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03oct18
El Supremo confirma la condena de cuatro años y seis meses de prisión a Rato por las ‘black’
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una pena de prisión de cuatro años y medio para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black durante el tiempo que estuvo al frente de Caja Madrid.
El Supremo aclara que ha estimado parcialmente los recursos de los condenados que devolvieron antes de celebrarse el juicio el dinero gastado con las tarjetas y fija penas de entre cuatro meses y cuatro años y medio de prisión .
Rato no ingresará automáticamente en prisión, ya que el Tribunal Supremo debe remitir ahora la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del FMI dispondrá de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel.
La Audiencia Nacional condenó el 24 de febrero de 2017 a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis años y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, al considerarles culpables de apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad a través del sistema de las tarjetas “black”.
Al resto de los 65 acusados que se sentaron en el banquillo la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional les impuso penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de prisión y entre todos ellos se hace una mención especial al exdirector general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, a quien se considera colaborador y cómplice de la operativa desarrollada, que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria. Él habría sido el auténtico ejecutor del saqueo llevado a cabo con las tardejas ya que comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y decidía quienes podían disponer de un código PIN que les permitirá utilizar las ‘black’ para conseguir efectivo. Su condena es de dos años y seis meses de cárcel. A los tres -Blesa, Rato y Sánchez Barcoj- se les absuelve del delito de administración desleal.
La sentencia, de 259 folios, se remonta al año 1988, cuando Jaime Terceiro presidía Caja Madrid. La Audiencia Nacional considera que entonces se acordó dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta VISA que vendría a complementar las dietas que ya recibían. Con esa tarjeta se habilitaba disponer de dinero dentro de un límite, como compensación por los esfuerzos y dedicación a la entidad. En el año 1995, con la incorporación de nuevos consejeros, Terceiro informó de que esas tarjetas VISA eran exclusivamente para gastos de representación, en el desempeño de su función de consejeros.
En sintonía con la postura del Ministerio Público el tribunal entiende que Blesa desvirtuó la práctica cuando llegó a la presidencia de Caja Madrid, en 1996 y recibió dos tarjetas de crédito por su condición de presidente ejecutivo, una de empresa para gastos de representación y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, “al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento, con el uso que le dio, del caudal de Caja Madrid.”. Asimismo, “propició que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control, acto seguido de tomar posesión de sus cargos en uno u otro órgano, se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto, viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta, no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo constituía ésta última”.
Código PIN: el saqueo también a través de los cajeros
Entre las aportaciones de Blesa desde su cargo de presidente de Caja Madrid, figura el haber facilitado el código PIN de la tarjeta para extraer dinero en cajeros hasta un montante mensual determinado por él mismo a algunos acusados, entre ellos los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control Francisco Baquero Noriega, Ignacio de Navasques Covían, Ramón Espinar Gallego, Pedro Badía Pérez y Miguel Ángel Abejón Resa.
Los gastos derivados del uso se cargaban contra una cuenta de la Entidad. “Para el caso de no agotarse el límite operativo mensual, el saldo que restase por disponer no acrecentaba para el siguiente mes, solicitándose en ocasiones por algunos acusados, el aumento de la operativa mensual, que se autorizaba, lo que no alteraba el importe anual. En variados casos, dichas solicitudes de ampliaciones del límite operativo mensual coincidían con periodos de fiestas o vacacionales”.
Sobre el régimen fiscal de estas tarjetas, la sentencia explica que “el montante dinerario que representaba el uso de la tarjeta de empresa en cuestión, no figuraba en el certificado de haberes (o recibo de haberes y certificados de retención IRPF) que Caja Madrid facilitaba cada año a efectos de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que era perceptible por los acusados, a diferencia del importe de las dietas, cuyo montante sí figuraba en aquel documento”.
La sentencia añade que “los acusados integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control no obstante la previsión legal y estatutaria sobre la única percepción dineraria contra la entidad que era la dieta, y, los acusados que asistían a las reuniones de éste último órgano que estaban autorizados a percibir exclusivamente por ese mismo concepto (además del importe de la indemnización por desplazamientos), no obstante comprobar que la tarjeta corporativa no respondía a ello, les dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo con su proceder a la merma del mismo propiciada por el acusado Miguel Blesa”.
La ‘era Rato’ y el nacimiento de Bankia: más de lo mismo
Cuando Rodrigo Rato accedió a la presidencia de la entidad, en enero de 2010, mantuvo la misma dinámica. Es decir, se atribuyó una tarjeta “sin amparo en su paquete retributivo, evidenciado además por las condiciones de uso, lo que no le impidió con el empleo que le dio contra el caudal de la entidad, el detrimento del mismo, junto al que sabía que se originaba con las que seguían operativas de la etapa de su predecesor en el cargo”. Los magistrados relatan que, desde junio de 2011 a mayo de 2012, el exministro “extendió la práctica” tanto a su favor como al de Sánchez Barcoj y al de José Manuel Fernández Norniella, condenado este último a un año de prisión.
