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08feb17
La Agencia Tributaria asegura que Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015
Casi dos años ha tardado Hacienda en entregar al juez de Madrid el informe definitivo del patrimonio del ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato. La Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno de haber defraudado a través de una maraña de empresas pantalla 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015.
Según el informe final de más de 644 páginas remitido por la ONIF al Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, el juez Antonio Serrano Arnal, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 201. De esos millones de montante total lo defraudado ascendería a 6,8 millones.
No obstante, los expertos de Hacienda explican que si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años.
Hacienda es clara a la hora de señalar que "habida cuenta que el IRPF español grava la renta mundial, (esté donde esté ubicada la fuente de renta) obtenida por personas físicas residentes en territorio nacional". La ONIF afirma en su extenso informe que Rodrigo Rato ha sido "titular de tres sociedades extranjeras y una sociedad española, cuyo único objeto ha sido ocultar la obtención de reta y tenencia de patrimonio en el extranjero".
Varias sociedades pantalla
El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".
El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.
El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril Vozpópuli desvelase que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
Rato: "Demostraré que actué conforme a las leyes tributarias"
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha asegurado que demostrará que "en todo momento" ha actuado conforme a las leyes tributarias y, por ello, ahora contestará "puntualmente" a las acusaciones de Hacienda. Rato niega estas acusaciones y se muestra convencido de que podrá demostrar que en todo momento ha actuado conforme a las leyes tributarias, al tiempo que destaca que han tenido que pasar 19 meses desde el registro de su domicilio y su detención para que la ONIF haya remitido al juzgado su informe definitivo. El exvicepresidente del Gobierno llevaba meses esperando este documento y desde hace más de un año requirió al juez que instara a la ONIF a concretar sus acusaciones para poder defenderse.
En todo este tiempo de espera, el propio Rato presentó en marzo de 2016 un informe encargado por él a unos peritos sobre su situación tributaria "ante la falta de concreción de la ONIF en sus acusaciones" y en el que se exponía que en el periodo investigado había pagado 7 millones de euros en el IRPF. Además, expuso entonces ante el juzgado que la denuncia original de Antifraude tenía "componentes falsos y otros erróneos", que la propia Agencia Tributaria podría haber corregido con la información que tenía en su poder y propuso al juez que los responsables de dicha denuncia no fuera auxilio judicial.
[Fuente: Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 08feb17]
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