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03jul15
El líder del PSOE gallego, imputado por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación
El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido imputado por un juzgado de Lugo por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio por su presunta implicación en el conocido como caso Garañón, una investigación judicial que se centra en la concesión de licencias para una urbanización en el centro de Lugo.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige la juez Pilar de Lara, le ha citado a declarar en calidad de imputado a finales de este mes de julio junto a otras cuatro personas, entre ellas tres funcionarios municipales y el ex alcalde de la localidad, el también socialista José López Orozco. Además, la esposa del líder de los socialistas gallegos está citada a declarar en calidad de testigo.
Besteiro se ve salpicado en este proceso judicial por unos delitos presuntamente cometidos en el año 2005, cuando era concejal de Urbanismo en Lugo. Posteriormente ocupó durante ocho años el cargo de presidente de la Diputación Provincial de Lugo.
Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el ex alcalde de Lugo está implicado también por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio, pero en su caso no se mantiene la acusación de cohecho de Gómez Besteiro.
Oposición vecinal al proyecto
Los tres trabajadores públicos imputados son el arquitecto municipal en el momento de los hechos, Santiago P.C.; la jefa departamento de licencias, Covadonga H.H.; y un funcionario del departamento de Arquitectura, José Ramón G.R. A los tres se les atribuyen los delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
La investigación se remonta a hechos de diciembre del año 2005, cuando se aprobó el convenio del Marañón y el proyecto para construir una urbanización en la zona, al lado del céntrico parque Rosalía de Castro de Lugo, contra la que surgió una fuerte oposición vecinal que finalmente logró una orden judicial de paralización del proyecto por presuntas irregularidades en su tramitación.
[Fuente: Por Natalia Puga, Santiago de Compostela, El Mundo, Madrid, 03jul15]
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