30oct03

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Califican de desproporcionada y humillante la redada policial del pasado sábado en Madrid y denuncian que se ceba en las víctimas de las mafias.

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera inaceptable y de suma gravedad la realización de operaciones de “caza de personas” como la desplegada en la noche del sábado pasado en los distritos madrileños de Usera y Arganzuela. Bajo el pretexto de combatir la “delincuencia organizada vinculada a la inmigración ilegal”, se violentó a trabajadores que se hallaban disfrutando de su único día de descanso, en una espectacular operación policial que, a tenor de los resultados producidos, pareciera que no tenía otro horizonte que el meramente propagandístico en plena jornada de reflexión electoral.

Tras irrumpir brutalmente en varios restaurantes y locales de ocio donde se reunían familias de extranjeros y que no contaban con ninguna denuncia previa, la policía practicó 47 detenciones, todas ellas por carecer del permiso de residencia. Tal ha sido el brillante balance de la operación, que lejos de dirigirse a la desarticulación de las mafias traficantes de personas y a la detención de los responsables del crimen organizado en Madrid, se ha cebado con el eslabón más débil, con las víctimas de las mafias.

Desde CEAR denunciamos el intento inaceptable por parte de las autoridades de manipular a la opinión pública, queriendo revestir de eficacia policial operaciones que solamente producen miedo entre los trabajadores inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, a pesar de su destacada contribución al desarrollo económico y al progreso de España, y que en todo caso aumenta su situación de marginación y de indefensión ante las mafias organizadas que trafican y se lucran con su desesperación.

Exigimos a las autoridades policiales que actúen con toda la contundencia contra quienes realmente constituyen una amenaza para la seguridad ciudadana, y en especial contra la dirigencia de las mafias que trafican con personas, en lugar de derrochar medios para sembrar el miedo entre trabajadores honrados cuyo aporte al desarrollo de nuestra sociedad no es ya discutido por nadie, independientemente de su situación administrativa. Por otra parte, confiamos en que las denuncias publicadas en prensa sobre abusos policiales y amenazas en las comisarías serán convenientemente desmentidas por la Jefatura Superior de Polic ía de Madrid en breve.

En último lugar, CEAR quiere subrayar el agravante que sobre lo ya manifestado supone el hecho de que la redada se dirigiera específicamente contra la comunidad boliviana, en un momento en el que el país andino se ve convulsionado por una grave crisis social y política que se ha saldado con la dimisión y huida del presidente y la muerte de más de 80 personas. En esas circunstancias incoarle a un ciudadano un expediente de expulsión supone obligarle a regresar a un lugar en el que su integridad estaría claramente amenazada, lo que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art.3).

La propia Legislación de Extranjería contempla el supuesto de la exención de visado de residencia precisamente para aquellos extranjeros que no puedan aportarlo por ser originarios de una zona en la que exista un conflicto político, o por implicar un riesgo para su seguridad el traslado al país de procedencia (art. 49 a) y b) del Reglamento de la LO 4/2000), lo que es en la actualidad el caso de Bolivia.

Martes, 28 de octubre de 2003
Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Este documento ha sido publicado el 30oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights