Equipo Nizkor - La irretroactividad de las leyes y el rechazo de Cs y ERC impiden sortear la Ley de Amnistía.

El intento de PSOE y Unidas Podemos de tratar de sortear la Ley de Amnistía de 1977 para juzgar los crímenes del franquismo tiene cada vez menos posibilidades de prosperar. A las muchas dudas legales que despierta entre los juristas por el principio de irretroactividad de las leyes se une la falta de apoyo a la Ley de Memoria Democrática del Gobierno tanto por parte de Cs como de ERC.

Los constitucionalistas no ven nada claro que la enmienda a la Ley de Memoria Democrática pactada por PSOE y Podemos abra ninguna puerta para juzgar los crímenes del franquismo, no solo por la pervivencia de la Ley de Amnistía, sino porque la propia Constitución cierra este camino.

En concreto, el artículo 9.3 de la Carta Magna garantiza la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales" y la "seguridad jurídica", preceptos que se presentan como un auténtico muro ante el cual no es posible reabrir casos ni judicializar los actos de la Dictadura.

Hay sentencias del propio Tribunal Constitucional que ya han dejado claro que no es posible esta vía. En enero pasado, denegó el amparo al ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias por las torturas policiales que sufrió durante el franquismo, precisamente bajo argumentos sustentados en este mismo artículo.

Los magistrados dictaminaron que la querella de Iglesias, por hechos acaecidos hace 50 años, estaba basada en supuestos delitos de lesa humanidad que no se tipificaron en el Código Penal hasta 2003, sin que fuera posible su aplicación con efectos retroactivos.

Otra cosa es, según apunta a Efe el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València Lorenzo Cotino, que sí puedan investigarse, bajo amparo constitucional, hechos sucedidos durante la dictadura por parte del fiscal de Sala que se creará con la Ley de Memoria Democrática, pero sin trascendencia penal.

En este sentido recuerda que el propio Constitucional avaló el trabajo de la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco que a partir de la ley vasca de abusos policiales se ocupa de analizar las solicitudes de las víctimas de malos tratos. Entiende que ello no vulnera la Carta Magna.

Este experto tiene claro que la remisión que socialistas y Unidas Podemos quieren introducir en la Ley de Memoria a interpretar la Ley de Amnistía de conformidad con el derecho internacional y humanitario "no aporta absolutamente nada" y carece de trascendencia si se quiere invocar para reabrir causas del período dictatorial.

Su redacción añade que según el derecho internacional "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables" y ya la propia Constitución dice en su artículo 10 que las normas sobre derechos y libertades deben interpretarse según los tratados internacionales.

Ni siquiera piensa Cotino que una derogación de la Ley de Amnistía, alentada por grupos como ERC o EH-Bildu, permitiera perseguir los crímenes del franquismo, porque cuando entró en vigor "ya desplegó todos su efectos" y ese mismo día "se extinguió en España toda responsabilidad penal" de los delitos precedentes.

"No se puede derogar con efectos retroactivos; se puede derogar, pero sus efectos no se pueden mover", insiste este catedrático, para quien el artículo 9.3 de la Constitución veta cualquier intento de reabrir la responsabilidad penal sobre hechos ya amnistiados. De hacerlo, se trataría de un intento plenamente inconstitucional.

El TC ya cerró la puerta para abrir nuevas causas

En coherencia con sus reflexiones, apunta que si esta reforma llegara al Tribunal Constitucional, mediante un recurso que piensa difícil de sustentar, no sería anulada por resultar "intrascendente" y no decir "nada que sea inconstitucional".

Sí está convencido el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos José Manuel Vera de que el asunto, que reconoce "muy complejo", llegará al Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Él tiene "dudas razonables" sobre la viabilidad jurídica de un precepto que interpreta más en clave política, y además como un "ataque directo a la Transición". Recuerda también que el propio tribunal ya ha establecido que la puerta para juzgar delitos del franquismo "está cerrada".

Hace notar igualmente en que no puede haber carácter retroactivo en los delitos penales, por lo que entiende que la enmienda pactada "no deja de ser una declaración política cuyos resultados en el ámbito penal dejan mucho que desear".

Así en caso de proceder a una investigación de hechos delictivos por parte del fiscal duda mucho de que tuviera efectos penales, aunque sí "mucho ruido mediático" y alerta de que "jugar con la retroactividad de normas sancionadoras es un melón que no sabemos dónde puede llegar".

Para otro catedrático de Derecho Constitucional, Diego López Garrido, la enmienda ni siquiera lo es porque "no enmienda nada" sino que solamente es una "interpretación" de la norma; por lo que la califica de una mera "obviedad" que no añade "ninguna norma que no estuviera ya anteriormente".

