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06ene14
El Gobierno Zapatero ordenó avalar a Sacyr por 150 millones en contra de la opinión técnica
El Estado respaldó a Sacyr en 2009 asegurando una fianza de 200 millones de dólares [150 millones de euros al cambio actual] por la monumental obra de ampliación del Canal de Panamá. Y lo hizo en contra del criterio de los servicios técnicos de la compañía pública aseguradora Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según un duro informe del Tribunal de Cuentas.
Este órgano fiscalizador da a entender en su documento que el Gobierno de la época, el de José Luis Rodríguez Zapatero, se volcó en apoyar financieramente la victoria en el concurso de la constructora española -entonces presidida por Luis del Rivero- improvisando fórmulas contractuales y saltándose las reglas de Cesce, el consorcio de capital mixto encargado de gestionar los seguros de la operación. El Ejecutivo asumió así un inusual riesgo para el Estado en esta modalidad de seguros por ejecución de fianzas.
Cesce, en la que el Estado posee la mayoría del capital, aseguró la fianza que Panamá cobraría si no se acaba la obra. Teóricamente, Cesce después se lo cobraría a Sacyr, pero el Tribunal de Cuentas ve riesgo de que finalmente se convierta en una factura para el Estado no sólo por las irregularidades producidas en el proceso de contratación del seguro, sino también teniendo en cuenta la «situación económico-financiera» de la constructora española.
«A pesar de lo manifestado por la Entidad [Cesce] en fase de alegaciones, se incumplieron en la práctica prescripciones de las Condiciones Generales obligatoriamente aplicables a dicha clase de seguro; y, al estar en curso los riesgos cubiertos por la operación, no se puede determinar en este momento la trascendencia económica de la operación para el Estado», afirma en el informe.
El Tribunal de Cuentas critica en sus conclusiones que Cesce otorgó dos pólizas de seguro por riesgo de ejecución de fianzas para Sacyr en Panamá. «La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro. Y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la Entidad, con objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente». Así lo señala en un hasta ahora inadvertido informe que fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado mes de julio y que se encuentra a la espera de ser debatido en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.
El consorcio liderado por Sacyr se adjudicó el concurso ofreciendo completar la obra por 2.243 millones de euros, pero ahora reclama 1.200 millones adicionales por «los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y anuncia que suspenderá las obras por «incumplimientos graves de la Autoridad del Canal de Panamá».
En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza. De ellos, la mitad corresponden a Cesce y el resto a las aseguradoras públicas de Italia y Bélgica, puesto que las constructoras italiana Impregilo y la belga Jan de Nul participan también en el consorcio aunque de forma minoritaria.
Una de las anomalías es que al contrario de lo habitual en este tipo de seguros de fianzas, no hubo un documento único entre todas las partes. Cesce asumió el riesgo y sólo «separadamente» suscribió aparte con la constructora española «un acuerdo por el que ésta se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma».
¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la obra?
¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la emblemática obra? La constructora asegura ahora que una suspensión de los trabajos no dañaría sus cuentas, pero mantiene la mayor deuda en su sector al superar los 8.600 millones de euros y estuvo a punto del colapso a finales de 2011 hasta que logró refinanciarla.
El Tribunal de Cuentas critica distintas anomalías en el seguro de Cesce. Entre ellas cita que «se ha podido constatar que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación». «Así, los riesgos objeto de aseguramiento inicialmente aceptados por Cesce sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir, viéndose obligada ésta a aceptar la ampliación de los mismos, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce como aseguradora», agrega.
Sin embargo, la citada Comisión de Riesgos de la aseguradora pública procedió a autorizar la operación pese a que, según el Tribunal de Cuentas, no podía hacerlo por tratarse de una fórmula contractual no prevista en la orden ministerial reguladora. También señala que las tarifas establecidas en este caso por Cesce «no eran las aprobadas y vigentes en ese momento».
Fuentes gubernamentales consultadas por este diario critican la actuación del Ejecutivo presidido por Zapatero en el caso y aseguran que el entonces máximo ejecutivo de Cesce, Joaquín de la Herrán, actuó por órdenes superiores. «La Comisión Delegada de Asuntos Económicos [presidida en aquel momento por un saliente Pedro Solbes] mandató a Cesce. El riesgo final es del Estado, no de Cesce», aseguran.
'Era inimaginable no ayudar a una constructora'
Un ex ministro de la época justifica lo aprobado porque era «inimaginable no ayudar a una constructora española a conseguir un contrato internacional de aquella envergadura». A este respecto, el Tribunal de Cuentas señala que no entra en hacer «un juicio de reproche a las condiciones en que se pactó la operación», pero sí en «una llamada a maximizar los intentos de conciliar los criterios de oportunidad con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones en aras del principio de seguridad jurídica».
El informe del Tribunal de Cuentas lanza esta reflexión para este tipo de operaciones: «Si bien es cierto que por parte de Cesce ha de prestarse el apoyo necesario a las empresas exportadoras españolas, dada la importancia que el sector del comercio internacional tiene para los intereses económicos del país, y que a veces la complejidad de determinadas operaciones demanda singularidades en el tratamiento jurídico de las mismas, también lo es que debe, por todos los medios, intentar conciliar el antedicho planteamiento con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones». «Todo ello, en un contexto de optimización del principio de seguridad jurídica, y teniendo siempre presente, como trasfondo, la naturaleza jurídica pública de CESCE».
[Fuente: Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 06ene14]
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