Equipo Nizkor - El Gobierno asume la precariedad de la legislatura y aparca reformas de calado.

En la gira por Canadá, un periodista preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si estaba dispuesto a legalizar la marihuana. En un ataque de naturalidad, Sánchez respondió sonriendo: "Tengo ya suficientes problemas". Esa idea, la de que el Gobierno tiene ya bastantes problemas y que el mandato de Sánchez no es para afrontar grandes cambios estructurales, cala en ministerios, que van aparcando o posponiendo algunos planes que anunciaron al llegar al poder. La comisión para reformar el sistema de funcionarios, por ejemplo, anunciada en julio, no está creada; las eléctricas salvaron la primera bola de partido cuando la ministra de Transición Ecológica se limitó a eliminar el impuesto del 7% pero sin entrar —de momento— a reformar el mercado eléctrico y la banca se ha librado del anunciado impuesto. El Gobierno no cree que necesite más enemigos.

El pasado 4 de julio, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, compareció en el Congreso para anunciar las líneas maestras de su actuación. Aunque admitió que la reforma de la Administración no es tarea para un único mandato, sí anunció la creación de "una comisión encargada de proponer medidas concretas de modernización de la Administración, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con los ciudadanos". El elegido para presidir la comisión era el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. "La comisión deberá cerrar sus trabajos en diciembre de este año para que el ministerio pueda analizar sus resultados durante el próximo mes de enero e iniciar de inmediato los trabajos de aprobación de aquellas propuestas que asuma, que espero sean prácticamente todas", señaló Batet.

Casi tres meses después y con la mitad del plazo trascurrido, esa comisión no está creada. Jordi Sevilla está de presidente de Red Eléctrica con un sueldo de medio millón de euros y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) está sin director después de que el Ejecutivo relevara en septiembre a uno de los profesores del máster de Cifuentes [como curiosidad, ese organismo ya fue dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde].

Sevilla conoce bien el sector y tenía ideas rupturistas —y polémicas—. Planteaba, por ejemplo, crear una pasarela entre distintos altos cuerpos de la Administración —que un abogado del Estado pudiese pasar a diplomático, por ejemplo, tras un curso— algo que sin duda habría levantado a los funcionarios, reformar el sistema de acceso por oposiciones reduciendo las pruebas de memoria y limitar las excedencias de los funcionarios.

La comisión está enterrada antes de nacer, aunque oficialmente nadie pone el clavo al ataúd. No es que el problema de acceso de las oposiciones y de una Administración anticuada no sea importante. Es que lo es demasiado. "Esta es una legislatura de transición. De un año o dos como mucho. Ahora mismo está para lo que está: Cataluña y Presupuestos. No podemos esperar milagros", resume un veterano diputado de los partidos que apoyaron a Sánchez en la investidura. No es momento de soliviantar a millones de funcionarios. Mucho mejor políticamente convocar 19.000 plazas de funcionarios como hizo en julio, aunque sea con el sistema de acceso que Batet, como muchos expertos, consideró anticuado.

Batet es una de las ministras clave del Gobierno. Es la ministra para Cataluña y su función es desescalar el conflicto catalán, algo que va logrando con gestos y dinero y que ha llevado a que el otoño que se preveía caliente aparezca más templado en el horizonte (aunque las escenas del sábado tuercen la previsión del Ejecutivo). Además, ha desarrollado la ley reguladora del Ejercicio del Alto Cargo para publicar los bienes de 1.500 altos cargos desde 2014 que llevaba cuatro años en un cajón del Gobierno del PP. Parafraseando a Sánchez, bastantes problemas tiene ya.

No es el único ejemplo en el que el Gobierno ha levantado el pie del acelerador reformista. Esto no tiene tanto que ver con las tres semanas negras del Ejecutivo, sino con que la levedad de los 84 diputados del grupo socialista se impone a la voluntad de los ministros. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por ejemplo, compareció en el Congreso para atajar la subida del precio de la luz. El sector eléctrico temía una reforma integral del mercado en un decreto ley, un hachazo a la hidráulica y quién sabe si a la nuclear. Las eléctricas se movilizaron y finalmente Ribera anunció que el Ejecutivo retiraba el impuesto del 7% creado por el Gobierno de Rajoy.

Oficialmente la reforma del mercado eléctrico en profundidad sigue viva. Cuentan que Ribera, conocedora del sector, está decidida a abordar esa reforma y que se da de plazo hasta final de año. Así lo afirmó en el Congreso antes de presentar la supresión del impuesto, cuando anunció "una propuesta de reforma estructural". "Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas se puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir". Pero el sector eléctrico señala la dificultad de la tarea con 84 diputados y más de hacerlo de acuerdo con el PNV y PDeCAT, que tradicionalmente se han alineado con Iberdrola y Naturgy, que tienen sus sedes en el País Vasco y Cataluña. La bolsa no está penalizando a las eléctricas.

La renuncia al impuesto a la banca va en esta misma dirección. Es una rectificación para no abrir nuevos frentes, no buscarse nuevos enemigos y de acotar las medidas a afrontar en una legislatura que como muy tarde toca a su fin en dos años, aunque en el Congreso lo que se aventura es otoño de 2019. La feroz oposición no va a bajar así que los socialistas se pueden olvidar de pactar reformas con el PP y Ciudadanos. La reforma de la Constitución para limitar los aforamientos parece haber durado una semana antes de ser desviada al limbo del Consejo de Estado. Al fin y al cabo, la comisión para reformar la Constitución que Sánchez arrancó a Rajoy también languidece.

Hay ministerios que han renunciado a reorganizaciones o a cambios de estructura que traerían problemas internos debido a esa precariedad. Internamente hay quien señala que en el día a día hay funcionarios que no se toman en serio a los nuevos equipos directivos -en realidad pasa más o menos siempre pero esta vez más debido el menor horizonte temporal de la legislatura-. Incluso hay quien tiene problemas para mover la plaza de aparcamiento de algunos funcionarios.

El plan es buscar unos presupuestos que, pese al "ruido y la furia" y de "la cacería" —como lo llamó la portavoz Isabel Celaá— permitan al Gobierno de Sánchez cumplir el mandato. Aunque la empresa es complicada, en el Congreso hay partidos que no descartan que Sánchez lo logre. Los gestos en Cataluña —petición de indultos y que los presos salgan a la calle— les acerca el apoyo de ERC y PDeCAT. Podemos no parece tener intención de ir a elecciones y menos mientras salga cuarto en las encuestas —que se traduce en una sangría en escaños—. Así, y aun con retraso y con las maniobras de la minoría parlamentaria que controla la Mesa del Congreso, podría tener unas cuentas públicas en verano. El plan puede descarrilar en mil puntos en el camino —o hacerlo descarrilar el propio Sánchez para convocar elecciones—, así que no hay necesidad de ir añadiendo nuevos obstáculos.

30sep18

El Gobierno asume la precariedad de la legislatura y aparca reformas de calado

[Fuente: Por Rafael Méndez, El Confidencial, Madrid, 30sep18]

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