En su caso, muestra su sorpresa por que el texto invoque el derecho internacional humanitario, que rige para los conflictos armados y que dio origen a los Tratados de Ginebra, donde se fijaron los derechos de las víctimas de las guerras.

López Garrido también hace hincapié en que en ningún caso la propuesta toca la Ley de Amnistía y recalca que aunque toda ley pueda ser modificada "las leyes penales no tienen efectos retroactivos" y a nadie se le puede aplicar la ley penal retroactivamente.

Más allá de la opinión de estos catedráticos, fuentes próximas al Tribunal Constitucional han remarcado a Efe que resulta "jurídicamente inviable" abrir causa penal alguna por los crímenes del franquismo precisamente por esa irretroactividad que determina la Carta Magna.

Advierten de que aunque la Ley de Amnistía pueda ser un obstáculo, el mayor estriba en la propia Constitución y así invocan la propia doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional para afirmar de modo contundente: "Todo termina en el artículo 9.3".

Rechazo de Cs y ERC

A las dudas de los expertos se une el rechazo que despierta la norma tanto por parte de Cs como de ERC. La formación naranja ha advertido este jueves al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que no se sentarán a negociar la Ley de Memoria Democrática mientras no retiren la enmienda pactada entre los socios de Gobierno para derogar parte de la ley de Amnistía, "que cicatrizó las heridas" entre ambos bandos: "Que no llame a Cs". Así de contundente se ha mostrado el portavoz del partido naranja, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en el Congreso al cargar contra el PSOE por intentar acabar con la Transición: "el peor Partido Socialista, enmendando al mejor Partido Socialista", que en 1977 veía la ley de Amnistía como un logro de la democracia frente al franquismo.

Quieren terminar con la memoria de este país, ha criticado Bal, al insistir en que no se van a sentar "si se toca una sola coma" de la ley de Amnistía y ha tachado de "tropelía" esta enmienda para contentar, según el portavoz, a sus socios separatistas.

Bal ha negado que se hayan sentado a negociar la Ley de Amnistía con el Gobierno, como ha estado diciendo ERC, y ha explicado que el lunes les contactaron del Ministerio de Presidencia para trasladarles que Bolaños quería hablar con Ciudadanos para negociar la Ley de Memoria.

Aparte, Bal ha mostrado su sorpresa porque representantes del PSOE y de Unidas Podemos reconozcan que no se va a poder investigar los crímenes del franquismo, aunque se cambie la Ley de Amnistía y se ha preguntado entonces para qué la han registrado. Cree que la explicación más plausible es que con ello buscan "reinterpretar" esta ley de 1977, que es "la piedra angular de la evolución de la democracia a la dictadura".

El portavoz naranja ha asegurado que no se pueden investigar de nuevo los crímenes franquistas, como se pretende con esta enmienda, porque así lo establece la Constitución y ha calificado de "gigantesco disparate político y jurídico" la pretensión del PSOE y Unidas Podemos, con lo que solo persiguen "revisar la Transición española".

Además ha cargado contra "el sesgo partidista" de esta enmienda que amplía hasta 1982 el censo de víctimas del franquismo recogido en la norma para reconocer casos de colectivos o familias con muertes consecuencia de la represión. Tratan de este modo, ha argumentado Bal, de revisar ciertos crímenes, no todos, dando la impresión de que la democracia no llegó en 1978 sino a partir de 1982, cuando el PSOE ganó las elecciones.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó el miércoles al PSOE y Unidas Podemos de "engañar a la gente" con la enmienda que han presentado a la Ley de Memoria Democrática para supuestamente revisar la Ley de Amnistía y también cuando "venden" un pacto para lograr la reparación económica o patrimonial de las víctimas del franquismo.

En una dura rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián subrayó que la memoria histórica es un asunto "nuclear" para su formación y que por eso no pueden dejar pasar que desde el Gobierno se "venda humo" y se actúe con un "triunfalismo absurdo" como, a su juicio, sucedió este miércoles.

Rufián ha dejado claro que la única manera de que eso suceda es cambiar la Ley de Amnistía, como proponen en sus enmiendas ERC y otros partidos independentistas, y que sólo así habría garantías para poder juzgar en España a los torturadores franquistas. Pero, desde su punto de vista, el PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría "reconocer un error que se cometió hace más de 40 años".

18nov21

La irretroactividad de las leyes y el rechazo de Cs y ERC impiden sortear la Ley de Amnistía

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 18nov21]

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