos de formación pasaron en 2012 de Empleo a Educación. El Gobierno andaluz asegura que "nadie puede poner en duda" su "voluntad de colaborar con la Justicia" e insisten en que "responderán en tiempo y forma".
Según ha podido conocer El Confidencial, desde la actual Consejería de Economía, que ya no es competente en este asunto ahora bajo la tutela de Educación, se le remitió un escrito a la jueza Alaya en el que se le explicaba que la documentación que reclamaba está dispersa en las dependencias del SAE, las delegaciones provinciales y los archivos de la antigua Consejería de Empleo y se le advertía de que era "un volumen importante" de documentación. La respuesta de la jueza fue enviar a la Guardia Civil a requisar los expedientes. Desde ese momento, están bajo su custodia. La Junta ha negado que haya manipulado ninguno de esos documentos, como ha trascendido de un informe policial, y asegura que "la llave" de estos expedientes la tienen los mandos de la policía judicial.
Revisando 8.505 subvenciones
Desde mayo, la Consejería de Educación asegura que ha remitido toda la información sobre los cursos de formación reclamadas por la Guardia Civil (UCO), un total de 1.381 expedientes originales y ha dispuesto 266 funcionarios en las delegaciones provinciales y 64 en los servicios centrales para revisar todos los expedientes desde 2007. Según informó el consejero Luciano Alonso en el Parlamento andaluz, de momento el Gobierno ha reclamado el reintegro de 17 millones de euros sin justificar correspondientes a 581 expedientes. Hay más de 8.505 subvenciones revisándose y se ha analizado aproximadamente la mitad. El Gobierno se comprometió a publicar el listado de empresas y organismos a los que se habían reclamado las subvenciones de forma firme. Veinte días después, los datos aún no han trascendido a la luz pública. La Junta alega que se están analizando en cada caso el motivo de la petición de la devolución de las ayudas para adjuntarlo.
No es la primera vez que la Junta entra en una guerra de papeles con Alaya. La primera ocasión, con motivo de los ERE, se originó cuando la instructora reclamó todas las actas de los Consejos de Gobierno de Andalucía durante una década. La batalla culminó con cientos de cajas entrando en los juzgados. La magistrada ha vuelto además a pedir toda la contabilidad de la Agencia IDEA, empresa de capital riesgo de la Junta y libradora de los pagos de los ERE, de 2010 y 2011. La reclamó por primera vez en julio de 2012 y la documentación, con escrito de entrada en los juzgados, llegó el 19 de octubre de 2012. Eso no fue argumento para que la magistrada volviera a pedir la misma documentación en julio de 2013 y en un auto del pasado 16 de septiembre. El Gobierno andaluz le ha remitido un nuevo escrito explicándole que lo que pide, ya lo tiene. "Posiblemente no sepa ya ni la documentación que maneja. Es imposible", aseguran desde la Junta.
[Fuente: Por Isabel Morillo, Sevilla, El Confidencial, Madrid, 22sep14]
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