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08mar16
La ONU y las ONG ven 'incompatible con la legalidad' y 'vergonzoso' el acuerdo entre la UE y Turquía
La ONU, a través de su organismo para los refugiados (ACNUR) y Unicef, mostró este martes su inquietud sobre por el preacuerdo alcanzado esta madrugada entre la Unión Europea y Turquía para expulsar a este último país los refugiados e inmigrantes que lleguen a Grecia. Más contundente se ha mostrado Amnistía Internacional (AI) que denuncia que el preacuerdo es "inhumano" y presenta "defectos morales y legales". Un acuerdo que todas las ONG han tachado este martes de 'vergonzoso'.
Uno de los puntos centrales en el preacuerdo es que Turquía aceptará la devolución de todas las personas que se trasladen clandestinamente desde su territorio a Grecia. "La expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, y un acuerdo que parece que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no es compatible con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional", denunció este martes en rueda de prensa Vicent Cochetel, responsable para Europa del ACNUR.
Cochetel puntualizó que aún se desconocen las garantías que se aplicarían previamente a la expulsión, aunque mostró su estupefacción por el hecho "de que la Unión Europea establezca un acuerdo con un país tercero que tiene menos garantías que uno entre naciones comunitarias". El alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Phillipo Grandi, recordó a la UE que "una persona que busca asilo solo puede ser devuelta si se salvaguarda su protección".
Grandi, que intervino este martes ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), que debate la situación de la mujer refugiada, mostró su preocupación por que en Europa se llegue a una situación de "devolución de refugiados sin las garantías de protección necesarias".
El acuerdo incluirá también a los refugiados de Siria, si bien por cada ciudadano sirio devuelto a Turquía, la UE aceptará la entrada legal de un refugiado de esta nacionalidad. "El problema es que esto está basado en unos acuerdos preexistentes y hasta ahora la UE sólo se ha comprometido a reubicar a 20.000 sirios desde Turquía", advirtió Cochetel, y destacó la disparidad entre las necesidades y las respuestas.
Cochetel indicó que ACNUR no se opone a que las autoridades turcas intercepten los barcos que intentan cruzar ilegalmente el Mediterráneo siempre y cuando una vez en tierra ofrezcan a los refugiados todas las medidas de protección adecuadas, aunque lamentó la falta de precisión de las autoridades.
"Estoy cansado de escuchar hablar de inmigrantes irregulares cuando el 91 por ciento de los que llegan a las costas griegas son sirios, iraquíes, y afganos que están huyendo de un conflicto y una persecución y no están solo buscando una vida mejor, por lo que tienen derecho a protección internacional", añadió.
Dicho todo esto, Cochetel mostró su esperanza de que en los diez días que faltan hasta el nuevo Consejo Europeo, donde el acuerdo deberá ser refrendado, "la UE y Turquía podrán alcanzar un acuerdo equilibrado que no sea en detrimento de la gente que busca protección internacional".
Unicef también se mostró preocupada por el acuerdo y especialmente por el hecho de que el 40 por ciento de los que llegan a las costas griegas son menores de edad. Es por ello que la agencia de las Naciones Unidas pidió a las autoridades europeas y turcas que cumplan con la ley internacional que obliga a proteger a los niños y especialmente aquellos que tienen el derecho de exigir protección internacional.
'Un regateo de personas al margen de los derechos'
Por su parte, Amnistía Internacional dijo en un comunicado que la "preocupación persistente" por enviar a la gente de vuelta a Turquía en vez de "hacer esfuerzos incondicionales sobre la reubicación" y ofrecer otras formas seguras y legales para Europa, muestra una actitud "alarmante y miope".
Los líderes de la UE y de Turquía han incurrido en "un regateo apartado de los derechos y la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo", denunció la directora de AI en las instituciones europeas, Iverna McGowan.
Una de las condiciones del pacto es que por cada sirio que readmita Turquía desde las islas griegas, otra persona de esa nacionalidad sea reubicada desde Turquía a los Estados miembros, un trueque que McGowan consideró "peligrosamente deshumanizante" y que además "no ofrece ninguna solución sostenible a largo plazo" frente a la crisis.
Por otra parte, Amnistía Internacional señaló que no cree que Turquía pueda ser considerado como "país seguro", debido al tratamiento a los migrantes y refugiados, ya que "ha devuelto a refugiados a Siria" y "no cuenta con un sistema de asilo en pleno funcionamiento".
