Decisión judicial
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16feb20


El ajedrez de Dolores Delgado


La próxima fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se enfrenta a una situación sin precedentes. La reforma del artículo 351 de la ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada siendo ella ministra de Justicia, le va a llevar a numerosas situaciones de abstención en su nuevo puesto. Por su anterior puesto como miembro del Gobierno y diputada socialista tiene prohibido dar órdenes, ni tomar ningún tipo de decisión sobre aspectos que afecten a cualquier partido político o miembros de éstos. El apartado f de este artículo establece que "los jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

Bajo esta afirmación, Delgado se tendrá que abstener e tomar decisiones no sólo en los asuntos que afecten a miembros de su partido sino de cualquier otro, lo que afecta a todo el proceso judicial vinculado al independentismo catalán. Pero ya no sólo eso.

Delgado va a tener muy limitada su capacidad de actuación en la Fiscalía Anticorrupción, con asuntos todavía pendientes como el caso Gürtel, diversas tramas de corrupción del PP como el caso Lezo, caso Púnica o la investigación al exministro popular Eduardo Zaplana. Además, siguen abiertas gran parte de las piezas por los ERE de Andalucía, que afecta de lleno al PSOE, o la corrupción de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), entre otros muchos.

Delgado no podrá imponer su criterio en todos estos asuntos, ni por ejemplo en las múltiples querellas que interpongan contra miembros del Gobierno, como la presentada recientemente contra el ministro de Fomento , José Luis Ábalos, por su encuentro con la dirigente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Y de ser así, la situación será revisada por la Junta de Fiscales. Mientras algunos miembros de la carrera consideran que esta situación va a poner en peligro la imagen de imparcialidad e independencia de la institución, los más optimistas entienden que puede ser una buena opción para que la Fiscalía gane en autonomía, una vez que se limita la capacidad de intervención de la fiscal del Estado.

Fue el temor a la falta de una imagen de imparcialidad que siete de los veinte vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la razón por la que informaran en contra de la idoneidad de Delgado para este cargo, anunciado recién abandonado el cargo de ministra de Justicia y diputada por parte del PSOE. Se trata de una situación anómala, con unos precedentes muy escasos. Cualquier movimiento de Delgado una vez que aterrice en la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny, se va a mirar con lupa. Por eso, para ésta va a ser clave la elección que haga del próximo teniente fiscal del Tribunal Supremo, puesto que actualmente ocupa Luis Navajas. Se trata del número dos de la carrera fiscal y quien adopta todas las decisiones en sustitución del fiscal general.

Esto significa que ante las limitaciones a las que se enfrenta Delgado, éste será el encargado de trasladar las órdenes e instrucciones. De ahí que deba ser una persona de su máxima confianza. El mandato de Navajas expiró el 3 de diciembre del pasado año, por lo que se encuentra en funciones. Además, le quedan pocos meses para su jubilación, lo que hace indicar que no será prorrogado para que siga en el puesto. Sin embargo, Delgado no tiene tanto margen de maniobra para elegir. Ese puesto sólo puede ser ocupado por un fiscal de Sala, de la máxima categoría dentro de la carrera, con por lo menos tres años de antigüedad como tal. Esto significa que obligatoriamente debe ser uno de los fiscales más antiguos de la carrera. Además, una vez elegido, el mandato es de cinco años y las causas para poder removerle del puesto están muy tasadas.

Una vez resuelto este primer y fundamental nombramiento, Delgado tiene por delante otros 50 que están pendientes. Su antecesora, María José Segarra, paralizó cualquier nombramiento mientras se encontraba en funciones, lo que va a permitir ahora a la recién llegada formar una cúpula de la carrera fiscal a su semejanza. Una vez que elija a toda su Secretaría Técnica, los próximos serán el fiscal jefe inspector, el fiscal de Sala jefe de lo penal del Tribunal Supremo, el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral y el de Discapacidad, además de otros fiscales ante el alto tribunal, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas.

El siguiente puesto importante pendiente de renovar es el del teniente fiscal de Anticorrupción, además de otras ocho plazas que salen para esta Fiscalía. Uno de los casos de más relevancia ahora es el del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo. Cuando Delgado era ministra salieron a la luz conversaciones entre ambos que puso a Delgado a un pie de su dimisión. En este asunto, que afecta ya a grandes entidades como el BBVA, por contratar servicios ilegales de espionaje, tampoco podrá intervenir. Por este asunto, incluso fue reprobada por el Congreso de los Diputados a iniciativa del PP y con el respaldo de Ciudadanos.

Por otro lado, en marzo se acaba el mandato de los fiscales superiores de Aragón y Galicia, así como los números dos de Baleares, Andalucía, La Rioja y Valencia. A estos se añaden nueve nuevos fiscales provinciales, como Segovia, Tenerife, Soria o Teruel, y diez jefes de área, como el de Marbella, Manresa, Mataró o Vilanova.

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 16feb20]

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