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02dic19
El derecho a decidir, dilema del nuevo Estatuto vasco
El rompecabezas del derecho a decidir amenaza al proyecto de nuevo Estatuto vasco. Un año después de que los expertos designados por los partidos comenzaran a redactar el texto que debe sustituir al de Gernika (1979), la piedra en el zapato vuelve a estar en materia identitaria: autodeterminación, distinción entre "ciudadanos" vascos y "nacionales" o el concepto de nación son puntos de fricción. El consenso parece imposible.
Las diferencias llegan hasta el origen mismo del proyecto. PNV y EH Bildu, las dos fuerzas que acordaron las bases para el borrador, de marcado carácter soberanista, entregan hoy documentos distintos en el Parlamento vasco después de que el sábado finalizara el plazo dado a los encargados para su redacción. Dos textos separados precisamente por el concepto de derecho a decidir, que abre asimismo brechas entre los firmantes del primer escrito: PNV, Podemos y PSE.
Jeltzales y morados aceptan incluir el término en una disposición adicional de la futura ley orgánica, pero varían las formas. Mientras el PNV es más directo en la enunciación de este derecho a pesar de condicionarlo en todo momento a un pacto previo con el Estado, Podemos evita incluir la expresión "derecho de la ciudadanía a decidir" -sí recoge el derecho "a expresar su voluntad libre y democráticamente"- y añade la coletilla de que la consulta, además de pactada, debe ser "legal". El PSE, por su parte, presenta un voto discrepante que rechaza frontalmente la autodeterminación, un asunto que, advierte, puede "tirar por la borda" el conjunto del consenso que se trata de lograr en torno al nuevo Estatuto. El PP se limita a exponer un voto particular en el que deja claro que el derecho a decidir "no tiene ningún encaje constitucional ni legal".
La fórmula de EH Bildu se aleja mucho del pacto propuesto por el PNV y remarca la vía unilateral. En ese sentido, la coalición denuncia que el partido del lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha "desmarcado" de las bases iniciales acordadas entre ambos, una crítica que los jeltzales rechazan, a la vez que destacan que han intentado "ensanchar" el acuerdo entre fuerzas para "reflejar la pluralidad de Euskadi".
El planteamiento abertzale del derecho a decidir explica por qué la coalición presenta un texto propio: las instituciones vascas "tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums en lo que corresponde tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales".
El derecho a decidir es el gran caballo de batalla en la reforma del Estatuto, pero no el único. Otro ha sido el debate en torno a una consulta no vinculante del texto en Euskadi -incluida en las bases del PNV y de EH Bildu- una vez que lo apruebe el Parlamento vasco y que se celebraría antes de llegar al Congreso de los Diputados, donde se fija la redacción definitiva y que debe ser refrendado. La idea, que pretende dotar de legitimidad social al proyecto antes de llegar a Madrid, choca sin embargo con la legalidad, que prevé un referéndum final sólo después de su paso por el Congreso.
La distinción entre "ciudadanos" vascos y "nacionales", poco definida en las bases, y el concepto de "nación" han sido otros dos protagonistas del enroque de los expertos. A excepción del PP, los demás -PNV, EH Bildu, Podemos y PSE- admiten hablar de "nación" al referirse a Euskadi, el problema es el trasfondo del concepto. Para los nacionalistas se refiere a un sujeto político "con todos los derechos", mientras que los socialistas aluden sólo a su visión "cultural y lingüística", por lo que piden que la palabra no aparezca en el texto articulado sino en un apartado explicativo. La propuesta inicial de jeltzales y abertzales recogía el concepto de "identidad nacional" vasca y también aludía a una relación de bilateralidad con el Estado.
A pesar del revuelo en torno al contenido de la reforma estatutaria, el proyecto va para largo. Los expertos entregarán el texto alumbrado a la ponencia de Autogobierno para que los partidos lo rehagan antes de comenzar a gestionarlo como proposición de ley, negociarla y enmendarla para aprobar el definitivo. Si este proceso de nueva redacción ya es complicado, aunque la ley empezara a tramitarse decaería al final de la presente legislatura, a la que le quedan apenas ocho meses. Así, el recorrido parlamentario empezaría de cero en la siguiente.
[Fuente: Por Jokin Lecumberri, La Vanguardia, Barcelona, 02dic19]
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