"Muchos refugiados en Turquía viven en condiciones terribles sin una vivienda adecuada, y cientos de miles de niños refugiados no pueden acceder a una educación formal", afirmó la directora de la oficina europea de la organización.
La ONG precisó que se opone al concepto de un tercer país seguro en general, al considerar que esto "debilita el derecho individual a que las demandas sean procesadas completamente y de manera justa" y puede derivar en que se deporte a personas a su país de origen, lo cual "viola el principio de no devolución".
Por ello, AI calificó la propuesta de una "burla" a la obligación de la UE de proporcionar acceso al asilo en sus fronteras, y manifestó que cualquier sistema de retornos que no se base en el principio del derecho individual a tener acceso a un procedimiento de asilo justo "es muy problemático".
Los líderes de la UE argumentaron la legalidad de esta propuesta en virtud de la designación de Turquía como un "país seguro" ya que el artículo 33 de la directiva europea permite a un Estado rechazar una petición de asilo si la persona viene de otro seguro.
La organización también avisó de que con el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales, miles de personas se quedarán "abandonadas en el frío" sin un plan claro sobre cómo abordar "sus necesidades humanitarias urgentes y sus derechos a la protección internacional".
Respecto a las personas solicitantes de asilo que no son de Siria, Amnistía Internacional afirmó que no se ha dejado claro cómo garantizar sus derechos en el posible contexto de un sistema de retornos masivos.
Un acuerdo 'vergonzoso' para las ONG
En el mismo sentido, las ONG también están en contra del acuerdo entre la UE y Turquía porque "vulnera" los tratados internacionales de derechos humanos y porque creen que ese país no asegura una adecuada protección a estas personas, cuya vida así "puede correr peligro".
La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha denunciado este acuerdo porque, además, "Turquía no asegura una adecuada protección a las personas refugiadas, dado que es un país donde no están garantizados los derechos humanos".
Galán cree que las devoluciones de refugiados con la contraprestación de reasentar sólo a los de origen sirio "vulnera claramente el principio de no devolución de la Convención de Ginebra de 1951, que garantiza que las personas no sean expulsadas donde su vida pueda correr peligro o no se respeten los derechos humanos". "Nos parece vergonzoso y un despropósito -ha dicho- que Europa intente convertir a Turquía en el gran campo de refugiados a su servicio, sin tener en cuenta la reiterada violación de derechos humanos que allí se producen, apoyándose en el Gobierno turco para que actué como gendarme de nuestras fronteras".
También, Paula San Pedro, responsable de incidencia política en emergencias de Intermon Oxfam, ha criticado esta decisión porque con ella la UE "pasa a un país, que no consideramos seguro, una responsabilidad que vulnera la protección internacional". Por ello, considera que Europa "está invirtiendo mucho más tiempo en poner freno al flujo de emigración, en vez de buscar soluciones".
El director general de Acción contra el Hambre, Olivier Longué, también ha mostrado a Efe su preocupación por esta medida "para salir al paso" porque puede ser "al final una forma de echar a cientos de miles de personas a un agujero negro donde se van a amontonar a refugiados". "Va a ser un callejón sin salida, pero esto va a durar un par de semanas, porque luego la gente cuando entienda que no lleva a ningún sitio volverá a emprender su camino hacia Europa", según Longué, quien ha incidido en la necesidad de que la UE cumpla con "todo lo firmado tras la Segunda Guerra Mundial en derecho de refugiados".
Por su parte, Carlos Ugarte, responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, ha dicho que con "esta nueva ocurrencia" de la UE se volverá a agravar la situación humanitaria de las familias que están intentando llegar desde hace años a Europa. Lo único que se conseguirá, en su opinión, es "aumentar la dosis de sufrimiento de gente que va a seguir intentando llegar y por otra vía de acceso más peligrosa, que supondrá mayor pérdida de vidas humanas. "Es una externalización de frontera: Que Turquía a cambio de dinero me haga de policía para que a mí no me llegue esto, lo único que demuestra es la falta de responsabilidad de las políticas europeas al hacer frente a esta crisis humanitaria de refugiados", ha concluido.
También las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes -Cáritas, CONFER, la Compañía de Jesús y Justicia y Paz- han expresado su "consternación y su más absoluto rechazo" ante el acuerdo. Creen que supone un "giro radical" en la política migratoria y un serio retroceso en materia de derechos humanos y que la imagen de una "Europa de los mercaderes" vuelve a emerger como "escandaloso colofón a la larga serie de acciones represivas" que se han adoptado contra los refugiados.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 08mar16]
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