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22feb21
El Parlamento Europeo pide a Iglesias y Marlaska explicaciones sobre los abusos a menores tuteladas en Baleares
El escándalo de los abusos a menores tutelados por la Administración en Baleares va en aumento. El Parlamento Europeo ha pedido al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que respondan ante el escándalo de los casos de abusos a menores tuteladas en Baleares que ha salpicado al Gobierno tripartito de la socialista Francina Armengol y a sus socios de Unidas Podemos y los nacionalistas de Més.
La Eurocámara se ha dirigido a ambos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez para comunicarles que se ha admitido a trámite este asunto y además, les exige explicaciones detalladas sobre las medidas y soluciones adoptadas por sus ministerios para proteger a los menores y zanjar los casos.
Tres cartas desde Bruselas
A través de tres cartas a las que ha tenido acceso ABC, la Comisión de Peticiones, dirigida por la popular Dolors Montserrat, ha informado de la apertura de una investigación, y advierte de que «esta Comisión proseguirá el examen de dicha petición tan pronto como disponga de su respuesta».
La petición fue presentada por José Luis Sánchez Saliquet, un empresario de Ibiza y candidato de Vox al Senado, que denunció que «la inacción y el silencio del gobierno balear es insostenible» ante el caso de 16 menores tuteladas por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) víctimas de abusos sexuales.
Sánchez Saliquet denunció que trabajadores del centro donde residían los menores eran conocedores de lo que estaba sucediendo y llevaban tiempo alertando de los abusos, «pero los superiores jerárquicos del IMAS no dieron continuidad a estos avisos ni realizaron las preceptivas acciones para investigar, denunciar, esclarecer y evitar que se reprodujeran».
«Pese a la magnitud de los hechos y los intentos de la oposición por esclarecer e investigar los hechos tanto por la vía judicial como en sede parlamentaria, el gobierno balear -incluso habiendo aparecido nuevos casos recientemente-se ha mantenido inactivo y trata de ocultar lo sucedido».
Saliquet lamentaba en su denuncia que «ninguna acción fuera realizada por los responsables del IMAS ni por los responsables del gobierno balear, salvo el reconocimiento, el 28 de enero, por parte de la consejera de Asuntos Sociales y Deporte, Fina Santiago, de ser conocedora de la existencia de menores tutelados que estaban siendo prostituidos».
Desde entonces, se queja, el gobierno de las Islas Baleares, «con el apoyo del gobierno central, cuyo signo político es el mismo, han rechazado toda acción enfocada a esclarecer los hechos y a evitar que se sigan produciendo».
«Once meses después de la denuncia ante la policía por abusos sexuales de una menor de 13 años, el gobierno no ha hecho nada para resolverlo, y lo más dramático es que nuevos casos de abuso sexual y prostitución de menores tutelados han emergido, siendo el silencio de los responsables políticos del gobierno balear todavía más atronador», señala.
El demandante critica que los partidos que conforman el gobierno balear - PSOE, Podemos y Més per Mallorca- montaran una comisión de expertos cuyo informe final no hizo referencias a los abusos a los 16 menores.
El ejecutivo de Armengol se negó a crear una comisión independiente impidiendo con su voto la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento balear, a petición de Ciudadanos y Vox. Como alternativa, se abrió una comisión política para enfriar la investigación y «evaluar las decisiones políticas en relación con la detección e intervención en los casos de explotación sexual a menores de edad» tutelados por el IMAS.
En la primera reunión a finales del pasado mes de enero, el presidente de esta comisión política, Jaume Tortella, aseguró que los diferentes grupos políticos pudieron preguntar a uno de los técnicos que compareció y comprobaron que «el problema no tiene que ver con las decisiones políticas, sino que está fuera de la institución, en la sociedad». Según Tortella, «la comisión va a buen ritmo y, en ella, se está analizando el problema, el funcionamiento del IMAS y se está poniendo sobre la mesa cómo se actúa».
Por otra parte, Alcover, acusó a la oposición de continuar con «este circo mediático que sólo tiene por objetivo sacar un rédito político de un tema que es muy delicado», y les pidió que dejen la controversia y polémica y empiece «a trabajar por los menores sumándose a la comisión».
La carta del Parlamento Europeo a Iglesias, Marlaska y Santiago que ahora se ha enviado se produce después del acalorado debate del pasado 26 de enero donde la comisión de Peticiones acordó mantener abierto en este organismo a la espera de recibir más información de las autoridades españolas y atender a la petición de Sánchez Saliquet, admitida a trámite por la Comisión el pasado 13 de enero.
La presidenta de esta comisión, Dolors Montserrat, optó por mantener la petición abierta y, siguiendo las recomendaciones de la coordinadora parlamentaria para los derechos del niño, preguntar a las autoridades españolas y baleares «qué medidas y soluciones se han tomado para dar la tranquilidad y la garantía de que estos menores estén protegidos».
Bruselas también ha pedido a la comisión de Libertades Civiles que revisen el asunto y requieran a la Comisión Europea que comparta la información sobre el seguimiento que está haciendo a la transposición en España de la más reciente directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual de menores.
El representante de la Comisión Europea, Antonio Labrador, incidió en que ya existe una directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual que incluye disposiciones contra la prostitución de los niños y exige a los Estados miembros que tomen medidas para evitar este tipo de situaciones.
El PSOE se justifica en Europa
Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 22 países europeos por no haber incorporado correctamente esta directiva a sus legislaciones nacionales y se encuentra «evaluando» las respuestas que le ha enviado el Gobierno español sobre este retraso.
En el debate entre los eurodiputados, la representante del PSOE, Alicia Homs, recalcó que este escándalo «se ha debatido largo y tendido en Mallorca» y criticó que el daño que han sufrido las víctimas es «doble», por los abusos y la exposición pública de sus casos «cuando se ha optado por mediatizarlos para obtener rédito político».
Homs incidió en que « se ha perseguido desacreditar a las instituciones protectoras» e hizo referencia a que el peticionario sea un candidato electoral de Vox y que hubiese vinculado la pederastia con la homosexualidad.
Ante este comentario, Montserrat le llamó la atención y le señaló que no se puede permitir que «se evalúe quién es o quien deja de ser el peticionario».
Por su parte, Idoia Villanueva (Podemos) subrayó que se han archivado las diligencias abiertas para investigar la posible existencia de una red de prostitución al determinarse que se trataba sólo de casos individuales, aunque reconoció que el caso «evidencia la dejación de las instituciones».
Desde el PP, Rosa Estarás rechazó que los partidos de la oposición balear hicieran «alarmismo» por «tener protagonismo» al llamar la atención sobre esta situación y apuntó a que la alarma la han lanzado «los medios de comunicación que lo han visto y se han llevado las manos a la cabeza».
«Es necesario que venga aquí esta petición porque alguien del IMAS no ha hecho lo que tocaba», subrayó Estarás, que criticó que «no es un caso aislado» y que muchas veces han sido los padres de los menores, que no tienen su custodia, los que han detectado los abusos y los han denunciado.
También Jordi Cañas (Ciudadanos) coincidió en que «se puede y se debe debatir» este tema en la Eurocámara, «especialmente cuando se han solicitado comisiones de investigación y han sido negadas» por «formaciones políticas que van dando carnets de derechos y libertades y que se han negado a debatir».
Jorge Buxadé (Vox), por su parte, acusó a la diputada socialista de querer «matar al mensajero porque viene con malas noticias" y tildó el comité de expertos que ha investigado el caso de «una charanga para decir que ellos (el Gobierno balear) han cumplido con la norma».
[Fuente: Por Mayte Amorós, ABC, Madrid, 22feb21]
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