Una estrategia con la que Rato compensó las limitaciones legales en materia de retribución recogida en el “decreto Guindos”, para el saneamiento del sector financiero, especialmente en una entidad que contó con apoyo público. Tanto a él como a Blesa, el tribunal les considera “actores” en tanto que ellos mismos podían haber acordado suprimir esa operativa; ambos tendrán que responder “de forma solidaria” a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, en torno a 12 millones de euros.
Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, que las acusaciones fijan en doce millones de euros. El tribunal, no obstante, considera que hay que descontar las cantidades cantidades atribuidas al consejero fallecido, Miguel Angel Araujo, así como las prescritas y que por tanto no han sido sometidas a juicio oral. El tribunal tampoco acepta la petición de Bankia de que se aplicase a Rato y Blesa la atenuante de reparación del daño porque habían devuelto una parte del dinero.
Esta es la relación de los condenados y las penas impuestas:
- Miguel Blesa de la Parra: seis años de cárcel
- Rodrigo Rato Figaredo: cuatro años y seis meses de cárcel
- José Antonio Moral Santín: cuatro años de cárcel
- Francisco Baquero: tres años y dos meses de cárcel
- Estanislao Rodríguez Ponga: tres años y dos meses de cárcel
- Antonio Romero: tres años y dos meses de cárcel
- Francisco José Moure: tres años y dos meses de cárcel
- Jorge Gómez: tres años y dos meses de cárcel
- Rodolfo Benito: tres años de cárcel
- José María de la Riva: tres años de cárcel
- Gonzalo Martín Pascual: tres años de cárcel
- Gerardo Díaz Ferrán: dos años de cárcel
- Juan José Azcona: dos años de cárcel
- José Manuel Fernández Norniella: un año de cárcel
- Darío Fernández Yruegas: un año de cárcel
- Ricardo Romero de Tejada: un año de cárcel
- Ramón Espinar Gallego: un año de cárcel
- Alberto Recarte: un año de cárcel
- Jesús Pedroche: un año de cárcel
- Ignacio de Navasques: un año de cárcel
- Luis Blanco: un año de cárcel
- José María Arteta: un año y seis meses de cárcel
- Mercedes Rojo: un año y seis meses de cárcel
- Pedro Bedía Pérez: un año y tres meses de cárcel
- Rubén Cruz: dos años y medio de cárcel
- Antonio del Rey de Viñas: dos años y medio de cárcel
- Antonio Cámara: dos años y medio de cárcel
- Javier de Miguel: dos años y medio de cárcel
- Angel Eugenio Gómez del Pulgar: dos años y medio de cárcel
- Francisco José Pérez: dos años y medio de cárcel
- Miguel Abejón: dos años y medio de cárcel
- Pablo Abejas: dos años de cárcel
- Carmen Cafranga: un año y ocho meses de cárcel
- Juan Gómez Castañeda: un año y ocho meses de cárcel
- Cándido Cerón: un año y ocho meses de cárcel
- Alejandro Couceiro: un año y dos meses de prisión
- Rafael Eduardo Torres Posada: un año y dos meses de prisión
- Fernando Serrano: un año y dos meses de prisión
- José María Buenaventura: ocho meses de prisión
- Beltrán Gutiérrez: ocho meses de prisión
- Ildefonso Sánchez Barcoj: dos años de prisión
- Ricardo Morado: dos años de prisión
- Ramón Ferraz: dos años de prisión
- Mariano Pérez Claver: dos años de prisión
- Enrique de la Torre: dos años de prisión
- Juan Manuel Astorqui: dos años de prisión
- Carmen Contreras: dos años de prisión
- Carlos Vela: dos años de prisión
- Rafael Spottorno: dos años de prisión
- Ramón Martínez Vilches: dos años de prisión
- Carlos María Martínez: un año y seis meses
- Matías Amat: un año de prisión
- Luis Gabarda: un año de prisión
- María Enedina Álvarez: dos años de prisión
- José Ricardo Martínez: dos años de prisión
- Virgilio Zapatero: ocho meses de prisión
- Arturo Fernández: seis meses de prisión
- Javier López Madrid: seis meses de prisión
- Santiago Javier Sánchez Carlos: un año y medio de prisión
- Manuel José Rodríguez: un año y medio de prisión
- Gabriel Moreno Flores: un año de prisión
- José Acosta Cubero: un año de prisión
- Miguel Corsini: cuatro meses de prisión
- Juan Emilio Iranzo: cuatro meses de prisión
- Jorge Rábago: tres meses de prisión
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 03oct18]
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