Equipo Nizkor - Convulsión en la Abogacía del Estado: "Los hechos del escrito son mentira, ¡qué vergüenza!".

La posición adoptada finalmente por la Abogacía General del Estado en la acusación del 1-O ha generado un malestar dentro del Cuerpo por la imagen de "sometimiento" al Poder Ejecutivo que ha llegado hasta la opinión pública.

Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la Abogacía lamentan el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a lo que estaba inicialmente previsto. "Es una vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque representemos a la Administración, pero otra que sea aceptable con esa intensidad", afirman.

Consideran que en el caso del 1-O no se ha estado ante una discrepancia técnica que se resuelve a favor del criterio del superior jerárquico -"eso estaría dentro de lo normal"-, sino ante un caso "palmario" de que el Gobierno ha llegado ya a la Abogacía con su decisión cerrada. Las mismas fuentes discrepan tanto de la forma en la que se han reflejado los hechos en el escrito de acusación como de la calificación jurídica de sedición y el sistema del cálculo de penas de la malversación.

De los hechos, consideran "ridículo" que en el escrito no aparezca ni una sola vez la palabra violencia y que se escondan los numerosos actos violentos que se produjeron entre septiembre y octubre del año pasado. "Los hechos del escrito de acusación son mentira. Se ocultan cosas", explican las fuentes, indicando que se puede comprobar "comparándolo" con los hechos que presenta la Fiscalía en su escrito (23 veces se cita la violencia). "En una vergüenza", concluyen.

De la calificación jurídica de sedición, creen que responde más a cuestiones de oportunidad política que de precisión jurídica.

Finalmente, estiman que no es aceptable interpretar que la malversación era inevitable para cometer la sedición, algo que sí hace el escrito de acusación y que rebaja varios años la pena a parte de los encausados.

Las discrepancias dentro de la Abogacía entre los fiscales del caso y la posición que el Gobierno había hecho pública, contraria a la rebelión, se reflejó en el hecho de que el escrito de acusación no fuera firmado por éstos, sino por la propia abogada general del estado, Consuelo Castro. La máxima responsable de la Abogacía llegó al cargo el pasado mes de junio a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A diferencia de lo que sucede con el puesto de fiscal general, el Gobierno es libre de nombrar o cesar al responsable de los servicios jurídicos del Estado.

La preocupación por "los daños" para la imagen de la Abogacía y las críticas públicas que el escrito de acusación estaba empezando a generar llevaron a la Asociación de Abogados del Estado a preparar un comunicado en defensa de la actuación del Cuerpo. A lo largo de la jornada del viernes, cuando ya había un borrador del comunicado, la abogada general transmitió a los miembros de la asociación que ella era contraria a la difusión de un escrito así. Finalmente, la directiva de la asociación, compuesta por 17 miembros, votó por no emitirlo. El anterior comunicado de la asociación se divulgó hace un año y mostraba su apoyo a los abogados del Estado que desempeñaban su tarea en Cataluña. En esta ocasión, la intención del comunicado era recordar que la Abogacía actúa ante los tribunales en defensa de la Administración del Estado con los intereses que le corresponden. También defendía el buen hacer de los abogados que actúan en todas las causas en las que está personada la Abogacía, bajo la dependencia jerárquica del abogado general y sometidos al principio de legalidad.

La polémica interna sobre el delito por el que se debía acusar llegó después de que el ambiente en el Cuerpo quedara enrarecido por el amago de destitución del abogado jefe de Penal y del subdirector de Contencioso, como publicó este periódico el pasado jueves, a raíz de la polémica sobre el alcance de protección al juez Pablo Llarena. Después de que la ministra de Justicia optara por una defensa mínima del magistrado del Tribunal Supremo ante la denuncia en Bélgica de Carles Puigdemont, se conoció que la Abogacía del Estado habría respaldado en sus informes una defensa completa del instructor del sumario del 1-O.

La difusión de esos escritos ponía en un brete a la ministra Delgado, evidenciando que los titubeos en la defensa del juez se debían a su convicción personal y no a una necesidad jurídica de actuar así.

La reacción de Delgado fue comunicar a los dos abogados mencionados que quedaban relevados de sus cargos. Horas después se les comunicaba lo contrario, que seguían en sus puestos. En cuanto al resultado final del asunto de Llarena, el presidente del Gobierno enmendó a la ministra y ordenó una defensa integral del magistrado.

La siguiente fase en la que la Abogacía volverá a primera línea será cuando comience el juicio, previsiblemente en enero, si bien antes podría producirse una vista para resolver ciertas cuestiones que el Supremo debe abordar antes del juicio oral. Entonces se juntarán en el estrado de las acusaciones la Fiscalía, la Abogacía y Vox. Esta acusación popular presentó el viernes un escrito que no ve sólo un delito de rebelión, sino que ve dos.

04nov18

Convulsión en la Abogacía del Estado: "Los hechos del escrito son mentira, ¡qué vergüenza!"

[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 04nov18]

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